El 29 de mayo de 2022 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Wilson Ariel Pérez, un joven de 21 años, agredió a una subinspectora de la Policía Nacional, lo que desató una intensa búsqueda por parte de la Policía y terminó con la muerte de Wilson en circunstancias sospechosas. ¿Iba a entregarse el día de su muerte? ¿Pertenecía a una pandilla? ¿Por qué hay contradicciones en la versión de la Policía?
Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera
«Hola Gorda, la cagué», le escribió Wilson Ariel Pérez Hernández a una de sus siete hermanas la noche del domingo 28 de mayo de 2022. Un par de horas antes, este joven de 21 años había asestado una traicionera patada a la subinspectora de la Policía Nacional (PN) Denia Contreras Sierra, quien tras la agresión cayó aparatosamente por las gradas del sector sur del Estadio Olímpico y terminó en el hospital con lesiones leves.
Wilson fue al estadio ese día para ver jugar al Club Deportivo Real España, del que era furibundo seguidor. Esa tarde vio cómo su equipo perdió la final del fútbol de Honduras ante el Club Deportivo Motagua, que después de dos partidos ganó con un global de 3-2. La subinspectora estaba en el recinto como parte del operativo para mantener la seguridad antes, durante y después del espectáculo deportivo. Con estos dos personajes, inicia un caso cuyos pormenores la Policía no ha podido explicar con certeza.
Cuando Wilson le escribió a su hermana, ya había sido identificado como el agresor en medios de comunicación y su foto era viral en las redes sociales. También la Policía ya había ofrecido una recompensa de 100,000 lempiras (4,050 dólares) para quien ofreciera información sobre su paradero. Se desató una intensa búsqueda. La PN inicialmente identificó como el agresor a un ciudadano residente en Bonito Oriental, Colón, ubicado a seis horas y media de San Pedro Sula. Pero el individuo apareció en un canal local denunciando que estaba recibiendo amenazas sin tener responsabilidad, pues ese domingo –durante el transcurso del partido– él estaba haciendo un trabajo de construcción en su casa. Los cargos contra él fueron retirados.
El martes 31 de mayo de 2022 la búsqueda de Wilson terminó con su muerte. Una muerte inesperada, confusa y llena de contradicciones. La Policía Nacional anunció a través de un comunicado que el barrista fue herido en un enfrentamiento entre pandilleros y miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), a la cual recientemente se le quitó el mando del Ejército para pasarla a manos de la Policía. Después se supo que Wilson fue llevado al hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció y fue identificado como el agresor de la oficial Denia Contreras Sierra.
«Él se iba a entregar, a eso iba, y esos (los policías) lo hallaron y lo torturaron, tiene hematomas por todo lados», dijo a Contracorriente su hermana, Paola Pérez, mientras esperaba en una caseta afuera de Medicina Forense, en San Pedro Sula, para que le entregaran el cuerpo de su hermano.
El día que Wilson murió, a través de sus redes sociales el Canal 6, con sede en San Pedro Sula, publicó que el barrista fue asesinado cuando se dirigía a las oficinas de ese medio de comunicación para entregarse a las autoridades en presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En un tuit posterior, el canal publicó que Wilson fue interceptado por un comando de desconocidos, pero ya no mencionó que iba hacia sus oficinas y solo resaltaron que iba a reunirse con representantes de derechos humanos. Personal del canal confirmó que Wilson se entregaría en sus oficinas, pero quedaron esperándolo. No ofrecieron más detalles de la fallida reunión. En este punto ya encontramos a Wilson en dos escenarios: el primero, siendo interceptado por un comando, según el Canal 6; y el segundo, enfrentándose a balazos a la fuerza especializada en el control de maras y pandillas.
