Texto: Danielle Mackey
Fotografía: Lizbeth Hernández
Cuando el 28 de abril de 2023, la Agencia Federal Estadounidense de Investigación (FBI) allanó la lujosa casa del empresario hondureño Lenir Pérez en el estado de Florida, algunas comunidades rurales hondureñas no se sorprendieron de que investigaran al empresario. Durante años, un grupo de ambientalistas de la comunidad de Guapinol, en la zona norte de Honduras, ha denunciado públicamente que las actividades de Pérez, principalmente en el rubro de la minería, han estado atravesadas por la corrupción, el tráfico de influencias y los abusos a los derechos humanos.
Aunque no se sabe todavía qué buscaba el FBI en la propiedad de Pérez — que además funcionaba como sede de la empresa Emco (el grupo empresarial que tiene diversas concesiones en Honduras)— y tampoco se ha publicado alguna acusación en su contra, todo los focos apuntaron a la relación empresarial que la minera de Guapinol propiedad de Pérez y grupo Emco tenía con la siderúrgica más grande de los Estados Unidos, Nucor Corporation.
Su inversión conjunta, el proyecto minero Los Pinares, ha significado amenaza para las comunidades aledañas y para los ambientalistas que se oponen a esta ya que han señalado que la base burocrática del proyecto está podrida, fundamentada en documentos falsificados y en la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a quienes se oponen al proyecto. Pero también han denunciado que Pérez ha sido beneficiado por gobernantes locales como el alcalde Adán Fúnez, del partido Libre en el municipio de Tocoa, quien según los activistas, junto con la secretaria municipal, falsificaron un acta de consulta ciudadana para permitir que el proyecto minero recibiera la licencia ambiental necesaria para operar.
Intentamos hablar con Fúnez sobre el tema, y aunque acordó recibirnos, no llegó al lugar en la hora pactada para la entrevista. Fúnez también fue gobernador del departamento de Colón y ha sido alcalde desde 2014, lo que lo convierte en un actor muy importante en el manejo político de la zona.
Pero la influencia del empresario Lenir Pérez no solo se ha notado en el nivel local; las comunidades organizadas bajo la bandera del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, han denunciado que las autoridades ambientales de la nación extendieron a la mina la prórroga ilegal de una licencia operativa. También denunciaron que los diputados del Congreso Nacional en 2013 votaron indebidamente para reducir la zona núcleo de un parque nacional, un área protegida donde no debería funcionar una mina a cielo abierto.
Este conflicto ha escalado produciendo ya 32 personas criminalizadas y seis asesinadas. La mitad de las ejecuciones fueron cometidas en lo que va de este año, y dos de las víctimas, Alí y Oquelí Domínguez, eran hermanos de Reynaldo Domínguez, un reconocido activista de la zona y quien también fue criminalizado por su protesta contra la mina en 2018.
Ahora, Reynaldo reconoce estar muy afectado por la muerte de Oquelí, el último de sus hermanos que fue atacado a balazos hace dos semanas dentro de su vivienda en Tocoa, Colón. Los hechores fueron sicarios que se conducían en una motocicleta, explica y añade que el patrón de ambos ataques que le arrebataron a sus dos hermanos ha sido el mismo, pues los autores materiales han pretendido hacer creer que se trataba de simples asaltos.
El día del asesinato, el 15 de junio, la familia Domínguez estaba haciendo lo que acostumbra a hacer: sostener una reunión familiar en el patio de la casa, debajo de la sombra de un árbol. Ese día, Oquelí no tenía ni diez minutos de haber regresado a su casa en compañía de su esposa y su hija de meses de nacida. «Se bajaron del bus y se quedaron ahí en receso», cuenta Reynaldo. Los atacantes venían detrás de Oquelí, y sometieron a la familia diciendo que era un asalto.
La mamá de los hermanos Domínguez, Catalina Ramos, estaba en ese momento retirando con la escoba una basura del medio y golpeó a la persona que los estaba encañonando. «Oquelí, al ver que mi mamá le dio un escobazo a un atacante, se le abalanzó, pero no logró quitarle el arma, sino que, al doblar la mano, el delincuente le dejó ir un balazo en el abdomen y mi hermano cayó», cuenta Reynaldo. El otro atacante, que aguardaba en la moto, se metió al patio, y entonces remató a Oquelí.
