Tras la victoria de Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación, el pasado 28 de noviembre, también cayeron muchos caudillos del bipartidismo en el país. Ahora que esa estructura que propiciaba negocios oscuros en la administración pública se tambalea, también pone en incertidumbre a empresarios que lograron favorecerse con diversas políticas que el nuevo Gobierno promete derogar o revisar, mientras que brinda esperanza para otro sector de la política tradicional y empresarial que no respalda las decisiones de la administración actual.
Texto: Fernando Silva
Fotografías: Martín Cálix
La noche del 28 de noviembre el Partido Nacional planeaba una gran celebración en el búnker destinado a reunir a sus máximos dirigentes, allí esperaban que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara los resultados preliminares de unas elecciones en las que se jugaban la continuidad en el poder para seguir ejerciendo su influencia a nivel empresarial y gubernamental o el posible cambio de las reglas con el cumplimiento de las promesas de un nuevo gobierno que —al menos en el discurso— se opone a muchas leyes y pactos que se han hecho en la última década de Gobierno nacionalista.
Más de una semana después del anuncio de esos resultados preliminares que no le favorecieron al oficialismo, Xiomara Castro de Libertad y Refundación (Libre), es aceptada como la próxima presidenta del país tanto por la comunidad nacional como internacional. Sin embargo, a partir de esa noche en la que no aparecieron para aceptar los resultados preliminares ni el candidato presidencial, Nasry Asfura, ni el presidente del Partido Nacional y candidato a alcalde de la capital, David Chávez. Muchas de las viejas figuras de esa institución política se han enfrentado a la derrota en las urnas y al rechazo popular, mientras sus aliados empresariales se mantienen en incertidumbre ante las políticas que podría implementar el nuevo Gobierno con relación a la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Alianzas Público Privadas, y contratos de generación de energía que han beneficiado solo a ciertos sectores.
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Empresarios cercanos al Gobierno en incertidumbre
«Los inversionistas extranjeros y nacionales están con incertidumbre de no saber qué va a pasar con las empresas, y eso se aleja de lo que se pretendía generar en el caso de que resultara presidente Nasry Asfura, que era la certidumbre para traer más inversión al país. Lo veo preocupante por los discursos tanto de la presidenta electa como de su estructura, de rechazo a la inversión y la generación de empleo, particularmente con las ZEDE», apunta con preocupación Miguel Farach, comisionado presidencial para la región del Golfo de Fonseca y candidato a diputado por el Partido Nacional en el departamento de Choluteca.
Aunque Farach lleva al menos 20 años de experiencia en política ha resultado como el diputado menos votado de su partido en el departamento, en comparación con Juan Oliva, el diputado con más votos a favor en esa región, quien apenas competía por primera vez en una elección. Sin embargo, Farach no se queda con las manos vacías, no solo es político, también es empresario y explica con convicción que en todo el país y especialmente en el caso de la zona sur, hay dudas con relación a las inversiones que se han hecho en los últimos ocho años del Gobierno de Juan Orlando Hernández.
El empresario y político asegura que la empresa privada que hizo negocios con el actual presidente no sabe cómo será el trato con el nuevo Gobierno, y apunta que la preocupación viene por «la línea ideológica socialista que será completamente diferente a lo que hemos observado», y agrega que el discurso del Gobierno electo «ha sido confrontativo a la inversión nacional e internacional».
Las ZEDE son uno de los primeros negocios que podrían verse afectados con la llegada de la nueva administración, y en el caso de Choluteca, en el municipio de San Marcos de Colón, ya se encuentra en operación la ZEDE Orquídea, una zona agroindustrial especial que alberga invernaderos para la producción de chiles y tomates de exportación.
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En múltiples ocasiones durante la campaña política, tanto Xiomara Castro como los otros candidatos de su estructura manifestaron que las ZEDE se eliminarían al llegar al Gobierno, una decisión que realmente tendrá que someterse al Congreso Nacional, y en caso de que Libre logre una mayoría de escaños podría finalmente materializarse. En ese sentido, Ricardo Lardizabal, socio de la ZEDE Orquídea, también confirma la preocupación ante la posibilidad de que esta ley se derogue.
