Según información a la que Contracorriente tuvo acceso, el Ministerio Público está pendiente de presentar un requerimiento fiscal en contra de Lenir Pérez, representante legal de Inversiones Los Pinares, tras una investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por delitos ambientales en la concesión minera otorgada de forma irregular por la alcaldía de Tocoa en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Las organizaciones ambientalistas de la zona han presentado recursos legales para que la fiscalía actúe con celeridad antes del 28 de enero, momento en el que se vence la concesión minera vigente y el Estado decida si acepta o deniega la solicitud de mantenerla vigente por 30 años más.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Exfuncionarios de la municipalidad de Tocoa, la Secretaría de Recursos Naturales, el Instituto Hondureño de Geología y Minas y el mismo Lenir Pérez, quien aparece como socio de la empresa minera Los Pinares, son investigados por parte del Ministerio Público por denuncias relacionadas con abuso de poder, corrupción, explotación ilegal y daños causados al ecosistema.
Según información a la que tuvo acceso Contracorriente por medio de dos fuentes testimoniales vinculadas al caso, hay un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez que sigue pendiente desde diciembre del 2023, a pesar de las múltiples denuncias en contra de sus proyectos, que incluyen la concesión minera de Inversiones Los Pinares, la aprobación de una planta de energía altamente contaminante en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y la sobrevaloración en la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola.
Ahora los representantes de la comunidad de Guapinol, sector San Pedro y diversas organizaciones defensoras del ambiente, entre las que se encuentra el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), instan a José Mario Salgado, director de fiscales del Ministerio Público, a ofrecer una respuesta concreta a las numerosas denuncias que han presentado, y que podrían quedar en vano si el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) admite la solicitud de Inversiones Los Pinares para ampliar por 30 años más la concesión minera, que vence el próximo 28 de enero.
Promesas de investigación sin resolverse
Representantes de las comunidades y organizaciones solicitan que se resuelva la denuncia que presentaron el pasado 19 de abril de 2023 ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), en la que piden que se investigue a funcionarios que supuestamente cometieron el delito de abuso de poder y corrupción para otorgar las licencias ambientales de los proyectos que conforman el megaproyecto minero Los Pinares.
En la denuncia también señalan la irregular aprobación del decreto 252-2013, que reduce la zona núcleo de la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras, permitiendo las mencionadas licencias ambientales, el otorgamiento de la concesión para la explotación minera en la zona y, como consecuencia, la violencia contra los activistas que se oponen al proyecto.
En 2020, en una investigación conjunta de Contracorriente, Univisión y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Lenir Pérez admitió haber negociado con representantes del gobierno para que los funcionarios replantearan los límites del área núcleo del parque, que se redujo en 217 hectáreas.
Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a cargo de la declaración y delimitación de las reservas naturales. En 2014, el IFC declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro, dictaminando que tendría un severo impacto sobre la flora y la fauna. A pesar de este informe, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto y pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.
La trama para la modificación de la zona núcleo fue protagonizada en el Congreso por una serie de diputados y diputadas que después serían señalados por la misma Uferco por ser partícipes de actos de corrupción, como en los casos del exdiputado suplente Ricardo Antonio Díaz Aceituno y el exdiputado y secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo.
La solicitud presentada ante el director general de fiscales también apunta al «aseguramiento de efectivo enjuiciamiento» por delitos relacionados con daños causados al ecosistema del Parque Nacional Carlos Escaleras, presuntamente cometidos por funcionarios a los que también han denunciado por abuso de autoridad.
Sobre esas denuncias, el 28 de junio del 2023 la ATIC anunció en un comunicado que estaban realizando diligencias de investigación en el edificio donde se ubica la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se había cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del ambiente en la zona.
Según la información del Ministerio Público, esas tareas se sumaban a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., empresa en la que Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé figuran como socios, y que según el comunicado del ente investigador «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto».
El pasado 26 de octubre de 2023, Inversiones Los Pinares presentó ante el Inhgeomin una solicitud para la ampliación por 30 años más de la concesión minera que les fue otorgada en 2014 y expira el próximo 28 de enero. En la solicitud también piden que se cambie la categoría del contrato de «no metálica» a «metálica», debido a un presunto cambio en la clasificación de sustancias que explotan en la montaña, como el óxido de hierro y el antimonio.
