El excapitán de las Fuerzas Armadas (FF. AA). de Honduras, Santos Rodríguez Orellana, fue capturado por el Ministerio Público (MP) en la mañana del 4 de noviembre por supuestos «vínculos con la criminalidad organizada y tráfico de drogas». Santos Rodríguez aspira a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE) en las elecciones del próximo 28 de noviembre.
Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix
Mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el MP detuvo al excapitán de las FF. AA. de Honduras, Santos Rodríguez Orellana, a su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y a su suegra Reina Lizeth Bonilla. El motivo de la captura es por el «delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras».
Santos Rodríguez y su esposa fueron capturados en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, capital de Honduras, cuando regresaban de una actividad de campaña electoral en las Islas de la Bahía con su familia. Su suegra, Reina Lizeth Bonilla, fue capturada horas después en Santa Rosa de Copán, en la zona occidental del país.
El excapitán Santos Rodríguez fue llevado la mañana del viernes 5 de noviembre, bajo detención judicial al Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa. Su esposa, la abogada Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Bonilla, fueron llevadas a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán.
Lizzeth Bonilla, esposa del excapitán, escribió una carta desde la prisión, en la cual pide al pueblo hondureño «dejar el sesgo de los colores políticos», a la militancia de su partido le solicitó «no bajar la guardia». Cerró la carta citando un verso del himno nacional: «Honduras muchos serán tus muertos, pero todos caerán con honor».
El excapitán Santos Rodríguez fue uno de los primeros militares de alto rango que vinculó a Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de la república, Juan Orlando Hernández (2014-2022), con actividades de narcotráfico. El 11 de agosto de 2014, sirviendo como capitán de las FF. AA. en una operación en la zona de La Mosquitia en Gracias a Dios, decomisó un helicóptero cargado con droga propiedad del hermano del presidente y del entonces secretario de defensa, Samuel Reyes.
Luego de ser enjuiciado en la Corte Federal de Manhattan en Nueva York, «Tony» Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, tras una resolución tomada por el juez federal Kevin Castel. «Tony» Hernández fue hallado culpable por los cuatro cargos por los que fue acusado: importación de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar y portar ametralladoras y falso testimonio.
El 7 de octubre de 2016, la oficina de la Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que siete personas se encontraban bajo investigación por sospechas de narcotráfico y corrupción, entre estas personas figuraba Wilter Neptaly Blanco Ruiz, quien como Santos Rodríguez, servía como capitán de las FF. AA. hondureñas y estaba ligado al cártel del Atlántico, también conocido como cártel de Colón.
Tres días después, el 10 de octubre de 2016, la Embajada de Estados Unidos anunció que abrieron la investigación contra el excapitán Santos Rodríguez Orellana por supuestos vínculos con los dos cargos previamente mencionados: narcotráfico y corrupción.
Rodríguez Orellana trabajó como capitán de las FF. AA. de Honduras hasta el 21 de octubre de 2016, cuando fue «separado del servicio activo de forma deshonrosa, siendo dado de baja conforme a la ley», según el comunicado de la dirección de relaciones públicas de las FF. AA.
Ingresos sin justificar
El comunicado del MP indicó que «al realizar el análisis financiero se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las FF. AA. recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras (USD 60,450,000) y en salarios netos 813,918 lempiras (USD 19,680,537), sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvo, de acuerdo con los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles».
Al buscar las sociedades mercantiles en los portales de información pública del Gobierno, no hay registro sobre las propiedades ni informes mercantiles de las sociedades del excapitán.
Luego de la captura de Santos Rodríguez Orellana, agentes de la ATIC y el MP ejecutaron 9 allanamientos y 32 aseguramientos de bienes en los departamentos de Francisco Morazán e Intibucá, de donde el excapitán y su familia son originarios.
El MP en su comunicado estableció que, según declaraciones de un testigo protegido, mientras Santos Rodríguez trabajaba como capitán de las FF. AA. «realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE».
