Niños, jóvenes y padres de familia han protestado en distintos lugares del país exigiendo nuevos maestros, o al menos que no les quiten los pocos que tienen en sus escuelas. Ha sido un año caótico en el sector educativo; después de la pandemia, las escuelas volvieron tardíamente a las clases presenciales y se estima que hay unos 11,000 centros escolares con problemas de infraestructura. El ministro de Educación, Daniel Sponda, aseguró que están reparando « tres escuelas por día » ; sin embargo, algunos de sus correligionarios en el Partido Libre piden su salida.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera y Amílcar Izaguirre
«¡Queremos maestros, queremos maestros!» gritaban niños y padres de la escuela Modesto Rodas Alvarado de La Lima, departamento de Cortés, en el norte de Honduras. Ocurrió el pasado 28 de febrero en una protesta frente al edificio de dicha escuela en cuyo portón negro colgaba una bandera de Honduras. Denunciaban que la Dirección Departamental de Cortés les quería «arrebatar» maestros.
Mientras los niños defendían su derecho a la educación, en un céntrico hotel sampedrano, un grupo de maestros junto a un expositor de florida elocuencia, discutían sobre la refundación del sistema educativo del país, explorando los problemas y las oportunidades. Ese expositor era un consultor contratado para realizar un diagnóstico del estado del sistema educativo.
Las protestas de estudiantes, padres y maestros se han presentado en varios lugares del país, ya sea porque quieren retirar maestros de las escuelas y centros básicos o porque no tienen profesores.
Honduras retomó clases presenciales más tarde que la mayoría de los países de la región tras el confinamiento por Covid-19, pero, según datos del Gobierno, al retorno a clases presenciales se detectaron más de 12,000 centros educativos con problemas de infraestructura. De acuerdo con la web de la Secretaría de Educación, este Gobierno está reparando «tres centros cada día». Para el 2022, la Secretaría de Educación esperaba una matrícula de 2.5 millones de alumnos en todos los niveles, pero la población escolar llegó apenas a 1.5 millones. Y aún sin llegar a la meta, hacen falta maestros y recursos.
A 18 kilómetros de La Lima, en la ciudad de San Pedro Sula, el pasado 10 de marzo, padres y alumnos tomaron las instalaciones del Centro Básico Dr. Ramón Rosa como medida de protesta, después de que una misión de la departamental de Cortés le solicitó al director de ese centro educativo, Rommel Ayala, que reubicara en otros centros educativos a dos de los maestros que sirven clases en el tercero de ciclo (antes llamado ciclo común integrado por los grados séptimo, octavo y noveno). El problema, argumentaron los manifestantes, es que el centro básico solo cuenta con tres docentes para esta población.
Si el director acata la orden, el centro educativo se quedará con un solo docente. «La ley me dice que para que funcione (el tercer ciclo) tiene que haber cuatro docentes, para que tengan una hora vacante y no salga tan pesada la carga académica. Ya el Estado me está debiendo uno, pero, ¿cómo la ve?, cuando me solicitan dos docentes de ese tercer ciclo, solo me quedo con uno. Técnicamente nos están llevando a que desaparezca [el centro educativo], a que queden estos jóvenes sin recibir educación», dijo Rommel Ayala, quien reveló que la matrícula actual alcanza los 50 alumnos sumando las tres secciones del tercer ciclo.
A siete kilómetros del Centro Básico Dr. Ramón Rosa, se encuentra el sector El Carmen, una zona bastante poblada de San Pedro Sula que alberga a varias colonias, algunas de ellas privadas, con habitantes de clase media, pero también hay asentamientos en los bordos y, además, se presentan usurpaciones de terrenos con fines habitacionales. La mayoría de estos habitantes son constantemente acosados por la violencia e inseguridad.
Ahí, en el sector El Carmen, se ubica el Centro Básico Ramón Rosa Alvarenga, que no hace honor al impulsor de la Reforma Liberal en Honduras, sino a un hombre homónimo que realizó gestiones y lideró la construcción de la escuela en la colonia Brisas 2 en Los Cármenes hace algunos años. En esa institución hay una matrícula de 490 alumnos, pero el Estado no tiene maestros asignados para que sirvan clases ahí.