En un comunicado, la Policía Nacional confirmó la muerte de Wilson en los bordos de la colonia Juan Lindo, ubicada en una zona muy cercana a las oficinas de Canal 6, pero a unos 30 kilómetros de su residencia en Villanueva. Las autoridades informaron que en las labores de seguimiento que hacían para capturar a Wilson por la agresión a la subinspectora, recibieron una denuncia aduciendo que el prófugo se encontraba allí, donde murió luego de un supuesto enfrentamiento. A pesar de que la Policía aseguró que lo que hubo fue un enfrentamiento con miembros de la Mara MS, en el supuesto operativo no fue capturado ningún miembro de esa estructura criminal.
La Policía menciona en su sitio web que, según información recabada por la FNAMP, «Pérez Hernández era integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha con el rango de Palabrero, encargado de coordinar tanto dentro como fuera de la organización las diferentes actividades delictivas».
Aparte de la mención, el comunicado no ofrece más detalles probatorios de la vinculación de Wilson con la mara. No hay registros anteriores de su supuesta actividad delictiva. Tampoco el comunicado indica el municipio o colonia donde ejercía su función de «Palabrero».
Para el investigador social y doctor en Ciencia Política, Otto Argueta, «los palabreros están en barrios urbanos en donde controlan territorios, negocios, miembros de pandilla y además tienen un recorrido ganado dentro del grupo».
El analista agrega que integrantes de la mara con el rango de «Palabreros» no se exponen, y responden a la necesidad de controlar territorio en donde hay actividades de la pandilla: «De ahí que nunca se expondría con la camisa de un equipo de fútbol ni mucho menos en una trifulca en estadio agrediendo a una policía», dice Argueta.
Varios miembros de la familia de Wilson Pérez negaron tajantemente que su familiar tuviera vínculos con pandillas. «Él no andaba pistola. Y eso de que era marero, es mentira todo eso», nos dijo su padre, Vinicio Pérez. «Era barrista, pero no marero», lo defendieron sus hermanos. Un residente de Villanueva aseguró a Contracorriente que el fallecido no pertenecía a ninguna estructura criminal.
A través de su cuenta en Twitter, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó «preocupación por la muerte violenta de Wilson Pérez», que ocurrió –según el organismo– después de que este «expresara a medios de comunicación temor por su vida y la intención de entregarse a las autoridades». Desde la OACNUDH se instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente, conforme a los derechos humanos del Estado, incluyendo el Protocolo Minnesota, utilizado para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para aplicar en muertes en las que se involucran fuerzas del Estado. Este establece principios y directrices para los estados, instituciones y personas que participen en la investigación. En el caso de Wilson, el procedimiento tardó alrededor de seis horas, y en ese tiempo la familia no fue informada. Al recibir el cuerpo, denunciaron que Wilson había sido entregado sin las uñas de las manos y sin la lengua. Sus familiares asumieron inmediatamente que había sido torturado.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, explicó en una conferencia de prensa que el cuerpo había llegado completo al Mario Catarino Rivas, pero como parte de la necropsia se le extrajeron la lengua y las uñas. La funcionaria dijo que a la familia «no se le explicó que si usted hace un análisis y sospecha de tortura, va investigar si debajo de las uñas hay material genético producto de una riña. Es una técnica especial» dijo.
El experto forense Dennis Castro Bobadilla afirmó a Contracorriente que extraer la lengua y las uñas es común en todas las necropsias. «Así fui formado yo y así lo hice yo durante toda mi vida», explicó el exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Alianza Patriótica. Y agregó que, a su juicio, «ese protocolo (el de Minnesota) no es necesario si usted hace una necropsia completa».
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó en Twitter que el «Codeh presume que el informe (sobre la muerte de Wilson) fue alterado, según la escena del crimen» y manifestó que se podría estar ante «una supuesta ejecución».
La investigación careció de rigurosidad desde el comienzo, a juicio del forense Dennis Castro Bobadilla, quien explicó que en el presente caso «no hay escena del crimen, usted lo que encontró fue un cuerpo que fue llevado al hospital sin que se hubiera levantado en el sitio de escena y sin que se hubiera puesto las bolsas correspondientes en las manos… Hasta el sábado (4 de junio) por la tarde se estaba haciendo una reconstrucción de los hechos y una búsqueda de indicios en el escenario criminal», dijo.
