Comercial El Parador, una empresa que se dedica a la entrega de comidas y almacenamiento de mercaderías, fue contratada para crear una política para el turismo en San Pedro Sula, en una consultoría valorada en 622,857 lempiras. Otro caso similar involucra a la empresa encargada de la administración de los ingresos municipales, cuya certificación es únicamente para la limpieza de edificios. Estos se suman a denuncias anteriores por irregularidades en las contrataciones de la Municipalidad que lidera el alcalde Roberto Contreras.
Texto: Allan Bu
Fotos: Archivo CC
«Zapatero a tu zapato», aconseja la sabiduría popular a quienes se involucran en asuntos que no les competen u opinan sobre materias que desconocen. Esta recomendación es poco atendida en la función pública, donde recientemente en el Gobierno hubo un ingeniero forestal como ministro de Educación, una maestra como ministra de Salud y una abogada como ministra de Finanzas.
Los ejemplos como los mencionados abundan, y se extienden a la contratación pública; por ejemplo, es el caso de la municipalidad de San Pedro Sula, donde Contracorriente tuvo acceso a información de dos contratos que fueron adjudicados a empresas que no parecen tener experiencia en las áreas solicitadas.
En el primero de los casos, en febrero de 2024, la administración encabezada por Roberto Contreras convocó a un concurso privado para la adjudicación de una «consultoría para crear una política municipal de turismo, buró de convenciones municipal y plan de desarrollo turístico». Al proceso, según consta en el acta de recomendación para la adjudicación, fueron invitados tres consultores: María Teresa Yllanes Castellanos (dueña de Comercial El Parador), Giselle Cecilia Menjívar Ayala y Nelson Edmundo Arriaga; este último no envió los dos sobres requeridos, uno con la propuesta técnica y el otro con la aspiración monetaria del oferente.
La comisión evaluadora para el proceso fue conformada por Mizrain Ebiazaf Tábora Izaguirre (Gerente de Competitividad y Desarrollo Empresarial), Marissa Judith Castro Barahona (directora de Turismo), Mario Urquía (gerente legal), y en calidad de observadores Óscar Rolando Villeda y Walter Alex Banegas Aguilera, Comisionado Municipal y exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción. En mayo de 2024, tras la evaluación de las dos propuestas, se calificó a la de María Teresa Yllanes, de Comercial El Parador, con 100 %, y la de Giselle Cecilia Menjívar, con 85 %.
La empresa de Yllanes ganó el concurso para esta consultoría sobre turismo por un monto de 622,857 lempiras, pero en la web de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae) aparece acreditada como proveedora de servicios para entrega de comida, tóner para computadoras, impresoras multifunción y almacén de mercaderías. En estos servicios, lo más cercano a la industria del turismo es el de entrega de alimentos; además, la empresa aparece afincada en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
La propuesta que perdió el concurso fue presentada por la persona que dirige la oficina regional en San Pedro Sula de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), aunque su propuesta fue a título personal. Contracorriente contactó a Cecilia Menjívar, quien dijo que envió un correo a la Municipalidad cuestionando la evaluación de su propuesta, ya que, aunque participó como persona natural, las subsanaciones que le pidieron incluían observaciones como si hubiese aplicado como empresa.
Es importante mencionar que el concurso ganado por Yllanes ya había sido realizado anteriormente, con una sola propuesta presentada, la de Menjívar. Ella reclamó a la Municipalidad por un posible mal manejo intencional del proceso, ya que, después de presentar su propuesta, nunca respondieron a sus correos y no le dieron respuestas en las oficinas correspondientes. Desde la Municipalidad le enviaron el acta desestimando su propuesta en el primer concurso casi un año después, cuando ya se había elegido al ganador del segundo concurso.
Para profundizar sobre este caso, en la Municipalidad fuimos referidos a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones (ONCA), el ente municipal encargado de organizar y revisar los procesos de licitación. Ahí hablamos con el encargado de la unidad, José Vides, quien explicó muy superficialmente cómo se organizan los procesos de licitación y los concursos. Aunque pidió no ser grabado y no brindó mayores detalles sobre el concurso de la consultoría, aseguró que todo había sido ejecutado según lo dicta la Ley de Contratación del Estado. «Mi labor es que el proceso cumpla todos los pasos», aseguró.
Al ser consultado sobre la experiencia de la consultora en la rama para la que fue seleccionada, mencionó que estaba inscrita como tal en el registro de los proveedores de la Municipalidad, y que la ley le permite que participe, pues, en este y otros casos, los proveedores de servicios de una consultoría pueden subcontratar a un especialista.
De acuerdo con los términos de referencia del concurso, la empresa consultora elegida debe tener en su equipo a personas con una licenciatura o postgrado en las siguientes ramas: administración turística y ecoturismo, ciencias políticas o derecho y comunicaciones, o marketing turístico. También se solicitaba experiencia con entidades gubernamentales o municipales, en planificación estratégica, normativas y disposiciones legales, análisis de mercado y desarrollo de políticas públicas con gobiernos locales.
