El miércoles 3 de noviembre, Ana Paola Hall, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una reunión del pleno, votó en contra de la inscripción de Roberto Contreras como candidato de la alianza municipal en San Pedro Sula, integrada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Ahora, miembros de la oposición y líderes de sociedad civil le señalan de responder a intereses políticos, empresariales y familiares, que ahora se han revelado y que se le señalaron mientras perteneció —entre 2016 y 2018— a la unidad de Reformas y Asesoría Anticorrupción de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Texto: Fernando Silva y Allan Bu
Fotografías: Martín Cálix
Desde el pasado domingo 31 de octubre, decenas de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) se manifestaron frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) exigiendo la inscripción de la alianza municipal de San Pedro Sula, conformada por el que era el candidato a alcalde de Libre, el abogado Omar Menjívar; el candidato del PSH, Julio Montessi; y liderada por Roberto Contreras, un empresario reconocido por ser dueño de una cadena de restaurantes y que figuraba como candidato independiente a la alcaldía de esa ciudad.
Finalmente, la noche del miércoles se emitió el voto unánime en contra de dicha inscripción, en un pleno del CNE en el que dejaron fuera a la consejera Rixi Moncada del Partido Libre, sustituida por un consejero suplente.
Previo a la votación quedaba claro que Moncada estaba a favor de la inscripción de Contreras, y el consejero Kelvin Aguirre del Partido Nacional (PN) se mantenía en contra. Sin embargo, fue hasta ese momento que se reveló la posición de Ana Paola Hall, del Partido Liberal (PL), quien argumentó participación política errática por parte de Contreras y el incumplimiento en la ley de paridad que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Dicha resolución del CNE le permitía al Partido Libre presentar a otro candidato, por lo que finalmente inscribieron a Rolando Contreras (hermano de Roberto Contreras) como candidato para la alcaldía, según informó el CNE este sábado.
La votación en contra de la inscripción de Roberto Contreras, por parte de la consejera Hall, marca una diferencia en la concordancia que había demostrado con las posiciones de Rixi Moncada, por lo que ahora es señalada de responder a intereses familiares y políticos.
Estos intereses incluyen un supuesto apadrinamiento político del expresidente y líder del PL Carlos Flores, y la protección a los negocios que su primo William Hall Micheletti mantiene como parte del Consorcio Siglo XXI, un proyecto de Alianza Público Privada que tiene como objetivo la ejecución de veinticuatro obras de infraestructura vial y urbana en San Pedro Sula, y que representan una ganancia para esta empresa a través de una tasa vehicular impuesta a los sampedranos. Sin embargo, el contexto de esta decisión clave ante los próximos comicios no ha sido el único momento de señalamiento hacia las relaciones familiares y políticas de Hall.
Una infiltrada en la Maccih
Entre 2016 y junio de 2018, Ana Paola Hall fue funcionaria en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), gran parte de ese periodo trabajó dentro de la Unidad de reformas y asesoría anticorrupción, donde compartió espacio con los investigadores internacionales que integraron dicha misión.
Fuentes involucradas en el trabajo de la Maccih confirmaron a Contracorriente que hubo sospechas sobre el trabajo de Hall, una de ellas (que no podemos identificar para protegerla) aseguró que gracias a sus vínculos dentro de la misión, Hall tenía la capacidad de direccionar qué casos se seleccionaban, y si en un principio se seleccionaron casos de poca envergadura fue en parte su responsabilidad.
«Insistía mucho en seguir con los casos pequeños, y como supuestamente era la experta en la situación de Honduras se confiaba mucho en su punto de vista, pero cuando empezamos a darnos cuenta que existían otros casos que de verdad tenían sustancia nos preguntamos el por qué de este comportamiento. Empezamos a hacer búsquedas y nos dimos cuenta que ella tiene cierta relación familiar con Roberto Michelletti Bain, el golpista de Estado en 2009, y finalmente se estableció que los vínculos de ella con el Gobierno eran extremadamente fuertes», asegura la fuente anónima a Contracorriente, y agrega información sobre uno de los casos en los que ella insistía: «Había un caso de una investigación de unos lentes que un fiscal compró de forma irregular, entonces creíamos que era increíble que como misión internacional investigaramos estas cuestiones que son disciplinarias, no penales», apunta.