La Familia
Wilson vivía en la colonia Municipal de Villanueva, Cortés. Su familia vive en una modesta casa. Para llegar hay que recorrer al menos un kilómetro de carretera de tierra, que el día del sepelio, por las lluvias, estaba prácticamente intransitable.
El patriarca de la familia se llama Vinicio Pérez, quien muy joven se casó con Adelina Hernández y tuvieron 16 hijos. Don Nicho, como le dicen sus amigos y conocidos, no pudo recordar en el orden cronológico el nacimiento de su hijo fallecido, pero sí recordó que era uno de los menores.
Don Nicho, un hombre de campo, espera con paciencia los restos de su hijo en las afueras de la morgue judicial, lo hace sobre sus botas de hule y bajo un viejo sombrero con el que sale a trabajar todos los días a una hacienda de ganado en las cercanías de San Manuel, Cortés. La última vez que vio a su muchacho fue el jueves 26 de mayo, cinco días antes de su muerte: «Si mi hijo me hubiera buscado, no estuviéramos aquí, no estuviera muerto», dice.
Solo don Nicho y Paola, una de sus hijas, esperan por la entrega del cadáver. Lo hacen en una galera, junto a un rústico ataúd en el que van a enterrar a Wilson. «¿Usted cree que yo quisiera enterrar a mi hermanito en esto?», interviene Paola, mientras señala el féretro blanco, carente de cualquier detalle estético. «Me gustaría tener dinero, pero esto es el reflejo de una familia humilde, aquí está evidenciado, este fue donado por la Municipalidad de Villanueva. ¿Usted cree que una persona con vínculos de maras iba a tener el apoyo que hemos tenido?», pregunta.
También cuenta que la familia tiene tres días sin dormir. Desde que el rostro de Wilson se hizo viral en redes sociales como el agresor de la oficial Denia Contreras, ellos no encontraron paz.
La mañana del lunes 30 de mayo de 2022, un día antes de la muerte del barrista, a la casa de una sola pieza y cerca de palos de madera llegó un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a solicitar documentos. Buscaban a Wilson. Según Paola, los dos agentes que llegaron por la mañana fueron agresivos y le exigían «entregalo». Ella asegura que no sabían dónde estaba su hermano y quizá por no poner en riesgo a su familia no se comunicaba con ellos. «Hubiese deseado que viviera en la casa para ver cómo lo detenían, pero que no lo mataran de la forma como lo hicieron», se lamenta.
En la tarde del mismo día, un nuevo contingente de patrullas de la DPI y la Policía Nacional volvió a la casa de Wilson: «Parecía que éramos unos viles delincuentes» dice Paola, quien relató a Contracorriente que en la segunda visita hubo una serie de agresiones a la familia, incluyendo a los niños y a un hermano ciego.
Henry Pérez es uno de los hijos mayores de la numerosa familia de Vinicio y Adelina, y es ciego de nacimiento. Él recuerda que en la primera visita de las autoridades, cuando exigieron documentos, les preguntó si tenían una orden, y recibió como respuesta que solo tenían una denuncia.
Él contestó que sin una orden no podían exigir documentos en la casa, pero entonces amenazaron con detener a su hermana, Paola. Henry nuevamente preguntó bajo qué cargos se llevarían a Paola, a lo que los oficiales le respondieron «por negarse a colaborar con la autoridad». Los dos agentes después salieron de la casa, pero a la 1:00 p. m. del mismo día regresaron. Esta vez, acompañados de unas cinco patrullas:«Volvieron más agresivos y comenzaron a intimidar a mi madre y a mi hermana».
