La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, despertó esperanzas en las instituciones encargadas de cuidar a la niñez hondureña, pero la mala gerencia de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), apagó esa ilusión. Con el cierre de las casas hogar en el 2014 manejadas por el Estado, los menores pasaron a vivir a casas hogares dirigidas por ONG que asumieron la responsabilidad que le compete al Gobierno, el cual no cuenta con un censo para saber cuántos niños están bajo su custodia.
Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre
Andrea Sandoval fue víctima de violación por miembros de su familia desde que tenía cuatro años, en ese entonces vivía en la casa de su abuela. A su padre lo mataron cuando ella tenía tres años y su madre no pudo cuidarla y eso la llevó a vivir en las calles de San Pedro Sula. Debido a los abusos, Andrea abandonó a su familia cuando solo tenía 7 años y buscó protección en la casa de una vecina, pero ahí los abusos continuaron.
La jóven recuerda que por unos días se fue a vivir a la Casa Corazón de la Misericordia, un hogar de asistencia que se dedica a cuidar a personas con VIH, porque le quedaba enfrente de la casa de su abuela en la colonia Perfecto Vázquez, de San Pedro Sula. Al descubrir su situación, el antes llamado Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), llegó a rescatarla y la llevó a vivir a El Edén, un centro del menor ubicado en el barrio Medina en la misma ciudad.
Si bien el caso de Andrea ocurrió a finales del año 2000, la niñez sigue siendo tan vulnerable como entonces. En el 2022, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), publicó un estudio sobre el Índice de Impunidad y Respuesta Institucional Ante el Abuso Sexual Infantil en Honduras, que abarca el periodo comprendido entre 2016 y 2020. En ese tiempo se registraron en Honduras 8,945 denuncias por abuso sexual a menores de las cuales, 7,832 se cometieron contra niñas y 1,099 contra niños.
De esos casos, el 52% se cometió contra niños y niñas en edades de entre 12 a 15 años. El 83.74% de estos casos quedaron en la impunidad y cerca del 90% de los abusos provinieron de familiares. Cortés, ocupó en ese período el segundo lugar con 1,151 denuncias superado por Francisco Morazán con 2,038 casos denunciados.
Suyapa Sabillón, quien ha trabajado con la niñez por más de 20 años, dijo en una entrevista a Contracorriente que en Honduras hay entre 5 mil a 8 mil menores viviendo en casas hogares ahora conocidas como Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativos (IRCA). Según la abogada, hay más de 3,000 IRCA inscritas en la Secretaría de Gobernación, entre ellas hay casas hogares, comedores infantiles y albergues. Se tiene conocimiento de que al menos 200 casas hogares están funcionando, las demás existen formalmente pero que no prestan ningún servicio aunque sí reciben dinero de instituciones benéficas utilizando a los niños y niñas para lucrarse.
Las IRCA son regidas por el Ministerio de Gobernación, aunque debería ser la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) la que las controle ya que a esta dirección le corresponde rectorar la niñez; sin embargo, éstas se le han ido de las manos. «Aquí cualquiera puede ser dueño de una casa hogar debido a la gran necesidad que tienen los niños porque el Estado dejó de hacerse cargo de ellos, esa responsabilidad se pasó a las ONG», comentó Sabillón.
La abogada Sabillón y Andrea tienen en común, y es que ambas vivieron en casas hogares y padecieron maltratos similares; por esa razón, Suyapa trabaja desde hace 20 años por la niñez en Honduras. En mayo de este año regresó a la casa hogar de la cual salió y constató que la atención que reciben los niños en ese lugar es un desastre, dijo que de ese centro se han reportado varios casos de violación, pero que cuando llegan los de la DINAF a supervisar no hacen nada o ven los casos por encima.
En esa casa hogar, una niña le comentó a Suyapa que les toca almorzar a las tres de la tarde y no vuelven a comer hasta el día siguiente. «La comida en esa casa hogar es de tan mala calidad que le aseguro que comen mejor los privados de libertad de la Tolva que esos niños» explicó Sabillón.
