Documentos oficiales de consulta pública revelan que 27 funcionarios han recibido más de 4.9 millones de dólares en préstamos del estatal Banco Hipotecario, destinado principalmente a apoyar a medianos y pequeños empresarios (22 para adquirir inmuebles en zonas privilegiadas de El Salvador y cinco sobre propiedades que habían comprado con anterioridad). Entre los prestatarios hay 12 diputados de Nuevas Ideas que buscan la reelección, incluido el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Tres primos del presidente, Nayib Bukele, también recibieron estos créditos. La mitad de los préstamos fueron otorgados en medio de la crisis sanitaria y social por la pandemia de covid-19.
Por Jaime Quintanilla y Daniel Valencia
Fotos drone: Redacción Regional
Ilustración de portada: Donají Marcial
Entre septiembre de 2019 y junio de 2023, 22 funcionarios de primer nivel y tres primos del presidente, Nayib Bukele, fueron beneficiados con líneas de crédito del estatal Banco Hipotecario (BH) hasta por $4,904,267 para comprar propiedades, la mayoría ubicadas en zonas exclusivas de El Salvador, desde terrenos en la playa y lujosas residencias en la capital, hasta lotes a las faldas del volcán de San Salvador. Entre los beneficiarios de los créditos están el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y Suecy Calleja, ministros del gabinete de Gobierno, secretarios de la Presidencia y otros diez diputados de Nuevas Ideas que también buscan la reelección este 4 de febrero. La propia presidenta de la junta directiva del BH durante el periodo en el que se concedieron los créditos, Celina María Padilla de O’Byrne, también fue una de las prestatarias.
Otros cinco funcionarios obtuvieron créditos hipotecarios sobre inmuebles que ya habían adquirido con anterioridad. En cuatro de estos casos, el valor de la hipoteca fue superior al precio de las propiedades.
Para la elaboración de esta investigación, La Redacción Regional y Focos obtuvieron las anotaciones, los documentos de compraventa y los expedientes en los que constan las escrituras públicas de los créditos autorizados por la entidad en archivos públicos del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros. Además, estos periodistas realizaron un recorrido por las ubicaciones de las propiedades que los funcionarios y familiares de Bukele adquirieron gracias a las hipotecas, según los registros catastrales del Instituto Geográfico y Catastro Nacional.
Casi un tercio de los créditos —8 de los 28— fueron concedidos a miembros del círculo cercano del presidente Bukele, entre amigos, socios, familiares y exempleados convertidos en funcionarios públicos. Entre estos, además de Castro, quien recibió dos préstamos, y Calleja, están Michelle Sol, ministra de Vivienda, esposa del diputado Castro y candidata la alcaldía de la Libertad Este; la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, quien recibió un crédito en conjunto con su pareja, Xavier Zablah Bukele, presidente de Nuevas Ideas y primo hermano del presidente; y otro más junto a su cuñado, Francisco David. Un tercer primo del presidente, Ricardo Andrés Hasbún Bukele, también fue prestatario junto con Dania González, una diputada de San Salvador por Nuevas Ideas que busca la reelección. El presidente de LaGeo Mynor José Gil Arévalo, un exempleado de una de las empresas de la familia Bukele, también entra en esta lista.
Figuras clave en las grandes apuestas del gobierno Bukele también recibieron créditos por parte del BH. En este grupo está el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, uno de los principales protagonistas del Régimen de Excepción; el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, uno de los líderes de la propaganda gubernamental diseminada desde el Ejecutivo e incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, a quien el Departamento del Tesoro le aplicó la Ley Magnitsky por facilitar negociaciones entre el GOES y las pandillas para reducir homicidios.
Un tercer grupo está compuesto por funcionarios de primer nivel como el viceministro de la Defensa, Ennio Rivera; otros nueve diputados del partido de Bukele; la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, y las subdirectoras Wendy López y Claudia Campos; la viceministra para Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, el presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán y el director de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón.
