Fotografía y Texto: Jorge Cabrera
Siete personas murieron como resultado de un ataque con armas de fuego registrado este sábado 4 de marzo en la primera avenida de la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones, Sub Comisario de Policía Cristian Nolasco, señaló que según los informes preliminares realizados en base a lo dicho por testigos del hecho, varios sujetos armados ingresaron a un hotel en el que se encontraban las víctimas, cuatro mujeres y tres hombres, y dispararon contra ellas con armas de grueso calibre.
El comisionado Miguel Martínez Madrid agregó ante un medio de comunicación «estamos en un estado de excepción y Lamentablemente no tenemos acceso a las cámaras de 911 y eso nos perjudica la labor policial».
Desde abril de 2022 está fuera de funcionamiento el servicio de vigilancia de las cámaras del 911 debido a que el actual gobierno no puede pagar el contrato que dejó el gobierno anterior, pero el alto índice de asesinatos hicieron que la presidenta castro a través de su cuenta de twitter diera a conocer su intención de intervenir ese servicio. «Anuncio para mañana, lunes 27, la intervención y formación de una comisión con plenos poderes para restaurar el servicio».
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, dijo a la cadena internacional CNN que con este hecho ya son ocho las masacres perpetradas en lo que va de 2023 en Honduras, con un saldo de 34 personas fallecidas. Sin embargo, a pocos minutos de cerrar esta publicación se reportó otra masacre con 8 víctimas en la aldea El Portillo de La Mora, Comayagua, zona central de Honduras. Con esta, serían nueve homicidios múltiples en lo que va del año.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) repudió a través de un comunicado sobre hechos violentos contra la vida que se han perpetrado aproximadamente 1158 masacres desde el 2010 hasta la fecha con un saldo de alrededor de 4,230 personas muertas en circunstancias violentas, cuyos crímenes quedan en la impunidad en más del 95% de los casos.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro decretó el estado de excepción en 89 barrios y colonias del Distrito Central que abarca las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela y entró en vigencia a las 6:00 de la tarde del 6 de diciembre del 2022 con una duración de 45 días. Se extendió el 6 de enero por otros 45 días y se incluyó a 75 municipios del país. La tercera extensión del estado de excepción durará hasta el 6 de abril y abarca a todo el país con el objetivo de combatir la extorsión y los delitos conexos que cometen grupos criminales organizados.
Honduras cumple ya tres meses con un estado de excepción vigente para combatir las extorsiones y las pandillas, pero tanto las cifras de violencia y cómo la población en los sectores intervenidos por los cuerpos de seguridad indican que la situación de inseguridad continúa igual que antes del estado de excepción. Mientras el gobierno de Xiomara Castro celebró «miles» de capturas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuestionó la veracidad de las cifras, denunció patrones de abusos policiales y recomendó frenar la medida. Los casos judicializados apenas alcanzan la media centena y se han suspendido por falta de pruebas. La promesa de erradicar el crimen se esfuma mientras en algunas localidades la población asegura no ser extorsionada, pero porque las pandillas así lo han decidido.
Horas después de haber sido cometido el crimen múltiple, las autoridades policiales tuvieron un enfrentamiento armado en el sector de Villa Adela con dos automotores en los que se presume se movilizaron los responsables de cometer la masacre donde resultaron heridos dos oficiales de policía. Hasta el cierre de esta publicación, el vocero de la Dirección Policial de Investigaciones, Sub Comisario de Policía Cristian Nolasco, informó que la investigación ha avanzado en el 70 por ciento, pero que aún no cuentan con capturas.
