Mientras el gobierno informó una disminución en la tasa de homicidios de 2023, en sectores como la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, se registran múltiples desapariciones desde la implementación del estado de excepción en diciembre de 2022. Estos casos no aparecen en los registros oficiales de violencia. Un gran sector de la población percibe que la lucha contra la criminalidad está en retroceso, y la promesa de combatir el crimen organizado en los barrios y colonias del país se diluye debido a la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del Estado y las denuncias de abusos cometidos por estas.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Archivo CC
Gráficos: Vienna Herrera
Wilmer Argueta trabajó en varios medios de circulación nacional como fotógrafo, hasta que un día el desempleo tocó su puerta; entonces guardó su cámara y para ganarse la vida se dedicó a conducir una mototaxi en el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Así lo hizo hasta que el domingo 25 de marzo, cuando sus familiares dijeron a los medios de comunicación que Argueta fue raptado por desconocidos, y desde entonces nadie sabe de él.
El 18 de enero de 2024, el mecánico automotriz Anthony Montoya desapareció a las 7:30 p.m., cuando caminaba a una pulpería en la colonia Manuel Pedrosa del sector Jucutuma. El 9 de febrero, de espaldas a las cámaras para proteger su identidad, la madre de Kimberly Navarro denunció en televisión nacional que su hija había desaparecido cinco días antes en la colonia Asentamientos Humanos del sector Rivera Hernández. A finales de abril, familiares del taxista Bayron García reportaron su desaparición; fue visto por última vez la madrugada del jueves 24 en el Kia blanco donde trabajaba como conductor de un taxi VIP, un servicio de taxis privado.
Estos hechos, que fueron noticia en la prensa nacional, ocurrieron en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras y el polo industrial del país, pero también uno de los principales focos de violencia en la nación centroamericana. Las desapariciones que los familiares denuncian en las redes sociales o los medios de comunicación no son las únicas; hay muchas que pasan desapercibidas cuando las familias se mantienen en silencio.
En una conversación con Contracorriente, en el mes de abril de 2024, el pastor Daniel Pacheco —quien lleva más de una década haciendo incidencia con el tema de seguridad en la Rivera Hernández— manifestó que en 15 días se habían registrado 12 desapariciones en esa zona, «y esas son de las que yo me doy cuenta», puntualizó.
En Chamelecón, una fuente que prefirió no ser identificada dijo que los grupos que controlan esa zona de San Pedro Sula, últimamente sacan a sus víctimas de las comunidades para no «calentar la zona y no afectar su negocio más rentable, que es la venta de drogas». Esta persona también mencionó la existencia de cementerios clandestinos en zonas como Chamelecón o la Rivera Hernández.
Días después de esa conversación, en el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, las autoridades descubrieron un cementerio clandestino, donde hasta el 27 de mayo el personal de Medicina Forense y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida encontraron los restos de 10 personas, que no habían sido identificadas hasta la fecha de publicación de esta nota. Las autoridades indicaron que conocer la identidad de las víctimas era difícil por el estado de descomposición de los cuerpos.
El pastor Daniel Pacheco opina que la rebaja de homicidios reportada por la Secretaría de Seguridad en el 2023 —que es de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en el país en los últimos 19 años, pero sigue siendo la más alta en Centroamérica y la segunda en América Latina— podría explicarse en las desapariciones. «Hay homicidios no reportados porque no tenemos un sistema que haga un conteo de las desapariciones, y la mayoría de estas no son reportadas, ningún familiar lo reporta», explicó.
El líder evangélico comentó que él trató de convencer al exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, de que las cifras que le estaban entregando no eran creíbles. «El ministro anterior es oriundo de la Rivera Hernández, y aun así no logramos que hiciera algo; lo llamé y le dije: “Por el amor de Dios, le hago un llamado a que no reciba informes estúpidos; usted es una persona inteligente, ¿por qué una persona inteligente va a creer una mentira? ¿Quién lo obliga?”».
