Tres países de Centroamérica comparten sus fronteras en el Golfo de Fonseca. En el territorio que pertenece a Honduras, la industria camaronícola goza de una ley hecha a su medida y de condonaciones fiscales. Una sola empresa, Granjas Marinas del Sur, acapara casi el 60% de las concesiones. Sin importar el conflicto de interés, gerentes y socios de esta compañía han ocupado altos cargos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mientras el país es uno de los principales exportadores de camarón, los pescadores locales ya no pueden vivir de la pesca, los humedales se deterioran y a las viviendas se las traga el mar.
Por Suchit Chavez
Fotografía: Fred Ramos
Edición: Thelma Gómez
Coordinación: Elsa Cabria y Ximena Villagrán
Tras horas de discusión, Alex Zepeda se rindió cerca de las seis de la tarde de ese 11 de noviembre de 2021. Estaba exhausto. Agarró el tonel con los camarones que pescó en las últimas 12 horas y regó los crustáceos en la calle, frente a las oficinas del gobierno y de la policía. Alguien le pasó un recipiente con gasolina y con ella roció los camarones: quería asegurarse de que la empresa camaronera que los reclamaba, no sacara provecho de ellos.
—Empecé a tirarlos y no me detuve —dice un mes después con una parsimonia que invade cada palabra de su relato.
Zepeda, de 31 años, es uno de los cientos de pescadores hondureños que viven a la sombra de camaroneras industriales que, en las últimas tres décadas, han crecido en ingresos y presencia en el país centroamericano. En el Golfo de Fonseca, donde Honduras, Guatemala y El Salvador comparten frontera, al menos 25 mil hectáreas del territorio que pertenece a Honduras están concesionadas a grandes empresas.
Al igual que varios de sus vecinos, Zepeda usa un singular método para pescar: amarra grandes bolsas de nylon en los desagües que colindan con las granjas de las empresas camaroneras en el área natural de La Berbería, a pocos kilómetros de la frontera que comparte Honduras con Nicaragua.
En época de cosecha, a las camaroneras siempre se les escapan decenas de camarones que van a parar al estero. En esta región del municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca, hay un acuerdo no escrito: siempre y cuando los camarones estén fuera de la granja de la empresa, los pescadores se los pueden quedar.
En el patio de tierra de su casa, en la comunidad de La Berbería, Zepeda recuerda lo que sucedió ese día de noviembre de 2021: él sacó 630 libras (poco más de 285 kilos) de camarón; era tanto que a funcionarios y trabajadores de las camaroneras les resultó poco creíble que no fuera robado.
El pescador sabía que quizá no le iban a creer. Vivir en una zona rural, en donde la pesca es casi el único método de subsistencia y en donde las camaroneras han tenido frecuentes choques con los lugareños, le ha afinado la desconfianza. Por eso, en una aplicación de mapas que tiene en su celular, Zepeda registró el lugar donde colocó su rústico arte de pesca. También pidió que le tomaran un video cuando sacó su bolsa repleta de camarón. Así demostraría que no había ingresado ilegalmente a una empresa para robar el producto. Pero ni así.
La cantidad de camarón puso nerviosa a la encargada del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), recuerda Zepeda. La funcionaria empezó una incesante consulta telefónica para confirmar si podía darle la autorización que permite a los pescadores vender su producto.
Durante las horas que siguieron, con la carga de camarón en una hielera y bajo los 33 grados centígrados, el pescador escuchó a funcionarios del Senasa y a empleados de dos camaroneras. Una de las compañías admitió que el camarón no era de su granja. La otra aseguraba que era de su cosecha y buscaba recuperarlo.
Cuando el sol ya había menguado, en un arranque de dignidad, Zepeda lanzó el camarón frente a las oficinas del Senasa.
Los pescadores locales aseguran que pescar en esa zona del golfo es jugarse la vida. Las empresas no los quieren ver cerca de sus límites, porque los acusan de robar el camarón. No hay uno solo, de más de 15 entrevistados, que no diga lo mismo: las camaroneras los persiguen, no los dejan trabajar y, en ocasiones, no les permiten ingresar a los esteros que rodean las granjas privadas. La mayoría de los pescadores entrevistados asegura que, desde las camaroneras, se realizan disparos “de advertencia”. O bien, los persiguen con las lanchas patrulleras que tienen fuera de las bordas.