Una situación similar vivió Andrea en los hogares El Edén y Nueva Esperanza. Ella contó que ahí solo comían dos veces al día y que para dormir tenía que compartir un camarote con otras niñas. Andrea recordó esos hogares como una cárcel de la cual querían salir. Ella miró cómo algunos se caían del muro perimetral tratando de escapar porque no soportaban estar en esos espacios; varios sufrieron fracturas en sus intentos de huir de ese lugar.
Ante las múltiples denuncias en contra de la DINAF por supuestos actos de corrupción en contra de la niñez, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes, y sus Derechos (Coiproden), hizo un pronunciamiento para exigir al Ministerio Público que realice las investigaciones del caso y exhortó a la Dinaf que cumpla con su función. Entre otros puntos, la Coiproden le pidió a la presidenta Xiomara Castro convocar de urgencia al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de los Niños y la Adolescencia para atender esta situación.
Dulce Villanueva, quien fungía como directora de la DINAF, puso la renuncia después de que se filtraran audios exigiendo 5000 lempiras mensuales a una empleada de esta dependencia a cambio de un aumento de 15 mil lempiras. Días atrás, César Silva, periodista de UNE TV, denunció que Villanueva había recibido dinero por entregar en adopción a menores de edad que estaban a cargo de esta dirección. La presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta de twitter, nombró como nueva directora de la DINAF a Lizzeth Normandina Coello Gómez, quien asumirá el cargo el próximo 15 de junio.
María Iris Ríos, directora de la fundación Amor y Vida que tiene a su cargo 33 menores con VIH, dijo que pensó que con la llegada Xiomara Castro, las cosas cambiarían para la niñez hondureña. Además, una de las 22 promesas que hizo en la toma de posición fue que la niñez y la juventud tendrán un lugar de atención precisa en su gobierno. María dijo que no fue así, que al contrario, en la administración de Dulce Villanueva la DINAF tuvo la intención de cerrar ese centro en venganza por las denuncias que María hizo en contra de esta Dirección por la falta de cuidado hacia la niñez.
En el 2021, Maria recibió una llamada de la DINAF en la que le solicitaron ayuda para una niña de tres días de nacida que dio positivo de VIH. La recién nacida fue abandonada en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Durante 11 meses cuidaron de la niña y a un mes de la celebración de su primer año, personal de la DINAF pidió que le entregaran a la menor porque una familia quería adoptarla junto con sus dos hermanos mayores que se encontraban asignados a otra casa hogar.
Según María, los niños fueron entregados a la familia que los pidió en adopción sin que la DINAF hiciera el proceso adecuado y los exámenes correspondientes del estado de salud de los menores y cuando estaban en su nuevo hogar pues los niños presentaron indicios de haber recibido abusos en la casa hogar de donde venían antes de la adopción, ante eso, la DINAF volvió a tener la custodia de los menores.
«Cuando un niño llega a una casa de paso de la DINAF, es la peor desgracia que le puede pasar, eso lo sabemos todos los que cuidamos niños en este país. Por eso fui al DINAF para que me regresaran la niña porque me sentía con derecho por haberla cuidado por siete meses, pero me dijeron que yo no tenía el derecho reclamar», aseguró María.
Un refugio para la niñez
Christof Wittwer, de origen suizo, y la hondureña Betulia Bautista, dirigen el albergue para niños y niñas «El Refugio» que ha atendido al menos a 350 menores en un periodo de 30 años.
Después de haber pasado por carencias y maltratos, fue en este hogar donde finalmente Andrea encontró tranquilidad y protección. Ella contó que desde que llegó a este centro la vida le cambió porque, a diferencia de los hogares que manejaba el Estado, este sí cuenta con una alimentación balanceada, una escuela primaria y, además, el centro paga un colegio privado para que puedan terminar la secundaria, algunos se han graduado de la universidad.
