Han pasado casi dos años desde que la Secretaría de Educación suspendió las actividades académicas tras confirmar los primeros casos de Covid-19 en marzo de 2020. La pandemia obligó al sistema educativo a desarrollarse en la virtualidad en un país con alarmantes índices de pobreza y estancamiento tecnológico; actualmente Honduras figura como el único país en Latinoamérica que aún no retorna a clases presenciales.
Texto: Francis Cálix
Fotografía de Archivo Contracorriente/Martín Cálix
«Honduras es el único país de América Latina que aún no ha abierto su sistema educativo» dijo este viernes a Contracorriente el Especialista en Comunicación, Héctor Espinal, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Y es que desde el 13 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación (Seduc) suspendió las clases presenciales por 14 días para los niveles de educación prebásica, básica y media; no obstante, este período de suspensión de clases se prolongó hasta casi dos años, en donde los escolares han adoptado el sistema virtual.
Este 2022, el año lectivo iniciará a partir del primero de febrero con el proceso de matrícula en los centros educativos públicos del país, cuyas clases continuarán de forma virtual, según informó en un artículo de la Secretaría de Educación (Seduc) la viceministra de Educación, Gloria Menjívar.
Países vecinos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua retornaron a clases presenciales desde el año pasado. En el caso de Honduras aún no existe una declaración oficial sobre el retorno. A través de una nota informativa de la Seduc, se informó que el «retorno a clases presenciales o semipresenciales será una decisión que estará en manos de las nuevas autoridades» y que el Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, «dejaría a la próxima administración información base para realizar decisiones acertadas».
Para Daniel Sponda, dirigente magisterial del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), el retorno a clases presenciales necesita tener las condiciones que el gremio magisterial ha planteado desde el inicio de la pandemia y, aunque tienen altas expectativas con el nuevo Gobierno, seguirán siendo «consecuentes» con sus demandas.
Sponda dijo a Contracorriente que son tres requisitos principales que se deben cumplir para el retorno a clases presenciales: «El tema de la vacunación, garantizar las condiciones hidrosanitarias de los centros educativos y definir un protocolo de bioseguridad que nos permita minimizar lo máximo las posibilidades de contagio del Covid-19».
Bajo esas tres condicionantes, dice Sponda, hay que ir abriendo los centros educativos. Sostiene que las instalaciones educativas que no tengan condiciones tendrán que ser reparadas y mientras tanto, en esos lugares, las clases deben continuar de manera virtual.
Según datos de la Secretaría de Educación, un total de 534 centros educativos resultaron dañados tras el paso de los huracanes Eta y Iota en 2020 y se identificaron 9.666 educandos de 14 departamentos del país afectados por los fenómenos naturales. Según un informe de situación de Unicef, los daños en las escuelas fueron de un 80.9 %.
Sponda espera que al cierre de los primeros 100 días del próximo Gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro se puedan reiniciar las clases presenciales en la mayor parte de las escuelas y al cierre del año 2022 tener las escuelas reparadas.
De acuerdo con la agenda prioritaria del Plan de Gobierno de Xiomara Castro para los primeros cien días en materia de educación, se desarrollarán 6 puntos de partida: vacunación, inicio del año lectivo, programas sociales, campañas masivas de comunicación, diálogo y república digital.
En el mismo documento se detalla que 2.3 millones de niñas y niños se encuentran en edad escolar, 1.3 millones de niñas y niños entre las edades de 5 a 11 años no están vacunados y 435, 927 en edad de 12 a 17 años ya están vacunados.
En contraste, las cifras de la Secretaría de Salud (Sesal), enviadas a Contracorriente, indican que hasta el 30 de diciembre de 2021 al menos 528, 463 estudiantes entre las edades de 12 a 17 años estaban vacunados con la primera dosis y 337, 458 con segunda dosis en las principales regiones sanitarias del país. De igual forma, la población de 5 a 11 años aún no se encuentra vacunada.
De acuerdo al Fortalecimiento Educativo por Honduras (Foreduh), en 2021 se registró una matrícula de 1, 676, 006 lo que representó una pérdida del 17 % de la población estudiantil.
Héctor Espinal, por su parte, sostiene que el sistema educativo hondureño ha tenido históricamente una gran dificultad desde hace décadas y que la pandemia por Covid-19 solo vino a empeorar la situación. El experto de Unicef considera que el Estado hondureño debe ser responsable del mantenimiento de la infraestructura escolar, de las medidas de bioseguridad y acceso a la vacuna contra la Covid-19 para los escolares y docentes. «Es el Estado hondureño que debe garantizar que esto esté presente en cada municipio y aldea del país para retornar a clases presenciales», comentó.
A través de su cuenta de Twitter la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, informó el 18 de diciembre de 2021 que había firmado un contrato con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 2 millones de vacunas pediátricas contra la Covid-19 para los niños y niñas del país y que esto «garantiza» el retorno a clases. Más tarde se anunció que estas vacunas estarán llegando a finales de enero.
