Parece que nadie quiere hablar del Seguro Social. Ni la nueva directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ni la ministra de Salud, están dispuestas a abordar las crisis repetitivas de la institución, las denuncias de corrupción o la gestión de los fondos millonarios recientemente liberados. Dicen que no darán declaraciones o que no les compete responder sobre el tema. Pero decir que nadie quiere hablar del Seguro Social es una verdad a medias. Escuchamos a los y las pacientes que sufren de malos tratos y del desabastecimiento de medicinas, a las organizaciones de sociedad civil y al personal médico que se preocupan por el futuro de un sistema de salud colapsado, en espera de una nueva ley y de inversiones transparentes.
Texto: Célia Pousset
Fotografías: Fernando Destephen
Saraí y su hija de seis años, Alejandra, están sentadas en una acera enfrente del Hospital del Seguro Social de La Granja, en Tegucigalpa. A Alejandra la operaron hace una semana de una fístula en la garganta, y hoy es el día de la revisión en pediatría. Son las dos de la tarde de un lunes caluroso a mediados de junio. «Van por el paciente 50 y yo soy la 112», dice Saraí, antes de explicar que salió de la sala de espera del hospital porque le dan miedo el hacinamiento y los casos de dengue.
El aire no funciona porque todo el sistema está en reparación y los pasillos están atiborrados de pacientes, parados o sentados en el suelo, esperando su turno. «Adentro no se puede respirar –recalca Saraí al señalar el edificio– y mi hija tiene un problema en la garganta. ¿Usted vio a todos esos niños? Dicen que la mayoría vienen por síntomas de dengue».
En Honduras, el boletín de la semana epidemiológica número 27 reporta 49,201 casos recuperados de dengue, 8,244 casos sospechosos y 98 casos de dengue grave. El sistema de salud, ya saturado, tiene que absorber centenares de pacientes más a diario. A la crisis nacional por contagio de dengue se suma la crisis de administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que perdió, por tercera vez en dos años, a su director. A finales de mayo, el doctor Carlos Aguilar renunció a su cargo, tras haber denunciado la «falta de apoyo» en sus proyectos y la existencia de planillas fantasmas en el Hospital de San Pedro Sula.
¿Cómo explicar tanta inestabilidad? ¿Por qué los problemas que el Seguro arrastra desde hace años se repiten con regularidad, a pesar de las reformas y de las nuevas caras? ¿Quiénes son los que más sufren de la inoperancia crónica del sistema?
Un problema de raíz: la administración del Seguro Social
La exdiputada por el Partido Salvador de Honduras y actual diputada independiente, Ligia Ramos, dermatóloga con 19 años de experiencia en el Seguro Social, nos recibe en su consultorio del hospital en el Barrio Abajo de Tegucigalpa. Dice que ha visto a una treintena de pacientes en la mañana y que está cansada. Admite que la institución enfrenta una nueva etapa de incertidumbre.
«Estamos sumamente preocupados por la ingobernabilidad que hay en la institución. Tenemos actualmente una junta directiva del Seguro Social que se ha dedicado a obstaculizar el trabajo del director ejecutivo», cuenta. Añade que la junta «no tiene conocimiento técnico de lo que necesita el Seguro Social».
No es una queja nueva. Tanto el doctor Aguilar como la exdirectora Adriana Zúniga expresaron públicamente que la Junta Directiva, la máxima autoridad del Seguro, compuesta por dos representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo, tres del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), tres de confederaciones de trabajadores, y un miembro del Colegio Médico, es responsable de despilfarrar dinero para viáticos y dietas, y que no tiene una visión de las mejoras que se pueden aportar al sistema.
«El exdirector del Seguro Social se negó a pagar un viático de 300,000 lempiras porque se les ocurrió a la Junta Directiva hacer una reunión en San Pedro Sula», recuerda Ligia Ramos, antes de añadir que con los cinco meses de dirección del doctor Aguilar «se miraba ya bastante trabajo».
A Adriana Zúniga no le extraña demasiado lo que pasó con el doctor Aguilar. En entrevista telefónica, vaticinó que «mientras no existan cambios en la gobernanza de la seguridad social esto no va a mejorar». Además, denunció también la «violencia política y de género» que vivió como directora, a los 37 años. «Para mí, fue un sueño administrar la seguridad social de un país con tantas desigualdades como Honduras. Pensé que se iban a dar los cambios que necesita el país, creo que fue parte de mi ingenuidad. Viví una serie de cosas que no salieron a la luz pública porque las viví en silencio», contó.
