La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronosticó que entre julio y agosto la inseguridad alimentaria podría agudizarse en Honduras. Los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania afectan directamente en el precio de los fertilizantes y los combustibles, por lo que los pequeños productores hondureños enfrentan una realidad desesperanzadora. Los programas gubernamentales para los agricultores no llegan, mientras el consumidor paga una canasta básica cada vez más cara.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen
Adelante de San Juan del Rancho, en El Guachipilin, una aldea perteneciente al municipio de Francisco Morazán ubicada a 36 kilómetros de Tegucigalpa, vive Óscar Cerrato, un hombre de 45 años que se dedica a la producción de tomate, repollo, cebollas y otro tipo de hortalizas.
«Aquí ya no es San Juan del Rancho –aclara Óscar–, cuando usted cruza el vado ya está en El Guachipilín», lo dice mientras nos da un recorrido por una frondosa plantación de tomate que colinda con otros tipos de cultivos y que juntos crean una atmósfera verde. Se respira un aire distinto al de la capital, aún estando a pocos kilómetros de esta.
Óscar explica que antes de la crisis actual que viven los agricultores, este sector ya estaba en riesgo. La pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, registradas en noviembre de 2020, dejaron pérdidas de miles de lempiras para las personas que se dedican a este rubro. Además, al no tener un seguro que respalde las pérdidas del pequeño productor después de un fenómeno climatológico o factores externos, la situación empeora.
En esto coinciden Hipólito Raudales y Juan Carlos Urquía, agricultores ubicados en El Ocotal, una aldea a poco menos de 33 kilómetros de Tegucigalpa. Ambos se dedican al cultivo de hortalizas: pepino, chile habanero, tomate cherry, entre otros.
Juan Carlos tiene 39 años, trabajar bajo el sol revela rasgos de envejecimiento en su piel. Él cuenta que antes de la pandemia tenía ocho casas-mallas llenas de productos. En estos viveros el agricultor invirtió un millón de lempiras, sin embargo, con la llegada del COVID-19 al país, solo pudo recuperar 300,000 lempiras de la inversión. «Primero perdí dinero por la pandemia y de ahí los huracanes se llevaron lo demás», expresa. Actualmente solo mantiene 3 de estas casas.
Las casas-mallas son edificaciones parecidas a un vivero, pero construidas en una estructura metálica y con una malla plástica parecida a una manta. Su función es proteger al cultivo de las plagas y de vientos fuertes; sin embargo, cuando los agricultores no tienen acceso a una, proceden a elaborar casas chinas, que consisten en amarrar la malla plástica en cada cerco del cultivo, protegiendo solo las parcelas.
El agricultor detalla que, actualmente, vende la libra de chile habanero a 32 lempiras (1.30 dólares), pero que en realidad debería de venderla a 40 lempiras (1.63 dólares), y lo mismo sucede con los demás cultivos. El producto debe ser vendido, y, aunque no se logre una ganancia, es mejor recuperar lo invertido antes de dejar morir el cultivo en el campo, según Juan Carlos.
Transportar el producto de estas aldeas a Tegucigalpa ha pasado de costar 200 a 400 lempiras (8.14 a 16.29 dólares respectivamente) el viaje, y la mano de obra en el campo no es la misma de antes. Óscar, el agricultor de Guachipilín, explica que debido a los altos costos de la producción los agricultores se han visto obligados a pagar menos a sus trabajadores, por lo que cada vez son menos personas las que se dedican a la recolección en tiempos de cosecha.
Pero hay algo que empeora la situación de agricultores como Óscar, Juan Carlos, Hipólito y otros 385,000 medianos y pequeños productores y productoras en Honduras: según datos del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), los pequeños productores agropecuarios, a pesar de aportar el 64 % del empleo rural en Honduras, tienen poco control en la cadena de valor, y es por esta razón que venden sus productos –granos básicos, hortalizas y verduras– a intermediarios que les compran a un bajo costo.
El incremento en un 300 % en el precio de los fertilizantes ha provocado una de las peores crisis en el sector agrícola del país, esto impacta en las familias de los agricultores, sus comunidades, y, en gran escala, a toda la población hondureña.
En el marco de los primeros cien días de Gobierno, la presidenta Xiomara Castro prometió en su discurso beneficiar a los agricultores con el Bono Tecnológico, un beneficio que, en sus palabras, «tendrá que ser otorgado democráticamente a una parte de los pequeños productores y campesinos en siembra de primera, y posteriormente, aumentar la cobertura para la siembra de postrera, sin discriminacion de ningun tipo y dirigido a aumentar nuestra producción de alimentos. Tenemos que salir victoriosos de la guerra contra el hambre», puntualizó.