La familia no sabe quienes ordenaron y llevaron a cabo los asesinatos de los dos hermanos, pero está segura que tiene algo que ver con su activismo a favor de Guapinol. Ellos, en conjunto con sus vecinos y también varias organizaciones campesinas de esta zona conflictiva del país, han denunciado las presuntas ilegalidades alrededor de Los Pinares, pero hasta el 28 de abril, día en que el FBI llegó a la casa de Pérez en Florida, parecía que toda autoridad competente les ignoraba y en lugar de ser cuestionado, el imperio corporativo de Pérez se extendió por toda Centroamérica y también incursionó en los Estados Unidos.
A principios del año pasado en Florida, Pérez compró una casa con un centro ecuestre —la propiedad que fue allanada— que estaba valorada en $9.65 millones. Para dimensionar tal nivel de lujo, es suficiente señalar que Juan Orlando Hernández, el ex-presidente de Honduras que será enjuiciado en Nueva York por narcotráfico a gran escala, también tenía una casa en la Florida, la suya con un valor de $800 mil – es decir, ni la novena parte del costo del retiro ecuestre del minero.
Pérez tiene varias de sus empresas aglutinadas bajo la sombrilla de Grupo Emco Holdings, el cual fue originalmente constituido en 2011 en Tegucigalpa como una empresa minera, pero que hoy se dedica a una diversidad de actividades y tiene hasta un brazo estadounidense, incorporado en 2021 en el estado de Delaware y registrado en la dirección de la mansión en Florida. Las empresas que alberga Emco incluyen la mina Los Pinares y una planta procesadora de acero que está al costado, EcoTek, además de otra compañía llamada Alutech, que vende aceros para techos y materiales de construcción y tiene presencia en casi todos los países centroamericanos y República Dominicana. También está bajo la sombrilla de Emco el aeropuerto internacional Palmerola en Honduras, que construyó y sigue administrando Pérez después de ganarse la concesión, posible fruto de su cercanía tanto con la administración pasada de Hernández como con la actual de Xiomara Castro.
Según el registro mercantil hondureño, Pérez tiene más empresas en el país, dedicadas a actividades que van desde el manejo de puertos marítimos, aéreos y terrestres, hasta la importación y exportación de todo tipo de productos. En El Salvador, el empresario se ganó la concesión con su empresa salvadoreña Alutech para construir una terminal de carga en el aeropuerto principal del país, apenas un año después de haber donado $1 millón de dólares a la campaña presidencial del ahora mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, un autócrata que ha perseguido los defensores de la democracia y encarcelado arbitrariamente a más del uno por ciento de su población.
Entre tantos aliados que ha tenido Pérez, el socio que es posiblemente el más poderoso es Nucor. La empresa estadounidense y el hondureño eran socios en el proyecto minero que tanto han denunciado las comunidades durante al menos cuatro años. Pero su inversión conjunta no había salido a la luz pública hasta 2020, cuando lo revelamos, y en ese momento un representante de esa empresa estadounidense nos dijo que habían dejado la colaboración y vendido sus acciones el año anterior a causa de las protestas y sus preocupaciones por la seguridad. Pero cuando el FBI allanó la casa de Pérez hace dos meses, entre las primeras declaraciones que dio su abogado a los medios estuvo que el interés principal de las autoridades estadounidenses no era Pérez, sino Nucor. Ni Nucor ni el abogado Erick Spears, respondieron a nuestras solicitudes de entrevistas.
Por su parte, un representante de la Embajada Estadounidense en Tegucigalpa nos dijo que, en cuanto a la operación del FBI, su política es no comentar «sobre cualquier posible investigación criminal». Referente al último homicidio, dijo que la Embajadora Dogu «condena el asesinato y hace un llamado para una investigación exhaustiva», y «ofrece sus condolencias a la familia del señor Domínguez, que desde ya ha sufrido tanto». El representante reconoció que en los últimos meses, oficiales de la Embajada han visitado el proyecto minero con fines diplomáticos para reunirse tanto con los que lo apoyan como con los que lo protestan.