Wittwer comenzó a interesarse en la niñez en 1993 con un comedor infantil de la colonia Sandoval, en San Pedro Sula. Luego de registrar el centro como un albergue se trasladó en 1997 a la colonia Ticamaya de Choloma. El Refugio se sostiene con fondos de una fundación suiza y también buscan apoyo de empresas amigas que ayudan con alimento e insumos. La participación del Estado en este albergue se limita a rectorar y supervisar el proyecto a través de la DINAF, que también se encarga de hacer el trámite para el ingreso a este centro.
La DINAF es la institución rectora de la niñez, pero son las casas hogares quienes atienden a los niños, dijo Chistof. Cuando llega un menor a medianoche los llaman a ellos para que lo reciban. «La niñez nunca ha sido prioridad para ningún Gobierno, pero ahora es tan extremo que [el Gobierno] no tiene ni siquiera una cama para recibir a los niños» comentó.
Patricia Colindres, encargada de políticas públicas de la regional norte de la DINAF, dijo que en San Pedro Sula hay un estimado de 200 menores alojados en 44 Casas Hogares. No pueden atender a aquellos menores que piden y trabajan en las calles porque no tienen un vehículo para salir a buscarlos. «Cuando viene un menor por la noche nos toca quedarnos con él en las oficinas mientras llegamos a un acuerdo con alguna casa hogar porque no contamos con una casa de paso», comentó
«A nivel nacional hay unas 28 casas hogares a las cuales el DINAF, les da 5 mil lempiras por cada niño y 7 mil lempiras si el menor ocupa un tratamiento o medicamento especial» comentó Suyapa Sabillón. En San Pedro Sula hay unas 20 madres solidarias que prestan el servicio gratuito de cuidar a un niño o niña; algunas de ellas llevan hasta diez años haciéndolo y continúan porque ya crearon un vínculo familiar y separarlos crearía un problema. «Imagínese cuánto se ahorraría el DINAF si tuviera sus propias casas de hogar» comentó Patricia Colindres.
El Sistema Integral de Garantías de Derecho de la Niñez y la Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), trabaja a nivel de las municipalidades en conjunto con la Secretaría de Salud y Educación, pero su funcionamiento depende de la voluntad de los alcaldes. Según comentó Patricia, en San Pedro Sula este sistema no está funcionando debido a una división de partidos políticos que hay entre la Alcaldía y la Oficina Municipal de la Mujer.
A pesar de la indiferencia del Estado, Andrea terminó la primaria y se graduó de bachillerato en Computación y Ciencias y Letras con la ayuda de El Refugio. Ahora vive en la colonia La Sabana de San Manuel, Cortés, con su esposo y su hijo. No olvida el lugar de donde salió ni las personas que le ayudaron a salir adelante y cada vez que puede regresa al albergue con comida para compartir con los niños y niñas del albergue.
Christof y Betulia tienen claro el proceso para integrar a las niñas y niños que atienden a la sociedad cuando sean adultos, contrario al Estado que cada día se aleja más de ese ideal. «Ver a un niño salir adelante nos inspira y nos impulsa a seguir con nuestro trabajo; cada niño tiene un gran potencial y solo necesita un poco de apoyo. Acá somos una familia y existe una conexión familiar entre ellos y nosotros, este trabajo se debe hacer por amor y con amor. Sabemos que es bien difícil llenar el vacío de un padre y una madre, pero acá tratamos de llenar ese espacio» comentó Betulia.
Mientras las ONG siguen recibiendo a miles de niños y niñas vulnerados en sus derechos, como Andrea, estas organizaciones demandan ayuda del Estado. Christof dice que no espera que el Gobierno le pague, pero al menos este debería apoyarles dándoles preferencia en las instituciones públicas como el Registro Nacional de las Persona, hospitales públicos o con el pago del recibo de la energía eléctrica.
