Texto: Valeria Guzmán
Portada: Persy Cabrera
No hay manera de escapar de las imágenes de Nayib Bukele en El Salvador. Como si se tratara del cantante favorito de adolescentes, no se puede ir por la calle sin encontrarse con alguien con una camiseta o un llavero con la cara estampada del presidente que este sábado inicia un segundo mandato, erosionando la poca democracia que se alcanzó a construir tras la guerra civil.
Su fama también alcanza a quienes visitan El Salvador. En el aeropuerto, al pasar por migración, hay una esquina dedicada a simular un pedazo de Casa Presidencial para que los visitantes se tomen fotos alrededor de las banderas y las fotografías enmarcadas del presidente y Gabriela Rodríguez de Bukele, la primera dama.
Para nadie es secreto la popularidad de Nayib. Parte de ella está también depositada en la primera dama, una mujer profesional preocupada por la primera infancia que siempre aparece sonriente al lado del mandatario. Con ella se completa la imagen del buen esposo, hombre de familia, líder y patriarca nacional.
Pero la realidad para las salvadoreñas comunes dista mucho de la imagen de la mujer sonriente y elegante que recibe a los turistas en el aeropuerto. Y el panorama solo parece que empeorará a partir de este 1 de junio, cuando Bukele asuma su segundo mandato consecutivo a pesar de que la Constitución lo prohíbe en seis artículos.
Esto ha iniciado una serie de discusiones teóricas entre periodistas y académicos: ¿Desde cuándo se le puede llamar dictadura a lo que ocurre en El Salvador? ¿Era ya dictadura cuando se tomó con militares la Asamblea Legislativa? ¿O acaso será dictadura a partir de que se coloque –de nuevo– la banda presidencial?
Lo cierto es que en los últimos cinco años la dictadura ya había comenzado para las mujeres. Para algunas disidentes públicas de Bukele, el exilio ha sido el único camino para recuperar una sensación de seguridad.
Nuestra participación ciudadana ha sido relegada a nuestro papel como madres y cada vez menos como sujetos políticos. La primera dama impulsó la Ley Nacer con Cariño, que busca un proceso respetuoso con los cuerpos de las mujeres en los hospitales durante la gestación y parto. Para 2019, el primer año de Bukele como presidente, se registró el porcentaje más bajo de muertes maternas en El Salvador. Sin embargo, eso rápidamente cambió. En 2021, el sistema de salud registró 63 muertes maternas, la cifra más alta desde 2015.
Y es que las salvadoreñas tienen justas razones para preocuparse por su salud reproductiva. Tanto si desean ser madres o si deciden no serlo. En El Salvador, como en Honduras, las mujeres siguen corriendo el riesgo de enfrentar prisión por tener un aborto. Con el gobierno bukelista, la despenalización del aborto parece, por ahora, impensable.
Después de pláticas con médicos he entendido que, deliberadamente, la vida de las mujeres se pone en peligro. Por ejemplo, hay pacientes que experimentan un embarazo ectópico, es decir, inviable y fuera del útero, pero los médicos temen intervenir y ser denunciados por haber ayudado con un «aborto». En estos casos, si la mujer no es tratada a tiempo, corre el riesgo de sufrir hemorragias, perder sus órganos reproductivos o de muerte. Para ellas, en la ley no hay cariño.
En 2018, antes de convertirse en presidente, Bukele dijo que estaba de acuerdo en los abortos cuando la vida de las mujeres estaba en peligro. Durante su presidencia, eso cambió y llegó a comparar tener un aborto con ser parte de un genocidio.
Con la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, las activistas por la despenalización del aborto se enfrentan a la posibilidad de ser detenidas sin explicaciones. La activista feminista Clanci Rosa declaró al periódico El País que en ocasiones, «da miedo que en una protesta puedas acabar presa». Pero eso no las detuvo de salir a marchar el Día Internacional de la Mujer y exigir la despenalización.
