El 24 de abril de 2023, el Poder Ejecutivo emitió el decreto de creación del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), que asume la responsabilidad de «construcción, administración, operación y explotación de aeródromos y aeropuertos civiles, nacionales e internacionales». El secretario ejecutivo del SAN, Ricardo Martínez, señaló la posibilidad de iniciar procesos legales en contra de Palmerola International Airport, propiedad del empresario Lenir Pérez. El objetivo planteado por el Gobierno es recuperar la gestión del aeropuerto de Toncontín y del Aeropuerto Internacional Palmerola.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera
El 15 de octubre de 2021, el expresidente Juan Orlando Hernández y el empresario Lenir Pérez inauguraron el nuevo y costoso Aeropuerto Internacional Palmerola, una obra que tenía que concluirse en 2019 y que se otorgó en marzo de 2016 a la empresa Palmerola International Airport (PIA) de la que Pérez es propietario.
Al momento de la inauguración, la terminal todavía se encontraba incompleta. El evento sirvió como una especie de despedida para el gobierno de Hernández, cuestionado por sus actos de corrupción y sus relaciones con el crimen organizado. Hernández finalmente logró entregar esta obra que pretendía ser una de las más emblemáticas de su administración.
Tras ganar las elecciones en diciembre de 2021, la presidenta electa Xiomara Castro se sumó a los múltiples cuestionamientos por la falta de conclusión del nuevo aeropuerto pronunciándose en Twitter sobre la concesión del aeropuerto Palmerola, y apuntó que el contrato otorgado a PIA era ilegal por lo que anunció que sería revisado y modificado.
En enero de 2023, Contracorriente encontró que, desde junio del 2020, el empresario Lenir Pérez comenzó a utilizar frecuentemente los servicios profesionales de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero Morris, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y persona de confianza de la familia Zelaya-Castro.
El 24 de abril de 2023, la presidenta Xiomara Castro, en Consejo de Ministros, emitió un decreto ejecutivo para crear el SAN adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con el que se retomaría el control de los aeropuertos y aeródromos a nivel nacional, incluyendo el aeropuerto Toncontín —operado actualmente por PIA— con lo que se reactivarán los vuelos en la región centroamericana desde esta terminal.
Ricardo Martínez, secretario ejecutivo del SAN, dijo que buscarán tomar el control estatal del aeropuerto Palmerola, una concesión de alianza público-privado a la que le restan 28 años de contrato.
Un posible conflicto legal entre el Estado y Palmerola International Airport
El decreto de creación del SAN estipula que el ente ejercerá su competencia en los aeropuertos Golosón (La Ceiba), Juan Manuel Gálvez (Roatán), Ramon Villeda Morales (San Pedro Sula) y Toncontín (Tegucigalpa); además de «cualquier otro aeropuerto internacional o aeródromo nacional que deba de ser administrado por el Estado». Hasta septiembre de 2020, los citados aeropuertos eran operados por la empresa InterAirports, beneficiaria de una concesión desde el año 2000.
Entre el 30 de junio de 2000 y el 28 de septiembre de 2020, la empresa InterAirports, subsidiaria del conglomerado Grupo Terra propiedad de Fredy Nasser —concuñado de Lenir Pérez— fue la encargada de la operación de dichos aeropuertos.
En 2019, el Congreso Nacional decretó que, ante el vencimiento de dicho contrato, PIA se haría cargo de la terminal aérea en Tegucigalpa y, en agosto de 2020, un decreto ejecutivo ordenó la formación de la sociedad mercantil denominada Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) para administrar el resto de las terminales citadas.
EHISA fue constituida por la Procuraduría General de la República en 2020 con la idea de integrar legalmente una sociedad mercantil anónima unipersonal, con exclusión de toda participación de capitales privados y con la finalidad de coadyuvar con el Estado en la administración y operación de los aeropuertos internacionales antes mencionados. Sin embargo, al no ser un ente estatal sino que una empresa, el gobierno de Xiomara Castro en el decreto de creación de la SAN la catalogó como «contraria a las prácticas de administración pública generalmente aceptadas».
