Representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) asistieron a una audiencia en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Tegucigalpa. La demanda del CMDBCP contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), por vulneración de derechos y daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, enfrenta objeciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que solicita el traslado del caso a los Juzgados de lo Civil.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, Colón, acudieron este viernes a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en la capital, Tegucigalpa, para una audiencia de presentación de defensas previas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en relación con una demanda contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
La demanda del CMDBCP, que data de 2021 e involucra la concesión minera ASP2 en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, en manos de Inversiones Los Pinares, establece la vulneración de derechos humanos y ambientales cometida contra las y los pobladores locales por parte de Inhgeomin.
En la resolución de Inhgeomin, también de 2021, se excluyó a las y los pobladores de la zona protegida como parte interesada, incluyendo únicamente a la empresa concesionaria. En respuesta, el CMDBCP presentó una demanda contra el Estado hondureño ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que continúa sin una resolución judicial.
«Cuando Inhgeomin resolvió eso, nosotras impugnamos la decisión argumentando que esa concesión minera afectará la vida de los pobladores; por lo tanto, son parte interesada y tienen el derecho humano a tomar decisiones sobre algo que afectará sus territorios», explicó a Contracorriente la representante legal del CMDBCP, Rita Romero.
Posteriormente, en 2022, la PGR comenzó a enfrentar la demanda presentada por el CMDBCP, tras ser notificada por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, elegido con polémica el 2 de febrero de ese año, delegó en el subprocurador general, Tomás Andrade, la respuesta a esa demanda.
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En la audiencia de defensas previas, que se efectuó este viernes, la PGR argumentó que la demanda debería ser tramitada por los Juzgados de lo Civil en lugar de la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, señaló que la demanda del CMDBCP presenta vicios legales, ya que solicita la anulación de una resolución de Inhgeomin sin justificar el motivo.
Sin embargo, la representante legal del CMDBCP descartó que vayan a presentarse ante los Juzgados de lo Civil debido a que la vulneración contra la población de la zona protegida no es de índole privada, sino pública. Según la parte demandante, la PGR tiene el objetivo de que «se cierre el expediente y no se vaya a juicio».
«Hemos refutado esas dos causas argumentando que la participación de la comunidad no es un derecho privado, sino un derecho humano y debe verse en lo contencioso-administrativo. El vicio es claro: quebrantar el ordenamiento jurídico de protección ambiental y derechos humanos», dijo Romero.
El artículo 33 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo indica que una norma que quebrante el ordenamiento jurídico, incluyendo la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder, puede ser declarada «no conforme a derecho».
La jueza que conoce esta causa puede emitir tres resoluciones judiciales diferentes: una es que se declaren las defensas previas de la PGR como válidas, declarando al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo incompetente y trasladando el caso a lo Civil. Otra opción es que el Juzgado condene a la parte demandante al pago de costas (es decir gastos legales del Estado) o que, en tercera instancia, declare improcedentes las defensas previas presentadas por la PGR y asuma su competencia jurisdiccional.
Decreto 18-2024 impide ampliaciones en las concesiones mineras
El 6 de mayo de 2024, en el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto 18-2024, que busca recuperar y proteger la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, localizado en la zona limítrofe entre Colón, Olancho y Yoro. El decreto prohíbe nuevas concesiones mineras en esa zona protegida y ordena la restauración de áreas dañadas por la industria minera a las instituciones estatales competentes.
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El decreto reformó el artículo 1 del decreto 127-2012, publicado el 8 de octubre de 2012, que había reducido la zona núcleo del parque. La reducción fue de 217.34 hectáreas, las cuales, posteriormente, fueron otorgadas a la concesión minera de Inversiones Los Pinares, bajo los nombres de ASP1 y ASP2. Esta última concesión nunca contó con licencia ambiental.
Según información a la que accedió Contracorriente, el Ministerio Público (MP) tiene pendiente desde diciembre de 2023 un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez, socio de Inversiones Los Pinares. Pérez ha sido investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por delitos ambientales relacionados con la concesión minera otorgada de manera irregular por la alcaldía de Tocoa, dirigida por Adán Fúnez, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
