El camino para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) comenzó atropellado. La comisión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU )recientemente terminó su primera misión exploratoria en el país y su último día coincidió con el mensaje del gobierno en contra de la directora de país, Alice Shackelford, por haber acompañado a una organización de sociedad civil que denunció amenazas del gobierno. Pero ese no ha sido el único momento incómodo en el camino de la instalación de este mecanismo. La participación de actores asociados con el sabotaje de la pasada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la falta de respuesta del gobierno sobre si ellos responden a la agenda gubernamental también genera dudas sobre las intenciones reales de instalar un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción en el país.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Tras la llegada de la misión de tres expertos enviados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para colaborar en el proceso de instalación de una Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), diferentes instancias gubernamentales iniciaron diálogos para identificar las condiciones y reformas necesarias para concretar la llegada de dicho mecanismo.
En particular, la tarde del 10 de julio la Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el diputado Luis Redondo, se reunió con los expertos en un salón del hemiciclo legislativo; cada legislador se presentó, al igual que los miembros de la comitiva integrada por: el italiano Amerigo Incalcaterra, Ana Gabriela Contreras, de nacionalidad guatemalteca y el argentino Pedro Biscay. Finalmente, y entre las formalidades, también se presentó María Antonia Quiroz, secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Instalación de la CICIH.
La comisión de alto nivel nombrada por la presidenta incluye al canciller Eduardo Enrique Reina, la ministra de finanzas Rixi Moncada, y al ministro de Transparencia Edmundo Orellana; sin embargo, la inclusión de Quiroz generó revuelo algunas organizaciones de sociedad civil al señalar junto a Jacobo Domínguez, ex coordinador de la división político-electoral de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de haber contribuido al debilitamiento de la extinta misión.
Ante los cuestionamientos, el Gobierno emitió un comunicado en el que aseguraron que no hay asesores internacionales trabajando en la Comisión de Alto Nivel; sin embargo, la presencia de Quiroz en las reuniones es evidente y se suma a la cercanía que Domínguez ha mostrado con algunos de los principales líderes políticos del oficialismo.
Quiroz y Domínguez: «los topos» de la Maccih
El 28 de junio el gobierno realizó el evento de inauguración del Museo de la Memoria que conmemora la convulsa historia hondureña y el Golpe de Estado de 2009; acudieron algunos titulares de las Secretarías de Estado, diputados del Partido Libre, e invitados especiales de otros países; entre ellos el expresidente ecuatoriano y asesor de este gobierno, Rafael Correa. Entre todos los invitados especiales, en la misma fila de asientos en la que se encontraba Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas, también estaban Jacobo Domínguez y Antonia Quiroz.
Un informe del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) relata que, según reportes periodísticos, en su natal México, Domínguez era hombre de confianza del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado y condenado a 9 años de prisión por actos de corrupción, y sobrino de la exsenadora de ese mismo Estado, Silvia Domínguez. En 2016, cuando se concretó la instalación de la MACCIH, Domínguez fue contratado para atender la línea de transparencia electoral; sin embargo, según testimonios de ex integrantes del mecanismo, desde el inicio fue evidente que respondía a otros intereses.
«Dominguez desde que llegó era claro que venía traído por personajes ligados a Almagro, venía a la misión básicamente a ser una especie de quinta columna», explicó a Contracorriente el abogado peruano Julio Arbizu, ex procurador de la MACCIH.
Arbizu aseguró que, aunque el trabajo de Domínguez era atender la línea de transparencia electoral, cuando en 2016 iniciaron el trabajo de construcción de una Ley de Política Limpia fueron el vocero Juan Jiménez Mayor y él mismo quienes asumieron la labor.
«Colocamos ciertas garantías para que la ley tuviera una aplicación efectiva y colocamos además ciertas sanciones para que algunas empresas que incurran en el financiamiento ilegal pues no volvieran a contratar en el Estado, pero nos sorprendió muchísimo que cuando Domínguez asistía al Congreso (para socializar la ley) tenía muchísima cercanía con casi todos los representantes del Partido Nacional y nos sorprendió mucho más cuando finalmente publicaron la ley y habían retirado estas sanciones que habíamos colocado», apuntó Arbizu.
