El pasado 9 de enero Pablo Hérnandez, líder indigena y comunicador social, fue asesinado en la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira. Hernández denunciaba constantemente los actos de corrupción de las autoridades del municipio; entre ellos, la venta de territorios ancestrales y la complicidad de otros líderes indígenas en esto, según fuentes confidenciales. Las autoridades pertinentes aún no presentan avances en la investigación de los autores criminales e intelectuales de su asesinato.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Nahún Rodríguez
El domingo 9 de enero Pablo Isabel Hernández, líder indigena lenca y comunicador social fue asesinado en plena calle mientras caminaba de su casa hacia la iglesia de la aldea Tierra Colorada.
Pablo Hernández era conocido en su comunidad como un líder indigena lenca, defensor de la tierra y de los derechos humanos, y comunicador social originario de la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín en Lempira, al occidente de Honduras. Pablo era muy activo, era el presidente de la Red de Agroecólogos de la Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas, coordinador de las comunidades eclesiales de base de la iglesia católica, impulsor de la Universidad Indígena y de los Pueblos, presidente de la Auxiliaría de la Vara Alta de Caiquín y coordinador de la radio comunitaria Radio Tenán.
Su padre, Natividad Henández, un hombre de 62 años, relata que ese día ambos se dirigían al mismo lugar, pero él se detuvo a platicar con otro habitante de la zona, mientras que su hijo, Pablo, de 34 años, el segundo de 8 hermanos, continuó su paso.
«Ese día él iba solamente con las sagradas escrituras en la mochila, un sombrerito, lentes, y documentos en la mochila. No cargaba ni una gilette», detalla el padre de Pablo, coordinador del Consejo comunitario de la iglesia a la que asistía con su hijo. Estaba dos cuadras detrás de Pablo cuando escuchó el sonido de los disparos. En ese momento no se asustó, creyó que eran petardos.Pero pronto, otro de sus hijos, quien también se dirigía a la iglesia, volvió de donde estaba Pablo y lo alertó: «Papi, apúrese, porque chingaron a mi hermano». Cuando don Natividad llegó al lugar en el que estaba Pablo, este ya había muerto. Los asesinos ya no estaban en el sitio.
Mataron a Pablo Hernández de nueve disparos de bala a cinco cuadras de su casa de habitación. Entre su familia, amistades, y habitantes de Tierra Colorada lo velaron y sepultaron. «La fiscalía se lo quería llevar, pero yo quería velar a mi hijo, porque sucede en algunos casos que se los llevan (el cuerpo) y hasta el momento no se sabe nada. Los asesinatos quedan impunes», manifiesta Natividad. El asesinato de Pablo marca el primer homicidio de un líder indígena en Honduras en 2022.
Según una proyección del año 2017 del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ON-UNAH), San Marcos de Caiquín, un municipio con un poco más de 5 mil habitantes, presenta una tasa de homicidios mayor a la tasa nacional, que es de 43.6 por cada 100 mil habitantes. Los pobladores del municipio, y de la aldea de Tierra Colorada precisamente, aseguran que hace unos pocos años no era usual que los habitantes anduvieran armados, pero esto ha cambiado, empezando por las autoridades municipales.
Natividad Hernández explica que, desde hace unos años, Pablo era amenazado de muerte por las denuncias que hacía tanto a través de Radio Tenán como en distintas organizaciones y fiscalías, entre ellas, al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural y ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Las denuncias del líder indígena iban desde abuso de poder de las autoridades de San Marcos de Caiquín y otros municipios aledaños, la venta de tierras para la construcción de una represa hidroeléctrica, la instalación de energía eólica en el municipio, hasta un negocio de captura y almacenamiento de carbono en los municipios de la zona.
El municipio de San Marcos de Caiquín está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por Honduras, al tratarse de un territorio ancestral indígena Lenca. En este sentido, la comunidad tiene que ser previamente consultada antes de construir algún proyecto en su territorio. Sin embargo, además de la intención de edificar distintos proyectos energéticos sin consultar a la comunidad, los habitantes realizaron un cabildo abierto para declarar al municipio libre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ante una posible amenaza en su territorio.
Las amenazas y atentados que rodeaban la vida de Pablo Hernández eran constantes, y su familia y allegados escuchaban cómo él les advertía persistentemente de su posible asesinato. «Él le había dicho a la mamá: Mami, a mí me van a matar, pero no me van a matar por pícaro, me van a matar por decir la verdad y por dar la doctrina de Dios», cuenta su padre.