El quién y cuánto de los 28 créditos del BH
Créditos en pandemia y con superávit
La mitad de los 28 créditos a funcionarios de alto nivel fueron entregados en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, cuando la administración Bukele señalaba que su prioridad era atender desde el Banco Hipotecario a los más afectados y necesitados, entre ellos pequeñas y medianas empresas y productores asfixiados por las cuarentenas.
Del total de préstamos, 14 fueron superiores al precio de compraventa que los beneficiarios presentaron ante los registros públicos del Estado, entre ellos el otorgado por el BH a la entonces presidenta de su junta directiva, Celina María Padilla de O’Byrne, designada por Bukele en junio de 2019.
El 12 de julio de 2021, Padilla compró junto a su esposo, Álvaro Ernesto O’Byrne Cevallos, fundador del partido Nuevas Ideas, exdirector del Fondo de Conservación Vial y, para la fecha de emisión del crédito, director de la Dirección de Obras Municipales, un lote en la zona del bulevar El Hipódromo, una lujosa zona en el sur de San Salvador. El inmueble les costó $172,000. Ese mismo día, el banco les autorizó un crédito hipotecario hasta por $260,000.
Para conceder un préstamo con garantía hipotecaria sobre un inmueble, según la ley que rige al BH, es necesario un valúo para determinar el monto que se le entregará al solicitante. Este monto, asegura un grupo de expertos en inversiones inmobiliarias, bienes raíces, constitución de hipotecas y oficiales de cumplimiento del sistema bancario salvadoreño consultados para esta investigación, nunca es mayor o igual al 100 % del precio de la propiedad.
Que una entidad de crédito estatal otorgue créditos superiores al valúo de una propiedad, señalan los expertos, merece una revisión por parte de los órganos contralores. Como mínimo, aseguran, es un “trato preferencial” en un país donde el 48.2 % no tiene vivienda propia y el 39 % de los hogares están en condiciones de hacinamiento, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), y donde el mismo presidente, Nayib Bukele, ha asegurado que no regulará el aumento del precio de inmuebles.
En los 15 años previos al gobierno Bukele, el Banco Hipotecario estuvo en la mira del sistema de justicia salvadoreño por haber servido de caja chica en millonarios desvíos de fondos públicos para alimentar ‘partidas secretas’ durante las presidencias de Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
En su gestión en el BH, Padilla prometió que no toleraría “actos de corrupción como los que ocurrieron durante los dos gobiernos del FMLN”. “Les aseguro que estas malas prácticas se han eliminado en el banco y seguimos todos los procesos regulatorios”, escribió en su cuenta de la red social X el 25 de noviembre de 2020, cuando la junta directiva que presidía ya había aprobado dos préstamos a favor de funcionarios de Gobierno.
La Ley de Bancos, que abarca tanto a públicos como a privados, no prohíbe el otorgamiento de préstamos para funcionarios públicos ni para miembros de la junta directiva de una institución financiera. Sin embargo, sí tiene candados para prevenir irregularidades. En caso de que el beneficiario sea miembro de la junta de un banco, este debe argumentar la necesidad de fondos y no participar de la sesión donde se tome el acuerdo del crédito.
La ley de fundación del banco también establece que “la concesión o aceptación de los préstamos se requiere la aprobación de la Junta Directiva, previo informe de peritos nombrados por el Banco”. Además, el Código de Ética, Antisoborno y Anticorrupción de la institución señala que la concesión de préstamos a allegados podría constituir un conflicto de interés. “Su condición de funcionario o empleado del banco no debe ser utilizada para obtener beneficios para sí o para terceros, relacionados con los productos o servicios que presta el banco. Por lo tanto, los funcionarios y empleados deben abstenerse de participar o intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos que pueda involucrar un beneficio personal, familiar o de un tercero vinculado”, reza el código.
Las leyes contra el lavado de dinero y activos y las que combaten el enriquecimiento ilícito de los funcionarios también exigen al sistema financiero poner especial atención a las “personas expuestas políticamente” (PEP).
