El laberinto electoral en Guatemala

Texto: Otto Argueta

El domingo 25 de junio se celebrará en Guatemala la séptima elección general después de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Se elegirá presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso Nacional, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al parlamento centroamericano. Están habilitados para participar en estas elecciones 30 diferentes partidos políticos. Hay 22 candidatos presidenciales habilitados, tres de ellos encabezan las intenciones de voto: Sandra Torres por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Zury Ríos por la coalición de los partidos Valor y Unionista y Edmund Mulet por el partido Cabal.

La incertidumbre, el desasosiego y la sensación de que nada bueno saldrá de estas elecciones es muy grande en el delgado estrato de la población que está al tanto de las intimidades de los grupos que rodean a las candidatas y candidatos y de la trayectoria del proceso electoral.

Para la comunidad internacional, especialmente para los Estados Unidos, cualquiera que sea el resultado, esta elección es una vaga oferta para garantizar que la migración a ese país se reducirá gracias al fortalecimiento de la justicia, la igualdad, la seguridad y el desarrollo. Guatemala ya se les fue de las manos. Y para el resto de la población, esta elección es, como las anteriores, un evento más de un sistema político ajeno, distante y bien sabido oportunista, una parafernalia periódica de la cual «algo hay que sacar». Hay otro grupo, la clase media guatemalteca, para la que los antecedentes de corrupción, vínculos con el crimen organizado y con violaciones a derechos humanos de la mayoría de las personas que rodean a los candidatos no pesa tanto como la alineación discursiva conservadora, nacionalista y antidemocrática que estos proclaman.

Un lenguaje duro se queda corto para describir el panorama. Candidatos a alcalde que son abiertamente narcotraficantes, caudillos locales y analfabetas funcionales. Candidatos a diputados que son operadores políticos de redes de corrupción, con investigaciones abiertas, abusadores de mujeres, verdaderos rufianes y bandoleros. Dos mujeres candidatas muy diferentes entre sí, pero coincidentes en que para llegar al lugar en donde están han pactado con la mafia que perpetúa lo que ahora se define como cleptocracia en Guatemala. Y un candidato que surgió de la diplomacia y los organismos internacionales y que recurrió a los remanentes de esas redes para posicionarse en el tercer lugar de intención de voto en estas elecciones.

¿La izquierda y el progresismo? Pues sacando del triste baúl de los fracasos a sus anquilosados líderes, a los que el tiempo los dejó en las nostalgias de consignas mimeografiadas. Y los jóvenes, pues dejando de serlo en un sistema que los supera.

La mayoría de las personas que integran los equipos de los candidatos que lideran las encuestas son exfuncionarios, operadores políticos, empresarios, militares retirados y líderes de opinión pública que formaron parte de la cruzada por bloquear la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), desmantelar su legado en las instituciones de justicia y seguridad a costa del exilio de fiscales, jueces y abogados; barrer todo lo que en la sociedad civil y medios de comunicación evocara la lucha contra la impunidad y restablecer un orden político e institucional que garantizara el status quo mafioso e impune, revestido de una narrativa nacionalista y conservadora. Cada partido tiene su pez gordo de las élites que lo apoya, como tradicionalmente se ha hecho.

Para ilustrar lo anterior, evoco los letreros que son comunes en las carpinterías de la Antigua Guatemala que dicen «se hacen antigüedades». El autoritarismo guatemalteco se ha renovado, pero es antiguo, fincado en la tradición y, por lo tanto, eficiente y aceptado.

¿Hay alguna forma de explicar todo esto?

Un tomador de decisiones de la comunidad internacional espera una respuesta técnica, una buena práctica de ingeniería social que le permita ubicar eficientemente recursos y capacidades técnicas para el cambio. Un diplomático, espera la retórica adecuada para usarla con las personas adecuadas para elegantemente influenciar voluntades. Un activista espera nombres, datos o rumores con los que se pueda denunciar públicamente a alguien. Un periodista espera la pieza del rompecabezas que le permita contar la historia. Un ciudadano común y corriente no espera nada, porque, si es que vota, lo hará en base a sus pasiones inmediatas; como siempre sin calcular el impacto a largo plazo, porque las elecciones en países no democráticos son inútiles, sobre todo si las variaciones en la oferta de candidatos ya no son ni siquiera de género, sino de estilo.