El decreto emitido por el Congreso Nacional el 7 de agosto de 2020 para la operación de Toncontín, establece que «es recomendable otorgar la operación y mantenimiento del Aeropuerto de Toncontín y sus áreas afectas para vuelos nacionales, al Concesionario Palmerola International Airport hasta que finalice el plazo de Concesión de este último»; sin embargo, las nuevas autoridades del SAN aducen que el límite de esta concesión era noviembre de 2021, cuando Palmerola inició los vuelos internacionales, y no en 30 años cuando termine la concesión del aeropuerto Palmerola.
Ricardo Martínez explicó a Contracorriente que el principal objetivo es liquidar a la EHISA y, en ese contexto, tomar el control de los aeropuertos que esa empresa administra, y «posiblemente» Toncontín, porque, aunque el decreto lo menciona, los representantes de PIA insisten en que la concesión de Toncontín es por el mismo término por el que firmaron la concesión de Palmerola.
Martínez dijo a Contracorriente que la SIT tiene una clara intención de recuperar Toncontín para el funcionamiento de vuelos regionales, y que, si no se alcanza un acuerdo en la negociación con la empresa de Lenir Pérez para entregar la terminal aérea, tienen dos vías de salida: un conflicto legal o que el gobierno «simplemente tome lo que es suyo», es decir, expropiar.
Martínez también aseguró que un posible conflicto legal entre el Estado y PIA por la operación de Toncontín llevaría a que la empresa liderada por Lenir Pérez ponga en riesgo el contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola que se firmó en 2016 y aseguró que es «completamente leonino», ya que no genera beneficios al Estado de Honduras.
Sumado a las obras sin terminar, el presupuesto fue otro problema de este proyecto con el que se prometió convertir a Honduras en «el centro logístico de las Américas». El presupuesto original se disparó en más del 80 por ciento, según un informe de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas y, finalmente, superó los 200 millones de dólares.
Además, un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) planteó que el aeropuerto no traería beneficios económicos al país a corto plazo, ya que, si bien el concesionario empezará a pagar al Estado de Honduras un canon por concepto de la tarifa, existe la condición registrar anualmente 600,000 pasajeros internacionales. Según estimaciones de expertos consultados por Contracorriente, esto podría ocurrir pasados 10 o 15 años de los 35 que dura la concesión.
Martínez finalmente destacó que «queremos recuperar no solo Toncontín, sino que también Palmerola».
En ese sentido, en mayo de 2022, se conformó en el Congreso Nacional una comisión especial de diputados para revisar el contrato otorgado a PIA; sin embargo, hasta junio de 2023, no se ha presentado ningún informe al respecto.
En diciembre de 2022, Contracorriente abordó al diputado oficialista Jari Dixon, quien es parte de la comisión y dijo que el informe estaba terminado y que no sabía por qué el diputado Ramón Barrios, que lideraba la comisión, no lo había presentado.
Dixon declaró en aquel momento que si no se modifican aspectos del contrato otorgado a PIA se tendría que buscar la vía judicial para declararlo un contrato leonino y así disolverlo.
«El camino debería ser reducir las condiciones; por ejemplo, son 600 mil pasajeros para empezar a recibir algo de la concesión y eso no debería existir; el Estado ya debería estar recibiendo ganancias porque invirtió una cantidad enorme de dinero. La otra es quitarles la concesión de Toncontín para reabrir, y la tercera sería buscar declarar leonino el contrato, pero eso le corresponde al Ejecutivo; pero eso es lo que nosotros vamos a recomendar en el informe», apuntó el diputado Jari Dixon.
Contracorriente consultó a otros diputados integrantes de la comisión que revisó el contrato. En ese sentido, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, aseguró que, aunque el informe ya está concluido, no tiene la versión final y no ha sido presentado al pleno.
Por otro lado, Ramón Barrios, el diputado presidente de dicha comisión, explicó a Contracorriente que tendrán una última reunión en la primera semana de julio antes de presentar el informe final y apuntó que «faltan datos técnicos que no se pueden inventar, cualquiera puede dar un dictamen mal hecho, yo tengo criterios objetivos para presentarlo».
Incertidumbre por inversiones privadas y públicas en el aeropuerto Palmerola
Aníbal Cálix, ex diputado del Partido Salvador de Honduras, dijo que la idea de quitar la concesión a PIA es «complicada en el aspecto legal porque un contrato como ese es difícil ya que, aunque el Estado haga todo a su disposición para eliminar la concesión, va a venir una demanda que nos va a dejar más pobres de lo que estamos».
Además, remarcó que también hay implicaciones geopolíticas por el control que tiene los Estados Unidos en la base militar de Palmerola.