La relación familiar entre Ana Paola Hall y Roberto Micheletti es encontrada precisamente a través de su primo William Hall Micheletti, quien es sobrino directo del expresidente de facto.
Ahora Contracorriente revela a través del testimonio de esta fuente anónima que tras las actuaciones irregulares en su cargo y las indagaciones de los investigadores internacionales con quienes compartía, fue vista como una infiltrada en el grupo de trabajo que buscaba sacar a la luz los actos de corrupción de gran envergadura en el Gobierno hondureño.
«Había un grupo que sí la veíamos como el topo, la persona que habían puesto allí adentro para confundir, y había otro grupo que estaba con ella y que de cierta forma no veían la realidad, entonces eso generó una fractura en la Maccih. Se perdió mucho tiempo en discusiones internas y peleas que se debieron haber utilizado en la investigación», asegura.
En 2015, miles de hondureños salieron a las calles en diferentes partes del país exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG en Guatemala, se llamaron popularmente «marcha de las antorchas del movimiento indignado», la cual surgió después de que se diera a conocer el uso de 3.6 millones de lempiras provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2013.
Tras semanas de protestas continuas, el Gobierno hondureño accedió ante la presión ciudadana y la comunidad internacional. Se firmó un acuerdo en enero de 2016 con la Organización de los Estados Americanos (OEA) iniciando la instalación de la Maccih, y se creó con ello la primera misión en la historia de esta organización que trabajaría con el objetivo de apoyar el combate a la corrupción en un Estado miembro.
Dicho convenio dejó de ser renovado por el Congreso Nacional en enero de 2020 tras la investigación de 13 casos en los que estaban involucrados funcionarios públicos y en los que se había identificado la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado.
Pero Paola Hall salió de la misión mucho antes de que el convenio no fuera renovado. Según la fuente anónima la información de los vínculos llegó hasta la Inspectoría general de la OEA, por lo que se realizaron investigaciones desde Washington, donde se encuentra la sede del organismo.
«Empezaron a recopilar sus fuentes, hicieron verificaciones y entrevistas, y de allá de la inspectoría general de la OEA, en junio de 2018 llegó la orden de que a Ana Paola Hall no se le renovara el contrato», apunta nuestra fuente.
Esta fuente relacionada al trabajo de la Maccih asegura que se logró remontar el proceso de investigación hacia casos más importantes en agosto de 2017, cuando llegaron otros investigadores que eran fiscales en sus países e hicieron un filtro de los casos que estaban llevando.
«De un listado de unos 40 a 42 casos pequeños que teníamos, quedaron unos 6 o 7 casos, y de ahí nos trajimos el caso Pandora, nos trajimos el caso de Rosa Elena de Lobo, y el caso del Patuca que ya estaba en la lista que teníamos, pero se le daba mucha vuelta en reuniones infinitas, eso cambió con la llegada de estas personas a las que nosotros pudimos exponer la situación (…), ellos llegaron en agosto de 2017 y con la salida de Ana Paola en junio de 2018 hubo un gran empujón», concluye.
Previo a su experiencia en la Maccih, Ana Paola Hall trabajó como asesora en la Fiscalía del Ministerio Público, donde impartía cursos y talleres, también fue catedrática de la Facultad de Derecho en Tegucigalpa, incluso, Omar Menjívar, excandidato a alcalde de Libre para San Pedro Sula, dijo en una entrevista que fue alumno de Ana Paola y por eso tenía buenas expectativas de su actuar como consejera en el CNE.
La abogada Fátima Mena, actual regidora en la municipalidad de San Pedro Sula y candidata a diputada por el departamento de Cortés por el PSH, asegura que conoce la trayectoria profesional de Ana Paola Hall y cuenta que tiene buenas impresiones de su trabajo, por lo que cree que sus actuaciones en el caso de Roberto Contreras se deben a presiones por parte del PL.