«El Seguro Social es una institución enorme que maneja presupuestos por arriba de los 55 mil millones de lempiras [en 2022], y que históricamente se ha utilizado para financiar campañas, para meter planillas fantasmas, para hacer muchas irregularidades. La gobernanza de la institución es la que está mal y creo que se tiene que cambiar cómo se toman las decisiones», explicó, antes de dar algunos ejemplos de presiones que sufrió. Insistió en no personalizar su mensaje, pero dijo haber recibido propuestas de funcionarios que querían «ciertos beneficios para poder meter sus tentáculos en el Seguro».
Para el doctor Ricardo Rodas Márquez, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, el problema radica también en la Junta Directiva: «El Estado siempre ha favorecido a la empresa privada y se refleja en la gobernanza del Seguro. Me parece inconcebible que el Cohep no busque el interés de los usuarios del Seguro, porque son los empleados de sus empresas». La falta de compromiso social tiene un impacto en la calidad de los servicios médicos, y el doctor Rodas tiene en mente una larga lista de las carencias del Seguro. En totalidad, hay 1,100 médicos, distribuidos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero faltan especialistas, cirujanos, oncólogos, etcétera.
La creación de un centro oncológico en Tegucigalpa era uno de los proyectos del doctor Aguilar, una «infraestructura necesaria» para Rodas Márquez, quien, además, aboga por la creación de un hospital regional en San Pedro Sula, porque «el actual es un motel adaptado», la construcción del hospital de La Ceiba, la ampliación de quirófanos y la compra de un nuevo equipo de radiología.
«El Seguro Social es una institución que está manejada por la élite económica de Honduras y en donde la gobernanza no está en una balanza. En las reuniones de la Junta, el Cohep enviaba tres representantes y tres suplentes. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de ir todos? Cobrar dietas, pedir un hotel, pedir comida, exigir más ingresos», afirmó Zúniga.
Quisimos entrevistar a la actual directora del Seguro Social, Yadira Álvarez, para interrogarla sobre su visión de la institución y los proyectos que se realizarán, pero el jefe de comunicación del IHSS nos indicó, en primer lugar, que ella debía tener el visto bueno de la Junta y, posteriormente, que no daría declaraciones por el momento. Asimismo, contactamos a Gustavo Sólorzano, gerente de asesoría legal del Cohep, para hablar del Seguro Social desde la perspectiva de la Junta; sin embargo, aunque en primera instancia accedió, al final no dio la entrevista.
Los fantasmas de la corrupción
Antes de irse, el doctor Aguilar denunció planillas fantasmas en el hospital de San Pedro Sula, las cuales son actualmente investigadas por el Ministerio Público. La noticia no fue una sorpresa para el doctor Ricardo Rodas Márquez, porque «ya era algo que se sospechaba». Contó que se vieron muchos movimientos extraños en el décimo piso del Seguro de Tegucigalpa, donde trabaja la administración centralizada para todo el país.
«Veíamos a muchas personas desconocidas que entraban y salían contentos. Pensábamos que estaban contratando más personal, pero después esas personas se desaparecían. Pensamos que iban a ejercer en San Pedro Sula, no podíamos tener certeza de nada, pero sí hubo rumores. Fue ejemplarizante saber que el doctor Aguilar denunció este acto de corrupción», afirmó.
Un día después de la renuncia de Aguilar, en el diario oficial La Gaceta se publicó un decreto del Congreso Nacional que liberó 3,600 millones de lempiras de aportaciones ahorradas y que rompió los techos de cotización. Según el decreto, este fondo será destinado a mejorar los servicios de salud, y el IHSS deberá elaborar un «plan de inversión» de los recursos acumulados. Este plan será evaluado y monitoreado por una Comisión Especial, bajo la tutela de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y de la Secretaría de Salud. Con los antecedentes del desfalco del Seguro Social, la gestión del fondo está bajo escrutinio.
«Yo me siento súper responsable, como diputada del Congreso Nacional, por haber aprobado esos fondos. Son necesarios y deben ser invertidos en materia de infraestructura, porque ya no nos damos abasto. Tengo que estar muy pendiente de cómo se va a ejecutar ese fondo», afirmó Ligia Ramos. Sin embargo, lamentó que el monitoreo de los fondos lo estén haciendo la Secretaría de Salud y la de Transparencia.