Los créditos a los funcionarios y a los parientes del presidente fueron entregados a través de “hipotecas abiertas”. Este mecanismo, según los especialistas consultados, facilita la entrega de montos por encima del precio de la compraventa, pero siempre y cuando los beneficiados puedan demostrar capacidad de pago u otra garantía (aparte de la propiedad adquirida) como contraparte para garantizar que la inversión de la entidad crediticia no corra riesgos por incumplimientos de pago. La pregunta que se hacen es si un “PEP”, con ingresos fijos y con obligaciones mensuales de gasto reportadas a la Sección de Probidad, en puestos con fecha de caducidad o inestables, pueden hacer frente a una inversión con plazos de pago hasta 30 años plazo.
En el caso del crédito a su favor, y de los créditos a los funcionarios ligados al partido Nuevas Ideas, expertos en transparencia y combate a la corrupción señalan que el parentesco de Padilla de O ‘Byrne con un fundador del partido oficial, y su misma vinculación con el presidente, Nayib Bukele, que la designó en el cargo, indica que “existen indicios para tener sospechas de tráfico de influencias al momento de la aprobación de préstamos a favor de personas expuestas políticamente”. El caso, dicen, debería ser analizado bajo los preceptos de la Ley de Ética Gubernamental.
Padilla dejó la entidad en agosto de 2023, dos meses del último préstamo concedido a un funcionario que esta investigación pudo comprobar, cuando intentó, sin éxito, alcanzar la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica en representación de El Salvador.
Sin respuestas
Redacción Regional y Focos intentaron obtener reacciones de los 30 prestatarios identificados en esta investigación a través de sus correos oficiales, con sus asistentes o encargados de prensa en sus despachos en la Asamblea Legislativa e instituciones del gobierno central. En el caso de la expresidenta Celina Padilla se envió una solicitud por escrito a su residencia en el bulevar El Hipódromo. También se envió un correo al presidente de Nueva Ideas, Xavier Zablah, y un escrito al partido para solicitar una reacción de Francisco Zablah Bukele y Ricardo Andrés Hasbún Bukele, fundador y dirigente, respectivamente.
Ante las peticiones de los periodistas, el diputado Amilcar Zaldaña de Santa Ana respondió “sin comentarios” vía llamada telefónica. Un funcionario del Ejecutivo, con la condición de anonimato, porque “no tengo autorización para dar declaraciones”, dijo que su crédito fue “para consolidar” el pago de una propiedad que adquirió hace más de una década.
El único funcionario que accedió a responder preguntas fue el director de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón. El funcionario dijo que no recordaba “para qué fue eso (crédito)”, pero que “lo mío todo está en regla. Siempre doy garantía. Por eso les llamo, porque no tengo que ocultar nada. Yo tengo 60 años y en 30, redondeándole, he sido abogado. Tengo créditos hasta por fregar”, dijo.
Para esta investigación también se solicitó por escrito una reacción a las actuales autoridades del Banco Hipotecario, pero al cierre de la publicación no hubo respuesta.
Las inversiones de los primos hermanos, la secretaria de Comunicaciones y una diputada
A las 3 de la tarde del 13 de noviembre de 2019, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Verónica Medina Pérez, y uno de los primos hermanos del presidente, Francisco David Zablah Bukele, compraron dos inmuebles por $260,000 en el cantón San Antonio Abad, Urbanización Monte Alto, calle que conduce al cantón El Carmen y final de la avenida Masferrer, una zona exclusiva que se caracteriza por la construcción de enormes mansiones. Los terrenos suman una área de 1,714.22 metros cuadrados.
La primera hipoteca por $258,000 la recibieron con un plazo de 30 años. Al año siguiente, en diciembre de 2020, Medina y Zablah decidieron unir los inmuebles de los que eran propietarios con el aval del banco.