Actualmente, existe incertidumbre sobre el posible impacto que las intenciones del gobierno de recuperar el aeropuerto de Palmerola podrían tener en las inversiones realizadas por la banca privada nacional. Un ejemplo es el caso de Banco Atlántida que, bajo la dirección de Guillermo Bueso, actuó como agente y estructurador de un préstamo de 163.5 millones de dólares otorgado a PIA por AFP Atlántida, Banco de Occidente, Banco Promerica, St. Georges Bank, Banco del País y el Banco de Desarrollo Rural.
Además, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) ha realizado una inversión significativa de casi 2 mil millones de lempiras, cuyo fin se tendría que esclarecer. La falta de certeza sobre el destino de estas inversiones agrega un elemento de incertidumbre en estas negociaciones.
Estas negociaciones se realizan en el contexto de los reportes internacionales del pasado 28 de abril en el que se difundió que el empresario Lenir Pérez, representante legal de la sociedad Palmerola International Airport, fue interrogado en su casa ubicada en Florida, Estados Unidos, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), una situación que generó muchas especulaciones e incertidumbre sobre las inversiones de Pérez en el país.
Erick Spears, director legal del grupo Emco —propiedad de Lenir Pérez—, aseguró a medios de comunicación que la investigación no estaba dirigida a Pérez, sino que era una investigación contra la multinacional Nucor y solo se había abordado al empresario hondureño por las relaciones comerciales que mantienen con la principal productora de acero de Estados Unidos. Lenir Pérez estableció una asociación con esa empresa para la explotación de una mina en la aldea Guapinol.
Contracorriente contactó a Spears para obtener una reacción sobre las intenciones del gobierno de obtener el control de Palmerola; sin embargo, hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.
Liquidación de EHISA y reactivación de vuelos en la región centroamericana
En el decreto de creación del SAN se justifica la formación de esta entidad debido a que la EHISA «se encuentra en una situación irregular y de paralización administrativa, poniendo en riesgo la administración gestión, operación, inversión y mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos nacionales e internacionales de la República de Honduras».
Ahora todos los bienes y activos de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) se encuentran en proceso de transición para pasar al control del SAN que, según el decreto, tendrá como una de sus facultades «llevar a cabo, de conformidad con la ley, procesos para el otorgamiento de concesiones y permisos, así como autorizaciones en el ámbito de su competencia, verificar su cumplimiento y resolver en su caso, su modificación, terminación o revocación».
Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera de Honduras y miembro del Consejo Superior Aeroportuario que será la instancia que defina las políticas del SAN, apuntó que revisaran toda la situación aeroportuaria del país, desde los aeródromos que se han construido, quién los administra y revisaran a mediano y corto plazo el reinicio de los vuelos regionales desde el aeropuerto Toncontín.
Sobre si la eliminación de la EHISA tiene que ver con actos de corrupción, Cálix apuntó que hasta el momento no tienen conocimiento, y aseguró que tiene que ver más con establecer una estructura más democrática en ese rubro de la administración pública.
Contracorriente consultó a Geovanny Rosa, exdirector de la EHISA, sobre la liquidación de ese ente; sin embargo, se limitó a decir que no tiene comentarios al respecto.
Finalmente, el exdiputado Aníbal Cálix dijo que, aunque la formación de un ente estatal para la administración de los aeropuertos puede ser positiva, la liquidación de instituciones del gobierno anterior como se ha venido realizando es problemática «por cómo se maneja la liquidación de las instituciones en este país que lo que hacemos es borrar todo, y después de que se liquida, la información se pierde y es difícil poder investigar actos de corrupción o las actuaciones administrativas de un órgano liquidado, entonces yo pensaría que debería ser otro procedimiento que se tiene que realizar», apuntó Aníbal Cálix.
Finalmente dijo que la acción de tomar el control de los aeropuertos del país confiere al gobierno de Xiomara Castro un gran poder y control sobre el sector económico y sirve de ficha de negociación con diversos grupos que podrían estar interesados en nuevos contratos relacionados a servicios aeroportuarios.
1 comentario en “Gobierno busca quitar concesión del Aeropuerto de Palmerola a empresa de Lenir Pérez”
Excelente reportaje.
Rogamos al sr Silva continuar dándonos luz sobre éste importantísimo asunto para Honduras