Acerca de la primera, Ramos destacó «un conflicto de interés» porque la Secretaría es parte de la Junta Directiva del IHSS, y respecto a la segunda, estimó que desde la renuncia del exministro Edmundo Orellana, la institución gubernamental encargada de la lucha contra la corrupción «ha perdido credibilidad».
La diputada Ramos expresó también que es necesario crear una comisión especial de investigación del Congreso Nacional para sacar conclusiones de lo que está pasando en el Seguro Social. Le preguntamos al diputado de Libre, Wilfredo Sabio, presidente de la Comisión de Salud, si lo veía factible, pero contestó que le correspondía al Ministerio Público investigar. Sin embargo, mostró también preocupación por la situación del IHSS, y dijo estar a la espera de una nueva Ley de Protección Social que se está preparando desde el Ejecutivo.
En abril de 2022, la Ley Marco del Sistema de Protección Social fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo el argumento de que lesionaba los derechos de los ciudadanos, privatizando y tercerizando los servicios de salud. Para el diputado Sabio, la nueva ley debería ampliar la cobertura para que las personas que trabajan en el sector informal puedan tener acceso al Seguro Social y, según él, debería encaminarse hacia un servicio único de atención, fusionando el sistema de salud pública y el de seguridad social.
«El IHSS no se ha recuperado totalmente de los actos de corrupción que ocurrieron en los últimos años, sobre todo bajo el Gobierno del presidente Lobo Sosa. Hay una gran demanda popular en todo el país y es urgente que se perfilen correctamente los proyectos en los que se van a invertir. Los 3,600 millones de lempiras que liberamos desde el Congreso Nacional fue una medida transitoria que teníamos que hacer para desbloquear lo que se había ahorrado desde la derogación de la Ley Marco en 2022», expresó el diputado.
Fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, todos los derechohabientes del resto del país deben acudir a clínicas privadas que tienen un convenio con el IHSS para recibir a los pacientes asegurados. Este sistema de servicios subrogados ha traído varios problemas, como lo vimos en La Ceiba, cuando se declaró un estado de emergencia sanitaria porque los derechohabientes se estaban quedando sin atención médica, después de que el Hospicentro Okens dejó de recibirlos en las emergencias por falta de pago y de mejoras en el contrato.
El desabastecimiento crónico de tratamientos para enfermedades crónicas
Las deficiencias del sistema de seguridad social afectan de manera desigual a la población, y uno de los sectores más vulnerados es el que necesita más constancia en los tratamientos.
En 2015, el caso del IHSS hizo que miles de personas salieran a protestar en las calles. El Movimiento de los Indignados exigió la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández porque varios cheques del desfalco –que alcanzó los 300 millones de dólares– llegaron a las cuentas de su campaña electoral de 2013. La ciudadanía pedía una comisión internacional de investigación como la Cicig en Guatemala, y esta fue una promesa del Gobierno de Xiomara Castro: traer la Cicih. Una promesa todavía incumplida.
En el hospital de La Granja en Tegucigalpa, la jefa de Farmacia empezó por decir que todo está bien en el abastecimiento de medicinas. «Tenemos una tasa del 80 % de abastecimiento, lo que es una muy buena tasa», dijo con seguridad. Sin embargo, cuando le preguntamos qué tipo de medicamentos conformaban el 20 % restante, admitió que eran «medicamentos muy caros», como los oncológicos y los que sirven para las enfermedades crónicas.
El Seguro Social compra directamente las medicinas que necesita, pero cuando sobrepasan el techo de 300,000 lempiras, el proceso se hace a través de licitaciones públicas que, desde el 2014, maneja la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). «Cuando se termina el stock, a veces tenemos que esperar hasta un mes o dos meses sin nada para algunos tratamientos», confesó la jefa de Farmacia.
La Red Hondureña de Asociaciones de Pacientes (Rehap) considera que el problema del IHSS es aún más grave. A finales de junio, en una conferencia de prensa, alertó que en un par de meses muchos pacientes con enfermedades crónicas se quedarán sin tratamientos porque las licitaciones no se hicieron a tiempo. Expresaron también que la falta de equipos para realizar mamografías, resonancia y ultrasonidos impide detectar y monitorear las enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas.
El doctor Rodas Márquez, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, confirmó que en Tegucigalpa solamente tienen disponible un tomógrafo.
