El pasado 3 de noviembre, la Dirección General de la Marina Mercante anunció un préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le concedió al Estado de Honduras por 207 millones de dólares, para la construcción del puente vehicular marítimo en el sur del país. La construcción del puente es un paso más de la promesa del Gobierno por convertir a Honduras en el «Centro Logístico de las Américas», sin embargo, para las comunidades, este puente es una amenaza latente.
Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix
«A veces uno no puede ni dormir de la preocupación por ese puente», admitió don Adolfo Mendieta, presidente de una pequeña empresa de lanchas en la comunidad de la Playa El Burro en Amapala, Valle. Desde la casita de madera sobre polines que don Adolfo comparte con su esposa, doña María de Jesús, se pueden ver «las casas de ricos y famosos», como las llaman los miembros de la comunidad. Estas casas son —según comentaron miembros de la comunidad— propiedad de algunas familias con mucho poder adquisitivo e influencia política en Honduras.
El préstamo aprobado por el BCIE para la construcción del puente que uniría la Isla del Tigre con Coyolito, Valle, anunciado por Marina Mercante, es por un monto de USD 207,766,365.18 (HNL 5,025,868,372.7) y está dividido en tres tramos. En el tramo A se contempla la utilización de USD 9,631,368.27. En el tramo B, USD 34,045,699.12 y en el tramo C, USD 164,089,297.79.
La resolución del préstamo faculta al presidente ejecutivo o a un designado de su elección para que ejecute las disposiciones que la construcción del puente implique. Aunque el préstamo ya está aprobado por el BCIE, el proyecto para la construcción aún necesita ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional (CN) en sesión legislativa, hasta ahora solo se ha introducido el dictamen a la secretaría del CN a cargo de los diputados nacionalistas Tomás Zambrano del departamento de Valle y Salvador Valeriano del departamento de Lempira. Cuando el proyecto sea aprobado por la cámara legislativa, empieza a contar el plazo de 20 años dispuesto por el BCIE.
Ottón Solís, exdirector del BCIE en Costa Rica, denunció a finales de 2018 los privilegios otorgados a las personas que ostentaban altos cargos en las oficinas de este banco centroamericano. Según el artículo publicado por el diario El País, además de las remuneraciones económicas, Solís también mencionó una lista de beneficios que el organismo otorga a sus directores. Dante Mossi, de nacionalidad hondureña, es quien desde hace cuatro años preside el BCIE.
El puente vehicular marítimo es solo una de las obras que incluye el plan de desarrollo sustentable del Golfo de Fonseca que ha promovido el Gobierno de la república en los dos períodos presidenciales bajo el mando de Juan Orlando Hernández. Además de la construcción de este puente, se pretendía construir la carretera Jícaro Galán-Coyolito y el diseño de la zona portuaria de Amapala.
Este centro/logístico es el 1er paso que junto al Pto. Amapala serán uno de los pilares del Centro Logístico de las Américas en #Honduras
— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) July 21, 2015
Hasta ahora, hay dos posibles puntos para la construcción del puente. La unión de la isla con tierra firme podría partir desde el muelle de Coyolito hasta la comunidad de Gualora en la Playa del Burro. La segunda opción es que inicie en la comunidad de Playa Blanca hasta el bosque de mangle en la aldea Las Pelonas. En la década de los 70 se inició la construcción de un muro en este bosque de mangle y de vez en cuando, las autoridades lo siguen rellenando. «El muro» ya es incluso un punto de referencia para los amapalinos.
El alcalde del Partido Liberal, Santos Cruz, quien está lanzando su candidatura para gobernar la isla por quinto periodo consecutivo, aseguró a Contracorriente que ha hablado con el presidente y con los funcionarios del BCIE: «Vemos bien la construcción del puente, siempre y cuando venga aunado a un puerto. Si no se construye un puerto en Amapala, no veo sentido ninguno para construir un puente que sirva solo para meter carros a la isla. Eso sería un desastre». Recalcó que, como corporación municipal «alabamos y aplaudimos la decisión del Gobierno de unir Amapala con tierra firme, única y exclusivamente si hay zona portuaria».