La Policía Nacional en el norte del país reconoce que hay desapariciones de personas en zonas controladas por estructuras criminales. El jefe de la Policía Nacional en el Valle de Sula, el comisionado David Ortega, le dijo a Contracorriente que hay ciertos fenómenos o tipologías criminales relacionadas con el tema: «algunas personas lo denuncian, algunos [de los desaparecidos] son encontrados, otros siguen sin ser hallados», reconoció.
Ortega mencionó que las autoridades pueden actuar cuando se hace público que las personas son sustraídas de sus hogares, «pero si no hay denuncia es difícil darse cuenta; sin embargo, hay métodos para hacer las investigaciones necesarias, no hay que callar ninguna arbitrariedad», afirmó.
Daniel Pacheco denunció que hay sectores como la Rivera Hernández en donde las estructuras del crimen organizado le siguen arrebatando sus casas a personas que no denuncian estos hechos. En sectores como la Rivera Hernández y Chamelecón existe un desplazamiento forzado producto de la violencia de maras y pandillas, las cuales desalojan a las familias de sus viviendas, para luego utilizarlas como cuarteles para albergar a sus miembros, o como centros de tortura, más conocidos en el lenguaje popular como «casas locas».
El líder religioso manifestó que tanto el despojo de viviendas como las desapariciones son hechos que nadie denuncia. «Nadie confía en las autoridades, llegaron a un límite en este momento. No digo que todos los policías son malos, habrá sus honrosas excepciones, pero ¿quién tiene un escáner para saber eso?», dijo.
Las reservas del pastor están sustentadas por el historial opaco de la Policía Nacional, pues varios de sus miembros han estado involucrados activamente en todo tipo de delitos, incluso el narcotráfico. Durante el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se creó una Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía. Según informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), 6,168 policías fueron cesados de sus funciones, y alrededor del 33 % de esos expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para investigación.
Ahora más de 1,000 oficiales de la Policía están demandando al Estado por el cuestionado proceso de depuración, y arguyen que se violó su derecho a la defensa. Ese proceso de depuración tampoco ayudó a recuperar la confianza de la población, y el pastor Pacheco asegura que es «terrible» porque el pueblo no tiene a quién recurrir si las unidades de la Policía están podridas; «es que nunca había visto un nivel de infiltración tan grande como el de hoy», manifestó, y aseguró que esta es una situación que la cúpula policial conoce bien.
En marzo de 2024, Hernández fue encontrado culpable por tres cargos de narcotráfico, y en el mismo juicio, dos policías de alto rango se declararon culpables por los mismos delitos. Uno de ellos fue Mauricio Hernández Pineda, exsubcomisionado de la Policía Nacional (PN), y el otro fue Juan Carlos Bonilla, más conocido como «El Tigre», exdirector de la Policía Nacional.
En marzo de 2024, Contracorriente publicó un reportaje sobre una serie de delitos cometidos, incluyendo raptos, en el marco del estado de excepción. Estos crímenes habrían sido cometidos por hombres con uniformes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Aunque las autoridades dijeron que se trataba de grupos criminales usando indumentaria policial, las víctimas apuntaron el dedo acusador contra el Estado. En abril, el Ministerio Público capturó a cinco miembros de la Dipampco acusados de secuestro agravado y otros crímenes.
La extorsión en el marco del estado de excepción
Las desapariciones mencionadas al comienzo de esta nota ocurrieron durante el estado de excepción que rige en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022. Esta medida ha suspendido las garantías constitucionales de los hondureños y hondureñas, entre ellas la inviolabilidad del domicilio, según la cual nadie puede entrar a un domicilio sin el consentimiento de sus habitantes o una orden de un juez.
