La muerte de 46 privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS), el asesinato de Ericka Julissa Bandy, a plena luz del día en una panadería en San Pedro Sula y el asesinato de 13 personas en un billar en el sector López Arellano en Choloma fueron los hechos más impactantes en una semana que acumuló más de un centenar homicidios, una de las semanas más violentas que hemos vivido en los últimos años. La reacción de la presidenta Xiomara Castro, fue militarizar los centros penales y decretar toque de queda en los municipios de San Pedro Sula y Choloma. Ambas acciones no son bien vistas por algunos grupos de la sociedad, como los familiares de los presos. Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, catalogó el toque de queda como un tiro de gracia para la economía del país.
Texto: Amílcar Izaguirre
Fotografías : Amílcar Izaguirre y Jorge cabrera
Las imágenes de muerte y los mensajes de terror comenzaron a invadir por todos los medios a la población hondureña a partir del 20 de junio, día en que 46 privadas de libertad murieron producto de una reyerta y un posterior incendio en la cárcel de mujeres, este hecho sigue sin esclarecer, pero la respuesta inmediata del gobierno fue culpar a la Pandilla 18 de un ataque armado y militarizar el sistema penitenciario.
Dos días después, el asesinato de Ericka Julissa Bandy, viuda del extinto narcotraficante Magdaleno Meza, quedó grabado en una cámara de seguridad y su video fue difundido masivamente por medios de comunicación y redes sociales, incluso la fotografía de su cuerpo desnudo e inerte circuló en chats de whatsapp.
Aún corría la sangre de Bandy en las redes sociales cuando el 24 de junio fueron asesinadas 22 personas, 13 de ellas en una masacre en Choloma, al norte de Honduras, el resto en hechos violentos registrados en otras zonas del país. Aún no hay investigaciones que indiquen que los hechos estaban relacionados o que lo ocurrido en la cárcel de mujeres podría haber generado un sismo de violencia en el país, pero algunas fuentes en las comunidades más vulnerables a la violencia por estar controladas por maras y pandillas advirtieron a este medio que lo ocurrido en la cárcel podría traer consecuencias en la calle.
La fallida intervención y el retorno de los militares
Con la suspensión de Julissa Villanueva, de la Comisión Interventora de centro penales que apenas tenía dos meses de haber entrado en funciones después de que sucedieran seis amotinamientos en diferentes centros penales, la presidenta Xiomara Castro dio paso a la militarización del sistema penitenciario,una receta ya conocida. Organizaciones de derechos humanos y de familiares de privados de libertad han insistido que esta no es una solución a la crisis carcelaria. Dilma Ordoñez, presidenta de la Asociación de Privados de Libertad dijo en un Space organizado por Contracorriente, que cuando las FF.AA. Han controlado las cárceles en Honduras, se ha dado la mayor cantidad de abusos a los, malos tratos y torturas.
El lunes 26 de junio las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron la «Operación Fe y Esperanza», según ellos para garantizar la seguridad y el orden en los centros penales del país. En dicha operación la Policía Militar del Orden Público, una fuerza militar creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, sacó de los módulos a los privados de libertad esposados con las manos hacia atrás amarradas con cintas de plástico, en ropa interior, descalzos y sin camisa para hacer una requisa. La PMOP encontró en ese mismo lugar explosivos artesanales, un arsenal de 24 armas entre pistolas fusiles de uso prohibido, 6500 proyectiles de diferentes calibres. El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino del expresidente del mismo nombre, publicó imágenes parecidas a las que hizo mundialmente populares el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en las cárceles de su país.
Los portones, el candado y el toque de queda
La última medida de «mano dura» del gobierno de la presidenta Castro ha sido decretar medidas especiales en San Pedro Sula y Choloma. El ahora ministro de Seguridad, que antes era el director de la policía, Gustavo Sánchez, se trasladó al norte del país para promocionar la «Operación candado» en la que asignó a la zona a 500 policías, 400 soldados y 100 miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) adicionales. Además dijo que cuenta con 100 vehículos y dos helicópteros. El toque de queda comenzó en Choloma desde el domingo 25 de junio desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y la misma medida se aplicará en San Pedro Sula, a partir del 4 de Julio, después de que terminen las fiestas de la feria patronal.
El martes por la tarde el ministro de Seguridad se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), para tratar el tema relacionado con el toque de queda y buscar estrategias para que esta medida no afecte la economía de la zona norte. Por su parte el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo en un video que «cerrar San Pedro Sula en un estado de sitio era darle el tiro de gracia a la economía del país» y recomendó aplicar esta medida solamente en lugares donde haya brotes de violencia.
En el marco de la Operación Candado la Policía Nacional capturó a Jerson Javier Carías Molina, alias “Baby Face” José Andrez Hernandez Gutierrez, alias, “Baby Skinny” Javier Antonio Colindres Hernández, alias, “El Eficaz”, y “Little Cabeza”, quienes según la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO), serían el cabecillas de la pandilla 18 en La Lima, en el norte de Honduras y los presuntos responsables de la masacre en Choloma.
El gobierno ha expuesto sobre todo a la pandilla 18 como la responsable de los últimos hechos violentos en el país pero también le ha declarado «la guerra» a la Mara Salvatrucha, las dos pandillas que dominan el crimen en las calles de Honduras, sin embargo en lugares como el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, operan diversas pandillas y bandas que a su vez responden a diversos grupos del crimen organizado.
El pasado martes policías y militares se presentaron a la colonia Rivera Hernández, en donde apenas hubo la cantidad de 40 policías durante el estado de excepción, para derrumbar trece portones construidos según el ministro Gustavo Sanchez, por el grupo delictivo «Los Tercereños» quienes cobraban 400 lempiras a 500 hogares como un modo de extorsión a cambio de supuesta seguridad. El Sector Rivera Hernández lo integran unos 55 barrios y colonias, en un reportaje publicado el cuatro de mayo por Contracorriente, las autoridades y vecinos mencionaron la existencia de seis grupos criminales que se disputan el territorio para vender droga y extorsionar a los pobladores de dichos barrios.
«La policía siempre ha podido y siempre ha querido» combatir efectivamente el crimen, dijo Sánchez cuando se le mencionó sobre los problemas que hace mucho eran evidentes para las autoridades. Sin embargo, la percepción de la gente no es la misma, un comerciante de productos lácteos de la Rivera Hernandez, dijo al ver el derribo de los portones: «ese es puro show, de nada sirve que venga un rato si luego se van, acá lo que queda es aprender a vivir con estos grupos» comentó mientras observaba desde su negocio al ministro Gustavo Sánchez, quien se detuvo a comer baladas en negocio ubicado en la calle principal de la colonia Rivera Hernández.
