Las personas que crucen de forma irregular la frontera entre México y los Estados Unidos podrán ahora ser encarceladas y se les negará la entrada a los Estados Unidos hasta por 5 años. Esto no pasaba antes del 11 de mayo del 2023 cuando estaba vigente el Título 42, norma con la que los migrantes eran expulsados de los Estados Unidos sin ninguna otra consecuencia. Para los hondureños, pedir asilo se ha vuelto más complicado con la nueva normativa, que aún tiene partes opacas según analistas en temas de migración
Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera
Desde el jueves 11 de mayo de 2023, los Estados Unidos implementó cambios radicales en su política fronteriza: cesar la aplicación del Título 42 endureciendo las medidas contra las personas que ingresan de forma irregular a los Estados Unidos y dificultando el proceso para aquellos migrantes que tienen intención de solicitar asilo en territorio estadounidense. Todo esto entró en vigencia con la emisión de la norma Título 8.
Una de las principales diferencias entre el Título 42 —funtamentado en la emergencia del Covid-19— y el Título 8, es que con ésta última el migrante indocumentado que sea detenido en territorio estadounidense sin haber iniciado antes un proceso para solicitar asilo, será procesado, se verificarán sus antecedentes, seguramente será retenido y después de esto, probablemente será deportado a su país de origen. Bajo la norma anterior, el Título 42, los migrantes eran expulsados prácticamente sin ningún trámite.
Además, con el Título 8 también regresa la posibilidad de solicitar asilo, pero al proceso se le han realizado enmiendas que dificultan esa posibilidad dependiendo del país de origen y la condición civil de la persona. El Gobierno de Joe Biden ha pedido a los migrantes no ir a la frontera sin antes iniciar la solicitud de asilo; no obstante, antes del 11 de mayo, según reportó la cadena CNN, más de 36,000 migrantes esperaban en albergues de cuatro ciudades para entrar al sistema de asilo.
Con la entrada en vigencia de la nueva reglamentación, los medios estadounidenses reportaron que alrededor de 24,000 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido enviados a la frontera de 3,140 kilómetros entre los Estados Unidos y México. Unos 1,500 soldados más fueron desplazados para apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aunque no tendrán interacción alguna con los migrantes. Otros 2,500 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados como apoyo a la CBP.
Amelia Frank, doctora en antropología y experta en temas de migración y deportación, dijo a Contracorriente que antes de la finalización del Título 42 se tenía la idea de que habría un caos total por la pandemia y se esperaba la invasión de miles de personas que habían estado esperando en México. Pero el martes 17 de mayo ella se encontraba en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y constató que no sucedió nada de lo mencionado, «no hay ninguna invasión, no hay caos, hay algunas personas que están intentando pasar por el proceso [de asilo], todo está bajo orden; ese discurso de pesadilla fue exagerado», dijo.
Los EE.UU. continuará haciendo cumplir las leyes migratorias del país. La frontera no está abierta a la inmigración ilegal y las leyes migratorias de los EE.UU. siguen vigentes y se aplican estrictamente, aún con el fin de la orden de salud pública conocida como el Título 42. pic.twitter.com/QpGiLQtmHm
— CBP (@CBP) May 10, 2023
Sobre el Título 8, Frank Vitale aclaró que no es algo «especial o nuevo» y es simplemente la norma que ha existido por muchos años en el país y que permite que una persona que entró sin autorización a los Estados Unidos pueda ser deportada. Pero en el contexto de pandemia se agregó el Título 42, que suspendió el proceso legal para pedir asilo y, en lugar de eso, a las personas se les expulsó a México sin el debido proceso; por eso mismo no cuentan como deportaciones.
La antropóloga mencionó que ahora la administración de Biden ha emitido nuevos reglamentos que han cambiado bastante las cosas; una de ellas es que ha negociado con México para que reciba a las personas deportadas de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela, pero no así de otros países, entre ellos Honduras.
«La gente de Centroamérica [excepto Nicaragua] serían retenidos y luego deportados a su país de origen, pero cómo se deben proceder las cosas y lo que está pasando, son dos cosas distintas. Hay bastante confusión, hay diferentes ideas de parte de los agentes de cuál es el nuevo protocolo, así que pueden haber respuestas distintas o que pase algo que no concuerde con lo que dice la nueva ley», dijo Frank Vitale.
Otro de los nuevos elementos que podría complicar la solicitud de asilo para hondureños y la mayoría de los ciudadanos del mundo que llegan a la frontera sur, es que las personas que pasaron antes por otro país para llegar a pedir asilo a los Estados Unidos, según Amelia Frank, «van a ser expulsados con la idea de que deberían haber solicitado asilo en otro país, eso es un cambio enorme al sistema de asilo. Es algo que intentó Donald Trump, pero no lo logró y ahora el Gobierno de Biden está haciendo algo casi igual. Es una nueva realidad que no se ve cómo lo están aplicando», dijo. Bajo esta lógica solo los oriundos de México podrían aplicar al asilo porque no necesitan pasar por otro país para llegar a los Estados Unidos.