En educación es muy común escuchar el término «estructura presupuestaria», una frase usada para referirse a la asignación de fondos estatales para crear una nueva plaza o puesto para que llegue un maestro. Existen escuelas y colegios que poseen una mínima cobertura de docentes, pero en el centro básico Ramón Rosa Alvarenga no hay «estructuras presupuestarias» asignadas y los maestros que están ahí son «prestados» o algunos, cinco para ser exactos, pagados por la comunidad.
«Este centro educativo tiene la dificultad de que no tiene estructuras presupuestarias para pagar maestros, entonces, los maestros que estamos aquí, estamos reubicados», dijo la directora Miriam López, quien llegó en abril de 2022 en calidad de «préstamo».
«Aquí hay 490 alumnos, el detalle es que en esta escuela, desde que fue fundada en el 2014, nunca ha habido un profesor pagado por el Gobierno, ha habido [maestros] prestados, pero el padre de familia siempre ha pagado y ahora ya están cansados», agregó la directora López.
«Esta escuela fue fundada en el 2014, nunca ha habido un profesor pagado por el Gobierno, solo prestado, el padre de familia siempre ha pagado y ahora están cansados», Miriam López, directora del centro Ramón Rosa Alvarenga.
Estos casos –como los de Paz Barahona y la aldea El Carmen– son comunes y fueron también en gobiernos anteriores en el contexto educativo de Honduras. Maestros van, maestros vienen. Estructuras prestadas de un centro educativo a otro y docentes que llegan a dar clases por dos meses a una escuela. En el Centro Básico Ramón Rosa, ubicado en Paz Barahona, la alumna Estefany Sánchez nos comentó que los alumnos de tercer ciclo, al mes de junio del año 2022, ya habían tenido tres maestros de matemáticas, el cuarto que llegó se quedó al final del año pero ahora es uno de los maestros que quieren reubicar.
La dirección municipal de educación en San Pedro Sula está a cargo de la licenciada Susibeth Velásquez, quien fue la única funcionaria con nivel dirigencial que accedió a hablar del tema. Los demás funcionarios contactados, entre ellos el ministro Daniel Sponda, no respondieron llamadas ni mensajes. Tampoco lo hizo la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Educación.
La funcionaria comenzó explicando que en San Pedro Sula, sectores e instituciones, como el Centro Básico Ramón Rosa, han bajado la matrícula y esa deserción, dijo, no tiene «nada que ver» con la calidad educativa sino con que las poblaciones que rodean esos centros han ido «creciendo en edad» y, en otros sectores, argumentó, hay muchas escuelas en donde los padres de familia pagan, a pesar de que estas son instituciones públicas. «Hubo una promesa de que los padres no pagarían ni matrícula ni maestros y la obligación de la Secretaría de Educación es proporcionar los docentes para que esos niños tengan derecho a la educación. El año pasado no se pudo resolver ese problema».
Velásquez añadió que muchos maestros, que el año pasado estaban en determinada escuela laborando interinamente, lograron –mediante concurso– una plaza y fueron asignados a otra institución; además mencionó que hay estructuras presupuestarias que estaban prestadas y que regresaron a donde pertenecen, ahora han quedado centros educativos con «cero docentes, algunos sin ninguna estructura presupuestaria», explicó.
Añadió que en la montaña del Merendón hay seis centros educativos que al 16 de marzo de 2023 estaban cerrados y sin que el Estado hondureño ofreciera matrícula. No han iniciado clases, comentó. La razón es que los maestros que ahí servían clases estaban «prestados» y ahora no hay maestros ni estructuras ni clases. Los niños de esos seis centros educativos ya perdieron dos meses de los 200 días de clases prometidos por el Gobierno.
Susibeth Velásquez aseguró que el «único objetivo» que se tiene con las reubicaciones es «ordenar el sistema educativo» y no seguir el desorden en el que «hemos estado durante muchos años» por lo que adelantó que los maestros con una matrícula de 15 o 20 alumnos pueden ir a proceso de reubicación o de unificación de grados, «al menos mientras se resuelve el problema en los centros que no tienen maestros», aseguró.