En marzo de 2021, el banco autorizó que se repartieran por partes iguales el área del lote. A cada uno le tocó 857.11 metros cuadrados. El BH canceló la hipoteca y declaró “libre de gravamen los inmuebles”. Tres meses después les otorgó nuevas hipotecas individuales por $130,000 para cada uno de los terrenos.
Dos años más tarde, el 18 de mayo de 2023, Medina donó la mitad del derecho de la propiedad a su pareja, Xavier Eduardo Zablah Bukele, el otro primo de Bukele y presidente del partido Nuevas Ideas. La donación fue valuada en $65,000. Al mes siguiente, la pareja abrió otra hipoteca sobre la misma propiedad con el banco por $130,000 a un plazo de 28 años, pero fue cancelada cinco meses más tarde y el inmueble quedó libre de gravamen. Ese mismo día, ambos abrieron otra hipoteca sobre el mismo terreno con el Banco Agrícola por $512,215.64 a un plazo de 20 años.
Tanto Medina como los hermanos Zablah Bukele han jugado un papel importante en el ascenso político del presidente. Los dos parientes acompañaron a su primo en su carrera política desde sus inicios en el FMLN. Medina, por su lado, fue empleada de Obermet, una de las principales empresas de la familia. Cuando Bukele llegó a la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, la convirtió en la jefa de comunicaciones de la comuna, cargo que repitió en la Alcaldía de San Salvador.
Medina llegó a la Presidencia con deudas por $11,501.78 y activos de $14,236.27, según su declaración jurada de patrimonio. En el documento, sin embargo, no registró los activos y pasivos de su pareja.
Un tercer primo hermano del presidente también obtuvo un crédito en compañía de una segunda prestataria: la diputada por San Salvador y presidenta de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, Dania González.
El 30 de enero de 2023, González compró por $426,000 un lote en la residencial Altema Uno, en Nuevo Cuscatlán, y ese mismo día recibió un crédito hipotecario mil dólares por debajo de la propiedad. El crédito lo sacó junto a Ricardo Andrés Hasbún Bukele, fundador y dirigente de Nueva Ideas.
González fue subdirectora de empleo juvenil del Injuve desde septiembre de 2019 hasta marzo 2021. Durante su periodo en la institución fue señalada de favorecerse de su cargo para recibir una donación de $25,000 del Gobierno de Luxemburgo para apoyar emprendedoras centroamericanas y de extraer bienes valorados en $12,980.80 de la misma institución, según investigaciones periodísticas de Revista Factum y La Prensa Gráfica.
Según la declaración patrimonial que presentó cuando asumió como diputada en mayo de 2021, tenía $29,875.94 entre activos muebles e inmuebles y deudas por $23,351.94. El crédito que comparte con un primo del presidente Bukele es el más oneroso de entre todos los asignados a los diputados prestatarios (y el segundo más oneroso de todos los beneficiados).
Los terrenos de los esposos Castro-Sol
Dentro de los funcionarios que forman parte del círculo íntimo de los Bukele, los esposos Ernesto Castro y Michelle Sol son los que más terrenos han comprado con préstamos hipotecarios desde junio de 2019. Entre ambos han adquirido tres créditos hipotecarios que ascienden a $285,825.
El 7 de octubre de 2021, a las 11:15 de la mañana, Castro compró un lote en el cantón El Escalón, en el municipio de San José Villanueva. El terreno tiene un área de 33,000 metros cuadrados por el que Castro pagó $60,000. También compró un terreno en el cantón El Taquillo, en el municipio de Chiltiupán, de 39,859.06 metros cuadrados por $75,000. Las transacciones fueron notariadas por Marco Javier Calvo Caminos, un exdiputado suplente de Arena.
Por el primero de los terrenos, el Banco Hipotecario le otorgó un crédito por $51,000; por el segundo, $60,000.