«Hay bastante confusión, hay diferentes ideas de parte de los agentes de cuál es el nuevo protocolo, así que pueden haber distintas respuestas o que pase algo que no concuerde con lo que dice la nueva ley», Amelia Frank, antropóloga
En el año 2022, de acuerdo con cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), unos 80,855 hondureños fueron retornados a Honduras de diferentes países del mundo, la mayoría llegaron de los Estados Unidos. Estos registros probablemente aumentarán con el endurecimiento de las nuevas medidas en la frontera.
César Ramos, coordinador de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), estima que el cese del Título 42 y la aplicación del Título 8 traerá como consecuencia el aumento del número de personas deportadas, siendo mayormente criminalizadas y violentadas en sus derechos humanos al fortalecerse el enfoque de seguridad en la frontera de los Estados Unidos. «Para Honduras, las nuevas políticas migratorias y el consecuente incremento de las deportaciones afectaría el ingreso que tiene el país con las remesas», dijo.
Adam Isacson, director en temas de seguridad y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), dijo a Contracorriente que hay una gran diferencia entre el Título 42 y lo que ahora se aplicará, porque antes los miembros de la Patrulla Fronteriza podían subir a los migrantes a sus vehículos, «llevarlos a la frontera y, sin la presencia de oficiales de México en la frontera, dejarlos y ya, sin ningún trámite, aunque siempre tuvieron que haberlos ingresado a un banco de datos para saber quién estaba ingresando, pero nada más eso».
Entre octubre del 2021 y octubre del 2022, la Patrulla Fronteriza detuvo a 2.400.000 de migrantes, que es una cifra récord en la historia de los Estados Unidos y que quizás fue alentada por la posibilidad que tenían las personas de retornar muchas veces sin tener una consecuencia legal. En el período antes mencionado fueron detenidos aproximadamente 220,000 hondureños. En el 2022 se detuvo a más nicaragüenses, cubanos y venezolanos que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que habían sido mayoría después de los mexicanos.
Isacson añadió que durante la vigencia del Título 42 hubo personas que intentaron cruzar la frontera hasta 40 veces sin ningún castigo «porque no era una aprehensión oficial». Ahora, en cambio, si se cruza la frontera en más de una ocasión y de forma irregular, las autoridades estadounidenses están «muy empeñadas en realizar cargos penales y poner en una cárcel federal a quien lo haga».
La primera vez que un migrante sea detenido cruzando sin autorización la frontera recibirá una prohibición de cinco años de ingresar o solicitar visa para los Estados Unidos. «Cruzar la frontera en un lugar que no es oficial es un delito, no es un delito grave, pero sí lo es. Si alguien comete ese delito de manera repetida van a buscar meterlo a la cárcel», concluyó.
Isacson mencionó que es la primera vez en la historia que el país del norte ha puesto controles a la migración en un momento de buena economía, cuando el desempleo ronda el 3.4 en todos el país y se estima que hay 11 millones de puestos de trabajo disponibles. «Todos los que llegan, aunque sea en la economía informal, todos encuentran empleo», explicó el experto en temas de frontera.
Pese a las trabas que aparecen en el camino de los migrantes que pretenden pedir asilo, la ley abre algunas rendijas. Por ejemplo, las personas de cualquier nacionalidad que creen tener un caso que justifica pedir asilo, pueden intentar hacer una cita para solicitarlo a través de una aplicación digital llamada CBP One. Si logra hacer este proceso, el migrante no debería ser deportado tan fácilmente. Según explicó Adam Isacson, una vez realizada la cita comienza el reclamo de asilo y de su entrada a los Estados Unidos con una fecha en la que deben reportarse para la primera entrevista que puede ser en una corte. «Cualquier persona que crea que tiene un caso para pedir asilo en Estados Unidos, no podría ser deportado tan fácilmente», dijo Adam Isacson, quien agregó que probar que existen las condiciones para pedir asilo no es tan sencillo.
Conseguir la cita no será una tarea fácil. La aplicación CBP One pone a disposición 1,000 citas diarias, que es una cantidad menor a la demanda porque antes de la vuelta a la vigencia del Título 8, unos 10,000 migrantes cruzaban diariamente la frontera buscando asilo. Desde el jueves 11 de mayo, esta cantidad se ha reducido a unos 6,000 migrantes. Entonces, al ser miles los que pujan por una cita, es indispensable tener un teléfono rápido y con una conexión a internet de buena calidad. «En los albergues [en México], la mayoría logra una cita en dos o tres meses, algunos no. Creo que acaban de hacer unos cambios para hacerlo más fácil y tener como preferencia el tiempo que tienen de intentarlo, pero hay más demanda que cupos», destacó Isacson.