A finales de julio de 2023, Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), anunció un acuerdo entre el Gobierno e Inversiones Los Pinares para la suspensión temporal de las actividades mineras de la empresa por dos años. Según Medina, la solicitud de suspensión respondía a la falta de la licencia ambiental en el tajo de ASP 2, la segunda parte de la concesión, así como a la supuesta falta de solvencia económica para pagar la planilla de empleados, que ascendía a alrededor de 13 millones de lempiras mensuales.
Aunque los medios de comunicación en el municipio de Tocoa encendieron las alarmas y anunciaron el despido masivo de trabajadores de la mina, en la zona nadie da certeza sobre el cumplimiento de ese acuerdo para la suspensión de las actividades mineras. Ahora, esta solicitud de renovación parece contradictoria, considerando los múltiples conflictos en los que se ha visto envuelta la empresa.
El Inhgeomin rechazó la solicitud presentada por Contracorriente para tener acceso al expediente de la concesión minera otorgada a Los Pinares, y una solicitud de acceso a la información para obtener copia íntegra del mismo no ha sido contestada.
Este medio también solicitó una entrevista a la oficina de comunicaciones de Grupo Emco, el conglomerado de Lenir Pérez en el que se encuentra Inversiones Los Pinares, pero no hubo respuesta.
A finales de 2022, el CMDBCPT elaboró un informe técnico en el que evidenció los impactos de la explotación minera a cielo abierto en las comunidades de influencia del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares que consta de varios componentes, entre los que se encuentran dos concesiones mineras, una planta de beneficio y peletizado de Inversiones Ecotek, una planta de generación eléctrica con capacidad de 50 megavatios y tres contratos de aguas nacionales sobre el Río Guapinol.
En el informe detallan que, mediante una visita de seguimiento a las medidas ambientales del megaproyecto y la evaluación de un geólogo experto, encontraron una disminución significativa de la cobertura forestal en las zonas concesionadas a la empresa y la zona núcleo adyacente.
Antes y después de la instalación de la concesión minera en la zona núcleo y amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras. Imágen tomada de informe técnico del CMDBCP.
Además, en el informe apuntaron que la empresa está incurriendo en un delito ambiental al no haber definido en el estudio de impacto un lugar para la escombrera, que es un lugar para los desechos de la actividad minera. Señalan que «sin contar la empresa con un lugar seguro para la escombrera, simple y sencillamente, no podría operar».
«Inversiones Los Pinares, ha deforestado, removido toda la cobertura vegetal y el suelo, dentro del área de la concesión ASP2, para instalar la escombrera sin contar con licencia ambiental. Además el irrespeto al área impactada por la escombrera llega hasta el límite modificado de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y todos los sedimentos y aguas de contacto están siendo depositados en el nacimiento de la quebrada La Cascada que es fuente de agua permanente y tributaria del Río San Pedro, la cual, en su totalidad, está dentro de la zona núcleo», dice el informe.
Sobre el daño ambiental que está causando el proyecto de Inversiones Los Pinares, Raúl Ramírez, secretario general de la Plataforma Agraria, aseguró a Contracorriente que «no puede ser la ampliación de la concesión porque este es un proyecto destructor a la vida humana porque se están llevando de encuentro a las comunidades que se abastecen del agua que viene del sector donde se ubica la mina». «Están contaminando y deforestando, definitivamente es un proyecto que no debe estar allí», dijo.
Lenir Pérez, investigado por el FBI, pero impune en Honduras
Inversiones Los Pinares mantiene como únicos socios a Lenir Pérez y Ana Facussé, a pesar de que en abril de 2023 se hizo público que el FBI investigaba las actividades del empresario hondureño Lenir Pérez y sus relaciones con la multinacional Nucor, la principal productora de acero en Estados Unidos.
Desde entonces, los cambios para Los Pinares reflejados en el registro mercantil implican dos operaciones clave para mantener su megaproyecto minero en Tocoa.
En mayo de 2023, Los Pinares sirvió de aval hipotecario para un préstamo de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural) en favor de Alutech S.A. de C.V, otra empresa de Lenir Pérez. Tras la constitución del aval, el consejo de administración de Los Pinares se reunió el 16 de mayo de 2023 para autorizar la constitución de servidumbre de paso, o el permiso para que transite un tercero, en favor de la empresa Tocoa Energy, otra de las empresas del conglomerado.
Tras esas operaciones, el 17 de octubre de 2023, regidores de la municipalidad de Tocoa fueron invitados a hacer un recorrido a las instalaciones de la planta que pretende utilizar petcoke, un derivado del petróleo altamente contaminante, para generar inicialmente 25 megavatios de energía con los que prometieron solucionar una aguda crisis de apagones en la zona. Menos de un mes después, Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, y la mayoría de regidores del municipio votaron en favor de la realización de un cabildo abierto para definir la instalación del proyecto.