Arbizu recordó que en ese momento increparon a Domínguez, sin embargo, el daño ya estaba hecho y que, a pesar de los reclamos, Domínguez mantuvo una «cercanía especial» con el Partido Nacional y el expresidente Juan Orlando Hernández.
«Nos pareció que era una especie de topo dentro de la misión, era un sujeto muy lambiscón que además trataba de colgarse por los espacios de poder, pero finalmente el mismo Almagro, pese a que era su representante en la misión, tuvo que promover su salida porque fue partícipe de una conversación en tono racista y clasista hablando específicamente de los hondureños y hondureñas. Un sujeto que se expresó de la manera en que se expresó de los hondureños no puede estar legitimado para el diseño de una misión», concluyó Arbizu.
El fiscal peruano se refiere a los audios que salieron a luz pública en 2018 donde se escuchaba a Domínguez y dos personas más que eran parte de la misión decir que preferían los países de Sudamérica ya que ahí no había indígenas o personas negras. Tras la filtración de los audios el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó que no renovarían el contrato de Domínguez.
Sin embargo, los comportamientos cuestionables de Domínguez no terminarían en ese momento. Por ejemplo, en 2021 en una entrevista que dio al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Universidad de Oaxaca, le preguntaron sobre la postulación de dos candidatos indígenas que por primera vez iban a participar en las elecciones de ese Estado mexicano, a lo que contestó que «la pregunta es que si esas minorías tienen la respuesta a los problemas de las mayorías, si nuestro problema político es un problema que las minorías pueden solucionar, (…) hay otras minorías que dicen no, yo lo que voy hacer es actuar como una minoría desde el poder, con las mayorías, caso peruano por ejemplo, y este presidente que recorrió́ el país con un lápiz de plástico, lo que hace es llevar su planteamiento ideológico minoritario y con eso gobernar a las mayorías».
A pesar de que Domínguez en el pasado fue vinculado con algunas de las principales figuras políticas del Partido Nacional, tanto él como Quiroz no ocultan su simpatía y cercanía con los principales líderes del gobierno actual de Xiomara Castro. En Twitter constantemente interactúa con el expresidente y asesor Manuel Zelaya, con la titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) Rixi Moncada, y ha publicado varias fotos de sus encuentros tanto con Zelaya como con el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina.
Rixi Moncada y Eduardo Enrique Reina fueron designados por la presidenta para formar parte de la Comisión de Alto Nivel para la instalación de la CICIH.
Arbizu aseguró que no le sorprende que Domínguez haya regresado a Honduras e ingresara a los círculos de poder ya que era lo que mejor hacía cuando fue parte de la MACCIH.
«Ya se confabuló con el Partido Nacional cuando tenían todo el poder, promovió incluso que esta ley que iba a beneficiar la lucha contra la corrupción en Honduras se mutilara, él fue el responsable de tal manera que si hay una persona precisamente que no está capacitada para ejercer un cargo en la formación de un nuevo mecanismo es él», concluyó Arbizu.
Sobre Antonia Quiroz, el fiscal peruano apuntó que ella era la asistente de Domínguez y «aliada incondicional», y que «con estos personajes no se puede construir nada serio, porque si de verdad este sujeto es encargado de la exploración de la posibilidad de llegada de una misión, la misión está destinada al fracaso». Además, en redes sociales Quiroz ha dicho que, bajo el liderazgo de Domínguez, participó en la promulgación de la trastocada Ley de Política Limpia.
Tanto Antonia Quiroz como Jacobo Domínguez también publicaron en sus redes sociales que en las elecciones de noviembre de 2021 fueron observadores internacionales del Consejo Nacional Electoral que entonces lideraba la ahora ministra de la SEFIN, Rixi Moncada.
La doctora Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras (PSH) que forma parte del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH dijo a Contracorriente que el Poder Ejecutivo está enviando mensajes contradictorios sobre sus intenciones de que se instale el mecanismo anticorrupción en el país.
«Por un lado vemos la firmeza de la presidenta de venir y firmar el memorando de entendimiento, vemos la firmeza de de venir y ayer precisamente de hacer su declaratoria y de pedir celeridad para firmar el convenio, pero por otro lado vemos estas personas que no son personajes confiables para la ciudadanía, entonces eso es un poquito como contradictorio», apunta la diputada.