«Conozco a la abogada, quien además de haber trabajado en el Ministerio Público antes de llegar al CNE era una exfuncionaria de la Maccih. Y bueno, yo creo que en el pleno cometieron un enorme error prestándose a las presiones políticas partidarias de los dueños del PN y PL, para obstaculizar la inscripción de Roberto Contreras, porque le están violentando un derecho civil y político», apunta.
En septiembre de 2019 cuando el Congreso Nacional tuvo la tarea de elegir a las autoridades del CNE, su primo William Hall, quien entre 2006 y 2009 también fue regidor de la municipalidad de San Pedro Sula, le apoyó públicamente y aseguró que «es una tremenda abogada, que se ha preparado desde hace muchísimos años y se autopropuso en los organismos electorales. Yo puedo dar fe de la capacidad que tiene Ana Paola y también del liberalismo que viene de familia, tiene toda la capacidad para ser una garante de los procesos electorales en el país. El padrino más importante que ella tiene es su preparación (…) y el PL que también la apoya».
Desde las elecciones presidenciales de 2013 el PL se ha convertido en la tercera fuerza política del país, y para las elecciones del próximo 28 de noviembre no han llegado a un acuerdo político y han quedado fuera de la alianza de oposición que han conformado los candidatos presidenciales del PSH y Libre, liderados por Xiomara Castro de Zelaya.
Fátima Mena apunta que es preocupante la posición que puede tomar la consejera Ana Paola Hall, ya que asegura que están peleando el liderazgo del país ante redes políticas y económicas corruptas que se juegan su libertad, asegura que «están peleando su estilo de vida».
Se intentó contactar en reiteradas ocasiones a la abogada Hall para obtener sus declaraciones, sin embargo, no hubo respuesta. En un comunicado emitido el pasado 4 de noviembre, sobre su decisión de votar en contra de la inscripción de Roberto Contreras explicó: «Este tipo de prácticas que implican participación (errática y en un período breve de tiempo) debido a la cantidad de conductas desplegadas por la persona, al inscribirse en una clase de asociación política, renunciar, luego constituir otra, renunciar, desistir de su existencia y finalmente condicionar la renuncia y el desistimiento, solo conduce a debilitar el sistema de partidos que la Ley Electoral protege».
Las relaciones familiares y empresariales de los Hall
Ana Paola Hall García nació en el seno de una familia de clase media alta en El Progreso. Es hija de don «Chale Hall», un pequeño empresario que distribuía refrescos en la ciudad ribereña.
Además, es nieta de una conocida progreseña llamada Concepción Hall(QEPD), una estricta y reconocida maestra de la escuela pública José Trinidad Cabañas, donde su nieta Ana Paola cursó su educación primaria. A la maestra «Concha» siempre se le conoció como una persona de grandes principios morales.
Ana Paola continuó estudiando en el Instituto San José, de formación Jesuita. Siguió su formación en el Centro Universitario Regional del Norte (Ahora Unah-vs) donde obtuvo el título de licenciada en Derecho. En la Universidad de Salamanca en España, obtuvo un doctorado en derechos humanos.
Un periodista progreseño, quien prefiere hablar desde el anonimato, nos cuenta que el padre de Ana Paola fue uno de los símbolos en la lucha contra la instalación de peajes en el bulevar que conecta El Progreso y San Pedro Sula: «Ahí lo encontrabas desde la mañana hasta el anochecer protestando contra el peaje hasta que se logró el éxito y se derribó ese monumento a la corrupción. Él aportaba, era uno de los principales luchadores, mandaba a comprar arroz chino para los que estábamos ahí. Apoyó esa lucha de principio a fin», nos dice.
A la voz de este comunicador, la consejera del CNE proviene de una familia con muchos principios y muy honorable, aunque no es adinerada: «Hay otros Hall aquí, que son familia de Ana Paola y que son millonarios, pero no es el caso de ella. Sus amistades tampoco eran gente rica, era tranquila y humilde. Pero ella tiene presiones, es prima de William Hall Micheletti, que es dueño de la empresa constructora de William y Molina. El problema es que ahí había intereses de no inscribir a Roberto Contreras porque su primo es quien ejecuta obras del consorcio Siglo XXI, o sea tiene negocios directos con Armando Calidonio y es de su interés que se mantenga en el cargo», nos dice el periodista entrevistado.