El sufrir violencia después de defender el territorio no es una experiencia aislada a la comunidad de Guapinol, pues es un patrón ampliamente documentado en las zonas donde hay proyectos extractivistas en Honduras. En 2016, asesinaron a Berta Cáceres, ambientalista que protestaba por la construcción de una presa hidroeléctrica en el territorio del pueblo originario lenca. De hecho, no hay que salir de la misma zona donde se ubica Guapinol, el Bajo Aguán, para encontrar otro ejemplo característico de este patrón. A poco más de 10 kilómetros de la comunidad hay decenas de cooperativas agrícolas que sufren amenazas y ataques violentos a raíz de su resistencia al monopolio de la industria de la palma africana.
En los últimos 15 años, hubo más de un centenar de asesinatos de campesinos miembros de esas cooperativas, y en lo que va de este año, el ritmo de los ataques ha incrementado. «Es una estrategia para asesinar a dirigentes sociales de la zona» dijo Esly Banegas, una defensora de las Organizaciones Populares del Bajo Aguán. «Estamos tratando de conquistar los derechos que el estado no ha sido capaz de proveer», dice, «para mejorar las condiciones de cada familia».
En Guapinol siempre han advertido que la mina iba a dañar los ríos Guapinol y San Pedro, además de 34 otras fuentes de agua importantes para la gente en la zona. En abril, los defensores publicaron la alerta de que el río Guapinol efectivamente está secándose, sus seres vivos muriendo y que en un tramo de 1,348 metros, donde antes hubo río hoy no hay nada más que polvo. «Lo que se preveía como una desgracia por ocurrir, ya pasó», declararon. Cinco días después, en Florida, el FBI allanó la propiedad de Pérez y hace dos semanas dos sujetos asesinaron a Oquelí en Guapinol.
El esfuerzo por mantener el tejido social en el Bajo Aguán
Para la gente del Bajo Aguán, el territorio es parte de la identidad misma. Los habitantes de Guapinol consideran que sus raíces aquí se extienden desde hace más de un siglo. Reynaldo Domínguez, de 58 años, es uno de los que nació en esta comunidad grande con casas robustas de bloque y una cancha de fútbol cubierta de verde. Siempre han tenido retos, dice Domínguez, pero, así como sus hogares son sólidos, el tejido social entre su gente ha sido fuerte, hasta la llegada del empresario Pérez con su proyecto minero y sus socios extranjeros. «Lo que nos ha venido a poner en riesgo a la comunidad se llama Inversiones Los Pinares» dice y cuenta que antes hubo hechos violentos en la comunidad, pero no con la frecuencia ni la fuerza con la que suceden tras la llegada de la empresa.
Es una realidad que comparten con los habitantes de las cooperativas agrícolas a su alrededor, donde durante la última década, miles de campesinos han tomado terrenos sembrados de palma africana por parte de los dueños de la agroindustria hondureña. Una de las cooperativas más recientes en establecerse, El Tranvío, nació el 5 de diciembre de 2021, y a través del último año y medio ha crecido a punta de sueños y sudor.
Cuentan los líderes de la Cooperativa el Tranvío que, cuando apenas llegaron al terreno, pasaron las primeras noches durmiendo al aire libre, pasando hambre y peleando contra la plaga de zancudos. En cuanto pudieron, construyeron casitas de nylon y al mes hicieron el primer corte de palma: su primera cosecha como comunidad. Con los ingresos construyeron el edificio inaugural, la oficina central de la cooperativa. Después siguieron con las viviendas. Juntos construyeron hasta un lema: «El Tranvío es Mío».
En tan solo un año, dice el vicepresidente de la cooperativa, Janier García Ortíz, llegaron a ser 166 socios, cada uno con su familia, sumando unas 600 personas en total. Hoy, mantienen un número constante de socios, y cuando alguien se va y hay cupo para un nuevo miembro, reciben aplicantes, cuyos perfiles analizan para ver que cumplan con los requisitos: primero, que sean personas de escasos recursos, que no tengan donde vivir, que vengan recomendados por otra gente y que no tengan antecedentes penales.