Lardizabal cuenta que «es una inversión grande, el 80 % de la inversión que hay es préstamo, estamos produciendo, estamos exportando, estamos haciendo lo que el país ocupa generando empleo y generando ingresos, pero tenemos que esperar que la cúpula nueva decida qué es lo que piensan hacer al respecto, va a depender de ellos si van a querer mantener estas compañías andando».
Oficialmente las ZEDE son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial» en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias, pero han sido señaladas de violentar la soberanía nacional.
Sin embargo, Ricardo Lardizabal, quien también es hijo de un reconocido empresario y político del Partido Nacional, asegura que, a pesar de gozar de las exoneraciones del régimen de las ZEDE, los beneficios para la comunidad son diversos y van desde el pago de impuestos a la alcaldía hasta el empleo de más de 800 personas en su empresa. Lardizabal asegura que, junto a su socio en esta inversión, Victor Wilson, un reconocido empresario cercano al poder político en la zona, han intentado sentarse a dialogar con la comisión designada por la presidenta electa, pero les han respondido que tendrán que esperar.
«La población decidió quién cree que es la persona adecuada para dirigir los destinos del país entonces esperemos que haga su trabajo, nos da incertidumbre porque nos van a cambiar las reglas del juego, habrá problemas, pero creo que generamos suficientes cosas positivas en todo el país, tengo claro que nos van a poner un montón de restricciones, pero no creo que nos harán detener la producción», apunta.
Otro de los proyectos ZEDE que también se ha manifestado ante la elección de Castro, es la ZEDE Prospera, ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, quienes a través de un comunicado manifestaron: «Creemos en la importancia de entablar una conversación, amplia y transparente, sobre las zonas económicas especiales como Próspera. Nosotros mismos reconocemos que existen puntos de mejora que permitirán brindar mayor tranquilidad al pueblo hondureño, al mismo tiempo que se fortalece la seguridad jurídica, sustento indispensable para la atracción de inversiones al país».
Contracorriente intentó comunicarse Erick Brimen, presidente del Consejo Ejecutivo de Honduras Próspera, para indagar más en las expectativas ante la llegada de Castro al poder, a lo que contestó no estar disponible para una entrevista, pero aseguró considerar positivo el acercamiento entre la comisión de la presidenta electa y representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), apuntando su esperanza de que dichos acercamientos «se traduzcan en políticas que mejoren la competitividad del país y promuevan la seguridad jurídica de todas las inversiones». Y es que justamente una de las primeras reuniones que tuvo el equipo de la presidenta electa fue con los representantes del Cohep, el martes 30 de noviembre.
![Una cuadrilla de trabajadores de Orquídea (una Zona de Empleo y Desarrollo Económico [ZEDE]) durante el montaje de las naves de producción. San Marcos de Colón, | ZEDE Honduras 2021 | ZEDES | Zonas de empleo](https://contracorriente.red/wp-content/uploads/2021/12/7487-Zede-Orquidea.jpg "7487 Zede Orquídea - Contra Corriente - Contra Corriente")
Eduardo Facusse, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC) dijo a Contracorriente que a pesar de cualquier diferencia que el sector pudo haber tenido con la presidenta electa, ahora han acordado trabajar de la mano para que su gestión sea un éxito.
Al mismo tiempo, Facusse apuntó que como sector organizado de la empresa privada se han manifestado desde el inicio en contra de las ZEDE y lamenta que hubo empresarios que no escucharon las recomendaciones del Cohep y decidieron invertir en ese esquema.
«Lo que estamos recomendando como sector es que esas inversiones se adapten a uno de los otros regímenes de exoneración que ya existen, por ejemplo, el de zonas libres que probablemente cumple con la mayoría de las funciones o de los estímulos que buscan los inversionistas, no se trata de eliminar la inversión se trata de buscar el régimen que sea adecuado y que sea compatible con la ley», apuntó.
Facusse también apunta que hay otros aspectos en cuanto a los negocios que mantiene el Estado con la empresa privada que considerar, por ejemplo, el caso de los contratos de generación de energía renovable que representan un gran porcentaje de la deuda que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que le ha llevado a un abismo del que es muy difícil salir.
Estos contratos fueron justamente gracias a que el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, aprobó vía decreto ejecutivo la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables que autorizaba la compra directa de energía sin necesidad de licitaciones y la promoción de incentivos hacia las empresas generadoras. Desde entonces hasta 2020 se habían firmado más de 200 contratos con empresas privadas, de los cuales menos de la mitad han entrado en operación y están generando energía.
