El proyecto de ley de Justicia Tributaria ha generado una confrontación entre el gobierno de Xiomara Castro y la empresa privada. Por un lado, el gobierno asegura que esta ley le permitirá al Estado recaudar más ingresos por impuestos a las grandes industrias y, por otro lado, los representantes de la empresa privada aseguran que la eliminación de 14 regímenes de exoneración fiscal provocará la pérdida de empleos y una persecución contra el sector privado.
Texto: Virgilio Quiroz
Fotografía:Jorge Cabrera
Contracorriente organizó un Twitter Space el pasado 3 de mayo que contó con la presencia de funcionarios del Estado y representantes del sector privado con el objetivo de debatir sobre el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, mismo que está siendo socializado en el Congreso Nacional con varios sectores sociales.
La primera etapa de la socialización de la Ley de Justicia Tributaria comenzó el pasado lunes. Un grupo de congresistas desarrolló audiencias públicas para explicar la normativa y a su vez escuchar las sugerencias de los representantes del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y del Colegio de Economistas de Honduras (CHE).
Las reformas tributarias planteadas en la ley han enfrentado al Ejecutivo y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que señala que en el sector privado no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con varios de los puntos planteados por la administración de Xiomara Castro.
La confrontación entre el Ejecutivo y la empresa privada ha llegado a involucrar a otros poderes del Estado, incluidas instancias de seguridad del Estado, pues el pasado miércoles la presidenta Xiomara Castro reunió al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ordenó realizar una investigación sobre las protestas en contra de la Ley de Justicia Tributaria que se llevaron a cabo en la zona sur de Honduras.
A la tensión entre el Gobierno hondureño y la empresa privada se suma la renuncia irrevocable del ahora exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, un empresario quien fungió antes como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), entidad que se ha posicionado en contra de lo planteado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y que, según el pronunciamiento de la CCIC, tal como está planteada, la ley traería un franco deterioro al desarrollo de Honduras.
— Contracorriente (@ContraC_HN) May 4, 2023
La propuesta de Ley de Justicia Tributaria fue presentada el pasado 8 de marzo por el ministro del SAR, Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el entonces ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.
Esta propuesta de ley pretende eliminar 14 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país, al igual que ocho decretos que tienen que ver con exoneraciones aprobadas entre 2011 y 2021, según datos proporcionados por el gobierno.
El 26 de abril, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro y su gabinete, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
Con instrucción de la Presidenta @XiomaraCastroZ y el apoyo unánime de Gabinete de @GobiernoHN he enviado al @Congreso_HND la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, preparada por la @SAR_HND para combatir la corrupción, los abusos y los privilegios de pocos, a costa de todos. pic.twitter.com/Lgnid40JXM
— Rodolfo Pastor de Maria y Campos (@rudopastor) April 26, 2023
El gobierno aseguró que, solo en el 2022, Honduras dejó de percibir cerca de 60,000 millones de lempiras en impuestos debido a los beneficios que obtuvieron algunas de las personas más ricas del país.
El viceministro del SAR, Christian Duarte, dijo en el Twitter Space que la Ley ordena crear un reglamento para la puesta en marcha de los nuevos regímenes, los controles tributarios respectivos y el proceso de certificación de la información en el cual «definitivamente las auditorías son una parte importante», afirmó.
Una de las dudas planteadas al viceministro es si las empresas tendrán derecho a la defensa sobre las decisiones que se tomen con base en la Ley de Justicia Tributaria, a lo que Duarte respondió que el debido proceso de la auditoría y la facultad de defensa de las empresas es algo que no se tocará en esta reforma.
En el Space de Twitter también estuvieron presentes dos representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): la abogada Marcia Aquino, quien es especialista en temas tributarios, y Héctor Corrales, asesor en relaciones internacionales. Ambos expresaron los puntos que le preocupan a la empresa privada, que se ha posicionado en contra de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria.
Este proyecto de Ley de Justicia Tributaria plantea retornar al principio de renta global, para evitar el desvío de utilidades y ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales.
Según datos proporcionados por el gobierno, entre 2017 y 2023, se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos debido a las reformas introducidas al Código Tributario en dicho periodo. De aprobarse la nueva ley, 503 empresas y personas naturales tendrán que pagar impuestos por los ingresos percibidos en el exterior. Por otra parte, la propuesta de ley despertó preocupación en la población en general debido a algunas dudas sobre cómo serán tratadas las remesas que mandan miles de compatriotas.
En las diferentes redes sociales, el Cohep lanzó una infografía con lo que consideran la realidad que no se menciona dentro de los discursos oficiales.
"¿Sabes qué hay detrás del llamado 'paquetazo tributario' o 'ley de justicia tributaria'? Lo cierto es que, lejos de lo que nos venden, se trata de medidas que generan más pobreza y desempleo. ¿Realmente hace Justicia a Honduras? Conoce la realidad ¡Infórmate y no te dejes… pic.twitter.com/c5Uyg7QxM3
— COHEP (@COHEPHonduras) April 27, 2023
Para Marcia Aquino, representante del Cohep, existen algunos puntos importantes sobre las motivaciones detrás de la Ley de Justicia Tributaria. Primero, para ella hay un componente político ideológico; segundo, es una justificación de requerimientos de organizaciones internacionales, en este caso, mencionó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
«Entonces la pregunta de ¿a quién beneficia esta ley? En términos de a quién le beneficia en Honduras, es a nadie. O sea, no se baja el impuesto sobre venta que es un impuesto altamente regresivo como lo conocen los funcionarios de la SAR, no bajan la canasta básica, no baja el combustible, no baja la energía eléctrica y no busca nada más de seguridad, educación, es decir, todo lo que le importa al ciudadano de a pie», declaró Héctor Corrales, experto asesor en relaciones internacionales y representante del COHEP.