El camarón que se produce en el Golfo de Fonseca es gris cuando está vivo, pero blanco, una vez pescado y procesado. Crudo, cocido y congelado llega en paquetes bajo diversidad de marcas (San Lorenzo Brand, Aquafinca, Seafiros, B’Oceans…) a países de América, Europa y Asia. Según datos del Banco Central de Honduras, entre 2005 y 2020, se enviaron más de 128 toneladas a Estados Unidos, 56 a Taiwán y 67 a España. En 2021, el volumen de exportación creció 3 toneladas más. Las cifras públicas más actualizadas son de enero de 2022, cuando el país exportó 3.1 toneladas de camarón, 53 kilos más con respecto al mismo mes del año anterior.
Desde hace cinco años, Honduras se ubica en el puesto número 15 en la lista mundial de exportadores de camarón y en el quinto a nivel continental, según la información de comercio de las Naciones Unidas (UN-Comtrade). Los últimos datos disponibles muestran que, entre 2016 y 2019, las exportaciones de camarón del país centroamericano representaron poco más de mil millones de dólares, o sea, el equivalente a cerca de una séptima parte de su Producto Interno Bruto (PIB).
Camarones a costa de comunidades y ecosistemas
Rigoberto Montes vive a 20 minutos en vehículo de la casa de Alex Zepeda. Él también es pescador y en estos primeros días de diciembre de 2021, ha invertido tres días en capturar unas 200 tilapias de no más de 15 centímetros cada una. No espera ganar más de 200 lempiras, menos de 8 dólares; es decir, dos dólares por día de trabajo.
Montes pescó las tilapias después de mucho esfuerzo en la laguna de Invierno de La Berbería, parte del Sistema de Humedales de la Zona Sur de Honduras, formado por 7 áreas protegidas de tipo marino costero y declarado en 1999 como sitio Ramsar 1000, categoría que se otorga para tratar de proteger a estos ecosistemas de importancia internacional.
La laguna La Berbería, ubicada al este del Golfo de Fonseca, no parece tal. Es más un playón. El verano ha dejado más resecos los ya desabastecidos reservorios de agua. Aun así alrededor de la laguna han prosperado, al menos, tres camaroneras que sacan provecho de los esteros que en el pasado alimentaban a este cuerpo de agua. El Faro y Biomar, son dos de esas empresas.
Modesto Ochoa, presidente de la asociación de pescadores del sector de La Berbería, explica que las camaroneras empezaron a asentarse en la zona antes de que se declarara el sitio Ramsar.
El establecimiento de las granjas camaronícolas implicó la clausura del cauce natural de los esteros y la prohibición, cada vez más acentuada, para que los pescadores trabajen cerca de las orillas de las lagunas de cultivo.
Las empresas camaroneras utilizan el agua que proveen los esteros para llenar cada día, a veces hasta en dos ocasiones, las lagunas donde crían el camarón. La sobrevivencia de los crustáceos depende del recambio del agua; mueren si no reciben suficiente oxígeno. Para lograrlo, las camaroneras construyen piscinas con bordas —que cortan la escorrentía natural de los esteros— y canales para el desagüe. Además, usan bombas extractoras que alimentan de agua salina cada piscina o laguna.
Como si fuera el cronista que resguarda la memoria de la zona, Ochoa sabe qué empresa se instaló primero, quién vendió, quién compró y cómo ha cambiado el ecosistema desde que las camaroneras llegaron. Menciona que las bombas, al chupar agua de los esteros, extraen larvas y huevecillos de otras especies que se terminan de criar dentro de las granjas camaronícolas. Eso explica por qué importantes empresas como Biomar, Granjas Marinas San Bernardo y Granjas Marinas del Sur pueden organizar torneos de pesca privados dentro de las áreas que tienen concesionadas, mientras los pescadores locales, como Rigoberto Montes, tienen que lidiar con la escasez de especies.
En la década de los noventa, el crecimiento de la industria camaronícola en el Golfo de Fonseca fue tal que el gobierno hondureño promovió una moratoria para otorgar más concesiones en 1998, luego de presiones de activistas ambientales.
En 1997, este marisco ya era el tercer producto de exportación más importante de Honduras, según el estudio “Industria del Camarón en Honduras: Análisis de Sostenibilidad”, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS). Para ese entonces, de las 30 mil hectáreas susceptibles para ser destinadas a la producción de camarón en el Golfo de Fonseca, 25 mil ya tenían una concesión.