Contracorriente contactó a María Teresa Yllanes para conversar sobre su experiencia en el rubro del turismo. En un primer contacto vía teléfono, Yllanes se mostró abierta a una entrevista, y en una conversación informal aclaró que su registro en la Oncae responde a un tema de comercialización de su empresa, y que para efectos de concursar para la consultoría ella se presenta como persona natural, lo cual parece lógico; pero en el acta de recomendación para la adjudicación del concurso privado emitida en mayo de 2024, en todas las menciones aparece como «María Teresa Yllanes (Comercial El Parador)».
Un día después de la primera comunicación, Yllanes ya no fue tan abierta a nuestras preguntas. «No puedo dar detalles de mi información personal y profesional», escribió en un mensaje, y luego nos remitió a las instituciones correspondientes para obtener la información. Insistimos en que, al ser parte del proceso, no podía hacer caso omiso a nuestras solicitudes, pero respondió que el periodista que la contactó era un desconocido, y añadió que no era su afán ocultar información, pero tenía mucho cuidado a raíz de la delincuencia imperante en el país.
Contracorriente también intentó contactar al exdiputado Walter Banegas quien participó como observador en la comisión evaluadora para otorgar el contrato, conocido por su discurso anticorrupción cuando fue congresista en el período 2014-2018, y que ahora es Comisionado Municipal; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota Banegas no había respondido a nuestra solicitud de entrevista.
Recaudación de ingresos
En un caso similar, la empresa que maneja la recaudación municipal, según información en poder de Contracorriente, es Inversiones y Servicios Mega Platinum S. de R.L. de C. V., en cuya constancia de inscripción en el Oncae aparece que su área de actividad son los bienes y servicios, y su rubro es el servicio de limpieza de edificios.
Llama la atención que Mega Platinum tiene registrada su dirección en la Colonia América de Tegucigalpa, lo que significa que, al igual que Comercial El Parador, está situada fuera de San Pedro Sula. Además, en el portal de transparencia de la alcaldía sampedrana no hay documentos en referencia a los servicios que esta empresa y otras en períodos anteriores han prestado para administrar los ingresos municipales.
En 2023, un alto funcionario municipal le comentó al equipo de Contracorriente que el pago por manejar los ingresos de la Municipalidad, aparte de oneroso, le parecía innecesario, pues la municipalidad tenía lo necesario para gestionar y recaudar los impuestos de los sampedranos.
Este tipo de prácticas han sido muy comunes en la administración pública en Honduras, donde la idoneidad parece ser lo menos importante en la elección de un proveedor de servicios o un empleado público. Entonces, seguramente se pueden cumplir los requisitos establecidos por la ley, pero no en el marco de un comportamiento ético.
Tras ganar las elecciones para la alcaldía de San Pedro Sula, en alianza con el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, Roberto Contreras ha hecho gala de un discurso de transparencia y anticorrupción, pero lo cierto es que en su administración hay señalamientos de que siguen operando grandes redes de corrupción. Omar Menjívar, vicealcalde de San Pedro Sula, dijo en una entrevista en 2023 que hay una mafia en esa comuna que se queda con los contratos más jugosos.
«Ese mismo grupo sigue manejando los negocios, tiene una capacidad de maniobra y maquinación que le garantiza quedarse con los contratos más jugosos. La Fiscalía está haciendo esa investigación, yo tengo interés [en] que esa investigación se lleve a cabo y que se culmine con éxito, y que se libere a la Municipalidad de la influencia de esa mafia, porque incluso al alcalde lo pueden meter en problemas», dijo Menjívar, después de que el alcalde lo acusara de orquestar un «golpe de Estado municipal».
La investigación mencionada de momento permanece solo en anuncio, pues no se ha conocido de más acciones por parte de los fiscales en contra de la mafia denunciada por Menjívar. Sin embargo, el Ministerio Público abrió una investigación en la Municipalidad acerca de una empresa que supuestamente está relacionada con el alcalde, que entre 2022 y 2024 recibió más de 48 contratos de infraestructura.
La Municipalidad sampedrana tiene una historia muy ligada a la corrupción, pues exalcaldes como Óscar Kilgore y Rodolfo Padilla Sunseri han sido emplazados por la ley. El primero fue condenado a tres años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, y el segundo permanece prófugo de la justicia tras haber sido acusado de abuso de autoridad, aunque recibió el perdón por uno de sus delitos gracias a la amnistía aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
La corrupción es una práctica que ha privado a miles de hondureños de tener un mejor acceso a servicios de salud, recibir mejor educación, o circular por buenas carreteras. Es un mal histórico, que en el 2015 provocó el movimiento ciudadano de las antorchas, cuando miles de personas salieron a las calles y exigieron la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih). La conformación de este órgano es, hasta ahora, una de las promesas de campaña incumplidas por el gobierno de Xiomara Castro, y aunque las prácticas corruptas parecen seguir su curso, el tiempo de llegada de la Cicih se sigue alargando.
1 comentario en “Alcaldía de San Pedro Sula contrató irregularmente a empresa que vende computadoras para realizar consultoría sobre turismo”
Me parece un artículo/investigación muy conciso e interesante, estos temas deben de darse a conocer a la ciudadanía.