El consorcio Siglo XXI está conformado por la Constructora William y Molina, y la Inmobiliaria del Valle Sociedad Anónima de Capital Variable en las que William Hall Michelletti es socio, y tiene a cargo el contrato de concesión para el diseño, construcción, administración, financiamiento, mantenimiento y transferencia de las obras de infraestructura y mejoramiento de la red vial de San Pedro Sula, que consiste en la construcción de 24 obras de infraestructura vial y urbana que en teoría deben mejorar las condiciones de tránsito vehicular, así como la conexión con otras ciudades cercanas.
La concesión tiene un tiempo de 15 años e inició su periodo de explotación en julio de 2014, y ahora, tras casi 7 años de contrato, se han concluido un total de 8 construcciones.
Alexa Solorzano, quien acompañaba a Omar Menjívar como candidata a la vicealcaldía de San Pedro Sula hasta que se concretó la alianza, asegura que «la concesión de Siglo XXI es un proyecto de robo increíble, donde se sobrevaloran proyectos que al final no beneficia a las mayorías».
Alexa Solorzano asegura que este proyecto no cubre las necesidades de infraestructura, y que al final el mismo afecta a la empresa privada de la ciudad por representar un impuesto extra que se aplica en la matrícula vehicular de los habitantes de San Pedro Sula.
Concluye que la solución que han encontrado muchos ciudadanos es trasladar su domicilio para evitar la matrícula cargada con el impuesto de esa concesión, lo que al final deja menor recaudación en la municipalidad para poder invertir en otras obras.
La candidatura de Omar Menjivar, que acompañó Solorzano, presentaba como propuesta el trabajo conjunto con candidatos a diputados de Libre en el departamento de Cortés, para presentar una solicitud de derogación del proyecto Consorcio Siglo XXI ante el Congreso Nacional. Esto pudo representar una amenaza para el grupo empresarial y los socios de William Hall Micheletti, entre los que se encuentra el político y empresario Yankel Rosenthal, en el caso de la empresa Cítricos Naco.
Rosenthal, primo del candidato presidencial Yani Rosenthal, se declaró culpable de intentar realizar transacciones monetarias con bienes procedentes del narcotráfico, y fue sentenciado a una pena de 29 meses ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Rosenthal, además, figuró entre los personajes que forman parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que apuntó que mantuvo al menos seis sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, algunas durante el tiempo que integró el gabinete de Juan Orlando Hernández entre 2014 y 2015 y todas hasta el momento de su detención en Estados Unidos.
Lea más en: Tras su maratón con la justicia, al hondureño Yankel Rosenthal le salieron nuevas offshore.
Leonardo Pineda, representante del capítulo regional de San Pedro Sula en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), asegura que en el caso de Ana Paola Hall «hasta el momento había tomado decisiones que no afectan los negocios de nadie, pero cuando ya se tocó el dinero y la parte comercial, y considerando que este señor Roberto tiene una gran aceptación, parece que sienten que van a perder el poder».
Pineda además asegura que el grupo al que William Hall pertenece está en sociedad con algunos de los grupos más poderosos en San Pedro Sula: «Ese grupo no quiere que llegue alguien que no puedan controlar en la alcaldía, tienen inversiones que no pueden quedar en el aire con una municipalidad que pueda obstaculizar sus intereses».
Sobre los intereses de este consorcio que obstaculizaron la inscripción de Contreras, Pedro Barquero, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y coordinador de campaña en el PSH, asegura: «Todo es posible, recordemos que en San Pedro Sula hay un montón de intereses económicos y de negocios de droga que posiblemente interfieren en la toma de decisiones, pero eso es lamentable, porque aspectos personales y familiares no deben ser tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión profesional en una institución tan importante como el CNE».
Fátima Mena, quien es regidora en la alcaldía de San Pedro Sula desde 2018 concluye: «Hay personas dentro de la municipalidad que responden directamente a intereses del poder político y económico, y hacer un cambio amenaza ese control que han venido teniendo sobre la corporación municipal, es por eso que hemos visto la reacción para poder frenar políticamente».