Falta, además de la aprobación del dictamen de la construcción de este puente, aprobar el Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo De Fonseca. Este tratado fue suscrito en la visita que Juan Orlando hizo al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el 27 de octubre de este año en Managua.
Mediante este tratado, «ambos Estados dan cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia de fecha 8 de octubre de 2007, delimitando la porción de Mar Territorial desde la desembocadura del Río Coco o Segovia hasta el punto inicial de la frontera en el Mar Caribe, cuya negociación la Corte encomendó a las Partes; y de otra parte, ejecutan la sentencia dictada por el mismo órgano judicial internacional de fecha 11 de septiembre de 1992, delimitando los derechos de Honduras en la bocana del Golfo de Fonseca y su proyección de Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva en el Océano Pacífico».
Abel Pérez, presidente de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) y voluntario de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, señaló la preocupación que el puente le provoca a toda la comunidad de Zacate Grande y Playa Blanca: «Uno de los pasos que concreta este acuerdo es la construcción del puente, y este puente implica desalojos, criminalidad y pérdida de empleo».
Empleo y economía local
En la isla hay, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 13 aldeas y 64 caseríos. Las personas en todas estas comunidades donde se podría construir el puente, viven de la pesca, «curileo», del transporte en lanchas y mototaxis. Todas estas actividades económicas se ven amenazadas con la construcción del puente. Por un lado, el impacto ambiental que representa una construcción de esta índole pone en riesgo la flora y fauna de la zona. Por otro lado, el puente permitiría el acceso directo de automóviles a la isla, por lo que los transportistas marítimos y terrestres perderían su única fuente de ingreso.
«Aquí los oficios se heredan», comentó Jorge Castellón, padre de dos niños y una bebé. Jorge se ha dedicado toda su vida al transporte por lancha. «Mi papá era lanchero, yo soy lanchero y ya le estoy enseñando a mis hijos el oficio, no sabemos hacer nada más». Hay de 20 a 30 lanchas en ambos extremos, de cada lancha dependen dos personas (un lanchero y un marinero). «En un buen día se hacen 2000 lempiras, pero hay días de semana que todas (las lanchas) están paradas».
El alcalde Santos Cruz aseguró que ha sido firme en su posicionamiento con el Gobierno: «Si el puente trae un puerto en Amapala, eso va a dar oportunidad para generación de empleo, y le va a permitir a las personas que tienen empresas de transporte marítimo y terrestre, oportunidades de otra índole».
«Nos vamos a quedar sin trabajo y nosotros aquí vivimos de eso, esa es la incomodidad que tenemos nosotros, de qué vamos a vivir más allá si no tenemos nada más», indicó Gabriel Santos, amigo de don Adolfo desde hace años. Don Gabriel es un microempresario y se dedica al transporte por mototaxis en la isla, de esto depende económicamente su familia. Cuando el negocio empezó, había más o menos 20, ahora hay alrededor de 300 mototaxis en toda la isla. «Algunas personas hasta pidieron préstamos que siguen pagando para comprar las mototaxis», coincidieron don Gabriel y don Adolfo.
«Hace años tienen en mente este proyecto, recuerdo que el presidente Azcona del Hoyo (1986-1990) puso la primera piedra allá», recordaba don Gabriel con cierta nostalgia provocada por su simpatía con el partido de Azcona, el Partido Liberal, mientras señalaba hacia la comunidad de Coyolito. Don Gabriel y don Alfredo dijeron que «el dinero de esa obra terminó usándose para la carretera».
Evocando las memorias de su juventud, también hablaron sobre los rumores que en la década de los 80 había sobre la construcción de un ferrocarril ínter oceánico, rumores similares a los que invaden la isla estos días: «Nasry va a construir un complejo hotelero, los Kafati un complejo turístico».
La esperanza de la comunidad es que la construcción del puente sea una fuente de empleo. Doña María de Jesús, esposa de don Adolfo, advirtió que, en cualquier caso, el trabajo de construcción no es trabajo para las personas de la tercera edad, por lo que don Adolfo y don Gabriel no podrían ser contratados.