En El Tranvío, las armas están prohibidas, y para proteger a la fauna local, no es permitida la caza de los animales silvestres de la zona, como las iguanas. Buscan socios «que quieran de verdad luchar», dice Janier. Son personas de familias que, desde generaciones atrás, son agricultoras. Y, así como hay un protocolo para poder entrar a la cooperativa, también lo hay para echar a los socios que han violado las reglas; por ejemplo, si alguien ha caído en la adicción al alcohol o las drogas y no acepta entrar a un programa de rehabilitación, tiene que irse.
El trabajo de mantener en órden a las 675 hectáreas, con 416 de ellas en producción agrícola —todo producido con sistemas orgánicos— se divide entre todos. Se selecciona a quienes serán los corteros, quienes recogerán la fruta suelta del suelo, quienes estarán a cargo de la construcción de las casas y el control de plagas y quienes cuidarán las casi 20 mulas de la cooperativa. Pero con casi cada avance, las autoridades se han resistido a su presencia. Cuenta Janier que cuando talaron árboles de palma para construir sus edificios, llegaron policías en conjunto con un General del ejército, para decirles que eso no se podía hacer por razones ambientales y que si procedían iban a ser desalojados. Otro hecho reciente fue cuando el colectivo avanzó con el alumbrado y de repente, llegaron pickups de la empresa de seguridad privada SEC, llenos de militares que tenían tapada la parte de su uniforme que identificaba de qué fuerza especial eran. Para la gente de El Tranvío fue chocante ver las fuerzas de seguridad estatales, pagadas por los impuestos de los hondureños trabajando al servicio de alguna empresa privada para frenar sus pasos hacia una vida digna. «Para la empresa privada, el campesino no vale», dice Janier. «Como campesinos, no hay nadie en que nos podamos amparar». Solicitamos los comentarios de la Secretaría de Defensa sobre el hecho, pero no respondió.
Al igual que en Guapinol, el hostigamiento aquí a veces es violento. Existen en la zona grupos delincuenciales que trabajan para personas que, hasta la fecha, permanecen desconocidas. En diciembre del año pasado entró un grupo encapuchado a la parte de abajo del terreno de la cooperativa, cargando fusiles AR-15 y AK-47 y exigiendo la mitad de la finca. Janier y sus compañeros se dieron cuenta después de que los hombres tenían nexos con Los Cachiros, una estructura delictiva local. La cooperativa puso denuncias en las redes sociales. «Siempre hemos tenido temor de los grupos criminales», dice Janier, agregando que tales grupos procuran «ponernos en zozobra». Es una sensación que se ve exacerbada a causa del espionaje desde el aire que también sufren: hay drones que pasan sobrevolando día y noche varias cooperativas incluyendo El Tranvío , dice Janier. Él y sus compañeros sospechan que las máquinas son propiedad de una empresa agroindustrial de palma africana en la zona que disputa la propiedad de la tierra, Corporación Dinant. «Pasan monitoreando la zona. No se sabe qué es lo que buscan» dice. El efecto de todo esto en conjunto es escalofriante. «Uno sale a las calles y no sabe si va a volver», dice.
Solicitamos una entrevista a Dinant, para pedir su versión de la propiedad de la tierra, los drones y los ataques violentos, pero la empresa no respondió a la solicitud. También solicitamos comentarios de las Secretarías de Defensa y de Seguridad sobre el espionaje con drones y la presencia de grupos de crimen organizado, pero no respondieron a nuestras solicitudes. En el pasado, funcionarios de tales instituciones han declarado que hay grupos de crimen organizado operando en la zona y la unidad especializada del Ministerio Público creada para investigar la violencia en el Bajo Aguán, UMVIBA, ha armado casos que rastrean las estructuras criminales, incluso algunas que han infiltrado a movimientos campesinos, como es el caso de la banda de Céleo Rodríguez en el asentamiento campesino la Confianza. La Corporación Dinant, por su parte, ha dicho en el pasado que las tomas de tierra son ilegales, que no tiene nexo alguno con los grupos de crimen organizado y que la violencia también ha sido ejercida en contra de sus empleados.