Michelle Sol, ministra de Vivienda y exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, compró el 10 de febrero de 2022 un terreno en el bulevar El Conchalío, en el departamento de La Libertad. El inmueble tiene una extensión de 2,401.60 metros cuadrados y costó $175,000. Recibió una hipoteca por $174,825 a un plazo de 20 años. El terreno está ubicado a las orillas de una playa cercana al Sunset Park, la remodelación que hizo el Gobierno Bukele del muelle del Puerto de La Libertad en su apuesta turística llamada ‘Surf City’.
Ernesto Castro ha sido amigo y socio de Bukele desde hace más de una década. Ambos comenzaron su carrera política en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012, donde Castro fue secretario privado del despacho, cargo que repitió en la Presidencia desde el 1 de junio de 2019 hasta el 17 de noviembre de 2020, con un salario de $6,000. En 2021 se convirtió en el presidente de la Asamblea Legislativa, tras un pacto entre miembros de la Presidencia y los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC.
La declaración patrimonial que mostró al momento de ser nombrado secretario privado de la Presidencia, en 2019, muestra que tenía activos de $122,125.98 y deudas por $20,182.95. Pero con su grupo familiar —su esposa— acumulaban $1,242,106.80 en activos y deudas por $443,508.18.
La diputada con ‘casa nueva’ al séptimo mes de gestión
A las 9 de la mañana del 20 de noviembre de 2021, el doctor en medicina Omar Antonio Callejas Sandoval y su hija Suecy Beverly Callejas Estrada pagaron $99,000 por un inmueble ubicado en la urbanización Sausalito, en la colonia Escalón, de un área de 225 metros cuadrados. El padre recibió el derecho de usufructo (el gozo de la propiedad de otra persona) y la hija la nuda propiedad (el propietario real del inmueble que ha cedido la posesión a otra persona). En el lote que compraron se encuentra “construida una casa de sistema mixto, completamente nueva y con todos sus servicios sobre una extensión superficial de 142.39 metros cuadrados”, según consta en las escrituras.
Para lograr la compraventa, recibieron una hipoteca abierta hasta por $210,000 a un plazo de 30 años, $111,000 más de lo que costó el inmueble.
Para ese momento Suecy Callejas estaba por cumplir su séptimo mes como primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, luego de que el 1 de mayo de 2021 asumiera como diputada. Se estrenó con una moción que golpeó al Estado de derecho en El Salvador, al solicitar la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que le eran incómodos al oficialismo. “Ya me vieron el 1 de mayo de 2021; esperen a verme el 1 de mayo de 2024”, dice en un spot de campaña para las legislativas del 4 de febrero.
Callejas llegó al primer órgano del Estado luego de su paso como ministra de Cultura entre junio de 2019 y noviembre de 2020, con una deuda de $44,483.62 y activos por $33,921.49, según su declaración jurada de patrimonio. Su declaración, además, aseguraba que no poseía inmuebles a su nombre.
Callejas es íntima amiga de la actual primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, y ha formado parte del equipo de trabajo de Nayib Bukele desde 2013. Ese año entró a trabajar en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán como gestora de cooperación y gestión cultural y, luego, fue nombrada secretaria privada ‘ad honorem’ de la misma comuna. En 2015, con la victoria de Bukele en San Salvador, se mudó a la comuna capitalina con el cargo de secretaria de Cultura. En esa gestión entregó contratos amañados a sus amigos, según reveló la Revista Factum en enero de 2019.
Durante este gobierno, su padre ha ganado $51,000 en compras con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Magisterial por servicios médicos, según registros disponibles en el portal de compras del Estado.
El exempleado de Bukele que invirtió en un Country Club
El 22 de abril de 2021, el presidente de LaGeo Mynor, José Gil Arévalo, compró junto a su esposa, Patricia Candelaria Aguilar de Gil, un inmueble ubicado en el condominio Villanueva Golf Country Club de 931.15 metros cuadrados por $102,000. La pareja recibió en la operación un crédito hipotecario hasta por $205,000 ese mismo día.