Sin embargo, Abel Pérez no cree que la construcción del puente o del puerto sea una fuente de empleo para los miembros de la comunidad. Recordó que la generación de empleo era una de las promesas con las que llegó el Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Sur (Prosasur), como parte de la Alianza para el Corredor Seco (ACS). Esta alianza es financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Gobierno hondureño. Según comentó Abel, «prometieron 250 empleos, llevan 2 años trabajando y solo hay como dos empleados de Zacate Grande».
Empresas y delegaciones
La licitación para la construcción del puente y el estudio de factibilidad, según informó el alcalde Santos Cruz, aún no han iniciado, aunque cree también que pudieron haberse hecho y no le informaron a las autoridades de la isla. Agregó que la corporación municipal «solo sabe que se hará un puente y que se firmó el convenio con el BCIE. Le estamos pidiendo datos al Gobierno y al banco», sin embargo, la municipalidad aún no obtiene respuesta de ninguno de los dos.
Santos Cruz reafirmó que la corporación municipal no está tan informada como debería estarlo y «lo hemos hablado con el Gobierno, queremos conocer el estudio, el diseño y los procesos para que la población esté tranquila. Es importante que el Gobierno y el mismo banco nos dé a conocer el estudio de factibilidad (…) la municipalidad debe ser partícipe del proceso de licitación».
Algunos miembros de la comunidad de la Playa El Burro en Amapala, sospechan que la empresa ya fue elegida. Pues hace dos semanas, una delegación de asiáticos llegó a reunirse con sectores y promotores de economía en Amapala, el alcalde Santos Cruz asegura que no fue invitado. En toda la isla se ven marcas rojas a la orilla de la carretera, la comunidad informó que fue la delegación de extranjeros quienes las hicieron.
En la zona, organismos extranjeros ya han hecho estudios de factibilidad, tal fue el caso con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (Koica). A finales del mes de julio de 2015, cuando Juan Orlando Hernández recién empezaba su gobierno, se reunió con delegaciones en Corea del Sur, China, Japón y Taiwán con el propósito de promover la inversión extranjera en territorio hondureño. Koika hizo un estudio de factibilidad para la construcción de una ZEDE en la zona.
Según la nota de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras (Sreci), el presidente Hernández «propuso una acción conjunta de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) con el BCIE para la construcción del puente de Amapala en el sur de Honduras», en Glasgow, Escocia el 1 de noviembre de este año en la Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (COP26).
Recomendamos leer: Expulsión y resistencia entre los manglares
Desalojos territoriales
Las propiedades de las familias de estas cuatro comunidades no solo están en riesgo por los desalojos que la construcción del puente implicaría, también corren riesgo por la posible construcción de las ZEDE.
«Lo de las ZEDE está macaneado, yo creo que a nosotros nos van a desalojar», comentó don Gabriel con visible preocupación. «Incluso el puente puede ser una especie de ZEDE, porque la empresa no es hondureña. El alcalde nos reunió a todos en el Parque Morazán y nos dijo que él habló con el BCIE y les dijo que si el puente era una ZEDE, él no aceptaba». Todo esto sucedió en el cabildo abierto en Amapala, hace aproximadamente cuatro meses. Sobre esto, el alcalde dijo que «la gente escucha hablar tanto de las ZEDE que toda inversión a la gente le huele a ZEDE».
«Esta parte de la isla quedaría en el olvido», comentaban doña María de Jesús y su esposo, don Adolfo, pues la terminal del puente podría construirse justo en el terreno que ahora ocupa su casa en la Playa El Burro. «No nos pueden sacar de las casitas donde vivimos, porque esto nos ha costado. Los ricos solo vienen a ofrecer dinero por nuestras casas, pero no es eso lo que queremos».
A diferencia de las comunidades en la Isla del Tigre, las familias en Zacate Grande no tienen títulos de propiedad de los lugares donde viven. Abel Pérez de Adepza planteó que las víctimas de los desalojos «podrían ser los pobres, los que construyeron su casa a la orilla de las carreteras o a la orilla del mar, porque vieron el espacio y lo aprovecharon».
