Texto: Rafael Jerez
Portada: Persy Cabrera
En julio de 2009, semanas después del golpe de Estado, Manuel Zelaya, el presidente depuesto, comenzó sus intentos por regresar al territorio nacional en el punto fronterizo de Las Manos entre Nicaragua y Honduras. Uno de sus acompañantes en la frontera era el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Quince años después, el Gobierno presidido por quien fue la primera dama de la nación hasta el golpe de Estado, Xiomara Castro, se sumó a una escueta lista de Estados que reconocieron la victoria de Nicolás Maduro en la elección presidencial que se celebró en Venezuela el 28 de julio de 2024, en medio de graves denuncias de fraude electoral.
Xiomara Castro publicó un mensaje en su cuenta de X el 28 de julio de 2024 a las 10:27 p. m., minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano transmitiera la que hasta el momento era la única actualización de resultados electorales, aproximadamente seis horas después del cierre de las votaciones. Castro calificó el resultado como un «inobjetable triunfo», mientras que Enrique Reina, el secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, expresó que fue una «ejemplar jornada electoral pacífica». Ambas declaraciones contrastan con lo dicho por el Centro Carter, una de las pocas misiones técnicas de observación electoral internacionales que realizó un ejercicio de observación de forma presencial en Venezuela. El 30 de julio de 2024, el Centro Carter emitió una declaración en la que afirmó que «la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática».
La cercanía política entre las actuales cúpulas políticas de Honduras y Venezuela se retrotrae al acercamiento que se produjo entre Manuel Zelaya y Hugo Chávez en el período de Gobierno presidido por Zelaya, de la cual resultó, por ejemplo, la adhesión de Honduras en agosto de 2008 a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un espacio de integración estatal latinoamericana y caribeña con énfasis en la dimensión social, auspiciado inicialmente por los Gobiernos de Venezuela y Cuba en 2004. De ahí en adelante, ha prevalecido la lealtad política de lo que a partir de 2011 se constituyó como Partido Libertad y Refundación (Libre) y que en 2022 hizo su transición al Gobierno de la República.
La complejidad de la situación política venezolana trasciende de la jornada electoral del 28 de julio de 2024; incluso se podría argumentar que va más allá de la dinámica interna en la política venezolana. Como lo mencionó el experto en materia electoral Daniel Zovatto, Venezuela se ubica entre los tres sistemas políticos que durante los últimos quince años degeneraron en un sistema autoritario. Para tal efecto cita el Índice de la Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que califica a Venezuela como un régimen autoritario, el cual se caracteriza por la ausencia de pluralismo político, las elecciones no son libres y justas, violaciones a las libertades civiles, control de los medios de comunicación, represión a los críticos del gobierno y carencia de un Poder Judicial independiente.
En medio del listado de características de un régimen autoritario se ubica la falta de elecciones libres y justas. Precisamente, en su declaración sobre el proceso electoral, el Centro Carter fundamenta su afirmación sobre las elecciones venezolanas en la concurrencia de diferentes acontecimientos irregulares que dieron paso al resultado que el CNE venezolano dio a conocer en la medianoche del 28 de julio; entre ellas, el registro de partidos políticos y de candidatos a la contienda electoral sin adecuarse a estándares internacionales, las intervenciones judiciales en perjuicio de los partidos políticos de oposición, el desequilibrio en la campaña electoral a favor del gobierno de Nicolás Maduro, el uso de recursos públicos en la campaña oficialista, la intimidación y persecución hacia personas que prestaron servicios a la campaña política opositora, y la ausencia de transparencia en la difusión de resultados por el CNE.
Si pareciera que hay coincidencias en diferentes diagnósticos sobre la situación del sistema político venezolano, ¿por qué el Gobierno de Honduras está dispuesto a asumir el costo político de legitimar la reelección de Maduro al margen de las irregularidades denunciadas por diferentes actores? La respuesta parece orientarse a una lealtad incondicional de la cúpula gubernamental con sus antiguos aliados. Esa lealtad se ha manifestado en otros momentos importantes del período de gobierno de Xiomara Castro.