Los agricultores aseguran que la entrega de este bono ha servido para fomentar el clientelismo político en tiempos de campaña electoral. Tanto en El Guachipilín, El Ocotal, y en otras aldeas en las que se dedican al cultivo, han llegado políticos a ofrecer quintales de fertilizantes a cambio del voto. Además, aseguran que el Gobierno actual no tiene la culpa de esto, pero que esperan que la dinámica en la entrega de estos beneficios cambie y no se politice.
El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, quien también es jefe de bancada de Libre y familiar de la presidenta Xiomara Castro, asegura que, luego de recibir un informe financiero por parte de Banadesa, el otorgamiento de créditos a los agricultores y agropecuarios será de manera urgente, tomando en cuenta la crisis alimentaria que atraviesa el país.
Pero Óscar, Juan Carlos e Hipólito nunca han sido beneficiarios de un préstamo en Banadesa, y esperan que esa reactivación sea del aprovechamiento de los grandes productores, como pasa usualmente.
«Para acceder a un préstamo en Banadesa nosotros tenemos que tener algo que nos respalde, y no es así. Hay productores que ponen una máquina o un tractor y ya tienen crédito. Los pequeños (productores) siempre estamos comiéndonos las uñas para poder lograr lo poquito que producimos», asegura Juan Carlos, agricultor de El Ocotal.
Además, Hipólito, productor de El Ocotal, menciona la importancia de que los agricultores estén asegurados: «El Gobierno no nos ha ofrecido asegurar nuestra cosecha por si se pierde, aquí no existe esa seguridad. Aquí no hay respaldo del Gobierno ni de alguna organización», afirma.
Los productores de hortalizas también mencionan que programas como el Bono Tecnológico Productivo (BTP), desarrollado por la Dirección de Ciencia y tecnología Agropecuaria (Dicta) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), son aprovechados por los pequeños productores pero en menores cantidades, y que no es algo que beneficie a los productores que se dedican a otro tipo de cultivos que no sean granos básicos.
Contracorriente contactó a Laura Suazo, Ministra de la SAG, directamente a través de su asistente, sin embargo, los intentos de entrevista no fueron atendidos. Del mismo modo, el subsecretario de agricultura, Roy Lazo, no accedió a una entrevista con este medio.
«Ellos le dicen bono tecnológico a una bolsa de maíz, una bolsa de frijoles y un quintal de abono, pero si usted ve nosotros sembramos maíz y frijoles para el consumo de nosotros, no dependemos de estas dos cosas para mantener a nuestras familias, darles el estudio, la comida y los alimentos. Nosotros dependemos de la agricultura, como el chile, tomate, pepino, y variedades», señala Juan Carlos, quien además manifiesta que producir hortalizas es igual de importante que granos básicos.
«El Gobierno habla de maíz, frijoles y arroz, ¿y es que solo eso comemos nosotros, pues?», pregunta entre risas Juan Carlos, quien a pesar de estar viviendo una situación de crisis, mantiene una sonrisa y explica con detalle la realidad que afrontan las personas en su rubro.
Banadesa y el Bono Tecnológico Productivo no sostienen a pequeños productores
El 9 de mayo de 2022, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, anunció la disponibilidad de 1,000 millones de lempiras en créditos para el sector agroproductivo del país, teniendo como prioridad atender las solicitudes de productores de granos básicos.
Erlin Menjívar, presidente de Banadesa, aseguró que este capital beneficiaría a más de 7,500 productores a nivel nacional, y que los productores en la central de riesgo del banco, debido a inconvenientes con sus cultivos, podrán beneficiarse con una readecuación o negociación y así poder obtener de nuevo un crédito en Banadesa. Esto, explicó el presidente del banco, se hizo en conjunto con la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
El 9 de mayo de 2022, Erlin Menjívar, presidente de Banadesa, anunció la reactivación del banco con mil millones de lempiras disponibles para el sector agroproductivo de Honduras.
«Gracias a la voluntad de nuestra presidenta, Xiomara Castro, Banadesa abre sus puertas a los agricultores y a los ganaderos del sector agroproductivo del país para que se acerquen a hacer sus solicitudes de crédito en las 30 agencias diseminadas en todo Honduras. Ya tenemos al personal técnico y el dinero listo para dar crédito a todos los productores para que tengan el dinero de manera expedita y hagan producir la tierra», informó Erlin Menjívar.