Ya todo se probó en Guatemala. Hemos sido, por segunda vez, el plan piloto para el continente. Así llamó Susan Jones a su maravilloso libro cuando describió cómo la intervención de los Estados Unidos en 1954 fue un experimento del cual se extrajeron lecciones aprendidas y buenas prácticas que luego se adaptaron y mejoraron en varios países de América Latina en el contexto del anticomunismo y la contrainsurgencia. Fuimos también el más reciente experimento en materia de anticorrupción cuando las Naciones Unidas aceptaron crear la CICIG sin saber cómo, con quién, cuándo y, sobre todo, con qué repercusiones.

Pacto de corruptos, cleptocracia; los conceptos abundan y todos describen en alguna medida lo que ocurre en el país. No abonaré a ellos, porque estoy cansado. Soy guatemalteco, en un momento en la vida en que la sorpresa es una joya que se reserva solo para aquello que adorna el alma. Para lo demás, la sociedad, la política, el Estado y el poder, tomo un grafito para escribir porque el gris de este paisaje no cambia aunque los rostros se muevan en los corredores que van de una puerta giratoria a otra. Le fallo a mi maestro Edelberto Torres Rivas que siempre sentenció que el pesimismo es cómodo. Dejo a otros el optimismo porque en este momento me ofende.

No habrá nunca una puerta. Estás adentro
y el alcázar abarca el universo
y no tiene ni anverso ni reverso
ni externo muro ni secreto centro.*

Guatemala es un laberinto. Las elecciones generales de este año son uno más de sus incontables pasillos.

Sandra Torres es una mujer que ha escalado la política con uñas y dientes, desgarrando a quien se interponga en su camino. Fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y la principal ejecutora de uno de los programas de desarrollo más exitosos del país «Mi Familia Progresa». Durante la primera etapa de ese programa de transferencias condicionadas, Sandra alineó a los ministerios y secretarías para que el programa funcionara eficientemente en el área rural. Lo logró. El mismo PNUD celebró el éxito en sus indicadores. Lo hizo sin firmar un solo documento público, porque no podía hacerlo legalmente y porque demostró que con la sola fuerza su temperamento autoritario podía poner a temblar a cualquier funcionario.

El programa era la plataforma electoral ideal por lo que su equipo técnico y su equipo de campaña decidieron extenderlo a una velocidad y alcance que superaron las capacidades mismas del programa. Sandra quería ser presidenta y lo habría logrado de no ser por el pequeño detalle de que era la esposa del presidente. Entonces se divorció. Un melodrama de esos que tanto nos gusta comentar a hurtadillas, pero de escala nacional. En las elecciones de 2012, el Tribunal Supremo Electoral negó su inscripción como candidata. En las elecciones de 2015 y de 2019 obtuvo el segundo lugar.

Es indudable que Torres logró capitalizar el voto rural pero no así el voto de los sectores de poder decisivos en el país, empresarios y mafias. En cada proceso electoral, Torres fue perdiendo al equipo del partido que estuvo en el gobierno de su exesposo y lo fue sustituyendo por operadores políticos, pastores evangélicos y miembros de otros partidos vinculados al crimen organizado. Con el apoyo de esas redes, ella ha logrado abrirse paso en las redes de empresarios y mafiosos que garantizan su continuidad en la carrera electoral.

Zury Ríos carga en los hombros el peso o el resplandor (dependiendo de quién lo juzgue) de su padre, el general Efraín Ríos Montt, quien enfrentó el histórico juicio por genocidio y que murió en la repetición de este. A diferencia de Torres, Zury Ríos tiene una larga trayectoria en la política como diputada durante cuatro períodos, desde 1996 hasta 2012. Fue candidata presidencial en 2011 por el Frente Republicano Guatemalteco, partido que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo (2000-2004) y a su padre, el general en retiro, como presidente del Congreso Nacional. No pudo continuar esa candidatura por impedimentos constitucionales debido a que su padre fue presidente de facto. En 2015 volvió a participar, esta vez con el partido Visión con Valores, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentó inhabilitarla otra vez. Finalmente participó y quedó en el quinto lugar.