Esa moratoria, no se cumplió. La expansión de las camaronícolas no se detuvo.
Desde 2004, el Tribunal Latinoamericano del Agua —instancia internacional autónoma e independiente de justicia ambiental, no vinculante, a la que acuden comunidades y ciudadanos— emitió una condena de carácter moral contra el Estado hondureño, el Banco Mundial y las camaroneras Granjas Marinas San Bernardo y El Faro, a raíz de una denuncia por daños ambientales, iniciada por Codeffagolf, organización que administra, con apoyo del gobierno central y las municipalidades, el sitio Ramsar 1000.
Entre los señalamientos hechos en la denuncia están la extracción indiscriminada de larva de camarón de los esteros, la expansión sin controles de las camaroneras, la tala del bosque de mangle, la reducción de las áreas naturales protegidas, el uso de agroquímicos y la contaminación del Golfo de Fonseca.
En 1999, el sitio Ramsar contaba con 69,711 hectáreas, lo que equivale a la mitad de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
En marzo de 2004, el Tribunal solicitó al Estado Hondureño negar nuevas concesiones, detener los financiamientos a este tipo de proyectos y proteger los derechos humanos de las comunidades. Nada de esto sucedió.
En 2014, cuando el gobierno hondureño realizó una actualización del mapa forestal, el sitio disminuyó a casi la mitad, 33,205 hectáreas, según el Plan de Manejo más reciente (2015) del Subsistema de Áreas Naturales Protegidas de la Zona Sur de Honduras (SAPZurH).
Ese año, 2014, una década después de la condena moral del Tribunal Latinoamericano del Agua, Honduras aprobó la Ley de Fortalecimiento a la Camaricultura.
Esa ley es “nefasta”. Saúl Montúfar, vicepresidente de Codeffagolf, lanza el calificativo en las oficinas de la organización, ubicadas en la zona central del municipio de San Lorenzo. Montúfar es mesurado cuando habla del ecosistema marino costero; explica como si diera una clase a párvulos. Cuando pierde los estribos es al hablar de las camaroneras y de la legislación.
La Ley de Fortalecimiento a la Camaricultura tiene tres artículos problemáticos, según análisis de Codeffagolf: la autorización para convertir las concesiones en transferibles, a través de un contrato simple; el uso de la concesión para acceder a créditos bancarios y, el considerado como el peor de todos, que es la facilidad de legalizar y otorgar concesión a las granjas de camarón siempre y cuando se demuestre que hayan estado productivas.
Dina Morel, directora de Codeffagolf, también alza la voz cuando señala que los tres artículos problemáticos han generado una fiebre por el camarón en el Golfo de Fonseca.
Una puerta giratoria con olor a mar y camarón
En La Berbería, Alex Zepeda, Rigoberto Montes y otros lo dicen. En diferentes puntos del Golfo de Fonseca, en comunidades de San Lorenzo, Punta Ratón, Los Delgaditos, El Chaparral, Marcovia también se escucha el mismo reclamo, es como si fuera un cardumen a una voz: las compañías camaroneras son las que dirigen y se benefician del comercio marino en esa región. Los pescadores locales, en cambio, tienen muy poco margen de maniobra.
En la lista de concesiones, obtenida mediante acceso a la información, sobresale un nombre. Es el mismo que mencionan pescadores, pequeños productores y activistas. Se refieren a ella como la empresa más poderosa de la región y la que menos dispuesta está a negociar mejores condiciones de convivencia con las comunidades. Se trata de Granjas Marinas San Bernardo, conocida como Grupo Granjas Marinas.
De las 25,636 hectáreas que se reconocen oficialmente como dedicadas a la producción de camarón en el Golfo de Fonseca, el 56.39% está bajo el control de Grupo Granjas Marinas, aunque no es claro si aún administran una concesión otorgada en 2009, con una duración de 10 años.
Funcionarios de la empresa reconocen la concesión de 10,363 hectáreas, de las que aseguran tener solo 7,389 en producción, de acuerdo con las preguntas que respondieron para esta investigación a través de un correo electrónico.
La empresa se constituyó en diciembre de 1983, según documentos del Registro Mercantil de Tegucigalpa. Para 2017, se fusionó con otras 6 compañías camaroneras del sector sur de Honduras para conformar Grupo Granjas Marinas. Entre ese año y 2019, la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) autorizó a esta empresa 5 de las 7 concesiones que tiene en el Golfo de Fonseca; la mayoría de ellas son por un periodo de 20 años.