Justamente el 13 de julio tras una reunión entre los enviados de la ONU para la instalación de la CICIH, la presidenta Xiomara Castro anunció que solicitó que el convenio para la instalación del mecanismo debe estar listo y firmado en los próximos meses.
Por otro lado, Ligia Ramos aseguró que les gustaría que sea público desde cuándo están asesorando al gobierno y quién tomó la decisión de contratarlos como asesores, además pidió que si la ciudadanía está en contra de que estos actores sean parte de la asesoría para traer a la misión deben ser removidos de su cargo.
«Yo no sé, quienes los contrataron, sé que es el Ejecutivo, pero quién hizo la contratación no sé, no sé si fue la presidenta, no sé si fue de la unidad técnica que nombró la presidenta que conforma la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el secretario de transparencia. Y pues, como le digo, ellos tienen que dar cuenta, porque lo que sí sabemos, porque hubo un pronunciamiento de parte de la misión exploratoria, es que no son personajes que traen las Naciones Unidas», apuntó la diputada Ramos.
Contracorriente contactó vía redes sociales a Antonia Quiroz sobre sus apariciones como secretaria técnica de la Comisión; sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta. De igual forma contactamos a la ministra Rixi Moncada y a su oficial de comunicaciones en la SEFIN y no obtuvimos respuesta.
En las páginas de transparencia de las tres Secretarías de Estado involucradas en la Comisión de Alto Nivel en el apartado de contratos de los últimos meses tampoco hay información sobre la contratación de estos personajes por parte del Estado. Ante las denuncias en redes sociales sobre la contratación de estos personajes la Secretaría de Prensa publicó un comunicado en el que aseguraron que el Gobierno no tienen asesores internacionales para la instalación de la CICIH pero también afirmaron que «después de firmar el documento que regula el mecanismo, no tenemos duda que serán necesarios los asesores internacionales en el programa de combate a la corrupción e impunidad».
El conflicto gubernamental ante las exigencias para instalación de la CICIH
Tras la llegada y reuniones del grupo de expertos de la ONU la exigencia ciudadana por la instalación de la CICIH sufrió su punto más álgido en lo que va del actual gobierno cuando el CESPAD convocó vía redes sociales a una marcha para exigir la pronta instalación del mecanismo; tras esa convocatoria, el coordinador del Partido Libertad y Refundación y asesor presidencial Manuel Zelaya junto con la presidenta Castro, convocaron a los activistas y empleados de gobierno a una marcha en la misma fecha, hora y lugar que la convocada por la sociedad civil.
Los objetivos de la marcha convocada por el gobierno eran que se apruebe la Ley de justicia tributaria, un proyecto que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno de Castro; apoyar la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, que sumió al Congreso Nacional en una confrontación entre bancadas políticas; y, además, exigir la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Finalmente, el CESPAD decidió cancelar la movilización para evitar confrontaciones con los activistas de Libre convocados. «Nos alarma en sobremanera la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y derecho a disentir», indicaron.
Tras este conflicto entre sociedad civil y el gobierno surgió otra convocatoria del movimiento ciudadano Una sola voz por Honduras quienes convocaron a otra marcha para el viernes 21 de julio, que finalmente resultó en ataques físicos de parte de activistas del Partido Libre que acudieron al mismo lugar en contra de los participantes de este movimiento y otros ciudadanos que se encontraban en el lugar.
La tensión y los ataques generados desde el Gobierno también alcanzaron a la máxima representación de la ONU en el país.
El 20 de julio, el mismo día en que los representantes de la misión enviada por la ONU para la instalación de la CICIH se reunieron con la presidenta Castro, desde las cuentas de redes sociales de la mandataria, su asesor y esposo Manuel Zelaya, y algunos de sus principales funcionarios, iniciaron una serie de ataques contra Alice Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Honduras. Esto ocurrió porque Shackelford había sostenido una conferencia de prensa en la que acompañó a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien regresó al país tras una serie de ataques originados desde el Gobierno con quienes ha mantenido un conflicto desde hace varios meses.
La relación entre el gobierno y la ONU se tensionó y finalmente el conflicto resultó en un comunicado en el que Shackelford lamentó que su apoyo al CNA molestara al gobierno.