Por ejemplo, en su primer discurso como presidenta de la República ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Castro manifestó en la parte final que «ya Gustavo Petro decretó que se debe terminar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela». Después, el 24 de enero de 2023, en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Castro mencionó que «combatimos el neoliberalismo, y denunciamos las políticas de agresión y el boicot económico contra Cuba, Nicaragua y Venezuela». De hecho, la presidenta hondureña decidió no asistir a la Cumbre de las Américas que se celebró en 2022 en Estados Unidos de América debido a que el gobierno anfitrión no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento.
El discurso hondureño sobre la transparencia del proceso electoral venezolano fue opacándose gradualmente en la medida en que el CNE no hizo públicos los medios necesarios para verificar los resultados que dieron paso a la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. Los contrastes se comenzaron a marcar el 29 de julio de 2024, cuando los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron su preocupación por el desarrollo del proceso electoral y exigieron «la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes». A este comunicado le siguieron otros pronunciamientos, como el del Centro Carter, y también de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionando la integridad del proceso, dejando únicamente a Honduras, junto a Cuba, Nicaragua y Bolivia, como los Estados latinoamericanos que reconocen la victoria de Maduro al 31 de julio de 2024.
Un análisis integral de la relación que ha construido el oficialismo hondureño con el «chavismo» y el «madurismo» permite entender las razones detrás del discurso que ha caracterizado al Gobierno hondureño en la etapa postelectoral de las elecciones presidenciales venezolanas, a tal punto que ha estado dispuesto a contradecir la experiencia que enfrentó en las elecciones generales de 2017, cuando el Partido Libre contendió con Juan Orlando Hernández, quien se reeligió en un proceso de muy baja calidad y carente de integridad, como lo dijo la OEA en su informe de observación electoral, y en un contexto de violaciones de los derechos humanos, expuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cabe destacar que en ese entonces Xiomara Castro se sumó a la denuncia de las irregularidades del proceso realizada por la OEA, exigiendo la declaratoria de nulidad de las elecciones y su repetición.
La posición de Honduras también se enmarca en otros pronunciamientos erráticos que ha tenido la presidenta de la República en el escenario regional. El 1 de marzo de 2024, la presidenta Castro asumió la presidencia pro tempore de la Celac. Desde entonces, hubo al menos dos ocasiones en las que se ha cuestionado el liderazgo del país en este espacio. Un episodio se produjo en el marco de las felicitaciones extendidas por la presidenta Castro hacia Vladimir Putin con relación a las elecciones rusas, a raíz de lo cual 10 Estados miembros de la CELAC expresaron que dicho pronunciamiento se produjo al margen de los procedimientos internos de esta instancia regional. Posteriormente, en el marco del evento de conmemoración del golpe de Estado que organizó el Gobierno de Honduras bajo la denominación de «CELAC Social», en el cual se emitió un instrumento denominado «Declaración de Tegucigalpa», 10 Estados volvieron a manifestarse explicando que ninguna comunicación bajo el nombre de «Celac Social» representaría una comunicación oficial de la Celac, y que la declaración fue emitida sin ser consultada con los Estados miembros de ese organismo.
Puede ser que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder le garantice al Gobierno hondureño un aliado político al sur del continente; sin embargo, en la relación costo-beneficio, a menos de una semana después de haber respaldado los resultados del CNE venezolano, el Estado hondureño ha tenido más reveses que beneficios. A este punto es incierto hasta cuándo se extenderá la crisis postelectoral venezolana. En cualquier caso, en septiembre de 2024 Honduras comenzará su propia historia en materia electoral, en un contexto en el que, según el Barómetro de las Américas de LAPOP Lab de la Universidad de Vanderbilt, Honduras se encuentra entre los países de la región con más dudas sobre la imparcialidad electoral.