«Ese día en la mañana yo le dije que no iba a ir a la iglesia, porque me iba a quedar arreglando la casa, cuando de repente me dan la mala noticia. Para mí fue muy triste. Él siempre me alertaba de su muerte, pero yo nunca acepté eso», relata la esposa de Pablo Hernández, María Cortés de 28 años.
María cuenta que aparte de su labor como líder indígena y comunicador social, Pablo se dedicaba a trabajos de albañilería y a la agricultura. Tuvo junto a él 4 hijos, el menor es un bebé de tres meses.
Bertha Oliva, fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) cuya sede está en Tegucigalpa, manifiesta que Pablo tenía el convencimiento de que lo iban a asesinar a causa de las denuncias que interponía acerca de las actuaciones irregulares y arbitrarias del alcalde local. El 16 de marzo de 2021, Pablo puso una denuncia en la que dijo ser víctima de hostilidad y amenazas por parte del alcalde de su municipio, indica Oliva.
«Colocamos la denuncia ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural y ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en su debido momento. Ahora, después del asesinato de Pablo, exigimos a estas fiscalías los avances investigativos de las denuncias presentadas; sin embargo, se negaron a responder nuestra petición diciéndonos que ya era asunto de la Unidad Especializada para la Investigación de Muertes Violentas», dijo Oliva.
Bertha Oliva, fundadora del COFADEH, manifiesta que no han recibido avances en las denuncias que interpuso Pablo Hernandez, líder indigena y comunicador social, antes de su muerte.
Violencia creciente en las comunidades indígenas al occidente de Honduras
«Aquí, en San Marcos de Caiquín, antes era un lugar sano. Pero una vez, hace 12 años, tuvimos un atentado; yo por ser presidente del Consejo Municipal Indígena Lenca del Municipio de San Marcos de Caiquín, a otro de mis hijos casi lo matan, y a mí me tenían vigilado por 8 días», cuenta Natividad, el padre de Pablo.
En el municipio de San Marcos de Caiquín, a 27 kilómetros de la cabecera departamental de Gracias, Lempira, la mayoría de la población se dedica al cultivo de granos básicos y a la ganadería en las zonas bajas del municipio. Sin embargo, en las zonas altas, extensas cantidades de terreno han sido captadas para el cultivo de café.
En la comunidad hay temor, por eso quienes hablaron con nosotros prefirieron omitir su nombre al señalar que algunos líderes indígenas se han encargado de extender escrituras de estas tierras a cafetaleros ligados al poder político de la zona.
José Ramón Vasquez, secretario general de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (Anach), un sindicato agrario, detalla que desde antes del asesinato de Pablo Hernández han intentado, a traves de distintos programas, resolver conflictos existentes en la comunidad. No obstante, este último acontecimiento parece ser un retroceso en sus objetivos.
La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños junto a distintos líderes de las comunidades y con la participación de la organización de la Universidad Indigena y de los Pueblos, se han encargado de trabajar en un proyecto denominado «resolución de conflictos mediante la cultura de paz», el cual han desarrollado desde aproximadamente más de 1 año.
El secretario general de la Anach explica que la violencia en San Marcos de Caiquín no es algo nuevo, pero que ahora con el asesinato de Pablo Hernández se disparan de nuevo las alarmas.
Del mismo modo, explica que Pablo Hernández, junto a líderes de otras comunidades de esta zona al occidente de Honduras, trabajaron en la protección y conservación del bosque, el refugio de vida silvestre y las fuentes de agua. Además, el pasado 30 de mayo realizaron una manifestación en La Campa, municipio aledaño a San Marcos de Caiquín, en donde protestaron en contra de las ZEDE a nivel del departamento de Lempira, y también en contra de la instalación y venta de la captura del dióxido de carbono en el área.
«Se tiene información de que acá han tenido la intención de comprar las tierras a personas con títulos para la captura de carbono. En algunos municipios se dio esto, y a estas personas les dieron dinero a cambio», asegura el secretario del sindicato agrario.
«Se tiene información de que acá han tenido la intención de comprar las tierras a personas con títulos para la captura de carbono», asegura José Ramón Vasquez, secretario general de ANACH.
Los bonos de carbono o créditos de carbono son una herramienta creada para reducir las emisiones contaminantes del medio ambiente y es uno de los tres mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto, el cual forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero.