Ahora, después de 14 años un gran porcentaje de la deuda que mantiene la ENEE es a causa de esos contratos que garantizaron un negocio redondo para los empresarios, pero significaron aumentos de tarifas y ninguna mejora para aproximadamente 1,6 millones de habitantes que no cuentan con electricidad en el país.
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Sobre esos contratos sobrevalorados o negocios que vulneran la ley, Pedro Barquero, coordinador del Partido Salvador de Honduras —con el que Libre hizo una alianza para ganar las elecciones— aseguró en una entrevista que no pueden permitir que la seguridad jurídica sea utilizada para tapar actos de corrupción y aclaró que las instrucciones de Xiomara Castro son hacer revisión de los contratos con el objetivo de que hayan nuevas condiciones que sean de beneficio para la población y el país.
«Estas concesiones fueron dadas en su momento totalmente beneficiosas para los concesionarios en contra de los intereses nacionales, no hay razón para que el Gobierno le tenga que garantizar un ingreso mínimo a estas empresas que no tienen manera de tener pérdidas, cualquier cosa que pase le toca al pueblo hondureño a través del Gobierno pagar y eso no es justo, entonces el objetivo de la revisión es buscar la vía para renegociar, para que sean más congruentes con los intereses nacionales y no para beneficios particulares», explicó Barquero.
El Gobierno también tendrá que lidiar con contratos de fideicomiso que han sido señalados como perjudiciales o innecesarios, como el de la construcción y administración del Centro Cívico Gubernamental, donde ahora se albergan las oficinas de las diversas dependencias gubernamentales, o las Alianzas Público Privadas que han sido apuntadas como sobrevaloradas, como es el caso del contrato de concesión otorgado al consorcio EMCO liderado por empresario Lenir Pérez, encargado de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Palmerola, cuyo monto final de construcción se situó en USD 209.3 millones (HNL 5000 millones), casi USD 50 millones más de lo inicialmente se había pactado que el Estado aportaría.
A pesar de la esperanza del sector más formal de la empresa privada, empresarios-políticos y sus cercanos, como es el caso del candidato Miguel Farach aseguran que la incertidumbre sobre los negocios del Gobierno es mayor que cualquier posibilidad de que el país avance económicamente.
Farach asegura que los primeros seis meses del Gobierno de Castro habrá contención económica en el sector empresarial, quienes guardarán el dinero para esperar la forma en que serán atendidas sus posibilidades de inversión, y apunta que existen posibilidades de demandas internacionales si no se siguen los contratos estipulados. Farach también cree que en el afán de ganar más popularidad se puede llegar a algunos extremos, incluso a la expropiación.
«Puede haber posibilidad de expropiación porque las empresas ya están montadas y en caso de que no se puedan poner de acuerdo con los empresarios ya sea nacionales o extranjeros el Gobierno entrante puede nacionalizar las empresas, créame que así como están los ánimos y podemos esperar cualquier cosa de los primeros seis meses para tratar de ganar popularidad haciendo este tipo de actuaciones que serían catastróficas para la economía nacional», apunta.
Los caudillos que propiciaban el negocio
El empresario Eduardo Facusse no cree que las elecciones del 28 de noviembre se hayan tratado sobre decidir entre las propuestas de la candidata Xiomara Castro y el oficialista Nasry Asfura, cree que en Honduras se votó principalmente en contra del Gobierno actual y su mala gestión, que además asegura que uno de sus errores fue distanciarse del sector organizado de la empresa privada.
«Ahora nos estamos comunicando directamente, y creo que lo mejor que puede suceder es un diálogo abierto, que fue precisamente lo que faltó en el caso del Gobierno saliente, porque por ejemplo, en mi experiencia como directivo de la Cámara de Comercio, Juan Orlando Hernández no visitó nuestras oficinas en cuatro años, y no puedes divorciarte del sector privado de esa manera, fue un error grave tratar directamente con gente individual en lugar de trabajar a través de la institucionalidad y nos debe servir de lección, no se pueden tratar los problemas del sector con un amigo o un grupo particular», apunta Facusse, y asegura que estas acciones hicieron perder la credibilidad del Gobierno.