«Hay una falta de planificación en las compras anuales –estimó Ingrid Sorto, vocera del Rehap y paciente con esclerosis múltiple–; si lanzan una licitación tarde, pasamos hasta cuatro meses sin tratamiento, y cuando se suspende la medicación, nuestras enfermedades se activan y pueden llegar a altos grados de incapacidad, e incluso a la muerte». Indicó que todavía no se han realizado todas las licitaciones para comprar los medicamentos de este año y que, por tanto, están en alerta máxima.
«¿Por qué fracasan las licitaciones en Honduras?» se preguntó la exdirectora del IHSS, Adriana Zúniga. «¿Por qué las empresas farmacéuticas se ponen de acuerdo para no ofertar o para boicotear las licitaciones? La estrategia es incumplir los requisitos de la ley para que las descalifiquen todas y que el Seguro Social esté en la obligación de comprar directamente, y más caro, los tratamientos.»
Según un informe de resultados de gestión del IHSS, en 2014 los proveedores no presentaron ofertas para las licitaciones públicas de la institución por «las deudas millonarias que el IHSS tenía con las droguerías y laboratorios farmaceúticos», y fue ese año que se realizó la primera compra de medicamentos a través de Unops.
Sin embargo, para la exdirectora Zúniga el mecanismo de compras tampoco está funcionando. «El IHSS le paga miles de millones de lempiras a Unops para que al final ellos entreguen un abastecimiento del 37 % al 30 %. Es como contratar a un revendedor para que él haga el mandado, pero al final terminamos pagando más», estimó.
Contracorriente mandó varias solicitudes de entrevista al Unops para hablar del proceso de licitaciones para el IHSS, y correos con preguntas específicas acerca del desabastecimiento, pero hasta la fecha no obtuvo respuesta.
Para las personas con VIH, el seguimiento que ofrece el Seguro Social es también insuficiente. Rosa González, directora de la organización Llaves, que se dedica a apoyar las personas con VIH, afirmó que «muchos pacientes que tienen la opción prefieren tratarse en el sistema de salud pública antes que en el Seguro Social porque, a pesar de sus limitantes, la salud pública asegura más sostenibilidad de los tratamientos que el Seguro». Recuerda que en 2015, en el momento del desfalco, muchas personas con VIH se descompensaron porque la enfermedad, si no es controlada a través de medicamentos, afecta el sistema nervioso.
«El IHSS viene de crisis en crisis, pero siento que la sociedad civil, que históricamente protestó en contra de la corrupción, está cansada», opinó González. Además, destacó la falta de credibilidad de la gestión del Seguro, que impacta en la vida de los usuarios. Pero estimó que, desde la sociedad civil, es difícil «enderezar al IHSS cuando hay tantos intereses de por medio». «Hay una estructura de la empresa privada que utiliza su poder para quebrantar el Seguro y privatizar más los servicios de salud», concluyó.
«Me gustaría que nos atiendan como nos merecemos, a todos los trabajadores nos deducen»
En el norte del país, el Hospital del IHSS de San Pedro Sula enfrenta denuncias de corrupción, pero también denuncias de malos tratos. A las planillas fantasmas que destapó el exdirector Aguilar se suma la falta de personal.
Teresa* (no es su verdadero nombre) llamó a Contracorriente para denunciar una situación ocurrida en abril de 2024 en el Seguro Social de San Pedro Sula. Como muchos testimonios escuchados, es evidente que carga con una bolsa pesada de emociones que necesita sacarse de encima. Contó los días angustiantes en los que temió perder a su hija de nueve años, que había contraído una pulmonía, en medio de la negligencia del personal médico y de comentarios burlones sobre su autismo.
En una clínica privada de San Pedro Sula le dieron el diagnóstico de neumonía y la orden de que internara a su hija, pero no tenía los recursos económicos para hacerlo, y decidió ir al Seguro Social para que la curaran. «Mi niña tenía mucha fiebre y le dolía el pecho. Esperamos desde la una de la tarde hasta las siete de la noche sin ser atendidas. Todo el salón estaba lleno, no había banco para que se acostara y ella estaba temblando. El suelo estaba lleno de vómito y flema; entonces me quedé parada con mi niña entre mis brazos», relató Teresa.
Cuando un doctor revisó por fin a su hija, le dijo tajante: «no es neumonía», pero Teresa repitió las explicaciones del doctor de la clínica sobre el hemograma. Regresaron a la sala de espera. Teresa tenía mucho miedo de que su hija convulsionara. Una enfermera le dijo que la niña estaba así «por su culpa». A las nueve de la noche, el doctor había finalmente aceptado que era neumonía, e ingresaron a la niña enferma.