En septiembre de 2019, varios funcionarios del Banco de Desarrollo Agrícola fueron señalados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) en el caso «Corrupción sobre ruedas». El requerimiento a ocho funcionarios de Banadesa y Casa Presidencial fue por delitos de abuso de autoridad, fraude, usurpación de funciones y uso de documentos públicos falsos.
La Maccih informó que los implicados conformaron un esquema que utilizó a Banadesa para malversar más de 11 millones de lempiras, fondos que originalmente estarían destinados a la administración del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición, más conocido como «Bono 10 mil».
Entre los acusados figuraban Juan Ramón Maradiaga, gerente administrativo de Banadesa; David Eduardo Ortiz Hawit, gerente financiero de Banadesa; Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, encargado de Control Interno de Banadesa; Gonzalo Molina Solórzano, jefe de Proveeduría-Compras de Banadesa; y Carlos Josué Romero Puerto, coordinador de Proyecto PRAF-Banadesa Bono 10 mil en Banadesa.
Banasupro es exonerado de impuestos
Las Ahorro-Ferias del Pueblo son una iniciativa de la Suplidora Nacional de Alimentos Básicos (Banasupro). En Tegucigalpa se reúnen al menos 36 productores de verduras, hortalizas y granos básicos, quienes llegan de zonas aledañas a la capital.
Los productores venden sus productos los viernes, sábados y parte del domingo a un precio menor que el de otros mercados o supermercados en la capital. Sin embargo, los agricultores afirman que la subida a los fertilizantes, el precio de los combustibles y otros factores representan un problema a la hora de fijar los precios en sus productos y que el consumidor esté de acuerdo con los mismos.
«Ahora hemos tenido bastante controversia con el cliente, ¿por qué tan caro? nos dicen, y yo lo primero que hago es explicarles que no es invento mío, y que en las noticias se puede ver el alza a los fertilizantes, que han pasado de costar 480 lps a 1,600 lempiras, aproximadamente», manifiesta Óscar Cerrato, agricultor de El Guachipilín.
Juan Carlos Urquía coincide con lo expuesto por Óscar, y también afirma que no es culpa del consumidor exigir precios bajos. «El consumidor se cansa, y yo me pongo en el lugar de ellos porque sé que el salario mínimo no lo están subiendo de la misma forma en la que está incrementando la canasta básica, pero esto es algo que también los productores vivimos», agrega.
El economista Claudio Salgado explica que al consumidor hondureño le está incrementando todo y no tiene capacidad de negociar su salario.«La inflación se había estimado en un 5 % antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, en este momento anda por el 8 %. En el caso de Honduras el incremento al salario mínimo ya fue absorbido por la inflación, lo mismo la reducción al precio de los combustibles a inicios de febrero. Todo esto va creciendo y esta espiral inflacionaria va para largo», detalla.
Alvin Owen, portavoz del Banasupro, indicó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro se han inyectado 127 millones de lempiras, dentro de los cuales 100 millones serán destinados a pagar deudas con proveedores y así beneficiar directamente a los productores.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el 28 de abril de 2022 el informe «Inconsistencias financieras en el manejo de fondos públicos en Banasupro», en donde califican como no rentable financiera y operativamente al Banasupro, debido a su mala gestión de los recursos públicos, lo que ha ocasionado un déficit operativo para 2021 de 404,244,372.00 millones de lempiras.
El asistencialismo provocó el desabastecimiento de 38 centros de ventas en el país, detalla el informe: «Como resultado de la mala estrategia comercial, 14 de los 18 departamentos de Honduras tienen al menos un centro de venta cerrado. De los 150 centros de ventas registrados hasta el 31 de diciembre de 2021, 38 están con saldos negativos, proyectando un registro de 47,696,394.28 millones de lempiras. En consecuencia, de 103 centros de venta a nivel nacional solo operan 67».
El 19 de mayo de 2022 el Congreso Nacional aprobó un decreto orientado a exonerar de impuestos, tasas y contribuciones municipales y nacionales al Banasupro, esto con el objetivo de «fortalecer la operatividad de la institución, garantizar la seguridad alimentaria nacional y sostener la estabilización de precios». La iniciativa fue presentada por Jari Dixon, diputado del Partido Libre.
Juan Carlos Urquía asegura que no existe un fondo o programa que garantice mejorar la situación de los pequeños productores, y que, a pocos kilómetros de la capital, son miles de agricultores los que traen el alimento del campo a la mesa y los que son olvidados Gobierno tras Gobierno.