En el 2019 participó otra vez como candidata presidencial con el partido Valor. Nuevamente el TSE negó su inscripción, la Corte Suprema de Justicia se la otorgó, pero una apelación del TSE a la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la inscripción. Para esta elección, Zury estableció una coalición entre los partidos Valor y Unionista y esta vez el TSE aceptó la inscripción sin reparos. Hubo apelaciones, por supuesto, esta vez por su contendiente Edmund Mulet, pero fueron rechazadas. Como Sandra, Zury también se divorció, pero cuatro veces, una de ellas fue del controversial empresario/contrabandista/operador político conocido como «el Rey del Tenis».

La carrera de Zury por la presidencia ha sido ardua. Ahora tiene el apoyo de un grupo muy diverso del sector más conservador de Guatemala, abogados de su padre durante el juicio por genocidio, funcionarios del gobierno nacional y municipal de Álvaro Arzú —incluido uno de sus hijos, Álvaro Arzú Escobar— y miembros del gobierno de Jimmy Morales. Muchos de los personajes que rodean a Zury han sido investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en tiempos pre Consuelo Porras, la funesta fiscal actual y eficiente enterradora de cualquier cosa que huela a CICIG.

Sandra y Zury han logrado reunir a las principales fuerzas políticas de Guatemala, mafias y empresarios, que coinciden en la continuidad de la impunidad vía autoritarismo. Edmund Mulet sigue ese camino, con los residuos de esas redes, pero coincidente en el objetivo de garantizarse la permanencia en la competencia política a costa de pactar con mafias.

En Guatemala, el autoritarismo y la impunidad son una cuestión corporativa, no hay un centro de poder, es una red de intereses coincidentes y complementarios en función de la impunidad y los negocios. Los presidentes son administradores de esa red, su cara pública, el impulso a sus carreras electorales depende de su apertura a garantizar la estabilidad de ese sistema de dejar hacer y a la vez proteger. No está cooptado, está estructurado para funcionar así desde adentro y los candidatos y candidatas lo saben. Pueden tener quizá intenciones de cambio, pero su margen de acción depende de no afectar el pacto político-criminal que los lleva a la presidencia.

No esperes que el rigor de tu camino
que tercamente se bifurca en otro,
que tercamente se bifurca en otro,
tendrá fin. Es de hierro tu destino*

El TSE, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público tuvieron un rol clave en este proceso electoral. Su objetivo fue estabilizar la competencia entre grupos mafiosos de poder sin necesidad de que éstos recurrieran a la violencia. Cuando el crimen organizado se desestabiliza, es la violencia el recurso a través del cual se encuentra nuevamente el equilibrio. En Guatemala, esa función estabilizadora la han ejercido las instituciones de control electoral y de justicia.

Hubo partidos a los que se les canceló la participación. El primero fue el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con su candidata presidencial Thelma Cabrera y su candidato a la vicepresidencia Jordán Rodas. Cabrera es una candidata indígena y representa un partido político que evolucionó de un movimiento social, el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, conocido por su apuesta por el robo de energía eléctrica como una forma de resistencia. En un país con tanta desigualdad social y conflictos socioambientales producto del desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros y en donde el conflicto agrario ha sido una constante histórica, el robo de energía eléctrica y su distribución a comunidades pobres tuvo una gran aceptación en el mundo rural. Hay más que el robo de energía eléctrica por supuesto, pero eso ha sido su combustible y también el fuego que lo quema. En las elecciones de 2019, Thelma Cabrera logró el quinto lugar en el recuento de votos. En 2023, Cabrera incluyó en su binomio a Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos que se convirtió en una de las pocas voces que denunciaron los excesos de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Rodas fue un apoyo para la CICIG durante sus últimas batallas, había que terminar la fumigación.

La cancelación de la participación del MLP causó revuelo internacional. En un país estructurado por el racismo y en un contexto de fumigación anti CICIG, las redes político-criminales encontraron una excusa administrativa nimia para justificar la cancelación. Hasta aquí, se habría podido pensar que la cleptocracia respondía a motivos ideológicos. Demasiado simple.