Henry cuenta que cuando percibió a su madre acorralada por las preguntas, nuevamente inquirió por una orden judicial, y uno de los oficiales le respondió que «no tenemos orden, pero yo soy de la DPI». Henry contestó que «eso no le daba derecho a que se atropellaran sus derechos». Después el agente le dijo «te voy a enchachar». Henry, impasible, preguntó «¿Bajo qué cargos?». Y entonces fue cuando apareció en escena quien se supone era el jefe de la operación. «Mirá –cuenta Henry que le dijo el agente al superior– este dice que no lo podemos detener». Y ahí el jefe reaccionó con una violencia inesperada: «El jefe de la DPI me empujó y yo caí en una cama. Claro, una acción provoca una reacción, es algo muy natural, entonces me lancé sobre él y lo tumbé. Me perdí en ese momento. Él montó su arma. Hubo un forcejeo no sé con quién fue, pero el arma se disparó e impactó en el techo de la casa», relató Henry a Contracorriente.
Y continuó: «Cuando se levantó me dijo “te voy a matar hijo de p…”, salió al patio y tomó un objeto contundente llamado barra para liquidarme, entonces intervino mi mamá y también la empujó a ella. Ahí recibió una llamada y se fueron».
Hay dos testimonios en momentos y escenarios diferentes sobre esta intimidación. Ambos son coincidentes. Uno es el de Henry; el otro, de Paola. «A mí me golpearon y (uno de los agentes) sacó la pistola e iba a apuntarle a mi hermano, yo me le metí y le dije “¿Qué le ha hecho?”. Pero dispararon y el tiro se fue al techo», nos dijo Paola, mientras esperaba por el cuerpo de su hermano en la morgue.
También contó que ante la insistencia de los agentes para que se les dijera la ubicación de Wilson, ella les dijo: «Si yo supiera dónde está se los entregaba, me va a dar más gusto verlo preso, que me lo vayan a matar».
El día después de estas dos visitas de la DPI a la casa, después de las versiones de la familia, un medio de comunicación y representantes de derechos humanos apuntan a que Wilson iba a entregarse a las autoridades. Pero antes de terminar el día, Wilson había muerto. Era el martes 31 de mayo, cinco días después de la final a la que Wilson había ido con la ilusión de ver al Real España, el equipo de su vida, salir campeón. Su equipo no ganó y él agredió a una policía.
“Si yo supiera dónde está se los entregaba, me va a dar más gusto verlo preso, que me lo vayan a matar”, Paola Pérez, hermana de Wilson a la DPI.
«Todo lo están maquillando, no hubo tal enfrentamiento, Canal 6 los desenmascaró, se les cayó el circo», sostiene Henry, quien no cree la versión de la Policía Nacional, pues dice que su hermano nunca anduvo armado.
«En Canal 6 argumentan que él llamó a ese medio porque se sentía acorralado, ahí (en el canal) llamaron a Hugo Maldonado, y este se reunió con el ministro Ramón Sabillón, y después Maldonado hizo una llamada para reportar al director regional de derechos humanos para que se presenten al canal y ahí quedan las preguntas: ¿Por qué en ese momento que él va para el canal lo tuvieron que interceptar? ¿Quién llamó? ¿Cómo sabían que se entregaría?», se pregunta Henry sin obtener respuestas.
Al preguntarle si se sienten amenazados en la familia, contestó:«Claro, te estás enfrentando a un monstruo que no sabés dónde tiene la cabeza y dónde tiene la cola».
En el sepelio de Wilson había una joven con camisa del Real España, cabello rizado y ojos cansados de llorar. Se llama Milagros Romero y fue pareja del fallecido. Compartían su amor por el equipo sampedrano:«Exijo justicia al Gobierno, porque (Wilson) no era como lo pintan. Todos cometemos errores, iba a entregarse y no era para que muriera así, la verdad que no puede quedar así. Las cosas no se arreglan matando a una persona», murmuró.
Las barras, el país y la violencia
El domingo 29 de mayo de 2022, Wilson llegó al estadio Olímpico para presenciar el juego entre Real España y Motagua, pero no se ubicó en un sector al azar, lo hizo junto a la Megabarra, un grupo de aficionados que comparte su simpatía por los aurinegros. Estos aficionados suelen ser bulliciosos y en muchas ocasiones se comportan de forma violenta, pero no son los únicos.
