Texto: Nelson Camilo Sánchez
Fotografía: CC/Archivo
«Logramos la liberación de nuestros compañeros, nos falta ahora liberar el río». Con estas palabras respondió una habitante de Guapinol en una entrevista realizada por un medio de comunicación comunitario el día de la liberación de seis pobladores de la zona, quienes habían sido detenidos por más de 29 meses en el centro penal de Olanchito, en el norte de Honduras.
El jolgorio que vivía la comunidad no era exagerado. Después de casi tres años de un carrusel de decisiones judiciales —en las que se negaron sistemáticamente todos los argumentos de la defensa de los ambientalistas—, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había no solo ordenado su liberación, sino que el caso se cerraba definitivamente.
Como expuso la CONADEH, la liberación de los ambientalistas es «una conquista justa, aunque tardía, que deja en evidencia como la lucha por la preservación del medio ambiente es y seguirá siendo una causa legítima». Una conquista que se logró gracias al trabajo sin descanso de la comunidad, los abogados de la defensa, y un grupo muy activo de organizaciones de derechos humanos en Honduras y fuera de ella. Pero no es una victoria completa. No solo porque estas tardías decisiones no podrán borrar del todo el padecimiento de quienes injustamente estuvieron privados de su libertad y el dolor de sus familias; sino por que, además, los orígenes del conflicto y las afectaciones subsecuentes ocurridas en Guapinol son solo una muestra de patrones comunes en Honduras y en Centroamérica.
El caso Guapinol puede ser usado como un lente para ver las falencias de la institucionalidad democrática de Honduras en al menos cuatro aspectos.
El primero es el de la torpe gestión de los conflictos socioambientales en el país. Conflictos que se han generado a partir de políticas que privilegian proyectos extractivos a costa de los derechos de los pueblos y de los recursos ambientales. Conflictos que, luego, se transforman en confrontaciones violentas debido a la falta de transparencia de la administración, al actuar de funcionarios corruptos que, en lugar de hacer cumplir las leyes, se convierten en administradores de negocios privados y del uso de la fuerza pública contra las comunidades que protestan de manera pacífica y organizada.
El segundo patrón que se desvela de este caso es el uso del aparato criminal del Estado para perseguir a quienes defienden sus derechos y los recursos ambientales. Las irregularidades del proceso fueron tantas que tendría que convertirme en columnista regular de este espacio para contarlas todas. Un Estado debe ejercer la acción penal para propender por la verdad y reducir el daño que hubiera podido causarse con un delito. Pero en este caso se vio todo lo contrario: un proceso penal iniciado para causar daño y con ningún interés en investigar los hechos y llegar a la verdad. Trágicamente en este caso la Fiscalía y el poder Judicial siguieron la máxima de la injusticia que dice «se detiene para investigar», en lugar de investigar para detener.
En tercer lugar, los distintos poderes del Estado ni supieron —o no quisieron— usar las herramientas que les facilitó la comunidad internacional para solucionar el problema que ellos mismos habían creado. Expertas y expertos internacionales de los más variados temas formularon recomendaciones precisas y ejecutables que le daban una guía al Estado hondureño para salir del embrollo. Sin embargo, durante todo el caso, el poder Judicial —y el poder Ejecutivo durante el Gobierno anterior— tomaron la ayuda técnica internacional como un insulto. La ignorancia del derecho internacional fue casi tan grande como el cinismo de muchos funcionarios. Recuerdo, por ejemplo, una funcionaria de Gobierno que dijo en una reunión que no podía hacer nada para implementar la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias porque eso sería violar la independencia del poder Judicial.
Finalmente, las últimas dos semanas del proceso penal son la viva muestra de lo que sucede cuando la resistencia a la justicia se aprovecha de las marañas de una burocracia judicial que no acostumbra a rendirle cuentas a la sociedad. Los funcionarios judiciales lograron extender el castigo de los ambientalistas mediante una suerte de paseo judicial del expediente por dos semanas. De tribunal en tribunal, de corte en corte, tuvo que viajar el expediente recolectando sellos y firmas innecesarias. Si se le comparara con la agilidad mental del poder Judicial hondureño para inventar trámites innecesarios y trabas burocráticas, el novelista Franz Kafka —célebre por sus novelas donde muestra el absurdo de la burocracia judicial— si acaso alcanzase a ser un practicante.
Esto no significa que no haya que celebrar la tremenda victoria de la comunidad de los ríos de Guapinol y San Pedro. Por el contrario, le da más mérito al tremendo trabajo del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Jurídico de los Pueblos de Honduras. Fue una lucha de David contra un Goliat asistido por un nutrido ejército de minions burocráticos.
Pero aquí es donde volvemos a las sabias palabras de la lideresa comunitaria. La tarea está lejos de ser completada. Y no es solo la liberación del río lo que urgentemente hace falta. Este nuevo Gobierno de Xiomara Castro, que ha iniciado labores con pasos muy importantes, no solo en el caso de Guapinol, sino por ejemplo con la declaración de moratoria de la minería a cielo abierto, debería tomar nota de la historia de Guapinol. Retroceder la película y ver con detalle estos últimos tres años podría ser muy útil para quienes quieren ejercer un poder público que sirva a la gente y no a los intereses privados.