Finalmente, el cabildo convocado para el 9 de diciembre no se realizó por decisión de Fúnez, quien se vio debilitado por la asistencia masiva de la población que se opone al proyecto; sin embargo, la empresa y las autoridades municipales no se han rendido y convocaron a un nuevo cabildo a realizarse el próximo 31 de enero.
Según Limbor Velásquez, ingeniero forestal y miembro de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el petcoke es un residuo de los hidrocarburos muy barato, pero también muy tóxico, que genera gran cantidad de cenizas que contienen mucho azufre, y la empresa no tiene un espacio donde se pueda acumular de manera segura estos residuos. El experto también apunta que no hay control de cuántas emisiones van a generar, ya que en Honduras no hay regulación para el uso de dicho compuesto.
En ese sentido, la empresa ha dicho que ya cuentan con más del 80 % de la construcción de la planta de generación de energía.
Las empresas del Grupo EMCO siguen vigentes en sus negocios, a pesar de algunos conflictos que han surgido por acciones de funcionarios del Gobierno. Por ejemplo, ante las intenciones del Servicio Aeroportuario Nacional de tomar posesión del recién construido Aeropuerto Internacional Palmerola, la empresa concesionaria interpuso en septiembre de 2023 una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el que los representa internacionalmente Clifford Chance, uno de los bufetes legales más grandes del mundo.
Las promesas hechas por los funcionarios gubernamentales y por la misma presidenta Xiomara Castro de revisar y modificar las condiciones de los negocios de las empresas de Pérez con el Estado se han diluido con el tiempo. Como ejemplo, en el Congreso Nacional se formó una comisión para la revisión del contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola, fijando la fecha para presentar los resultados para junio de 2023. Sin embargo, hasta enero de 2024 no se había presentado dicho informe.
En enero de 2023, Contracorriente reportó que desde junio del 2020 Lenir Pérez comenzó a utilizar frecuentemente los servicios profesionales de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero Morris, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y funcionario de confianza del gobierno de Castro, quien también manejó los fondos de su campaña política.
De 35 empresas que Contracorriente encontró registradas a nombre de Lenir Pérez, en 14 de ellas Pamela Blanco Luque ha prestado sus servicios legales desde una oficina que comparte con el actual ministro de gobernación, incluyendo Palmerola International Airport.
Sobre esta última empresa, que maneja la concesión de la principal terminal aérea del país, Contracorriente también encontró que desde el seis de diciembre de 2022 nombraron como representante legal a la abogada Liana María Bueso Majano, una excandidata a diputada del Partido Nacional que ha sido denunciada ante el Ministerio Público por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), por la constitución de 14 empresas de maletín que en 2014 recibieron contratos estatales de generación de energía.
Majano también fue exfuncionaria de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2012, coordinadora legal de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) y representante legal del zoológico Joya Grande, propiedad de la organización criminal Los Cachiros, e incluso fue mencionada en el juicio en Estados Unidos contra Devis Leonel Maradiaga, uno de los líderes de dicho cártel.
Lenir Pérez es conocido por sus vínculos estrechos con gobernantes de la región que le permitieron acceder a grandes negocios. Ese es el caso de la concesión del mismo aeropuerto Palmerola y su relación estrecha con el expresidente Juan Orlando Hernández; o sus aportes a la campaña del presidente salvadoreño Nayib Bukele, y la obtención de un contrato multimillonario para la construcción de una terminal de carga en el principal aeropuerto de ese país.
Ahora, según el testimonio de Juan López, uno de los regidores que acompañó la visita realizada a la planta de generación de energía, la empresa está buscando desmarcarse de la imagen relacionada con los abusos a los derechos humanos, la corrupción y los señalamientos tras la investigación del FBI; sin embargo, la solicitud de renovación de la concesión minera con la que inició el conflicto en el sector de Guapinol podría ser clave para que las operaciones del megaproyecto minero sigan vigentes a pesar de las denuncias por el daño medioambiental y las irregularidades en su aprobación.
1 comentario en “Víctimas de conflicto minero esperan requerimiento fiscal contra Lenir Pérez previo a una posible ampliación de la concesión”
Por qué no han metido presa a esa abogada Liana Maria Bueso Majano? Desde que estuvo en la alcaldía con Miguel Pastor tiene denuncias por corrupta!!!