Entonces, hubo más cancelaciones. Se canceló la participación de Roberto Arzú, hijo de Álvaro Arzú, el expresidente y alcalde de la ciudad de Guatemala; es un fiel representante de la oscura familia Arzú y de ese segmento de la élite guatemalteca que, al parecer, no congenió con la red mafiosa en el poder liderada por Giammattei.

Otra de las cancelaciones importantes fue la del empresario Carlos Pineda, cuyas alianzas políticas en las elecciones pasadas fueron con personajes como Mario Estrada, condenado en los Estados Unidos por narcotraficante. Entre la red de apoyo de Pineda están los hijos de Manuel Baldizón, empresario y excandidato presidencial que estuvo preso en los Estados Unidos por lavado de dinero. Pineda fue acérrimo enemigo del MLP al extremo de cometer acciones violentas contra sus integrantes. Pineda es un engranaje más de la maquinaria político-criminal del país que no logró encajar en la correlación de fuerzas mafiosas para estas elecciones.

En este laberinto llamado Guatemala, cualquier bifurcación lleva de un grupo mafioso a otro.

como tu juez. No aguardes la embestida
del toro que es un hombre y cuya extraña
forma plural da horror a la maraña*

Todos estos personajes han estado ahí siempre. Son espectros que cambian de rostro, pero forman las paredes móviles de este laberinto, cerrando caminos, abriendo bifurcaciones. Si algo caracteriza la elección por venir, es la exposición sin vergüenza de estos rostros. Algo los sacó del subsuelo institucional en el que antes habitaban, esos sótanos de las instituciones que en la transición a la democracia se construyeron, o más bien, remodelaron de antiguas estructuras institucionales.

Durante 12 años operó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); un experimento que respondió a una demanda real, desarticular las redes clandestinas heredadas del conflicto armado, redes de militares enquistados en instituciones clave para la corrupción, la impunidad y el crimen.

La CICIG fue el resultado adaptado de esa necesidad, una oportunidad que Naciones Unidas vio para experimentar con la lucha contra la corrupción. La premisa básica (teoría de cambio en el lenguaje de la cooperación internacional) era que, si se crea un ente independiente, técnicamente capaz, que intervenga el sistema de corrupción desde afuera entonces ese sistema será inhabilitado porque la intervención internacional es la única forma de evitar la cooptación que viene de un sistema que está en su totalidad corrompido. Se le sumó a esto el ofrecimiento de que las capacidades formadas por esta entidad en el Ministerio Público y la Policía Nacional tendrían el apoyo del Estado para continuar funcionando sin contaminación del sistema corrupto que estaría ya debilitado para hacer una transferencia de conocimientos y capacidades sostenible.

En su afán y desesperación por haber entrado en el laberinto guatemalteco, la CICIG se le fue de las manos hasta a las mismas Naciones Unidas. Tres comisionados diferentes, con diferentes estilos y prioridades, un exceso de protagonismo que llegó a opacar al mismo Ministerio Público, graves abismos laborales entre los «intocables» internacionales y los «muy tocables» nacionales como se evidenció después y, sobre todo, una falta de escucha activa (para ser amable) por parte de los comisionados sobre la complejidad del contexto político.

Hubo más de 120 casos llevados a juicio, que implicaron a más de 1540 personas de las que a 680 se les demostraron cargos y de las cuales 310 fueron sentenciados y muchos restantes esperan juicio. Un presidente y una vicepresidenta tuvieron que renunciar, otros dos expresidentes fueron a prisión, una larga lista de ministros, secretarios y otros funcionarios, empresarios, militares; de todo pasó por la CICIG, influenciaron nombramientos de jueces, fiscales generales y otros funcionarios, propusieron reformas legales y hasta constitucionales. En fin, la CICIG mostró con toda claridad de qué estaban hechas las paredes del laberinto, les puso rostro, las hizo salir de la oscuridad.