Las ZEDE y ZOLI
El primer régimen de exoneraciones que se creó en el país fue el de las Zonas Libres (ZOLI), en el año 1976, cuando se emitió la ley que constituyó la creación de la Zona Libre de Puerto Cortés.
En esta ley se exonera a las empresas inscritas a ZOLI de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes, entre otros beneficios tributarios.
A pesar de la derogación de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que dio lugar a la constitución de tres de ellas entre 2013 y 2022, un año después continúan operando en medio de una incertidumbre legal.
El Congreso Nacional de Honduras derogó en abril de 2022 las denominadas ZEDE —lo que anula las normativas orgánicas, reglamentos y resoluciones, contratos o concesiones vinculadas con esta figura— no obstante, dicha derogación no ha entrado en vigencia pues no ha sido ratificada en esta legislatura, ni tampoco ha sido sancionada por el Ejecutivo. El proceso estará consumado cuando esté publicada su derogación en el Diario Oficial La Gaceta.
El congresista Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo esta semana en el programa televisivo Frente a Frente que no tienen prisa para ratificar la derogación de las ZEDE por motivos de «estrategia» y de seguridad nacional que no puede revelar. Redondo agregó que «la razón de las ZEDE ya no existe» y que los dueños de estas «pueden hacer peticiones, arbitrajes, lo que quieran». Algunas ZEDE, como Prospera, ya han presentado acciones legales contra el Estado hondureño después de la derogación de la ley orgánica que dio vida a las ZEDE.
Según Duarte, es una ilegalidad que algunas empresas se hayan inscrito en una ZEDE, pero están ubicadas en territorios fuera de la ZEDE. Explicó que estas empresas se inscribieron fiscalmente de esa forma y se niegan a pagar impuestos municipales, alegando que su domicilio tributario está dentro de una ZEDE.
Duarte agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) envió una carta a quien fungía como ministro de Finanzas en 2021, planteando que si no se hacían pasos para reformar los elementos perniciosos de regímenes como las ZEDE por regímenes como ZOLI, Honduras podría ser declarado como un país no cooperante en términos de fiscalidad internacional y esto significa que el país podría haber sido declarado como un paraíso fiscal.
¿Las remesas serán donaciones?
Los medios oficiales han informado que las remesas no pasarán por esta nueva ley tributaria, puesto que son consideradas como donaciones.
“Todos los ingresos vía donación están exentos y no forman parte de la renta neta gravable de acuerdo al artículo 10, numeral D, de la Ley del Impuesto sobre la Renta”,@MarlonOchoaHN, titular del @SAR_HND. pic.twitter.com/6abitrEdiJ
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) May 3, 2023
Sin embargo, Aquino explicó que «al tener todo esto [ingresos desde el extranjero] sin poder identificar, por qué o de dónde viene este dinero de su cuenta para empezar a formar parte de su patrimonio, en ese sentido, se va a empezar a gravar».
«La ley ya establece que cualquier impuesto pagado en el exterior fácilmente se puede acreditar como un crédito verde, es decir, las personas no van a pagar doble», respondió Duarte.
Un posible diálogo
Los miembros del COHEP ven necesario que se realice un diálogo integral en el Congreso Nacional donde las partes que pueden ser afectadas por la Ley de Justicia Tributaria tengan la oportunidad de defender sus puntos de vista.
«Creo que tenemos que sentarnos a dialogar más, a dialogar técnicamente, pero seguimos sin entender cuál es el análisis de impacto que se hizo del Gobierno, por lo menos un análisis de impacto a lo positivo, ¿cuántos empleos se van a crear?», dijo Corrales, quien agregó que con esta ley «les van a quitar a todos de la clase media para arriba, pero no le van a dar nada [a los demás]».
Para Duarte, el tema del diálogo ya ha sido abordado ampliamente en foros televisivos y en reuniones de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y el Cohep. Afirmó que también se han sostenido reuniones con las centrales obreras, con el movimiento estudiantil, con pobladores y «hemos tenido reuniones también con el Fondo Monetario, con el BID, entre otros organismos mencionados; es falsa esta idea de que el gobierno ha sido intransigente. Lo hemos socializado» puntualizó.
La aprobación de la Ley de Justicia Tributaria se encuentra actualmente en la fase de socialización por parte de la comisión del Congreso Nacional, cuyos miembros se encargarán de revisar y tratar cada punto de la ley; a su vez, el Ejecutivo ha declarado que las protestas por parte de los trabajadores del sector privado tienen detrás un financiamiento para hacer ver mal dicha ley, aun así, se espera la participación del sector privado, que es uno de los principales detractores de la misma.
Por un error se mencionó que la propuesta de ley busca derogar 14 regímenes de exoneraciones fiscales, cuando en realidad se ha propuesto eliminar 10 de 18 regímenes.