Después del triunfo de Motagua, tuvo lugar una invasión de aficionados del Real España a la grama del Estadio Olímpico, que fue controlada tardíamente por la Policía. Este hecho precedió al ataque de Wilson a la subinspectora Contreras Sierra, donde comenzó una historia a la que le faltan muchas respuestas.
La Megabarra, a través de un comunicado oficial, negó que Wilson fuera parte del grupo; no obstante, dos de sus familiares manifestaron que él pertenecía a la barra y que, aunque no iba a todos los partidos, «amaba al Real España».
Los otros equipos denominados «grandes» de la Liga de Honduras también tienen grupos organizados que los apoyan. Al Olimpia lo sigue la Ultra Fiel; al Motagua lo apoyan los Revolucionarios; y al Marathón, la Furia Verde. Los hechos violentos en los estadios de Honduras son tan comunes como impunes.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, entre el 2017 y 2019 hubo 25 muertes relacionadas a riñas entre barras. El fenómeno no ha tenido respuestas. La inseguridad en los estadios ha seguido progresando pese a que en 2015 el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol, llamada «Ley antibarras».
Otto Argueta es investigador social y doctor en Ciencia Política, también es un estudioso del fenómeno de las barras. Él considera a estos grupos como «grandes conglomerados de identidad que generan una cohesión muy grande entre los jóvenes y les hacen sentirse parte de algo. La violencia forma parte de la actitud de vida y tiene sentido en el contexto de defensa, son grupos que se defienden de todo».
Sostiene que las autoridades no han entendido la naturaleza del problema o no les interesa, pues a su juicio hubo trifulcas en los estadios donde «parece ser que hubo intención de que ocurrieran». El investigador agregó que «es errado pretender que las barras se comporten como algo que no son. Van a llegar desordenados, con mucha adrenalina, con alcohol y drogas. Es responsabilidad de las autoridades entender eso y actuar de la manera correcta», agregó.
Para Argueta la seguridad en los estadios no puede quedar reducida a una reunión un día antes de los encuentros, pues las barras son grupos grandes que, enardecidos, llegan al estadio y en cualquier parte del mundo serán difíciles de controlar.«Se necesitan mecanismos estables de comunicación entre los líderes de las barras, que son quienes mejor conocen su dinámica», dice.
Preguntamos al investigador si en sus estudios ha identificado que miembros de barras también pertenecen a maras y pandillas, pues esta es una de las explicaciones recurrentes que se da respecto a las actuaciones violentas de las barras.
«Es inevitable –nos dice–. Hay miembros de las barras que son integrantes de las pandillas o bien hay otros que vienen de barrios controlados por las pandillas. Las cuatro barras grandes de Honduras son muy diferentes, algunas han logrado establecer una línea más clara respecto a su relación con las pandillas, otras no tanto, pero lo que no se puede dudar es que, por la misma razón de provenir de barrios donde coexisten con las pandillas, hay una relación», concluyó.
No obstante, aclaró que la violencia en las barras no se explica únicamente desde su relación con las pandillas y piensa que es más un reflejo de la situación del país en cuanto a seguridad: «Muchos se preguntan por qué el fútbol genera violencia y por qué las barras generan violencia, y no es ninguna de las dos, porque en todo el mundo hay de ambas y no se están matando».
Sostuvo que la seguridad en los estadios pasa por algunos factores, como que los actores involucrados asuman responsabilidades en lugar de desligarse, pues en los espectáculos hay instituciones como Liga Nacional y empresas patrocinadoras que se benefician de las ganancias, pero no comparten la responsabilidad de la seguridad. Además, ahora que el Gobierno de Xiomara Castro habla de impulsar una Policía Comunitaria, Argueta aconseja que haya «una policía que tenga un espíritu comunitario, que esté dispuesta a hablar y escuchar, mucho más a escuchar».