En ese camino se embarcaron jueces, fiscales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas y hubo un momento de clímax cuando la ciudadanía salió masivamente a pedir la cabeza del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. Pero hubo también funcionarios que le dieron todo el apoyo a las investigaciones de la CICIG y que luego fueron incriminados por ésta para obligarlos a ser parte de la incriminación de otros funcionarios. Esto evidenció que se reproducían vicios del sistema para luchar contra él. Una perversión innecesaria que solo causó daño.

En la actualidad, la comunidad internacional habla de la sensibilidad al conflicto, es decir, el conocimiento del contexto en el que una acción se realiza para anticipar las consecuencias no esperadas ni intencionales de ésta, es decir, no hacer daño. Pues eso no lo tuvo la CICIG.

En su afán, la CICIG no consideró la implicación de sus acciones; fueron triunfalistas y tenían la ventaja de salir del país, aunque sea expulsados, pero salir. Dentro quedó el horror para quienes la apoyaron y sintieron que por hablar cerca del oído sordo de los comisionados eran parte del gran cambio irreversible en Guatemala. Quedaron solos, sin el apoyo político y las ventajas que brindaba el trabajo en conjunto con la Comisión.

Jimmy Morales, el presidente comediante, inició la embestida que remató el actual Alejandro Giammattei. Ha sido la reestructuración del antiguo régimen luego de un intento de reforma, un ciclo conocido en nuestra historia, especialmente después de un experimento. En esto se alinearon todos, empresarios, políticos, criminales, religiosos y hasta representantes del mismo gobierno de los Estados Unidos durante la administración Trump.

¿Es esta una atribución de responsabilidad a la CICIG por lo que hoy vivimos en Guatemala? Sí, hay responsabilidad y es bueno ya empezar a hacer el balance porque, al salir, la CICIG dejó a un gran grupo de personas comprometidas y vulnerables, muchas de ellas hoy están en prisión o en el exilio. Se mostró el rostro y el funcionamiento del vínculo político-criminal y eso, en lugar de debilitarlo, lo empoderó, se dejaron pasar oportunidades valiosas para lograr consensos con los empresarios más grandes del país, los que al final saben mucho de corrupción y del Estado, porque lo crearon.

La comunidad internacional no puede exculparse con el argumento de que la responsabilidad final es de los propios estados y ciudadanos. Claro que lo es, pero es conjunta, sobre todo si una de las partes es multinacional y con grandes recursos financieros, políticos y diplomáticos. Gran lección para futuras iniciativas: si entras al laberinto, no pretendas salir invicto y con resultados medibles en el corto plazo; es una guerra en donde, como siempre, la población civil es la principal víctima.

de interminable piedra entretejida.
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
en el negro crepúsculo la fiera.*

Hay otra parte de responsabilidad que no es de la CICIG. A los guatemaltecos nos da cierta pena aceptar que nos fuimos con todo en el apoyo a la CICIG y que nos quedamos silbando en la loma con los lobos enfurecidos. Nos da pena porque criticar a la CICIG es equivalente a ser corrupto. Pero no es así, es necesario ya hacer el balance, el recuento de daños, quitarnos el polvo de la explosión y ver la magnitud de la devastación. ¿Por qué la pena? Si la profunda desesperanza vio en esa comisión la única salida. Y claro que hubo luz, pero no al final del túnel, sino a la orilla del precipicio, y los que lo anticiparon o bien fueron acusados de conservadores corruptos o simplemente fueron ignorados. Ahora la sociedad guatemalteca, digamos esa que es consciente de lo ocurrido, está devastada, en el exilio o en prisión. El resto sobrevive y vota, porque siempre lo ha hecho en medio de la miseria creciente, gobernada por una clase política que sabe recurrir a los valores más profundos de la sociedad como la familia, la religión, el orden y lo que un buen maestro mío proponía como variable imprescindible para entender estas sociedades: el chabacanismo, ese circo mediático que ahora es exponencial gracias a las redes sociales.

En Guatemala la democracia se ahogó en su propia sangre. Su último estertor fue la CICIG, un electroshock externo que terminó de despertar al monstruo que ahora muestra su más feroz rostro. No hay tiempo para la larga noche autoritaria porque la democracia no fue un amanecer, fue un destello en el sol nocturno en el país del eterno invierno polar.

* Laberinto, Jorge Luís Borges.