Empezó la peor noche de su vida. «No le dieron suero, no la veían, sólo la tenían acostada en una camilla. Yo le ponía un trapo mojado en la frente porque no sabía qué hacer. De repente, una enfermera desenchufó la máquina que le tomaba el pulso, y cuando le pregunté por qué lo hacía, me regañó. Ella quitó la manta de mi hija y la dejó al lado. Después vino otra enfermera y me dijo: «¿Quiere que se muera? ¿Cómo es posible dejarla sin manta?». Me sentí muy humillada.
A una doctora que estaba de guardia le expliqué que mi hija y yo sufrimos de autismo, y sólo contestó: “Ahora todos somos autistas, hasta yo”. Es increíble, en el Seguro los pacientes tienen la culpa de enfermarse y nos desprecian por nuestras dificultades sensitivas.»
La experiencia de Teresa es un ejemplo más de los problemas estructurales irresueltos en el IHSS: saturación, falta de doctores especialistas, dificultad para obtener un diagnóstico, escasez de medicinas, y ausencia de capacitación para atender a pacientes con neurodivergencias.
Contracorriente solicitó una entrevista a la ministra de salud, Carla Paredes, para hablar del Seguro Social, y se nos invitó a presentar una lista de preguntas para que fueran respondidas por escrito.
Preguntamos cuál es la visión que tiene el Ministerio sobre la crisis de gobernabilidad del Seguro y la «falta de apoyo» mencionada por sus exdirectores. También preguntamos sobre el futuro del IHSS y si hay todavía un lugar para la salud pública de los trabajadores en Honduras, o si se contempla una reforma de la administración. Consultamos qué tipo de acciones e inversiones se podrían realizar con los 3,600 millones de lempiras liberados por el Congreso Nacional. Consultamos sobre los problemas de abastecimiento de medicinas para enfermedades crónicas.
La respuesta fue: «Consideramos que esas preguntas le competen más al IHSS». Sin embargo, la Secretaría de Salud es parte de la Junta Directiva del Seguro Social. Es también parte de la Comisión Especial para monitorear el plan de inversión con el fondo liberado por el Congreso Nacional, junto a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Insistimos, pero no obtuvimos más información.
Según el último Informe de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2022, Honduras destaca por tener un sistema de salud segmentado y desintegrado, y necesita grandes inversiones para transitar hacia una protección social universal. Con un horizonte de cuatro años, los expertos calculan que se necesita una inversión anual de 0.656 % del PIB (163.5 millones de dólares) para proveer salud universal.
En el presupuesto general de 2024, a la Secretaría de Salud se le asignaron 29.1 millones de lempiras (equivalente a 117,6 millones de dólares). En comparación, a la Secretaría de Seguridad se le asignaron más de 11 mil millones de lempiras.
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Afuera de La Granja, en la acera donde permanecen Saraí y Alejandra, con su parche en la garganta, otra madre y su hija acaban de sentarse. Es una sala de espera paralela para aquellos que no logran conseguir una silla o que se rehúsan al hacinamiento. La madre saca un pedazo de pizza de una bolsa plástica y la da a su hija, quien de repente se pone a llorar.
«No come nada», se lamenta la mujer. Le preocupa mucho la pérdida de apetito de su hija y por eso decidió venir a las urgencias pediátricas. Seguramente no van a poder ser atendidas. Rocío Morena, encargada de Relaciones Públicas del IHSS de La Granja, explica: «Los pediatras de aquí sólo atienden emergencias y los problemas psicológicos no son considerados como emergencias».
Sin embargo, la madre y la hija sin apetito no se van. No tienen otro hospital adónde ir. Se quedan, esperando.
1 comentario en “El IHSS entre la ingobernabilidad, el sentimiento de abandono y la opacidad”
Gracias Lic Pousset por el trabajo investigativo que ha realizado dando a conocer a la ciudadanía el viacrucis que vivimos las personas con enfermedades crónicas que asistimos al Instituto Hondureño de Seguridad Social .El acceso a la salud está siendo vulnerado ante la falta de servicios de salud oportunos, la necesidad de contar con un adecuado abastecimiento de medicamentos e insumos de calidad y equipos de diagnóstico que no están accesibles a la población por mal funcionamiento.
La Institución debe priorizar esta situación con un enfoque inclusivo, equitativo para una pronta solución y eliminar esas brechas que afrontamos.