Las contradicciones de la Policía
Una de las promesas de la administración de Xiomara Castro es convertir a la Policía Nacional en un ente comunitario «que vele por los derechos humanos y el cumplimiento del orden social»”, esto lo anunció al recibir el Bastón de Mando el 1 de marzo de 2022.
«Una policía comunitaria hará efectivo el combate al crimen, narcotráfico, extorsión y homicidios», declaró la presidenta. Agregó que esta policía debe ser «un modelo de respeto irrestricto a los derechos humanos».
Lo dicho por la máxima autoridad del país no es una promesa fácil de cumplir. Se refiere a una institución que no goza de la confianza de los hondureños. Casos como la muerte de Keyla Martínez, el gas lacrimógeno lanzado a trabajadoras de maquila en Choloma o un proceso fallido de depuración no ayudan a ganar terreno a esta institución.
A lo anterior, ahora, se suma el caso de Wilson Pérez.
En su primer comunicado sobre la muerte del barrista, la PN detalló que recibieron información de que el implicado se encontraba en la zona donde murió, que es controlada por la Mara MS, y que se preparaba para huir al interior del país. El comunicado decía que cuando los agentes de la FNAMP llegaron al lugar, fueron atacados a balazos y ellos repelieron el fuego, hiriendo de gravedad a Wilson, quien fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas.
Sin embargo, el vocero nacional de la Policía, Miguel Martínez Madrid dijo en conferencia de prensa que «los policías se dieron cuenta de la identidad del individuo hasta que los médicos les entregaron los documentos. Ahí se dieron cuenta de que era la persona que estaban buscando», dijo el comisionado.
Además, a través del comunicado ya mencionado y las palabras de Martínez Madrid, la Policía Nacional ha señalado que Wilson llegó con vida al Mario Catarino Rivas, pero a juicio del forense Dennis Castro Bobadilla en «el Catarino no le pudieron hacer nada porque ya llegó muerto, no existe ningún documento del hospital. Él llegó muerto», manifestó.
En declaraciones para El Confidencial, Martínez Madrid defendió a capa y espada la versión oficial y preliminar que menciona que Wilson murió en un enfrentamiento entre pandilleros y policías: «Creemos que cuando alguien se va a entregar no se va ir a juntar con mareros de la MS y creemos que cuando alguien defiende esas posiciones es porque son mareros o están afín a la mara», señaló.
Más adelante, el comisionado mencionó que la forma de operar de la MS es muy diferente a la de otras estructuras criminales. «Sabemos que la MS tiene muchos tentáculos en muchas empresas y muchos lugares, y sabemos que tienen influencias en ciertas personas, podría darse que estas personas estén tratando de argumentar algo distinto a lo que ocurrió y estén en parte argumentando situaciones que podrían defender más a la mara MS que a las autoridades que están arriesgando su vida para la seguridad del país», afirmó.
Las palabras del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, fueron menos confrontativas al asegurar que los resultados de la investigación «arrojarán la verdad de lo que pasó en este lamentable hecho. Esta administración no encubrirá abusos de ningún tipo de sus funcionarios. Ellos (los involucrados) y sus armas, están a disposición del Ministerio Público para cuando lo determinen».
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró en su redes que la reconstrucción de los hechos, la autopsia y la investigación son los elementos objetivos y científicos que «evidenciarán el enfrentamiento ocurrido con los criminales» en lo que parecía ser más una afirmación que una hipótesis. Lafuncionaria agregó que en la Secretaría de Seguridad «no se ocultarán faltas a los derechos humanos y se apoyará a los policías en el cumplimiento del deber».
En conferencia de prensa Villanueva también aseguró que vivimos «en un país donde la prueba científica no vale nada. En este caso es fácil comprobar si hubo un enfrentamiento o no». La forense a su vez recordó que hubo un oficial de la FNAMP que recibió un disparo y que se salvó al portar un chaleco antibalas: «Cómo se llama a eso, donde le piden a otro que se presente y este repele con bala y comienza el intercambio de disparos, eso no es una ejecución extrajudicial. Les pido que esperemos los dictámenes de balística», afirmó.