La medida fue tomada por el gobierno en respuesta al aumento de la criminalidad, especialmente las amenazas de extorsión. Según información enviada por la Secretaría de Seguridad a este medio, entre diciembre del 2022 y abril de 2024 se detuvo a 34,064 personas por diferentes delitos, siendo el más repetido el tráfico de drogas, con más de 6,989 detenciones por esta razón; en cambio, por extorsión —la principal razón para decretar la medida— solo fueron capturadas 503 personas, en el mismo período.
Para el analista y consultor en temas de seguridad Leonardo Pineda, los resultados del estado de excepción en los barrios son poco visibles. «En la comunidad, lo único que se ve del estado de excepción son algunos grupos y unidades especiales de la Policía entrando a patadas en las casas, sin ninguna orden de captura y llevándose a la gente; eso es todo lo que se ve», afirmó Pineda.
El analista sostiene que de las capturas que reportan en el régimen de excepción solamente 5 % son efectivas. «Tampoco para eso ha servido. He escuchado que algunas estructuras criminales, con sus abogados, que son muy buenos, les han bateado legalmente las capturas, porque dicen que son ilegales. Hay jueces que sí les aceptan eso a los afectados y salen rápido. Hay fallos en el procedimiento», concluyó.
El jefe de la Policía en el Valle de Sula, David Ortega, al hablar de la seguridad en la zona destacó —al contrario de los análisis citados— el fuerte trabajo que realizan las autoridades, que en su opinión ha dejado algunas estadísticas favorables, como la reducción de homicidios, mientras que otros delitos, como el robo a viviendas y a ciudadanos de a pie se están haciendo más visibles. «Se han hecho operaciones de cierto alcance, a determinadas horas y en zonas comerciales, y darle más tranquilidad a la población», afirmó Ortega.
Al ser consultado sobre el aumento de las amenazas y denuncias de extorsión, Ortega respondió de forma muy general, casi como si recetara un guion, que hay sectores como el de transporte que denuncian estar sufriendo extorsión, y aseguró que hay procesos investigativos para tales efectos. «Pedimos que las personas que sean sujetas a cualquier tipo de amenaza [que] hagan la denuncia respectiva al ente correspondiente. Tenemos líneas suficientes para poder hacerlo (…) mientras más personas se salgan de esa esfera del miedo y del temor, más rápido podemos llegar y evitar estos actos delictivos», declaró.
Para el pastor Daniel Pacheco, más que miedo, la gente en los barrios y colonias siente terror.
¿A quiénes le tiene terror la gente?, le preguntamos al religioso.
En principio respondió que la gente tiene miedo de lo que pueden hacer las maras y pandillas; las personas viven con miedo y tienen que adaptarse a las reglas de un «gobierno invisible» que hay en los barrios. Explicó que mientras uno esté adaptado y conozca los protocolos de seguridad de los grupos criminales, «vas a estar más o menos, al menos vas a sobrevivir», añadió.
Pacheco apunta a que la población siente una desconfianza casi total hacia las fuerzas de seguridad. «La gente tiene terror de las autoridades y eso es peor que [hacia] las pandillas. No existe un temor más grande que [el que se tiene a] las autoridades, y se molestan porque se les dice esto, pero yo, en lugar de molestarme, buscaría una solución», expresó.
Lo dicho por el pastor contradice la campaña gubernamental, que ha hecho alarde de la evolución de la Policía Comunitaria, cercana a la gente, que genera confianza y es respetuosa de los derechos humanos; sin embargo, para Pacheco nada de esto ha pasado.
El líder religioso asegura que el clima de violencia no es algo que está naciendo en el interior de las maras y pandillas. «Esto es algo más fuerte, esto alcanza otros niveles, por ahora yo no tengo una explicación clara de esto. No le encuentro cabeza, esto tiene que estar a muy alto nivel, no lo puedo ver porque no está a mi nivel», afirmó.
Mientras el discurso oficialista sobre las políticas de seguridad es repetitivo y hace énfasis sobre los logros en la disminución de homicidios, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del pueblo hondureño, según el Sondeo de Opinión realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); un 19 % estima que la delincuencia e inseguridad es el primer problema del país y, por el contrario, solo un 3 % de las personas encuestadas mencionó el combate a la delincuencia como un logro del Gobierno.