Por este motivo, la mayoría de residentes en estas comunidades no tienen los títulos correspondientes con el Instituto de la Propiedad (IP) para poder certificar su posesión sobre las tierras. Bajo estas condiciones, Abel admitió que las expropiaciones se harían fácilmente, recordando que Zacate Grande está registrado como propiedad privada.
Abel denunció que los desalojos ya empezaron. El miércoles 10 de noviembre, Fabián Almendares, habitante de la comunidad, recibió una querella de parte del Ministerio Público (MP) en nombre de Inversiones Kiel, propiedad de la Famila Faraj Larach, según el registro hondureño de empresas abiertas. «Fabián ha residido en la playa por mucho tiempo, pero un terrateniente la compró y quiere tener la playa libre de habitantes», denunció el presidente de Adepza. Además de esto, Abel señaló que Freddy Nasser, fundador y presidente de la corporación Grupo Terra, ha comprado terrenos en las playas y ya está vendiendo porciones de ellas a otras empresas privadas. La comunidad teme que estas playas sean privatizadas, pues lo que estas corporaciones buscan es «solamente el turismo empresarial».
Impacto ambiental
Entre las preocupaciones más pesadas de la comunidad, están los efectos que la construcción del puente, del puerto y la ampliación de la carretera provocarán. «Hemos hablado con los funcionarios del BCIE, que cuando hagan el estudio, nosotros debemos verlo para medir el impacto ambiental que puede causar. Nosotros estamos en una zona protegida por la Bahía de Chismuyo, las islas, el Golfo de Fonseca… debemos cuidar el impacto ambiental», señaló el alcalde de la isla, Santos Cruz.
Por su parte, Abel Pérez, en representación de Adepza, manifestó que su principal preocupación es el impacto ambiental. «Con la construcción viene contaminación, y nuestra prioridad es proteger la zona, la zona de mangle, la bahía, las playas». Abel recalcó el riesgo que implica también para la fauna: los moluscos, jaibas, almejas. «Viene mucha contaminación y es lo que no queremos», reiteró Abel una vez más.
«Nosotros aquí vivimos en paz, todo queda afuera y no pasa nada. No queremos el puente, así como matan en tierra firme van a venir a matar acá», comentaban doña María de Jesús y don Adolfo, pues otro factor que les preocupa mucho es la criminalidad.
«Debido al tiempo en que se firmó este convenio, creo que lo van a utilizar como campaña política», expresó Abel Pérez. «Están usando incentivos como el bono del bicentenario, bolsas solidarias y el bono 10,000. Estas son maneras de comprar la conciencia», concluyó, haciendo hincapié en que la vasta necesidad y el bajo nivel de escolaridad que hay en la zona son factores determinantes en este intercambio por votos que probablemente tendrá el resultado que el partido de gobierno espera.
Recomendamos leer: Clientelismo electoral en la sociedad de la rebusca
El clientelismo político, según indicó el analista e investigador Tomás Andino en una conversación con Contracorriente, ha estado mucho más presente en los últimos dos procesos electorales. Las estructuras clientelistas que utilizan los partidos políticos se valen de «favores» que se intensifican en los días previos a los comicios: «Son un comportamiento con alguna motivación económica que promueve un partido político para utilizar una masa de electores», como el intercambio de bonos por favores políticos en este caso.
En adición al clientelismo, Tomás Andino cree que «estos convenios y propuestas de gobierno son demagogia política», el partido de gobierno, mediante esta estrategia, promete a las comunidades del sur de Honduras planes de desarrollo que no se podrían cumplir y que, en realidad, no beneficiarían a las zonas y comunidades en riesgo de ser destruidas o desalojadas.
Además de la base de Adepza en Zacate Grande, la plataforma de Amapala en contra de las ZEDE y el Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Codefagolf), la comunidad manifestó que no hay más defensores ni plataformas de derechos humanos o ambientales que muestren interés en su caso. Los miembros de la comunidad comentaron que se sienten «abandonados» por los defensores. Principalmente las comunidades de Puerto Grande, Coyolito y Playa El Burro se sienten abandonadas por el Gobierno.