La investigación de los hechos ocurridos el 31 de mayo está siendo dirigida por la ATIC, una agencia de investigación adscrita al Ministerio Público e independiente de la Policía Nacional. No obstante, en 2018 fue la misma doctora Villanueva, ahora viceministra y en ese entonces directora de Medicina Forense, la que puso en duda la confiabilidad de la ATIC después de la muerte de la agente Sherill Yubissa Hernández.
Hernández era agente de la ATIC asignada en el occidente del país y apareció muerta en el interior del apartamento que rentaba en Santa Rosa de Copán. Ese caso fue catalogado como suicidio por los investigadores de la ATIC, mientras que la ahora viceministra de Seguridad aseguró que fue un homicidio y entonces se preguntó «¿A quién protegía la ATIC?».
El 8 de junio de 2022, la viceministra de Seguridad pareció perderla paciencia cuando, en declaraciones que recogió Radio América, se preguntó por qué en el Ministerio Público no se aceleraba el proceso para esclarecer la muerte de Wilson: «La población debe saber que no es un caso complejo, que es sencillo documentar si hubo una ejecución extrajudicial o un enfrentamiento, ahí están las cámaras, los testigos, el reconocimiento o la reconstrucción de hechos», afirmó.
Así mismo reconoció que ha recibido reclamos de algunas personas que piensan que ella está defendiendo a la Policía Nacional, pero aclaró que ella está «defendiendo la verdad científica y por eso vengo a estas oficinas (las del Ministerio Público). Y, ¿qué encontramos? Que la autoridad competente no está lista. No hay nadie que atienda».
Al preguntarle al doctor Castro Bobadilla si, a su consideración, ocurrió el enfrentamiento que describe el informe preliminar de la Policía, responde con otras preguntas: «¿Lo han acreditado con evidencias objetivas? ¿Han acreditado todo lo que dijeron de un enfrentamiento? Ahí tiene la respuesta».
La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, manifestó a Contracorriente que desde esa Secretaría se ve el caso con «suma preocupación». Y señala que la FNAMP en su historia ha tenido «múltiples señalamientos de prácticas violentas y de muertes con extremados niveles de incertidumbre». La funcionaria recordó que Libre, ahora partido gobernante, libró muchas luchas en las que se enfrentó a la fuerzas de seguridad y por eso sostuvo que «no estamos para encubrir ni justificar. Si existe responsabilidad en los agentes de seguridad del Estado, debe caerles todo el peso de la ley».
La ministra de Derechos Humanos visitó las oficinas de Medicina Forense en San Pedro Sula para pedir información sobre el caso de Wilson Pérez: «Nos hemos acompañado de personas de la Conadeh, ellos tienen la facultad para requerir del Ministerio Público los informes de las autopsias. Hasta el momento no se les ha entregado, aunque se nos ha informado verbalmente que el informe está listo, lo cual desde la oficina de la Conadeh es considerado un acto de obstrucción».
La ministra también manifestó que en la morgue les dijeron –de forma verbal– que existen «instrucciones superiores para no proporcionar el informe de la autopsia a la Conadeh y Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), que son las instancias de derechos humanos que han solicitado al Ministerio Público la entrega. Nos parece muy preocupante y podría estar sentando un gravísimo precedente en materia de investigación», cerró la ministra.
“No estamos para encubrir ni justificar. Si existe responsabilidad en los agente de seguridad del Estado debe caerles todo el peso de la Ley”. Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos
El 1 de junio de 2022, el féretro blanco sin detalles estéticos y con los restos de Wilson Ariel Pérez en el interior, fue sepultado por familiares y amigos, mientras Paola, hermana mayor del fallecido, derramaba algunas lágrimas y advertía que la familia luchará «hasta que se limpie el nombre de su hermano».
