La cárcel en Isla del Cisne, ¡qué capricho tan antropocéntrico!

Me interesa hablar sobre la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne porque, a pesar de que se valora por su biodiversidad marino-costera, como lo señala el decreto ejecutivo 3056-91, pareciera que continuar con el proyecto es la cúspide de las medidas  establecidas en temas de seguridad. ¿Por qué afirmo que esto es un capricho?

Según el Colegio de Biólogos de Honduras, «el archipiélago de Islas del Cisne alberga ecosistemas, hábitats y especies raras y valiosas tanto para Honduras como para la región. Entre ellos se encuentran lagunas invernales con manglares, agregados de arrecifes coralinos en buen estado de salud y peces de importancia comercial que utilizan estos ecosistemas como refugios y áreas de reproducción. Estas poblaciones de peces son posteriormente aprovechadas por las comunidades humanas de las zonas cercanas. Además, las costas acantiladas de coral emergido sirven como lugar de anidación para diversas especies de aves marinas. La amplia cobertura de verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum) también se convierte en sitios de anidamiento para tortugas marinas en peligro de extinción y aves marinas. Por otro lado, los arbustales de las islas son el hogar de una especie de lagartija endémica llamada Anolis nelsoni. Asimismo, estos arbustales sirven como áreas de descanso para especies de aves migratorias».

El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (CIAH) ha manifestado que la medida es contradictoria con el plan de Gobierno, «convirtiéndola en sí misma en una causal más que contribuye a las 30 mil hectáreas de bosques/hábitats que se pierden anualmente por actividades del hombre y que el Gobierno pide frenar; por otro lado, es promotor con el establecimiento de un centro penitenciario de gran escala en un área protegida nacional y con limitada capacidad de carga y recursos naturales finitos que imposibilitan sostener la cadena de suministros que demandará», denunciaron en un comunicado.

A pesar de lo antes señalado, parece que no hay vuelta atrás. José Jorge Fortín, subsecretario de Defensa Nacional, anunció que el proyecto es una orden directa de la presidenta Xiomara Castro, y varias instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, están involucradas en su planificación y ejecución. Fortín también mencionó que el proceso de licitación ya comenzó y que se está coordinando estrechamente con la Secretaría de Finanzas para asegurar que se cumpla con todas las normas y regulaciones vigentes. 

Todavía no se ha revelado el costo exacto del proyecto, pero estimaciones no oficiales sugieren que podría rondar los 2 mil millones de lempiras.

Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, a inicios de este año aseguró que la construcción se considera una medida de emergencia y seguridad nacional, y que los estudios están siendo realizados por profesionales calificados. Afirmó también que el crimen organizado se opone a la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, ya que según sus declaraciones, la medida afectaría a líderes criminales.

Estas últimas declaraciones son especialmente preocupantes, ya que contribuyen a la estigmatización de aquellos que se oponen a la construcción de la cárcel en el área protegida. Pero los opositores de este proyecto han sido claros cuando enfatizan que perfectamente, por temas de seguridad, se puede construir en otro espacio geográfico. 

Construir la prisión en la Isla del Cisne tendría  un costo de hasta 2,000 millones de lempiras y podría albergar entre 1,000 y 2,000 privados de libertad. El precio alto se debe a la logística complicada y la necesidad de construir infraestructuras adicionales, como plantas que desalinizan agua y generadoras de energía. La distancia es importante en este tipo de proyectos. Diario El Heraldo explicó que «el puerto más cercano, que sería Punta Castilla, en Trujillo, Colón, queda a unas 180 millas náuticas (330 kilómetros), mientras que Puerto Cortés está a casi 300 millas (550 kilómetros). Esta distancia implica un alto costo en el transporte de materiales de construcción, lo que elevaría el precio tres veces más comparado a la ejecución de un centro penal en tierra firme». 

Históricamente la Isla del Cisne ha tenido presencia humana, porque se habían delimitado 37 hectáreas para el uso militar y una zona recreativa; de acuerdo al Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) ese espacio geográfico «cuenta con una pista de aterrizaje de terracería, que fue construida para operaciones militares, sin embargo, también llegan científicos a investigar su estructura geológica, los arrecifes coralinos y la vida silvestre», No es lo mismo tener presencia humana de forma esporádica a tener la presencia permanente de aproximadamente 1,000 privados de libertad y del personal que trabajará en la cárcel.

Con todo lo previamente expuesto, y los múltiples informes que están disponibles sobre el tema de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, toda acción humana tendrá una reacción sobre los ecosistemas. Aquí cuatro puntos que ejemplifican este impacto:  

1. La contaminación del medio ambiente causada por las aguas residuales (provenientes tanto de actividades humanas como otras) impactará negativamente en la calidad del agua y los ecosistemas marinos. 
2. La acumulación de residuos sólidos, como plásticos y otros materiales no biodegradables, en las costas y aguas cercanas, causa daños tanto a la vida marina como al entorno natural. Es decir, si aun en entornos turísticos representa un problema, ¿qué podríamos esperar en una isla? 
3. La cárcel tiene el potencial de afectar otras actividades posibles en la isla, como el ecoturismo, la investigación científica y la conservación ambiental. 
4. Mover los materiales desde la costa conlleva riesgos tanto para la logística como para el medio ambiente. Al dejar los residuos sin control, se generan impactos negativos en el paisaje y el entorno natural. Por ejemplo, pensando en las construcciones en tierra firme (como proyectos habitacionales o procesadoras) que históricamente no han tenido control sobre sus contaminantes, ¿cómo puede la institucionalidad estar tan segura de que no habrá impactos o que, de haberlos, podría controlarlos?

Otro punto complejo sobre este capricho es que la construcción de esta cárcel se pretende justificar con una decisión de un órgano como el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, utilizado por Juan Orlando Hernández para concentrar el poder sin espacios mínimos de debate y participación informada. Aunque desde el Gobierno se anunció la construcción de otro centro de reclusión con mayor capacidad, en tierra firme y desde donde se puede vigilar de forma cercana dicha construcción, ¿por qué seguir insistiendo en la Isla del Cisne? Perfectamente se podría rectificar e invertir en dos centros de reclusión (si lo que quieren es más cárceles) en tierra firme.

Lo antropocéntrico en esta discusión es que son humanos decidiendo sobre un ecosistema y lo que creen que pueden hacer, justificándolo con militares y aplaudiéndolo como un éxito en el combate contra el crimen. ¡Es un capricho!