En ese sentido, María Antonieta Mejía, candidata a diputada por el Partido Nacional en Francisco Morazán, también asegura que, ante esta derrota, la institución que representa al sector más conservador de la política hondureña necesita «una reingeniería total».
«Estamos exigiendo que ya se eliminen esas personas, malos hondureños y malos nacionalistas que se arropan con la bandera del Partido Nacional haciendo actos ilícitos y perjudican nuestra imagen, creo que el voto de castigo de los mismos nacionalistas nos pasó la factura, algunas acciones, algunos desaciertos que el Gobierno en funciones cometió en la administración, y hay que pagar y reconocer cuando uno se equivoca».
Según la tendencia de los resultados que lleva el CNE, esta sería la derrota más amplia sufrida por un partido político en toda la era democrática que inició en el país en 1982, y en comparación con el Gobierno anterior los puestos que mantenían en el Congreso se verían disminuidos pasando a ser una segunda fuerza política.
Sin el conteo de actas terminado, María Antonieta Mejía, quien tiene grandes posibilidades de resultar electa como diputada, también denunció a Ebal Díaz, candidato y exministro de la presidencia, quien presuntamente está impulsando un fraude para resultar electo en el Congreso Nacional. A Mejía se sumaron otros candidatos a diputados como Renan Inestroza y Waleska Zelaya, demostrando el conflicto por mantener el poder que ahora se vive a lo interno del partido oficialista.
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Para Mejía son justamente las personas que hacen fraude las que tienen que salir de su partido, sin embargo, no se atreve a mencionar si pueden existir intereses en los grandes liderazgos por este presunto fraude, y tampoco quiere atribuir a las menciones del presidente Juan Orlando Hernández en casos de narcotráfico como los causantes de la derrota. Prefiere recordar que es la mala administración del Gobierno en los momentos más críticos del país lo que los llevó al fracaso.
«Las menciones del presidente pues allá tendrán argumentos, pero aquí tenemos una evidencia clara de hospitales que dijeron que iban a funcionar y nunca funcionaron para atender la pandemia, no se atacaron los efectos de las tormentas tropicales», señala.
Previo a la pandemia y los huracanes Eta y Iota que atacaron territorio hondureño los índices de pobreza eran alarmantes: 59.3 % de la población vivía en pobreza en 2019, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), este índice aumentó en 2020 al 70 %, y según estimados del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) podría aumentar al 75 % en 2021.
Para el analista Raul Pineda, lo que pasó en las elecciones es parte de un proceso natural, pero que fue fortalecido y acelerado «por el mal desempeño de una clase política que no desempeñó el rol que le atribuyó el electorado», apuntando a los múltiples casos de corrupción y la fallida administración del país.
A lo interno del Partido Nacional, los principales liderazgos hablan de una reestructuración para regresar al poder en las próximas elecciones que tienen que realizarse en 2025. En ese sentido, Kilveth Bertrand, dirigente de esa institución política, asegura que tras 12 años en el poder ha llegado momento del cambio, y apuntó que una de las cosas más lamentables de estas elecciones ha sido que gran parte de los viejos liderazgos que optan a una diputación están quedando fuera del Congreso Nacional.
«El partido tendrá que tomar decisiones importantes, pero nosotros no podemos dejar el legado que han dejado muchísimos, ahora nos toca ser oposición y nosotros no necesitamos ninguna alianza para ser el partido más grande. Vamos a seguir pensando en la próxima elección, en 4 años volverán a ver al gigante azul», amenazó.
Bertrand asegura que la campaña que emprendió su partido advirtiendo que si ganaba Xiomara Castro el comunismo llegaría al país sigue en pie, apunta que ahora lo sostienen más que nunca ya que «el primero en felicitarla fue Nicolas Maduro, un narco dictador, y ella acepto las felicitaciones; y el segundo en felicitarla fue otro dictador Ortega y su esposa. Ellos son la que la han felicitado, que no se equivoquen, Honduras no es Nicaragua, Honduras no es Venezuela».
Finalmente, Bertrand dice que están dispuestos a ir a la cárcel con tal de que el «comunismo» no llegue al país, y envía un mensaje a las bases de su partido: van a ganar las próximas elecciones.
