El martes 20 de junio en la cárcel de mujeres de Támara inició una reyerta y un incendio que terminó con la vida de 46 mujeres. La información de Medicina Forense avanza a cuentagotas, situación que aviva el sufrimiento de decenas de familias que aún no saben nada de sus familiares privadas de libertad.
Fotografía: Jorge Cabrera
Texto: Fernando Destephen
Frente al portón de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la aldea Támara del Distrito Central, los familiares lloran la pérdida de las 46 privadas de libertad fallecidas durante una reyerta al interior de la penitenciaría. Un día después del incidente, la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Médicas amaneció abarrotada de parientes de las víctimas intentando retirar a sus familiares de la morgue.
La identificación y entrega de los cuerpos mantiene en vilo a sus familiares quienes exigen su pronta entrega mientras las madres, abuelas y amigos lloran bajo el toldo naranja puesto por empleados de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Pocos familiares hablan con la prensa y cuando lo hacen explotan frente a las cámaras exigiendo saber la razón de lo sucedido.
Desde las seis de la mañana del 21 de junio, Issa Alvarado, portavoz del Centro de Medicina Legal, rodeada de periodistas, confirmó que las autopsias continuarán de manera permanente con cinco equipos de forenses hasta entregar los 46 cuerpos.
La Cruz Roja instaló una carpa para cargar dispositivos móviles para atención prehospitalaria por si los familiares llegan a necesitar un servicio previo a la hospitalización o para evitarla y atención psicosocial para los familiares cuya salud mental se ha visto gravemente afectada debido al impacto de la confirmación de la muerte de su familiar, entre ellos algunos se desmayan o descompensan, optan por desahogarse gritando y llorando lejos de las cámaras que terminan persiguiéndolos.
Pedro Arturo Flores, familiar de una de la víctimas, esperaba frente al edificio del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sus ojos vidriosos reflejaban dos días de una angustiosa espera en la que sólo recibía información parcial de distintas fuentes que él intentaba armar como un rompecabezas.
«Como padre, nos da pesar eso porque no hay una seguridad, imagínense 48 almas y ningún soldado pudo intervenir no va a creer usted que es cosa extraña, que no hay un policía pero, cuando uno va de visita vulgarmente son unos perros», dijo Pedro Arturo Flores con una voz que se le apagaba con cada respuesta a la prensa.
Don Pedro expuso uno de los tantos problemas constatados por los familiares de las privadas de libertad: los problemas para el ingreso de alimentos y medicinas al PNFAS en contraste con la facilidad con la que ingresan armas de fuego, drogas o granadas.
Pedro Arturo Flores no cree que la separación de Ramón Sabillón como ministro de seguridad vaya a cambiar algo en la gobernabilidad de los centros penales del país. Recuerda que la última vez que habló con su hija fue el viernes 16 de junio y ella le contó que hasta ese momento todo estaba bien.
Según datos del Conadeh, brindados en febrero de este año, desde el año 2019 hasta el mes de febrero de 2023, 70 privados y privadas de libertad fallecieron en centros penales hondureños en pleno estado de excepción decretado desde el 06 de diciembre de 2023 y ampliado el 20 de mayo hasta el 05 de julio de 2023.
«La verdad es que para que cambie Honduras, primero tienen que cambiar ellos como autoridades que son», expresó Flores, en referencia a la intervención en las cárceles del país.