Gil ha formado parte del círculo de los Bukele desde antes que la familia entrara en política. En 2009, los Bukele adquirieron Global Motors, la empresa de venta de motos de Yamaha. La primera directiva de la empresa tras la compra de los Bukele tuvo a Nayib como presidente y a los mellizos, Yusef e Ibrajim, y a su hermanastra, Fátima Bukele Ramírez, como directivos. Dos años después, Gil Arévalo recibió un poder general administrativo y luego entró a la junta directiva.
En la Alcaldía de San Salvador fue jefe de la delegación distrital lI. Con el triunfo de Bukele en las elecciones presidenciales, Gil recibió la presidencia de LaGeo, una de las principales productoras de energía en el país. Investigaciones periodísticas han revelado que desde ese cargo ha autorizado el uso de fondos públicos para financiar de manera opaca empresas privadas estatales como Chivo, S. A. de C. V. (que administra la Chivo Wallet) y El Diario Nacional, S. A. de C. V. (que administra Diario El Salvador).
Su esposa, Patricia Aguilar, es administradora única, propietaria y representante legal de Global Media, una agencia de publicidad que fundaron el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Pedro Víctor Dumas Santamaría, y Martha Eugenia Barahona Rais en 2016.
La pareja formó parte de los primeros afiliados a Nuevas Ideas, cuando este fue fundado en 2018. Gil Arévalo ostentó el puesto de secretario nacional de asuntos jurídicos y electorales en la primera directiva del partido cian.
$899,000 para las cabezas del Seguro Social
Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, la directora del Seguro Social de El Salvador, recibió un préstamo por $560,000 (el más oneroso de la lista) para adquirir una propiedad en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. El 18 de mayo de 2021, Ayala hipotecó dos inmuebles de la urbanización Altos de la Cima.
Por los dos terrenos pagó $470,000. La extensión conjunta de los inmuebles es de 1,691.96 metros cuadrados, según consta en documentos públicos inscritos en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca.
Ayala fungió como cabeza de la Dirección Nacional de Medicamentos, un nombramiento cuestionado por sus nexos con una farmacéutica, algo que Ley de Medicamentos prohíbe. Desde esa oficina, además, autorizó la introducción de millonarias e irregulares compras de insumos médicos durante la pandemia, uno de los principales casos de investigación de la Comisión Contra la Impunidad de la OEA (Cicíes) que Bukele expulsó a mediados de 2021.
Los registros del CNR también dan cuenta de que su segunda al mando también fue beneficiada por el banco en enero de 2021. La subdirectora Wendy Marisol López Rosales compró una propiedad en la urbanización Loma Linda de San Salvador gracias a un crédito por $160,000.
En febrero de 2022, también la subdirectora administrativa del ISSS, Claudia María Campos Romero, recibió una hipoteca de hasta $179, 000, a un plazo de 30 años, sobre dos lotes en la urbanización Altos de la Casona del municipio de San José Villanueva, La Libertad. El precio de compraventa de los lotes fue de $37,000.
11 meses después, el banco dio por cancelada la hipoteca y, el 16 de junio, Campos Romero donó el 50 por ciento de los lotes al médico Werner Stanely Posada. Ese mismo día obtuvieron una nueva hipoteca por $213,750 a favor de Comédica de R.L.
Los sancionados por Estados Unidos
El Banco Hipotecario le ha concedido préstamos a dos funcionarios que fueron sancionados por Estados Unidos.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense designó al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Amílcar Marroquín Chica, bajo la ley Magnitsky por ser uno de los principales protagonistas en las negociaciones del Gobierno de Bukele con las pandillas, al igual que al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Cuatro meses antes de que Estados Unidos decidiera que Marroquín no puede hacer transacciones con entidades estadounidenses, el Banco Hipotecario le prestó $167,000. Con ese dinero, uno de los funcionarios claves de Bukele pagó parte de los $195,000 que usó para comprar un apartamento, dos parqueos y una bodega en el condominio Las Nubes.
Según su declaración patrimonial, Marroquín no tenía bienes inmuebles cuando comenzó a trabajar con la Presidencia Bukele en 2019 y poseía activos por $47,121.20.
Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia, incluido en la lista Engel de autores corruptos y antidemocráticos, también recibió un crédito del BH. Sanabria “socavó los procesos o las instituciones democráticas al utilizar su cargo y ejercer la influencia de la Presidencia para presionar indebidamente a funcionarios de partidos políticos de la oposición para que dimitieran bajo amenaza de ser acusados de delitos penales”, concluyó el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2022.
A Sanabria, asesor de Bukele desde antes de asumir la alcaldía capitalina, donde trabajó como encargado de comunicaciones, la junta directiva del Banco le aprobó $225,000 para un lote en la urbanización Cumbres de la Esmeralda, en Antiguo Cuscatlán.
Sanabria, quien también fue asesor comunicacional en la Presidencia de Elías Antonio Saca (2004-2009), llegó a su cargo con activos de $183,095.48 y deudas por $91,907.06.
La bonanza de los diputados de la planicie
Además de Castro y Calleja, presidente y vicepresidenta de la Asamblea, y de Dania González, quien recibió un crédito junto a uno de los primos de Bukele, otros nueve de los 55 diputados de Nuevas Ideas han accedido a préstamos del Banco Hipotecario desde que asumieron sus cargos el 1 de mayo de 2021. Estos son Saúl Enrique Mancia (Chalatenango), Lorena Johanna Fuentes de Orantes (Santa Ana), Héctor Enrique Sales Salguero (Sonsonate), Walter David Coto Ayala (La Paz), Edgardo Antonio Meléndez Mulato (San Salvador), Katheryn Alexia Rivas González (San Salvador), Estuardo Ernesto Rodríguez Pérez (Ahuachapán), Walter Alemán (La Libertad) y Amilcar Giovanny Zaldaña Cáceres (Santa Ana).
El 14 de marzo de 2023, el diputado Héctor Enrique Sales hipotecó un inmueble en la colonia Santa Elena, municipio de Sonzacate, por $99,000 a un plazo de 20 años. Ocho años atrás, mientras trabajaba como ejecutivo de créditos de micro y pequeña empresa en la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, compró ese inmueble por $28,000. El legislador logró obtener 3.5 veces más por el inmueble que cuando lo adquirió. Sales registró inmuebles por $75,000 y activos por $115,400 con deudas de $83,299.41 cuando asumió la diputación.
De la misma manera, Estuardo Rodríguez también logró multiplicar el valor de un inmueble que compró en el cantón Los Huatales, Ahuachapán, en 2016 por $7,500. Para 2023, el Banco Hipotecario consideró en su valúo que el inmueble de 232 metros cuadrados tiene un valor de $70,000.
Otra diputada que multiplicó su patrimonio con la compra e hipoteca de su nuevo inmueble fue Lorena Fuentes de Orantes. El 16 de enero de 2023, Fuentes compró un terreno en la lotificación Santa Teresita, en Santa Ana, por $20,000. Por ese terreno de 192 metros cuadrados sin construcción, el Banco Hipotecario le entregó un préstamo por $79,476, casi el cuádruple del valor de la compraventa.
Fuentes no poseía ningún inmueble cuando asumió su primera curul y solo registró bienes muebles por $24,300 con deudas de $1,570.72. Pero su esposo, Emigdio José Orantes Arriaza, tenía $399,300 en activos. Orantes es un empresario especializado en el área de motocicletas y durante este Gobierno ha ganado $274,899.50 para dar mantenimiento preventivo y correctivo a motocicletas del Ministerio de Salud, el de Seguridad, Fosalud y la Policía Nacional Civil, según reveló Focos en 2023.
El inmueble que compraron en conjunto los diputados Edgar Mulato y Alexia Rivas es el segundo más caro de todos los diputados beneficiados. El 16 de junio de 2023, entre ambos diputados pagaron $252,100 por un apartamento y dos estacionamientos. Mulato obtuvo el derecho de usufructo, mientras que Rivas el de nuda propiedad. Ese mismo día, ambos firmaron una hipoteca por $100 menos del precio por el que adquirieron sus propiedades.