El acuerdo de fusión de las seis empresas establecía que la mayor parte de empresas se extinguirían y pasarían a trabajar, en su mayor parte, bajo el nombre de Empacadora de Productos Acuícolas San Lorenzo, aunque en el mismo documento también se le menciona como Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo.
Hay dos nombres vinculados al Grupo Granjas Marinas y que destacan por su historial político y empresarial: Víctor Samuel Wilson Canessa y Jacobo Paz Bodden.
Hasta 2013, Jacobo Paz Bodden se desempeñó como gerente general de Granjas Marinas, según información judicial. También fue presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), organización donde confluyen las grandes empresas camaronícolas.
En marzo de 2014, Paz Bodden fue nombrado titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras por la primera administración del gobierno de Juan Orlando Hernández, de acuerdo con la Gaceta Oficial.
La Ley de Fortalecimiento a la Camaricultura se aprobó en 2013 por el Congreso hondureño y el acuerdo ejecutivo que le dio el espaldarazo final es de febrero de 2014. Es por esto que cuando la ley se publicó en la Gaceta Oficial, el 11 de abril de 2014, la firma que calza la publicación es la de Paz Bodden.
Un mes después de que Paz Bodden fue nombrado ministro, la secretaría a su cargo renovó un Convenio de Cooperación Técnica Financiera con la Andah; este acuerdo garantiza la designación de inspectores y técnicos del Estado para auditar la buena calidad del camarón de las empresas. Los gastos, detalla el documento, fueron sufragados a través de una cuenta bancaria alimentada con fondos de las exportaciones de camarón.
El encargado de firmar el acuerdo por parte del sector privado fue el entonces presidente de la Andah, Víctor Samuel Wilson Canessa, representante legal de Grupo Granjas Marinas. Así se le reconoció en 2017 por la Comisión para la Defensa y Promoción para la Competencia de Honduras (CDPC), que emitió una resolución en la que autorizaba la fusión de las siete empresas.
En 2017, a Wilson Canessa se le identificó en medios como financista de la campaña para la segunda elección presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, aunque la ley electoral hondureña no permite conocer los nombres de financistas privados de los partidos políticos.
Antes de ser señalado como uno de los soportes de la candidatura de Hernández —hoy en espera de ser juzgado en Estados Unidos por el delito de narcotráfico—, Wilson Canessa fue directivo suplente del Senasa —cargo que es designado por el presidente de la República—, la misma dependencia cuyos funcionarios pusieron en duda la legalidad del camarón capturado por el pescador artesanal Alex Zepeda en noviembre de 2021.
Wilson Canessa, además, es uno de los primeros empresarios a los que se les asignó la administración de una de las llamadas Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDE). Los proyectos de las ZEDE fueron fuertemente criticados en el país centroamericano por dos razones: constituían básicamente un país dentro de un país, con sus propias leyes fiscales, de resolución de conflictos y de seguridad; y porque recibirían exoneraciones de impuestos. En abril pasado, el Congreso hondureño derogó la ley que creaba las ZEDE.
Al menos dos de los socios del Grupo Granjas Marinas, reconocidos en el documento de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), también han tenido nexos políticos. Héctor Luis Corrales Barahona es el esposo de la excanciller del primer gobierno del expresidente Hernández, Mireya Agüero de Corrales.
Otro de los socios, Carlos Alfredo Lara Watson, se desempeñó como diputado en el período 2018-2022, con el Partido Liberal.
Granjas Marinas San Bernardo —al igual que miles de empresas en el país centroamericano— ha sido beneficiada, entre 2016 y 2021, con al menos ocho exoneraciones de impuestos sobre la venta, de activo neto, y de aporte para la conservación vial, entre otras, según información pública de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Honduras.
Al menos 10 empresas camaroneras han recibido beneficios fiscales similares entre 2015 y 2021. La Sefin no publica a cuánto ascienden las exoneraciones efectuadas a las empresas.
Para esta investigación, se solicitó entrevista al Grupo Granjas Marinas. A través de un correo electrónico, representantes de la empresa respondieron que las exoneraciones son un derecho legal. Plantearon, además, que no era su rol pronunciarse sobre la existencia de un posible conflicto de interés sobre el ministro Paz Bodden. Para la empresa, no existe hasta el momento un estudio con el suficiente rigor científico que demuestre que la actividad camaronera esté vinculada con el daño a los ecosistemas y añadieron que dan trabajo a 4 mil personas.