Hizo referencia al caso de la escuela Ramón Rosa del Barrio Paz Barahona, mencionando anteriormente en la que no hay 250 alumnos, como afirman los docentes de aquel sector; luego invocó la Ley Fundamental de Educación en donde, según ella, se contempla qué hacer en estos casos. Velásquez afirmó que el director del centro educativo debe asumir el grado y mantenerse además en la parte administrativa.
Velásquez mencionó que cerca de ese centro educativo, a unas tres cuadras (que en realidad son ocho) hay otro centro básico «mejor equipado» y que puede absorber la matrícula de tercer ciclo. «No queremos debilitar la primaria, no es un análisis por capricho. Hay cursos [en otros centros] con 40 o 45 alumnos. En la Ramón Rosa el director hace tiempo tuvo que haber llevado carga académica por la cantidad de estudiantes», mencionó.
Rommel Ayala, director del Centro Educativo Básico (CEB) Ramón Rosa, mencionó que él tiene un nombramiento para cubrir la jornada de 7 a.m. a 12 m., sin embargo, se queda hasta las 5 p.m. y dijo que encima de eso le solicitan que tome grado, es decir, que imparta clases. «Imagínese a qué nivel llega el abuso, aquí trabajo el doble», y agregó que la educación no se puede ver como cifras. «Los niños no son números, que si tanto tienes tanto vales, la educación es la garantía de un país. Realmente es alarmante», dijo.
Frente al Centro Básico José Trinidad Cabañas, ubicado en el Barrio Guamilito, hubo otra protesta el 28 de febrero. Los padres se tomaron el centro exigiendo que regresaran a esa institución cinco maestros retirados, a su juicio, de forma arbitraria por personal de la Dirección Departamental de Cortés. En el CEB José Trinidad Cabañas hay alrededor de 600 alumnos, 200 de ellos son de séptimo, octavo y noveno grado.
Una de las personas que protestaba era Jeimy Aguilar, una madre de familia con dos hijos en la institución. «Nos están quitando los maestros», apuntó la madre de familia, quien agregó que ahora se han quedado con siete maestros de primaria que atienden alrededor de 400 alumnos y dos maestros de la jornada de ciclo, que tiene 200 alumnos. «La tarde [jornada vespertina] tiene la problemática que no tiene maestros, solo nos han dejado dos para los tres cursos, ellos no están recibiendo clases, los maestros no pueden, ¿qué calidad de educación pueden dar?», se preguntó.
Aguilar agregó que quienes tienen a sus hijos en las escuelas públicas es porque no tienen cómo pagar la educación privada y que además creen en la educación pública, pero aún así, aseguró, la quieren cerrar. «No es posible y por falta de matrícula no nos pueden quitar maestros, están violentando el derecho de los niños, en lugar de darnos una solución, nos dijeron que nos van a cerrar», manifestó.
En una conversación sostenida en enero con el ministro Daniel Sponda, mientras se aplicaban pruebas sobre concursos para plazas en el departamento de Cortés, éste le dijo a Contracorriente que tenía disponibles «1,500 estructuras presupuestarias para todo el país»; sin embargo, afirmó que con dichas estructuras no se cubrían «las necesidades» y dijo que se estaba en un proceso de reordenamiento del personal docente.
«Cortés es uno de los departamentos en los que más desorden se generó en el tema de las estructuras [presupuestarias], eso generaba corrupción, ahora vamos a transferir las estructuras en donde se necesiten», sentenció Sponda.
La precariedad y caos del sistema educativo está en toda Honduras. No es un problema exclusivo de San Pedro Sula. En la colonia Travesía de Tegucigalpa un grupo de padres también suplicaba por la reparación del techo de la escuela de la comunidad. Siempre en la capital, maestros, padres y alumnos del CEB Marco Antonio Andino protestaban por la falta de maestros. Y a cientos de kilómetros de la capital, por la misma razón, un grupo de padres protestaban en la escuela Petronila C. de Villalobos en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras, y otro grupo lo hacía en la escuela Gabriela Mistral de la Lima, Cortés. En la Escuela Especial Emilia D´ Cuire los padres de familia se quejaban de la intención de retirar a tres maestros. En la colonia Villa Real en Villanueva, Cortés, los líderes comunitarios visitaron a todos los vecinos para recolectar firmas y solicitar al Gobierno Central que se envíen maestros de Proheco, porque los padres tienen más de 10 años de pagar maestros.