Esto, continúa explicando José, ha ocasionado conflictos a nivel político en las comunidades, debido a que los alcaldes de los municipios de San Marcos de Caiquín, San Sebastián, San Manuel de Colohete y La Campa, en el departamento de Lempira, han vendido ejidos municipales a personas dentro de sus círculos de poder y dejan a los campesinos despojados de sus tierras.
Los ejidos municipales son terrenos libres y de los cuales nadie tiene escritura privada, parcelas en donde las personas pueden cultivar y son rotativos, es decir, mientras dejan reposar la tierra de una parcela los campesinos cultivan en otro lugar y así sucesivamente.
«La lucha de Pablo en la defensa de estas tierras y su papel como núcleo de las distintas coordinaciones defensoras de la tierra y los derechos humanos viene a crear aún más incertidumbre en torno a su asesinato», asegura el secretario de la Anach, quien a su vez sostiene que los habitantes de las comunidades no confían en la Policía Nacional ni en las Fuerzas Armadas, debido a que ambas fuerzas han sido cómplices de las acciones en contra de la lucha de los consejos indígenas de la zona.
Contracorriente contactó vía telefónica y personalmente en la Alcaldía del Municipio de San Marcos de Caiquin al exalcalde Efraín Guadalupe Múñoz, del Partido Libertad y Refundación (Libre), a pesar de ello, las solicitudes de entrevista nunca fueron atendidas. Actualmente el alcalde electo por el municipio es Jorge Santos Muñoz, del Partido Liberal.
Radio Tenán, una radio comunitaria coordinada por Pablo Hernández, fue uno de los espacios de denuncia del comunicador social, pero también la radio sufrió varios atentados. En el año 2016, indican distintos locutores y voluntarios de Radio Tenán, rompieron una de las ventanas de la radio, y, el año pasado, cortaron todo el sistema de cableado de la emisora.
«Algo que lamentamos es que no haya voluntad política para dar protección a los que enfrentan amenazas. Estos crímenes no pueden seguir quedando impunes, ya que esto no solo afecta a la familia de Pablo y sus allegados, sino a toda la comunidad, a todo el pueblo, es más, a toda Honduras. En este sentido, se necesita que haya voluntad política, autoridades competentes y con voluntad de resolver estas cuestiones», manifiesta José Ramón Vásquez, secretario de Anach.
Una persona pobladora de la comunidad que habló con nosotros con la condición de que se protegiera su identidad, explicó que en el municipio de San Marcos de Caiquín han ocurrido varios asesinatos con características similares, y sus ejecutores son una banda de sicarios que opera en la zona. Por ahora, las personas cercanas a Pablo esperan que su reconocimiento internacional derive en mucha presión para el esclarecimiento de su asesinato.
El Mercado de Carbono: un negocio que opera desde la secretividad en Honduras
Desde la REDD+, un mecanismo internacional creado por la ONU para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones globales de Dióxido de Carbono (CO2), los bonos de carbono son una solución para combatir el cambio climático y reducir el CO2 en la atmósfera. Además de contribuir a reducir la cantidad de Dióxido de Carbono que se produce en el medio ambiente, el proyecto de los los Bonos de Carbono permite financiar actividades para reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera mientras se generan impactos sociales positivos en las comunidades, explica el portal web de la REDD+.
Este sistema (los bonos de carbono) crea un Mercado de Carbonos que penaliza a empresas e industrias con una gran huella de carbono, es decir, industrias que contaminan el medio ambiente, y, a la vez, ofrecen incentivos económicos a quienes contribuyen a reducir esta huella contaminante en el medioambiente. Dentro de estos proyectos están la generación de energía renovable, la limpieza de lagos y ríos, la reforestación, entre otros, de esta manera, territorios con grandes extensiones de bosque, como los hay en Honduras, son propicios para este mercado.
En el caso de Honduras es difícil encontrar a las empresas que se dedican a la captura de dióxido de carbono; sin embargo, en una publicación de Diario La Prensa en el año 2013, se anuncia la inversión inicial de 60 millones de dólares en la colocación de bonos de carbono en el país, por parte de la compañía asiática Beijing GED Orient The Development.
El artículo de este medio de comunicación detalla que la compañía asiática y el Gran Investment Group (Grupo GG) de Honduras «desarrollaría el proyecto en un área de 2.7 millones de hectáreas de bosque distribuidas en los departamentos de Olancho, Colón, Yoro, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Copán y la zona de La Mosquitia».