En las comunidades de San Lorenzo, Punta Ratón, Cedeño, Alianza, Marcovia, entre otras que se visitaron para esta investigación, los pescadores aseguran que las camaroneras no les dan empleo. Ellos miran a estas empresas como intocables.
Alex Zepeda, el pescador que arrojó el camarón a los pies de los policías lo sabe: una pesca lo mantuvo 12 horas en espera. La única solución fue olvidarse de un negocio que le habría dejado dividendos afortunados. Un mes después recuerda el incidente desde su hogar asentado en un terreno en donde el piso es aún de tierra, como en la mayor parte de la comunidad. Zepeda confía en que las cosas pueden cambiar hablando.
Denuncias que se diluyen en agua salobre
Dos pescadores permanecieron todo un día esperando a que los peces cayeran en la red, algo común en este trabajo. A las 10:30 de la noche empezaron a levantar redes y anzuelos. Un disparo cortó el aire. La bala se incrustó en el lado izquierdo de la cabeza de Martín Zelaya. El hombre cayó inconsciente. Su compañero lo trasladó al pueblo, dejando todos sus aperos tirados. Era el 19 de marzo de 2016.
Zelaya no recibió indemnización ni disculpa. Desde hace cinco años, la bala permanece en su cerebro: de cuatro médicos que consultó, ni uno quiso operarlo. Había demasiado riesgo, le dijeron.
Él vive en la comunidad El Chaparral, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, a unos 76 kilómetros del lugar en donde el pescador Alex Zepeda tapizó la calle con camarones como protesta. Zelaya ya no se dedica tanto a la pesca. El metal que está en su cuerpo le provoca dolores de cabeza.
Martín Zelaya asegura que el disparo se lo dio un vigilante de la camaronera Santa Inés, frente a la cual pescaba con un compañero. Después de dispararle, dice, los trabajadores de la empresa apagaron las luces para que no pudieran identificarlos. Él está seguro: no había nadie más. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo entrevistó, fue a la camaronera, levantó evidencias, pero nadie fue detenido, no hubo multas ni procesos administrativos.
En una respuesta enviada por correo electrónico, Iván Velásquez, actual jefe de seguridad de la Empacadora Santa Inés, deslindó a su personal de la agresión contra Zelaya: “Nuestra política ha sido (sic), nunca disparar por ningún motivo en contra de nadie, bajo ningún motivo, es una política de la empresa muy rígida”.
Hasta ahora, ninguna organización tiene datos actualizados y documentados sobre las agresiones en contra de pescadores locales. Este tema solo se menciona en un informe independiente de la organización no gubernamental Foro Nacional de Convergencia (Fonac) publicado en 2016. En el documento se asegura que, entre los años 1992 y 2000, unos 15 pescadores murieron “en situaciones no claras”. Saúl Montúfar, de Codeffagolf, dice que muchos de ellos eran activistas en contra de las camaroneras y habían sido amenazados.
De lo que sí hay más datos es sobre las demandas por daños ambientales causados por las camaroneras. Desde 2012, Codeffagolf ha presentado, por lo menos, 12 denuncias ante dependencias ambientales por deforestación de mangle, intrusión a las áreas naturales protegidas, vertido de desechos, construcción de lagunas camaroneras sin permiso y falsificación de documentación para la solicitud de licencias ambientales.
La mayoría de las denuncias quedaron archivadas, solo una llegó al juzgado. Aunque se ordenó el arresto del supuesto responsable de la deforestación para construir granjas de camarón —Hernán Alcides Carrasco, de Camaronera El Litoral—, el caso permanecía en fase intermedia en un juzgado de Nacaome, según datos de Codeffagolf.
El Golfo interminable
Ramón Trujillo grita cuando la emoción le gana. Gesticula con las manos para darle fortaleza a sus palabras que, ni hace falta, por la potencia de su voz. Le dicen Moncho y vive en Punta Ratón, una playa de Marcovia, Choluteca, que tiene frente a sí las costas salvadoreñas y nicaragüenses y que se encuentra a unos 70 kilómetros de donde vive Alex Zepeda. Es presidente de la Cooperativa de Pescadores Esfuerzos Marinos Limitada (Copemal) y, junto con una veintena de compañeros, son pequeños productores de camarón.
