Texto: Oscar Estrada
Roberto Gargarella en su libro La justicia frente al gobierno (Ariel, 2012), alerta del peligro que enfrentan las democracias actuales cuando las cortes se convierten en árbitros políticos y definen procesos electorales. Esto, según Gargarella, «podría erosionar la separación de poderes y debilitar la legitimidad democrática. Es fundamental, que los tribunales mantengan su rol como guardianes imparciales del Estado de derecho, y no como actores políticos que buscan influir en los resultados electorales».
Las palabras de Gargarella resuenan hoy en la democracia guatemalteca. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció el pasado sábado que revisará una serie de recursos legales en contra de los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio, una decisión que inmediatamente ha levantado las alarmas adentro y afuera del país, pues de concretarse la intervención judicial en las elecciones pondría en peligro la democracia del país centroamericano.
El candidato del partido de centro izquierda Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León, sería el principal afectado con esta decisión de la corte guatemalteca. Arévalo fue la gran sorpresa en las elecciones presidenciales del pasado domingo 25 de junio. Hijo del expresidente de la revolución del 44, Juan José Arévalo de León (1945-1951), construyó una exitosa campaña que pasó por debajo del radar: urbana, de tierra (con un trabajo de puerta a puerta), orientada a la juventud y con un discurso contestatario, en contra de las mafias que controlan el estado guatemalteco.
Sandra Torres Casanova llegó a primera vuelta por tercera vez en su carrera política. Su resultado no sorprende. Luego de competir contra Jimmy Morales y luego contra Alejandro Giammattei, ahora enfrentará a Bernardo Arévalo. Para ello su postura ha ido mutando a la derecha conforme iba siendo derrotada en los anteriores procesos electorales.
Pero algo salió mal en el cálculo de las élites guatemaltecas. Las encuestas previas indicaban que Arévalo de León obtendría cuando mucho un octavo lugar y que las candidaturas del exdiplomático Edmond Mulet y de Zury Ríos Sosa, hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, serían los contrincantes de Sandra Torres. Con ellos iba a ser todo más fácil, la derecha se uniría y Sandra perdería nuevamente la contienda. Pero los candidatos de la derecha no lograron superar siquiera el 7% de los votos, algo que muestra el cansancio que los electores tienen de partidos que en su mayoría cuentan con figuras que han sido vinculadas a corrupción y abuso de poder.
Hoy las élites políticas del país enfrentan un dilema: apoyar o no apoyar a Sandra Torres. De perder Torres las elecciones del próximo 20 de agosto, aquella Sandra Torres que antes demonizaron por radical, que llegó incluso a defender el matrimonio gay, y aunque hoy compite con una bandera pro familia y pro vida, no logra del todo convencerlos, estarían abriendo una puerta para impulsar, desde la presidencia de Arévalo de León, cambios en las estructuras de gobierno que aunque mínimos, amenazan su estabilidad. Algo que está claro no quieren arriesgar.
Durante las elecciones se registraron algunos incidentes, un par de enfrentamientos entre pobladores y policías. A pesar de ello, los guatemaltecos votaron sin grandes expectativas, mostrando desinterés por los comicios. Un 17% del electorado votó nulo, un porcentaje mayor al de los dos candidatos en la contienda y no hubo mayores incidentes que justifiquen la intervención judicial para cambiar el resultado.
Bernardo Arévalo, que seguramente tenía este escenario en el panorama desde el principio, le apuesta al todo por el todo, porque no tiene nada qué perder. Ofrece el combate a la corrupción y a las mafias incrustadas en el gobierno, exalta la era de la CICIG (muy popular en la ciudadanía) y bajo la sombra del mito de su padre que gobernó en la época más progresista del país, promete la transformación radical para mejorar la condición económica y social de Guatemala. Él comprende que lo peor que podría pasarle sería ganar la presidencia el próximo 20 de agosto. Con apenas 23 diputados de 160, Bernardo Arévalo no lograría en la práctica controlar el Congreso Nacional y tendría allí un muro que le haría imposible gobernar. Su apuesta es, entonces, a perder, poner a las élites del país en una posición tal que los obligue a actuar en su contra y lograr así un significativo avance, y acumular fuerza para, en las próximas elecciones, obtener un mejor resultado en el Congreso Nacional.
Sandra Torres, en cambio, está peleando con todo. Ella sabe que ésta será su última oportunidad. Presenta una campaña en medios de comunicación tradicionales, radio y televisión; adoptó un discurso conservador de guerra cultural, mismo que ha sido usado ya por los conservadores en Estados Unidos y Europa, de una supuesta defensa de los valores tradicionales de la familia, la niñez y “los géneros hombre y mujer”. Y aunque Sandra Torres tendría tan solo 27 diputados, no muchos más que Arévalo de León, cree contar con un mayor espacio para lograr acuerdos con los partidos de derecha, Vamos, parte del gobierno actual, con 41 diputados y Cabal, con 19, más los 13 de Valor Unionista. Con Sandra Torres habría un Congreso de derecha en Guatemala, en la práctica nada cambiaría (condición mínima para gobernar este país), algo que no le será «tan» difícil, dada su constante transformación ideológica. Con Sandra Torres podríamos esperar entonces un gobierno sin sorpresa, cercano a las iglesias y poderes fácticos, quizás un poco más moderado que los tres gobiernos anteriores, con muy poco espacio de maniobra desde el legislativo para impulsar cambios sustanciales, pero eso parece no ser suficiente para las élites que temen que Sandra Torres no logré ganarle a Arévalo de León y por eso, ahora, recurren a la judicialización del proceso electoral, un golpe de mesa que busca garantizar que nada cambie.