Presupuesto e infraestructura
La cartera de educación, con 38 mil millones de lempiras, tiene la asignación presupuestaria más alta para el año 2023. De esa cantidad, casi 30 mil millones de lempiras están en la partida «Servicios Personales», orientada esencialmente al pago de salarios y beneficios para el personal docente y la administración de esa Secretaría. El problema de la educación en Honduras es muy grave cuando observamos que, según ese presupuesto, hasta el 80% de los fondos orientados a la educación se invierten en salarios de maestros; sin embargo, el inicio del año ha sido caótico en buena parte por la falta de educadores.
De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), hay otros problemas con la población escolar en Honduras. Uno de ellos es la alta deserción escolar y la falta de matrícula de niños y jóvenes en edad escolar. La Fundación Ricardo Ernesto Maduro Andreu reportó que en el 2017, el 30 % de los adolescentes entre 12 y 15 años hablaban de la intención de irse del país, en detrimento de estudiar. Además, en información proveída por el Banco Mundial en el 2021, alrededor de 472,675 jóvenes de 14 a 17 años eran «ninis»”, o sea jóvenes que no estudian ni trabajan.
El informe sobre la educación en el 2022 de la ASJ indica que Honduras hace una inversión por estudiante de USD 9.1, una de las más bajas de América Latina en la última década. Según datos de la Secretaría de Finanzas, para el 2021, el 96% del presupuesto se invirtió en el pago de personal docente y administrativo; para el 2023 el monto orientado a pagos de personal es menor porcentualmente, pero las inversiones en infraestructura y calidad educativa son insuficientes.
El ministro Daniel Sponda le dijo en enero a Contracorriente que para el 2023, la Secretaría de Educación tenía destinados 1,000 millones de lempiras a la reparación de centros educativos y que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) disponía de otros 1,500 millones para el mismo fin. Esa vez, Sponda aseguró que en el año 2022 se había reparado un promedio de tres centros escolares por día y en el 2023 se pretende duplicar esa cantidad, pero aún quedan 11,000 edificios escolares que necesitan reparaciones.
«Datos de la Secretaría de Educación indican que actualmente hay 11,000 centros escolares con problemas de infraestructura.»,
«En Honduras tenemos centros educativos, que hemos heredado, que eran escuelas porque había un decreto o acuerdo de funcionamiento, pero físicamente la escuela estuvo bajo un árbol. Después de 30 años de modelo neoliberal y 12 de abandono, cuando nosotros llegamos al Gobierno había que reparar unas 12,000 escuelas», afirmó Sponda.
Por esas necesidades, la cancha de juegos del Centro Básico Juan Ramón Molina en la colonia San Miguel de Tegucigalpa se convirtió en un espacio para instalar aulas de clases para dos secciones de quinto grado que no tienen donde recibir clases, «necesitamos aulas para estos niños, hay sol, aire y lluvia. No pueden estar afuera», dijo Yesi Barahona, madre de dos alumnos.
Carlos Medina, uno de los maestros que sirve su clase a la intemperie, le dijo a Contracorriente que hay padres de familia que no están enviando a sus hijos a clases en espera de que resuelvan, «mi deber como docente es venir y atenderlos», dijo resignado. En esa institución hay aproximadamente 1,600 alumnos.
Un presupuesto arriba de 30 mil millones de lempiras en los últimos tres años es una cifra que hace pensar que el dinero alcanza para casi todo. Pero no es cierto. Sentada en una silla de madera, Mirian López, directora del Centro Básico Ramón Rosa Alvarenga, hace un ademán para señalar todo el edificio y nos dice «aquí no hay un peso del Gobierno, todo esto lo construyó la comunidad y el mobiliario fue donado por la oenegé Save The Children, si este año nos dan el cheque de matrícula gratis, veremos un peso del Gobierno».
Asunto político
La educación, dicen los políticos, es el pilar fundamental para el desarrollo de un país, pero los políticos también entorpecen con sus intereses el sistema educativo. Uno de los mejores ejemplos es que, históricamente, la asignación de plazas se ha realizado de acuerdo con el color del partido de gobierno, no necesariamente por capacidades. Para este año, se han realizado concursos para la selección de nuevos maestros. En una plática en enero, el ministro Sponda se ufanaba de pretender «reivindicar el proceso».
