Un día de requisa en el centro penal de Danlí, El Paraíso, terminó con un muerto y un herido, así como con la prohibición de visitas en un centro que está en manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyo comandante, el coronel Fernando Muñoz, amenazó a familiares de privados de libertad que esperaban por respuestas afuera del centro.
Texto y fotografía: Fernando Destephen
El sábado 15 de julio de 2023 era día normal de visita en el centro penal de Danlí, en el oriente de Honduras. Lo que nadie esperaba, era que justo durante la visita, las autoridades militares tenían planificado hacer una requisa para buscar armas y drogas en este centro, uno de los 25 centros penales del país que ahora están en manos de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas tomaron el control de los centros penales del país a través del operativo «Fe y Esperanza», seis días después de la tragedia en la cárcel de mujeres de Támara, el lunes 26 de junio de 2023, en donde fallecieron 46 mujeres. Cuando los militares tomaron el control de las cárceles, el líder de este operativo, el coronel de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Múñoz, pidió a Dios de rodillas en un acto público ayudarle a no tocar «dinero maldito» de organizaciones criminales antes de entrar a la cárcel en donde había ocurrido la última tragedia para comenzar las requisas y hacer traslados de los privados de libertad.
Ese sábado, en Danlí, Múñoz avisó a los familiares que debían esperar mientras se revisaba el centro penal. Pero en pocos minutos comenzó el caos. De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hubo un intento de fuga y una protesta por la requisa y porque la visita dejaba de ser normal. En la protesta, según las autoridades, los privados de libertad prendieron fuego a un colchón. El resultado del caos: un muerto y un herido en un centro penal en poder de la Policía Militar del Orden Público.
Johny Rodríguez, periodista independiente de Danlí, contó que ese día le avisaron que no estaban permitiendo la visita a los privados de libertad porque había requisa, algo hasta cierto punto normal con la presencia de la Policía Militar en las cárceles. De acuerdo con Rodríguez, se suponía que después de la requisa se iba a permitir la visita de los familiares. El periodista decidió acompañar a un grupo de familiares que se apostaron en un lugar con vista hacia el centro penal. «Un grupo de mujeres había subido a la loma que se encuentra en la parte de atrás del penal para ver qué pasaba en el interior del centro, por ese terreno cruza una calle que va hasta el rastro municipal, en un terreno ejidal, ahora el paso prohibido por la presencia de policías militares y agentes del Instituto Nacional Penitenciario», mencionó.
En un video grabado por el comunicador, se observa a dos privados de libertad apoyados en un muro mientras manipulaban sus teléfonos celulares, en otra secuencia del video otro grupo de privados de libertad tiran objetos a la policía militar en respuesta a la prohibición de la visita. «Dos militares disparaban desde el interior del presidio en dirección a nosotros, un tiempo después vi acercarse un grupo de al menos siete efectivos» contó y agregó que en ese momento decidió no grabar a los militares que llegaron a golpearlo a pesar de andar identificado.
La requisa, que en su momento no permitió la visita familiar, desató una protesta de los privados de libertad quienes incendiaron un colchón en demanda de sus derechos, entre ellos que se les permitiera el ingreso de alimentos. El fuego fue sofocado por el Cuerpo de Bomberos que al llegar al centro penal creó aún más confusión entre los familiares, que se acumulaban en la entrada con el temor de que pasara algo similar a lo sucedido en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
El problema se puede resumir en cifras: un muerto y un herido por disparos de armas de fuego. Según un video grabado por los privados de libertad que fue facilitado a la prensa, se observa a Óscar David Zelaya Zuniga, de 47 años, tirado en el suelo aún con vida, una toalla blanca cubre el agujero de bala en su cabeza mientras es asistido por sus compañeros de celda. Zuniga murió ese mismo día en el hospital Gabriela Alvarado de Danlí. En el video, los privados de libertad gritan «fue el director, fue el director, él le tiró», en referencia a que la bala que mató a Zelaya fue disparada por el director del centro penal de Danlí.
El centro penal de Danlí está ubicado en la colonia La Concepción, hay una intensa actividad comercial en sus alrededores y, el polvo que se levanta por los automóviles que transitan en la calle principal de terracería no impide que los negocios gocen de un flujo constante de compradores. Desde la calle se pueden observar los viveros que son cuidados por los privados de libertad y la presencia militar se hace sentir. Las redes sociales de la PMOP informaron que lo ocurrido en el centro penal fue un intento de fuga de dos privados de libertad.
Héctor Heraldo Flores, de 36 años, es uno de los privados de libertad que resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo, fue atendido en el hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero al no haber un especialista en ortopedia fue trasladado al Hospital Escuela en Tegucigalpa. De acuerdo con el portavoz del Hospital Escuela, Said Norales, no se tiene información del ingreso de Flores al primer centro asistencial. Contracorriente contactó a los representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para consultar del estado y ubicación del privado de libertad pero no se logró obtener información. «No se puede dar información de la ubicación de los privados de libertad», dijo Digna Aguilar, vocera del INP.
El coronel de la Policía Militar y presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Ramiro Múñoz Bonilla, salió del centro penal de Danlí a dar información de manera amenazante a los preocupados familiares de los privados de libertad. «Si este centro causa problemas, yo me voy a llevar a toda esta gente [los presos] y los voy a pasar a otro penal , eso es lo que quiero evitar yo, que va ser más difícil para ustedes [los familiares]» mencionó.
A su vez, le dijo a los familiares que la visita para ese día se había cancelado, comprometiéndose a que en los próximos días se gestionaría el ingreso, algo que sí ocurrió pero una semana después.
De acuerdo con datos de la operación Fe y Esperanza, lo decomisado en los 25 centros penales del país estaría valorado en casi 212 millones 850 mil Lempiras, entre armas, municiones, aparatos eléctricos, teléfonos celulares y satelitales y droga. En cuanto al traslado de privados de libertad de un centro penal a otro se cuentan 1,628 traslados.
Esta nueva militarización del sistema penitenciario del país responde a una decisión presidencial luego de más de un año que las prisiones estuvieron en control de la Policía Nacional. En ese período que hubo varios motines en cárceles de máxima seguridad y una tragedia en la cárcel de mujeres en Támara.
El viernes 21 de julio, e Instituto Nacional Penitenciario comunicó vía Twitter el reinicio de las visitas familiares y conyugales en 19 centros penales del país, iniciando el sábado 22 y domingo 23 de julio con los centros penales de La Paz, Marcala, Comayagua, Cortés, Trujillo, El Progreso, Olanchito, El Porvenir, Tela, La Ceiba, Puerto Lempira, Santa Rosa de Copán, Gracias, La Esperanza, Ocotepeque, Choluteca, Nacaome y Juticalpa.
Quedaron excluidos de las visitas familiares los centros penitenciarios de Ilama, Moroceli, Siria, Támara y Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) hasta los días 29 y 30 de julio. El centro penal de Danlí no figuró en ese comunicado.
