Rocío Walkiria Reyes, se sostiene de pie sobre una plataforma de madera que flota en mar abierto. Saca de su bolsillo una pequeña pastilla blanca, la coloca en su boca y la traga. Ha tenido que llegar hasta allí para tomar una píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) cuyo uso en Honduras está prohibido desde el golpe de Estado en 2009.
Foto y texto: Ingrid Aronne
Rocío ha sido activista por los derechos de las mujeres y las niñas durante varios años, y realizó esta acción simbólica en representación del derecho de la mujer a decidir por ella misma y a tener acceso a este método anticonceptivo, sobre todo en casos de violencia sexual.
«He venido hasta aquí, alejada del territorio hondureño a tomarme esta pastilla por todas las hondureñas que han tenido que cargar con embarazos no deseados. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, derecho a decidir si queremos o no convertirnos en madres», expresó mientras realizaba la acción en mar abierto.
Su performance se suma a las decenas de esfuerzos organizados que se han realizado por derogar la prohibición de la PAE por más de una década. Organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres, Somos Muchas y el Grupo Estratégico por las PAE (GE-PAE) han lanzado campañas informativas y de sensibilización complementadas con acciones de incidencia que involucran a instancias gubernamentales para abogar por su derogación.
Que al día de hoy estos esfuerzos resulten inefectivos se debe a que «no existe una voluntad política», aseguró Jinna Rosales integrante del GE-PAE, organización que desde 2014 trabaja por la liberación de la píldora y la aprobación del protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual.
«En todos los países de Latinoamérica, a excepción de Honduras, se cuenta con ese protocolo que tiene casi cuatro o cinco años de estar engavetado solo porque en uno de sus apartados aparece la recomendación del uso de la PAE como método de prevención de un embarazo no deseado para las mujeres víctimas de abuso sexual», comentó Rosales, quién además indicó que en ese sentido el Estado tiene una «deuda muy grande» con las mujeres de este país.
Han pasado 12 años desde que se prohibió la venta, uso y distribución de la PAE. Fue durante el Gobierno de facto de Roberto Micheletti, cuando el entonces ministro de salud, Mario Noé Villafranca, restringió su consumo argumentando que el método anticonceptivo era en realidad abortivo.
Con lo anterior, Villafranca contradijo la opinión científica de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Profesionales de Salud Reproductiva, quienes certifican que la PAE de ninguna manera interrumpe un embarazo en curso, sino que previene la fecundación. Por tanto, no es un método abortivo y no tiene ningún efecto adverso para la salud.
En la actualidad, Honduras es el único país en América Latina que prohíbe la PAE y desde su restricción, la situación de violencia sexual y embarazo adolescente solamente ha empeorado.
Según Médicos sin Fronteras, Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en América Latina y desde su prohibición, hasta 2017, un promedio por año de 21,677 mujeres menores de 18 años dieron a luz, tratándose mayoritariamente de niñas sometidas a partos obligados que pusieron en riesgo sus vidas.
Las denuncias por violencia sexual en el Ministerio Público aumentaron casi el doble durante estos años: en 2008 se contabilizaban 1241 mujeres que interpusieron la denuncia, mientras que para 2020 se registraron más de 2129 denuncias de violación, recibidas sin un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.
La PAE en el contexto político actual
Con el triunfo de Xiomara Castro en los comicios electorales de 2021 —primera mujer electa para el cargo presidencial en la historia de Honduras— el panorama para la derogación del decreto ministerial que prohíbe la píldora de emergencia, resulta esperanzador.
«El pueblo hondureño espera una respuesta positiva, contamos con el apoyo de la presidenta electa y sabemos que es un tema por tratar en su agenda», comentó Rocío respecto a sus expectativas sobre el Gobierno entrante.
Por su parte Rosales coincide con su entusiasmo: «las expectativas que tenemos ante el nuevo Gobierno son altas. En primer lugar, porque es una mujer y como mujeres tenemos la capacidad de empatía y de dimensionar todo este contexto de violencia que transgrede o que atraviesa la vida de las mujeres».
«Tenemos también la expectativa de que apruebe el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Esperamos que Xiomara escuche las demandas de los colectivos de mujeres y que gobierne por una educación y sensibilización a las nuevas generaciones de jóvenes que necesitan con urgencia una educación sexual integral».
En el artículo ¿Puede Xiomara Castro resolver los problemas de las mujeres hondureñas?, la periodista Vienna Herrera de Contracorriente confirma que actualmente la prohibición se encuentra respaldada únicamente en un acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud que puede ser eliminado por una orden de quien se encuentre al mando de esta Secretaría. Esto implica que para que la PAE vuelva a circular legalmente en el país, solo basta con que la próxima persona que ocupe ese cargo revoque el acuerdo.
Un llamado a la solidaridad
La denuncia realizada por Rocío desde mar abierto responde a un llamado a la solidaridad dirigido a medios de comunicación, organismos y comunidad internacional.
«Les pedimos por favor ingresar al sitio platformofchange.com para firmar la petición que apoya la lucha de miles de mujeres hondureñas por tener los mismos derechos reproductivos que el resto de Latinoamérica», mencionó la activista, quien desde la plataforma realizó una invitación a firmar la petición colgada en ese sitio web para una recolección de firmas que hagan frente al decreto legislativo que por doce años ha prohibido a las mujeres hondureñas decidir sobre sus cuerpos.