En El Tranvío, frente a tanto reto, Janier dice que «solo en conjunto se logra». Sentado en su pickup, pensando la situación, menciona una característica de los grupos criminales que a él le llama la atención: son organizados de forma vertical, con un líder o un patrón que queda con la mayoría de las ganancias. Janier contrasta con eso la forma de organización de la cooperativa: «Aquí el crecimiento es mutuo. Aquí hay convivencia. Aquí hay crecimiento horizontal». El compromiso con el bienestar de todos es un valor también notable en la lucha de Guapinol. De hecho, hay solidaridad entre los grupos, y con frecuencia se apoyan en momentos críticos. Por ejemplo, cuando fueron liberados los ocho compañeros de Guapinol que pasaron más tiempo encarcelados —dos años y medio— la gente de El Tranvío se unió a la caravana para irlos a traer.
Un compromiso a prueba de fuego
Al funeral de Alí Domínguez, en Guapinol en enero, llegaron cientos de personas que desbordaron la calle para acompañarle a su paradero final. El asesinato de su hermano apenas cinco meses después dejó claro que la violencia seguirá. A la vez, los defensores que siguen con vida han sufrido un hostigamiento que viene hasta de los rincones más oscuros de Twitter, a través de cuentas falsas manejadas por personas cercanas a Pérez según reveló una investigación de Contracorriente. Además, hay días que, al igual que con las cooperativas campesinas, vuelan drones sobre las casas de ciertos dirigentes, buscando algo que no queda claro qué es y metiendo terror: alguien invisible les vigila cada paso, dejando claro el mensaje que les pueden hacer lo que se les dé la gana a la hora que quieran. De hecho, el mismo día de esta cobertura periodística, poco después de que nuestro equipo terminara la jornada y partiera de Guapinol, dos drones sobrevolaron las casas de los líderes comunitarios que nos facilitaron la visita. Dentro de la lista de preguntas que mandó Contracorriente al abogado de Pérez estaba si tales drones eran propiedad de la mina o de otra empresa u organismo gubernamental, pero no respondió a nuestra solicitud.
Las mujeres de Guapinol viven todo esto de una forma particular. Por un lado, como la mayoría de los defensores que estaban encarcelados eran hombres, sus compañeras de vida de repente cargaban sobre sus hombros todas las responsabilidades de sus familias, tanto las financieras como las logísticas y emocionales, además de la larga lista de quehaceres semanales que resulta cuando uno tiene un familiar en prisión. A pesar de ello, los troles en Twitter manejan narrativas sexistas que buscan poner en tela de juicio la ética y el compromiso de las mujeres con sus familias. «Me decían en un perfil falso que yo descuidaba de mis hijos, andando de un lado para otro» dice Juana Zuñiga, dirigente campesina cuyo compañero de vida estuvo entre los detenidos. Pero a veces eran sus propios vecinos, especialmente los que la mina había contratado, quienes les criticaban. «Era cargar con todo, todo lo que significa el hogar, y con la misma gente de la comunidad cuestionándote» dice Juana. «Pero Guapinol no es nada sin el agua» agrega. Es decir: simplemente no hay otra alternativa más que luchar.
Pero su compromiso ha salido caro. Reynaldo Domínguez se encontraba fuera de Honduras cuando asesinaron a su hermano Oquelí, ataque durante el cual su madre Catalina también recibió un disparo en la pierna. A Reynaldo le tocó tomar la decisión que nunca quiso tomar: su familia entera va a dejar su querido Guapinol.
«Nosotros nos vamos a apartar, voy a apartar a toda mi familia», dice, añadiendo que es el doble de doloroso, pues, además, se ve obligado a comenzar de cero en otro lado. Espera poder volver algún día y, mientras tanto, quienes se quedan seguirán en una lucha que es cada vez más no solamente a favor del territorio, sino también contra el miedo. «Anoche tuvimos un susto», cuenta Juana, apenas una semana después del homicidio de Oquelí. Se fue la luz y con su familia quedaron esperando ansiosamente que pasara la noche, momento tras momento en la oscuridad. «Es bastante terrible pensar que el siguiente puede ser uno, o incluso algún vínculo familiar», dice. Pero a la mañana siguiente se levantó y, cuando recibió la llamada de una periodista preguntándole si, dado la violencia escalofriante, siempre estaba dispuesta a que su nombre apareciera en un fotoensayo, no dudó en contestar que sí,que es más, quiere seguir denunciando. «Estamos con toda la verdad», dijo. «Y algún día tendremos la victoria».