No obstante, esto no quiere decir que la educación haya escapado de los juegos políticos. En la dirección municipal de educación en San Pedro Sula, Susibeth Velásquez dijo que los directores que se están oponiendo al proceso de reubicación de maestros es porque pertenecen al Partido Nacional. Denuncias similares, por decisiones con tintes partidistas, se hicieron durante los 12 años que gobernó el Partido Nacional antes de que asumiera la presidenta Xiomara Castro. Directores y docentes denunciaban favoritismos y vejámenes cometidos por los ministros de Educación durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. «Sé que vamos a tener gente en contra, pero la gente que me adversa son los nacionalistas que estaban en el poder y hacían lo que querían, que podían estar años sin dar clase, nosotros ni a nuestra gente le estamos permitiendo que no tenga grado», subrayó Velásquez.
Agregó que hay directores extremadamente nacionalistas que quieren hacer oposición al Gobierno y están en su derecho de hacerlo, pero las reubicaciones están tratando de hacerlas en apego a la ley.
Rommel Ayala, director de la escuela Ramón Rosa, , cree que en el proceso hay intereses no revelados. «Cuando los mismos docentes se quieren volver detractores del mismo sistema, no vemos con claridad si tienen una agenda escondida que se las han dado desde el nivel central, porque a la educación es mentira que le están apuntando, están violentando los derechos», aseguró.
Otro detalle, eminentemente partidario que va en detrimento de mejorar la educación, es la inestabilidad que parece tener el ministro Sponda dentro del partido de Gobierno. Ya hubo protestas de maestros pidiendo su salida de esa secretaría. En las bases del Partido Libertad y Refundación (Libre) tampoco es bien visto, de hecho, hay diputados del partido de Gobierno hablan abiertamente de la salida de Sponda.
En declaraciones a Radio América, el congresista por Yoro, Bartolo Fuentes, manifestó no estar conforme de la forma cómo se estaba manejando la educación por parte del ministro Sponda y algunos viceministros. «Para mí ellos no están haciendo una administración acorde con los postulados de Libre, partido que está gobernando, ellos están en una administración para beneficiar a las pequeñas argollas en los colegios magisteriales, esta administración no está en la línea de refundar la educación. Sí hay que hacer cambios en la secretaría, yo estoy de acuerdo que se hagan»
Marco Eliud Girón, también diputado de Libre, escribió en sus redes sociales que habían cinco ministros que no estaban cumpliendo con las expectativas y vaticinó que dos de esos no seguirán: José Manuel Mateu, ministro de Salud, y Daniel Sponda, este último lamentablemente no respondió a las innumerables llamadas realizadas. Era importante tener su opinión sobre los problemas más urgentes que tiene el sistema educativo.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2022, el promedio de escolaridad se desaceleró en los años recientes en Honduras. Entre 2000 y 2010, los años promedio de escolaridad pasaron de 4.3 a 5.4 años. Ese avance se mantuvo hasta 2016 en que se logró un promedio de escolaridad de 6.5 años. Sin embargo, durante el último período 2017-2019, el promedio de escolaridad se mantuvo en 6.6 años. Esta situación presenta importantes diferencias a nivel municipal. Por ejemplo, el promedio más alto de escolaridad está en el municipio de La Esperanza, Intibucá, con 9.1 años, el Distrito Central presenta un promedio de escolaridad con 8.6 años, mientras que, en el otro extremo, el promedio más bajo se encuentra el municipio de San Andrés, Lempira, con 2.3 años de escolaridad promedio en su población. En 2021, había casi medio millón de jóvenes de entre 14 y 17 años que no estudiaban ni trabajaban. En el 2022 la meta de matrícula se cumplió apenas en el 60 %. De acuerdo con el ministro de educación Sponda hay 11,000 centros escolares con problemas de infraestructura. Hay escuelas sin maestros, pero con niños matriculados y, mientras tanto, seguramente, en algún lugar del país, un hombre de voz educada, de florida elocuencia, hablará sobre la refundación de la educación y de cómo resolver este vendaval de problemas.