Estoy muy contenta de poderles anunciar, que hemos firmado el contrato con la farmacéutica de Pfizer para la compra de dos millones de vacunas pediátricas contra la Covid-19 para nuestros niños y niñas. 🙏🏼
— Alba Consuelo Flores (@AlbaConsueloHN) December 18, 2021
Estas dosis de vacunas asegurará el retorno a clases para los menores.✅ pic.twitter.com/b4fcD8MMQj
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Por otro lado, según los datos estadísticos de la Sesal recabados hasta diciembre de 2021, un total de 28, 924 docentes estaban vacunados con la primera dosis, 26, 798 con segunda dosis y apenas 20 docentes con dosis de refuerzo en las principales regiones sanitarias del país, de acuerdo a la base de datos enviada por la Sesal. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), hay un total de 65, 715 docentes en servicio activo.
Sponda considera que es necesario que la primera semana de febrero se deben realizar inspecciones en los centros educativos, hacer una jornada nacional de limpieza, realizar el proceso de matrícula, hacer levantamiento estadístico de cuántos docentes están vacunados. «En función de esos datos se debe decidir si los centros vuelven o no vuelven puesto que se tiene una cifra de vacunados pero no se sabe dónde están», dijo.
Además, Sponda afirmó que se tendrá «una apertura escalonada, algunas escuelas van abrir con estudiantes otros van a continuar de manera virtual (puesto que no todos están vacunados). Lo que sí debemos tener muy claro es que el sistema educativo debe desarrollarse entre lo virtual y lo presencial. No tenemos ninguna otra alternativa», dijo.
El fallo de las clases virtuales
A pesar de que el sistema educativo se ha desarrollado de forma virtual desde el año 2020, este no ha sido un método exitoso en el país. «Datos de Unicef revelan que un tercio de todos los niños, niñas y adolescentes de la región aún no recibe educación de calidad a distancia. Los métodos de aprendizaje a través de Internet, la televisión, la radio, los teléfonos inteligentes y SMS requieren acceso a tecnología que no está disponible en todos los hogares» según el informe «Educación en Pausa: Una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al Covid-19» de Unicef.
En Honduras, el 98.9 % de los hogares tienen acceso a teléfono celular (móvil) y apenas el 16.8 % a computadora, según los resultados de julio de 2021 de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Asimismo, el 70.6% de Personas que tuvieron acceso a Internet residen en el área urbana y el 29.4% en el área rural. Además, según datos del Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), muchos estudiantes abandonaron sus clases por la inseguridad en el país y por la falta de recursos económicos que muchas veces obligan a familias enteras a migrar.
En ese sentido, Unicef considera que «los más afectados son los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad: incluidos las niñas, los indígenas, niños y niñas con discapacidad, refugiados y migrantes y quienes viven en zonas rurales».
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Héctor Espinal estima que una población de 2.8 millones de niñas y niños desde pre básica hasta décimo grado están excluidos del sistema educativo del país.
En opinión de Tomás Andino, Especialista en investigación social, derechos de la niñez y juventud, violencia juvenil y políticas públicas, la exclusión es una consecuencia social de las clases virtuales. «El sistema educativo tiene un problema y es que para poder brindar clases a través de internet, de manera selectiva implicaría dejar por fuera a muchos niños que no tienen acceso a internet y por otro lado los padres deben erogar recursos que no tienen y que no disponen para hacer compras de paquetes de internet para poder asistir a clases virtuales».
Andino comentó a Contracorriente que no asistir a clases presenciales puede tener consecuencias pedagógicas porque los niños tienen una edad para adquirir ciertas habilidades y destrezas, y, si pasa esa ventana de esa edad, en su desarrollo posterior, van a tener dificultades de aprendizaje y de relacionamiento. De igual forma, explicó que el encierro y el aislamiento puede dificultar la socialización y la construcción de una imagen sana en las niñas y los niños. Además, el analista considera que estas circunstancias los expone a consecuencias como el abuso infantil y maltratos.
De acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 31 de octubre el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 38,988 denuncias de violencia doméstica y 51,053 denuncias de violencia intrafamiliar en el país.
En opinión de Andino, se deben poner en la balanza los efectos de retornar o no a clases presenciales y decidir por el mal menor porque ambos tienen efectos adversos y algunos son más graves que otros. «Los efectos de ir a clases presenciales en estos momentos cuando no hay condiciones todavía, los niños no están vacunados, muchos docentes y padres de familia tampoco están vacunados o no están con los refuerzos necesarios es riesgoso porque volvería a las escuelas un foco de contagio constante y por consecuencia un agravamiento masivo de la enfermedad», comentó.
Andino considera que la problemática se puede abordar de una manera transitoria y con una estrategia adecuada pero que para eso el Gobierno de Xiomara Castro deberá realmente interesarse. «No como lo que ha ocurrido con el reciente Gobierno que no cumplió ninguno de los compromisos que había hecho y que fue un desastre».