Pacheco es uno los escépticos respecto a los avances del Gobierno en la lucha contra la criminalidad, que a su juicio sigue mandando en los barrios.«La gente sigue saliendo de las comunidades, exiliados, buscando un lugar dónde irse», dijo, en referencia a quienes son desplazados por la violencia que toca implacablemente sus puertas, y agregó: «Y están también los que se quedan y se callan. Les agarran un familiar, no lo vuelven a ver, pero se quedan. ¿Y para dónde pueden ir? ¿A quién le conviene causar este terror?», se preguntó el pastor.
Leonardo Pineda, por su parte, opinó que al hablar de San Pedro Sula no se puede señalar que esté pasando una sola cosa, porque es una ciudad muy grande, en la que hay diversas dinámicas de acuerdo a la zona.. Explicó que en algunas zonas parece haber menguado la extorsión, pero en otras ha aumentado o las cuotas son más altas. Pineda añadió que los principales actores son las pandillas tradicionales, pero hay bandas criminales, que aunque no tienen capacidad de competir con la Pandilla 18 o la MS-13, han llegado a acuerdos con estas estructuras para realizar algunas actividades delictivas.
Según datos proporcionados a este medio por la Secretaría de Seguridad, en el país están identificadas 29 bandas criminales que operan en seis departamentos. En Tegucigalpa, aparte de la Pandilla 18 y MS-13, delinquen ocho grupos más. En San Pedro Sula, además de los dos grupos ya mencionados, hay otras siete bandas operando. Choluteca, Atlántida y Olancho también son departamentos con varios grupos criminales, con seis, cuatro y tres, respectivamente.
En las comunidades, dijo Pineda, se encuentran otros escenarios; por ejemplo, la zona de Chamelecón aparentemente está en paz. «Si usted revisa la cifra de muertos de hace 10 o 12 años, solo este sector le aportaba 400 muertos a San Pedro Sula; ahora usted revisa y hay 7 o 20 al año. No voy a decir que es una cifra verídica, pero es notable», señaló.
Pineda sostuvo que esa baja en los homicidios en estos sectores obedece a muchos factores: en primer lugar, los grupos criminales que tomaron el control de ciertos territorios han impuesto normas que la gente ya asumió; en segundo lugar, los pleitos entre las pandillas, especialmente la Pandilla 18 y la MS-13, son cada vez menores; «una se está imponiendo a la otra y los pleitos no tienen saldo trágico, sino que simplemente se van para no entrar en ese conflicto; ellos lo han definido como “no calentar” sus territorios, para que su otro negocio, que es el más rentable y es la venta de droga, no se vea afectado, pero la violencia sigue existiendo», dijo el analista.
Pineda agregó que desde la Secretaría de Seguridad se han hecho esfuerzos y se ha tratado de aumentar la presencia de agentes policiales, pero que tales esfuerzos siguen siendo muy precarios, pues en una zona como Chamelecón, con aproximadamente 150,000 habitantes, solo hay asignados unos 90 policías; «no llegan ni a uno por cada mil habitantes, y la media debería ser tres, y lo mismo pasa en la Rivera Hernández; entonces, tratan de hacer algunas cosas, pero se ven desbordados en sus capacidades», dijo.
Después de más de dos años del Gobierno de Xiomara Castro, Pineda reconoció que todavía está en el proceso de entender lo que está pasando. «Por un lado, pareciera que están tratando de hacer las cosas bien, pero por otro lado, hay cinco órdenes de captura contra miembros de la Dipampco; entonces, usted se hace la pregunta, ¿esas personas son nuevas? ¿Entraron con esta administración o vienen de atrás? A la hora que se conteste esa pregunta yo podría contestar qué está pasando», finalizó.