Los otros dos diputados restantes prestaron menos dinero que el que usaron para pagar sus propiedades. Saúl Mancia pagó $175,500 junto con su esposa por un lote en la colonia Santa Teresa, en San Salvador y obtuvo $111,000 del banco. Mientras que Walter Coto adquirió cuatro inmuebles con un área combinada de 1,811.87 metros cuadrados en el barrio Candelaria, en Zacatecoluca, por $140,000 y los hipotecó por $119,600. El 24 de marzo de 2022, el diputado Walter Alemán adquirió un apartamento gracias a un crédito de hasta $115, 300.
Por último, el diputado Zaldaña Cáceres recibió un crédito hipotecario de 45,066 por una propiedad en la Urbanización Pinares de Santa Ana, en el occidente del país. Este es el crédito de menor cuantía de todo el listado.
Los otros beneficiarios
El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, ha sido un leal ejecutor del régimen de excepción que el Gobierno y la Asamblea Legislativa impusieron en marzo de 2022. Un año antes, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) lo benefició con precios por debajo de lo normado para la compra de un terreno de 411 metros cuadrados en la residencial Kuaukali, Nuevo Cuscatlán, según reveló La Prensa Gráfica en octubre de 2021.
El Ipsfa terminó perdiendo $22,419.20 al darle el metro cuadrado por debajo del precio al ministro Merino. Al final, Merino pagó $79,388.10 y terminó hipotecando su cuestionada compra en $79,500.
Su segundo al mando, el viceministro Ennio Rivera, también fue beneficiado con la compra irregular de terrenos al Ipsfa. El 21 de mayo de 2021, Rivera pagó $71,941.50 por otro terreno en la misma residencial Kuaukali que terminó hipotecando por $72,000. Menos de dos años después, el 1 de febrero de 2023, Rivera pudo pagar el préstamo y vender el terreno que adquirió a precios preferentes. Ese mismo mes, adquirió otra propiedad en la exclusiva urbanización Bosques de Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, por $220,000 y la hipotecó por $166,500.
El primer crédito del Banco para un funcionario de la adminsitración Bukele está fechado en septiembre de 2019. Es a favor de Ricardo Cucalón, un exdirigente del partido de derechas Arena y director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Recibió 147,200 por un terreno en la urbanización Vías del Mar de Nuevo Cuscatlán que tenía un embargo desde 2014, según los registros públicos. En enero de 2020 el registro anotó el levantamiento del embargo y en octubre de 2023, el BH incrementó el monto de la hipoteca en $62,800. El funcionario insiste que su caso está “limpio”. “No sé cuántos de los veinte y pico han contestado… Como dijo el presidente, no meto las manos al fuego por nadie… yo por mí sí las meto. Diferente fuera que me dan un crédito y no tengo cómo pagarlo o no tengo una garantía que ofrecer, tal vez ahí llamaría la atención”, dice.
En 2021, en medio de una oleada de ataques del gobierno Bukele contra el periódico El Faro, la institución que dirige Cucalón denegó el permiso de trabajo y residencia del reconocido periodista y editor mexicano Daniel Lizárraga. Según la DGME, el entonces editor de El Faro no pudo comprobar que era periodista.
Entre esa primera tanda de beneficiados también estuvo la actual viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Los registros públicos consignan que el 15 de julio de 2020, la junta directiva del BH le otorgó un crédito por $185,000 para comprar una vivienda en la residencial Casa Linda, en Santa Tecla, en La Libertad. La propiedad le costó $140,000.
También el presidente de Anda, Rubén Alemán, recibió una hipoteca en marzo de 2021 sobre una propiedad que compró en 2012. Hace once años, el valor de la compraventa fue de $114,300. El Banco Hipotecario le dio una hipoteca abierta hasta por $235,000.