«Hacen contratos con las poblaciones para que den en concesión sus tierras. Es un negocio que están manejando tanto autoridades municipales como líderes indígenas en el país, los cuales promueven la captación de títulos de tierras que pertenecen a campesinos y que quedan en manos de las empresas para la venta de bonos de carbono por años», aseguró a este medio una fuente anónima de la comunidad.
En la legislación hondureña, mediante el Decreto 297-2013 de la Ley de Cambio Climático se denomina al Mercado de Carbono como un «Sistema de comercio en donde se compran y venden emisiones reducidas o absorbidas de Gases de Efecto Invernadero», y se fomenta, mediante la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el proyecto de captura, venta, y desarrollo de carbono para generar ingresos de las comunidades en el marco de esta Ley.
Sin embargo, en esta Ley no se habla acerca de las condiciones y reglamentos dentro de los cuales se puede dar la venta de los bonos de carbono en Honduras, y no hay información existente de alguna empresa que asegure tener venta de bonos de carbono en el país.
«Cuando Pablo empezó a hablar de estos temas en la iglesia y en la radio, creó alergias, y eso llevó a su asesinato», asegura la fuente anonima. Del mismo modo, el padre de Pablo Hernández, Natividad Hernández, manifiesta que a distintos habitantes de la zona se les ha prometido 3,000 lempiras a cambio de sus tierras, pero que no se les da más detalles en cuanto al tiempo que se les estará brindando este dinero.
Los inicios del levantamiento indígena en la zona y el nacimiento de la Universidad Indigena
Habitantes de San Marcos de Caiquín relatan que en la década de los 80, Monseñor Luis Alfonso Santos, un obispo encargado de la diócesis que abarca a los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán, fue uno de los que impulsó la doctrina social de la iglesia, y es a partir de ahí en donde surgieron los distintos movimientos sociales existentes en el occidente de Honduras. Pero es en el 2009, año en el que se da el golpe de Estado en Honduras, cuando nombran a un nuevo obispo, quien desmonta el trabajo de los movimientos sociales de la diócesis anterior.
«De ahí nace la división entre el sector oficialista de la Iglesia convencional y el sector que sigue promoviendo la doctrina socialista de la Iglesia», explican los habitantes. Pablo era uno de los máximos exponentes del movimiento social, en donde existen más liderazgos a nivel de distintos municipios, pero él era quien coordinaba y dirigía el movimiento a nivel de los municipios de San Sebastián, San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquín y La Campa.
Natividad Hernández, su padre, explica que aún siendo un miembro activo de la iglesia, su hijo denunció en reiteradas ocasiones irregularidades dentro de la congregación, entre estas, el saqueo de templos. Los templos al occidente de Honduras han sido edificados desde la época colonial, y sus construcciones datan desde el siglo XVIII aproximadamente. Debido a esto, y por ser una voz activa en el movimiento social, no era del agrado de algunas autoridades de la Iglesia.
Pablo también fue uno de los impulsores del proyecto de la Universidad Indígena. La universidad imparte módulos en 6 municipios del departamento de Lempira (San Marcos de Caiquín, La Campa, San Sebastián, San Manuel Colohete, Santa Cruz y Belén) y a ella asisten personas desde los 13 hasta los 76 años de edad; a su vez, no es requisito leer ni escribir para formar parte de la misma y es allí donde se traspasa a través de la tradición oral muchos de los elementos de la cultura lenca.
En la comunidad hay miedo y casi nadie quiere hablar de lo que le pasó a Pablo. Una pobladora —quien no quiso brindar su nombre— dijo que lamentan que las organizaciones indígenas no se pronuncien por este asesinato. «Pablo era un tipo honesto, honrado y leal, contrario a muchos liderazgos indígenas que más bien son arribistas y oportunistas», dijo.
Actualmente el movimiento social integrado por cuatro municipios de Lempira pertenece a la Organización Nacional Indígena Lenca (ONIL); sin embargo, este busca desvincularse a esta organización y añadirse al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), indica Natividad, padre de Pablo Hernández.
***
Mientras se desarrolla el fin de novenario de Pablo Hernández —un rito fúnebre que consiste en despedir al difunto con 9 ceremonias a partir del día de su muerte—, un grupo de compañeros de la iglesia cantan para despedirlo:
Esta gran felicidad
Los ricos también la quieren
Y nos piensan engañar
Con un peso en la cartera
Se van a equivocar
Porque Dios nos da la fuerza
El agua que nos rodea
El aire y la luz del sol
Son cosas maravillosas
Que Dios hizo para todos
Pero si las destruimos
Nos castigaremos solos.