También se ha impulsado la Ley Amor Convertido en Alimento que busca que las mujeres tengan las facilidades para dar lactancia materna y así procurar que los bebés tengan garantizada una vida con apego sano a sus madres y salud integral. Poco se sabe de qué pasará cuando estos niños crezcan y se encuentren con un país completamente militarizado, donde mostrar «nerviosismo » ante un grupo de soldados armados hasta los dientes es suficiente motivo para ir preso.
En los primeros meses del Régimen de Excepción, las calles frente a un penal se llenaron de madres durmiendo en el suelo esperando día tras día, que sus hijos salieran de prisión para poder llevarlos a casa y servirles un plato de comida en libertad.
Para las mujeres trans que son encarceladas por sospechas de algo –no se sabe bien de qué– su paso por las cárceles de El Salvador viola los derechos humanos. Una mujer trans que ya fue liberada por no encontrarse culpable de ningún delito narró su experiencia a un medio. Ahí contó que fue torturada, golpeada y además sufrió tratos transfóbicos. Como es lo usual que hagan con los hombres, cuando ella entró a prisión la raparon. Su identidad no importaba.
Los discursos conservadores sobre lo que significa ser una buena mujer cada vez tienen más peso en El Salvador. Con la instalación de este segundo mandato inconstitucional de Bukele, no solo se burla la ley, sino que se afianzan todas las decisiones tomadas en el quinquenio anterior y sufridas por las mujeres más vulnerables.
La política del bukelismo busca, constantemente, dejar atrás cualquier cosa que se crea que se relaciona con «la ideología de género». Una de las primeras medidas del gobierno fue desarticular la Dirección de Diversidad Sexual, que se encargaba de promover los derechos de la población LGBTIQ+. Desde que se firmó la paz en El Salvador, al menos 600 mujeres trans han sido asesinadas por su identidad de género. Sin la Dirección de Diversidad Sexual, muchas más mujeres trans se encuentran en peligro y sin ningún interlocutor oficial que vele por sus derechos.
Además, a inicios de este año Bukele anunció que se prohibía «todo rastro de ideología de género» en la educación del país. Omitió decir que la perspectiva de género es la que ayuda a identificar y prevenir la violencia de género, usualmente sufrida en mayor medida tanto por mujeres cisgénero como trans.
Prohibir esa supuesta «ideología» no solo afectó a los programas en las escuelas, sino que también a algunas oficinas que brindan servicios de salud sexual. Ahí, se retiraron preventivamente páginas volantes con información sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual porque mencionan palabras tan peligrosas como orientación sexual, identidad de género o la temida sigla LGBTI.
Para rematar, la Asamblea Legislativa, conformada en un 90% por diputados oficialistas, eliminó este mayo la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, donde -en teoría- se discutían mejoras legales y programas que ayudaran a cerrar la brecha de desigualdad. ¿El argumento que dieron los diputados? Evitar tener agendas «dispersas».
Con este panorama, algunas feministas ya han aceptado que deben bajar perfil y reducir el volumen de su activismo público por miedo a las represalias. Algunas periodistas también han hecho lo mismo para detener las amenazas de violencia sexual en sus redes sociales. Al inicio, estas estrategias parecían temporales, pero con el nuevo mandato inconstitucional de Bukele, es difícil saber cuándo volverán a gritar públicamente quienes ahora susurran por miedo a ser señaladas, o en el peor de los casos, procesadas.
La última vez que un presidente se reeligió consecutivamente en El Salvador, el país terminó en dictadura y masacre. Quizá por eso, muchos han esperado a que llegue este día para atreverse a nombrar como tal un régimen que desde hace mucho tiempo viene dando luces sobre su verdadera naturaleza. Y a pesar de que las feministas, activistas y lideresas comunitarias han debido bajar el volumen de su voz en algunos espacios para cuidarse a sí mismas, tengo la certeza de que siguen trabajando para nombrar las injusticias y plantar cara a lo que se viene.