Trujillo, como muchos en el Golfo, se cansó de pelear como pescador artesanal. Él también busca ganar con el camarón. En Punta Ratón y Cedeño, comunidad ubicada a unos 30 kilómetros vía terrestre, es frecuente escuchar que varios buscan poner “su lagunita” de camarón. O sea: encontrar un playón colindante a un estero en donde construir una granja para criar larvas de camarón.
Copemal tiene dos lagunas de camarón. En Punta Ratón y la comunidad la Puntilla, hay al menos otras seis de pequeños productores. Dos, abandonadas. El problema, dicen en la comunidad, es que no hay concentrado, es decir, comida para el crustáceo.
Trujillo está seguro que la falta de concentrado se debe a que las empresas camaroneras acaparan el producto. Cualquiera que sea la razón, la escasez generó que algunos pequeños productores descartaran la crianza de camarón en Punta Ratón. De ahí las granjas abandonadas. También hay algunas destruidas, pero el motivo es otro.
A Punta Ratón se la está tragando el mar. Eso se ha intensificado desde hace unos 5 o 6 años. Entre 40 y 50 viviendas fueron destruidas por el incremento del nivel del mar. Las familias fueron reubicadas en cuartos —de 5 por 2 metros— que ahora descansan sobre pilotes de madera.
En Cedeño, un artículo académico de 2018 concluyó que el aumento del nivel del mar ha sido de 1.22 metros por año, entre 1982 y 2015. El período coincide, además, con el incremento exacerbado de la camaronicultura.
Trujillo, como varios de los productores artesanales de camarón, tiene un proceso activo en su contra y medidas cautelares activas. Según él, tuvo desacuerdos con una empresa camaronera —de la que no quiso dar el nombre— cuando buscaron aumentar la producción de camarón con su cooperativa.
Este antiguo pescador está convencido que fue la camaronera la que envió al Ministerio Público para procesarlo por saturación de suelo. Trujillo asegura que lo que la camaronera buscaba era apropiarse del trabajo ya realizado y tuvo que regalarles una de las lagunas. Él está solicitando la concesión y licencia ambiental para legalizar su proyecto desde hace 13 años, pero no se lo han otorgado.
Alex Zepeda, el pescador que en noviembre de 2021 tiró las 630 libras de camarones frente a las oficinas del gobierno, no se arrepiente de haber perdido esa carga para la que ya tenía comprador. La venta le hubiera dejado poco más de 22 mil lempiras, unos 900 dólares.
Lo que le pasó ayudó a arreglar por la fuerza problemas añejos, asegura el integrante de la Seccional de Pescadores, grupos organizados de la sociedad civil. Las cooperativas y asociaciones de pescadores son las que, en los últimos años, han puesto el cuerpo para hacer frente a la expansión camaronera.
Ahora, dice el pescador, acordaron con el Senasa y la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) que tendrán que presentar un documento guía para vender camarón, a partir de 50 libras y no desde 5 como lo hacían hasta ese momento. Además, lograron que inspectores del Senasa aceptaran hacer un reconocimiento del lugar de la pesca cuando existieran dudas sobre si el camarón era robado.
Suena a poco, pero no lo es para los pescadores locales a los que cada vez les cuesta más vivir de este oficio, pese a estar en un golfo donde cada año se producen toneladas y toneladas de camarón.
El Golfo de Fonseca tiene apenas 3,200 kilómetros cuadrados, pero abarca tres países, seis fronteras terrestres y marinas, y tres bahías. Tiene solo un sitio Ramsar, pero un interés económico tras él. Tiene una empresa con un ex gerente general que también fue ministro y un pescador con una bala en la cabeza. Aquí se vive en la miseria, pero también con la dignidad de enlodar 630 libras de camarón y con el miedo de ser rebasado por el mar durante la noche. Este golfo es interminable porque su frontera marina y terrestre se sigue ampliando inevitablemente. Es infinito, como sus arenas y camarones.
Investigación: Suchit Chavez
Fotografía: Fred Ramos
Edición: Thelma Gómez
Coordinación: Elsa Cabria y Ximena Villagrán
Naturaleza castigada es un proyecto sobre la impunidad ambiental en Centroamérica producido por El Intercambio publicado en alianza con Mongabay, Contracorriente y Ocote, con apoyo de Fundación Ford.