«Yo pienso que los que estamos acostumbrados a perder vamos a seguir perdiendo, porque yo no tengo otra cosa más que hacer que esto, y yo amo hacer esto, pero hay gente que ya no lo va a hacer. Estoy seguro que ya no lo va a hacer, conozco personas que eran productores y ya no siembran», repite el agricultor, mientras se pregunta cómo el sector agrícola, siendo uno de los más importantes en Honduras, es de los más olvidados en realidad.
Para Óscar Cerrato, agricultor de El Guachipilín, el escenario es más desesperanzador: «A mi se me ha cruzado por la mente que de repente no voy a seguir sembrando», menciona, mientras en el camino avanzamos por una manzana de cosecha perdida.
Guerra entre Rusia y Ucrania agudiza la crisis alimentaria
El informe Hunger Hotspots (Focos del Hambre) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO identifican una situación de inseguridad alimentaria que se agravará de febrero a mayo en tres países de América y el Caribe: Colombia, Haití y Honduras.
En el caso de Honduras, el informe detalla que es debido a la poca acumulación de lluvia en octubre y noviembre de 2021 y por los efectos de la pandemia que la situación de inseguridad alimentaria en el país empeorará; sobre todo, en áreas del Corredor Seco, en donde se necesitará asistencia humanitaria.
Ahora, con la Guerra entre Rusia y Ucrania, el escenario se torna todavía más difícil.
Stephanie Hochstetter, representante del PMA en Honduras, explicó a una radio hondureña que, al momento de determinar estas cifras, el conflicto entre estos dos países europeos aún no había comenzado, por lo que dentro del informe no están contempladas las repercusiones que está teniendo la guerra en muchas partes del mundo.
La guerra entre Rusia y Ucrania, que inició en febrero de 2022, ha provocado consecuencias en la economía del mundo al involucrar indirectamente a otros actores como Estados Unidos.
El doctor en economía Claudio Salgado explica que la guerra entre Rusia y Ucrania ha venido a incrementar los problemas que ya existían en el mundo en materia económica. Interrupciones en la cadena de suministros y el incremento de precio en el transporte de mercancías a raíz de la pandemia a nivel global, el cambio climático, y la subida de los combustibles, han aumentado los precios en los alimentos, la energía y los combustibles.
Salgado menciona que Rusia tiene la capacidad de producir 10 millones de barriles de combustible diarios, de estos, 7 son de exportación, pero con el bloqueo que imponen a Rusia los distintos países afines a Ucrania, el precio en los combustibles incrementa en Europa y en todas las partes del mundo. Es por esta razón que tanto para Honduras como para otros países del mundo, es complicado sustituir esta producción de combustible, lo que ha desencadenado en una crisis mundial de combustible y sus derivados.
Además, el doctor Salgado señala que sólo Rusia y Ucrania abastecen alrededor del 25 % de los fertilizantes a nivel mundial.
Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania finalizara mañana, el economista explica que las secuelas prevalecerán por un largo tiempo, y que el Gobierno puede implementar paliativos como absorber 1,000 lempiras de subsidio por galón de combustible, absorber el 50 % del incremento del diésel, poner en marcha medidas de ahorro de combustible, pero que es difícil debido a que en Honduras estamos viviendo las perturbaciones y efectos de un conflicto externo. «Mientras no se ponga fin a la guerra, los efectos de esta traerán más pobreza, desempleo, calamidades y saqueos a la población», agrega.
La representante del PMA en Honduras, Stephanie Hochstetter, detalla que será aproximadamente el 28 % de la población hondureña la que se encontrará en una situación de crisis o emergencia alimentaria, y que entre los departamentos más afectados están Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá; y los departamentos que tienen mayor población, como ser Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho.
Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) ligado del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al menos 2.6 millones de hondureños estarán en crisis o emergencia alimentaria aguda.
Hochstetter agrega que en las zonas periurbanas, como es el Valle de Sula y sus alrededores, el alimento será muy limitado, debido a que el desempleo ha aumentado en esta zona por el rezago del COVID-19 y el alza de precios. También se verán afectados los agricultores en el oriente del país, los ubicados en el Corredor Seco, y las mujeres y niñas en estos lugares, ya que usualmente ellas son las que toman las decisiones acerca de qué y cuánto alimento se consume en el hogar.
«Hoy en día todos nos damos cuenta a la hora de ir a comprar al supermercado, al cargar combustible a nuestro vehículo, o mover un producto de un lado a otro, que todo es más complicado y más caro», explica la representante del PMA.