Amelia Frank comentó que la ley contempla excepciones y entre estas están las personas que utilizan la aplicación CBP One para agendar una cita y solicitar una excepción a la prohibición; pero también sostuvo que «la mayoría no va a calificar, hay muchas cosas muy confusas y opacas, no son transparentes». La antropóloga manifestó que las leyes en mención reducen el acceso a pedir asilo y aclaró que la mayoría de migrantes entran de manera irregular ya sea por su cuenta o ayudados por redes de tráfico internacional de personas, «no son nuevas leyes para personas que pretenden llegar de forma indocumentada, eso fue ilegal antes y sigue siendo ahora”.
Hay cambios en la política migratoria que no están claros. Por un lado, Adam Isacson entiende que la prohibición de solicitud de asilo va en contra de hombres solteros, pero tiene la impresión de que las familias seguirán siendo procesadas. Por otro lado, Amelia Frank consideró que la prohibición «es igual para todos» y aunque no tiene claro cómo van a procesar la llegada de los menores no acompañados, entiende que la idea es reducir el acceso a solicitar asilo a todos.
Frenar la migración
Los analistas consultados por Contracorriente coinciden en que las nuevas medidas no producirán una reducción en la cantidad de personas que migran. Amelia Frank recuerda que cruzar la frontera de forma indocumentada fue «ilegalizada» desde hace muchos años y sigue siendo algo que está fuera de la ley; pero también expuso que el endurecimiento de las medidas o la militarización de la frontera no detiene a las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos. «Ya tenemos muchas décadas de prueba de eso, esto no detiene a las personas, no les convence a las personas que no deben venir porque están huyendo de la pobreza, del hambre, de la violencia o del cambio climático. Si deciden que ya es tiempo de abandonar sus comunidades y países, aunque sea más difícil cruzar la frontera, eso no ha detenido a las personas», dijo.
«Lo que sí pasa es que hace el viaje difícil, más arriesgado, más caro y más peligroso, se requiere más recurso, pero los cambios de la ley no hacen que las personas desistan en migrar, no ha funcionado nunca y no creo que funciones ahora tampoco», agregó Frank.
Alberto Pradilla, periodista especialista en migración de N+ Focus, coincide en creer que las medidas implementadas no reducirán la migración. Argumentó que es verdad que el Título 42, a pesar de ser una aberración pues impedía el derecho a pedir asilo, de alguna u otra manera incentivaba el cruce ilegal porque no tenía consecuencias y que ahora si los migrantes son atrapados les vetan la entrada por cinco años, «no sé si se va a reducir [la migración] porque las necesidades que la gente tiene para moverse, esas no han desaparecido».
César Ramos asegura que mientras los factores estructurales de carácter económico, político, social, ambiental y de seguridad que obligan a la gente a migrar no estén resueltos, los flujos de salida seguirán manteniéndose. En Honduras, al igual que en el Gobierno anterior, diariamente salen del país cientos de compatriotas buscando las oportunidades que a su juicio ya no ofrece su tierra.
Es importante mencionar que, según los expertos, la nueva política no tiene ninguna incidencia en los migrantes que se encuentran instalados en los Estados Unidos. «Es una política fronteriza y es diferente en referencia a la posibilidad de pedir asilo; lo demás sigue igual. Si uno vive indocumentado en Estados Unidos es vulnerable, dependiendo de dónde vive y qué hace, pero siempre hay la posibilidad que sea deportado, sin embargo, eso no es nuevo», aclaró Amelia Frank.
No es una ley como la emitida en el estado de la Florida, en donde es ilegal transportar un migrante de un estado a otro, «si yo fuera un migrante no documentado viviendo en la Florida, a pesar que hay muchas oportunidades de trabajo que hay, yo buscaría una manera de inscribirse o buscar un procedimiento para quedarme [legalmente], o salir de la Florida», aconsejó Adam Isacson de Wola.
La aplicación de las enmiendas al Título 8 plantean un escenario lleno de incertidumbres para los migrantes en la frontera, especialmente los que desean pedir asilo. También cambia el panorama para los que ingresan a los Estados Unidos por su cuenta o guiados por las redes internacionales de tráfico de personas, quienes ahora podrían tener responsabilidad penal si son detenidos en más de una ocasión en un período de cinco años. Sin embargo, no se prevé que estás medidas reduzcan el flujo migratorio.