En enero de 2021, Santos Rodríguez Orellana anunció su candidatura en la fórmula presidencial del Partido Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), mismo que fue inscrito con 90,000 firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en junio de este año. Esta es la primera vez que Santos Rodríguez persigue un puesto como candidato a elección popular y lleva en su planilla a personas que, como él, recién empiezan a incursionar en la política partidaria hondureña, tal es el caso de su primera designada presidencial María Angélica Milla. Durante toda su campaña electoral, el excapitán ha predicado un discurso en contra del oficialista Partido Nacional que lidera el presidente Juan Orlando Hernández.
Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), catalogó la captura del presidenciable Santos Orellana como una «vergüenza para la historia de Honduras que en una papeleta va aparecer una persona que está siendo acusada por supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos».
María Angélica Milla, la primera designada del Partido MIDE, dijo a Contracorriente que la captura al excapitán Rodríguez «no solo ha sido una acción violenta desde el punto de vista ciudadano, sino que se interpreta como una incitación a generar caos y confusión en temporada electoral». Agregó que no le parece «prudente que a 25 días de la elección, se genere una orden de captura a un candidato presidencial», por lo que cataloga esta acción del Gobierno como «una persecución política».
La primera designada indicó que, como movimiento, ellos consideran que esta orden de captura «es una jugarreta política… el capitán ha tenido información y la ha denunciado, le han hecho sobornos por las denuncias que hacía a “Tony” Hernández», sin embargo, las causas que más preocupan al movimiento ahora son «las jugadas antidemocráticas», recordando la candidatura independiente del excapitán.
La nueva Ley Electoral establece que hasta que el candidato a elección popular no sea condenado por sentencia firme por un juez con jurisdicción nacional, él sigue estando habilitado para participar en las elecciones generales a celebrarse en menos de un mes. En ese sentido, la primera designada dijo que como institución política, «esperan que (los consejeros del CNE) sean profesionales y que contribuyan a un proceso electoral para pasar a otro capítulo de la historia de Honduras».
Rodríguez Orellana anunció el domingo 11 de abril de 2021 en una entrevista al noticiero TN5, que había huido del país por supuestas amenazas de muerte. La ATIC lo había citado por un proceso de investigación originado por el operativo militar de enero de 2014 en La Mosquitia. El excapitán comentó que no se presentaba a los citatorios porque temía por su vida, por lo que enviaba solamente a su abogado, Salomón Amador. Esta operación antinarcóticos de enero 2014 desató una investigación en contra del excapitán por crímenes tipificados como delitos de tortura y allanamiento de morada en perjuicio de cuatro misquitos.
Por su parte, el abogado Salomón Amador, quien está encargado de la defensa del presidenciable Santos Rodríguez y su familia, dijo a este medio que en este proceso de captura se pueden identificar dos ilegalidades.
El abogado Amador argumentó que «se le está acusando de lavado de activos aún con la vigencia de la reforma al nuevo Código Penal, no hay delito de crimen organizado procedente. Segundo, que no se respetó el debido proceso en vista de que solicitamos una entrevista con la fiscal donde el excapitán y su familia iban a conocer por qué se les investigaba». Por estos motivos, algunos expertos opinan que estas reformas al Código Penal podrían beneficiar a los imputados en este caso.
#OjoAlDato: Según la recien publicada reforma al Código Penal ahora es el @MP_Honduras que debe probar el origen ilícito del dinero. Antes la carga de la prueba la tenía el imputado al tener que justificar su origen licito. https://t.co/1WQ3T6dT57
— Lester Ramírez Irías (@ElMundoDeLester) November 4, 2021
Con respecto a los los 238 millones de lempiras no justificados que menciona el MP en su comunicado, el abogado de defensa de la familia del excapitán dijo a Contracorriente que «ellos son comerciantes, la mayor parte de los bienes son de su suegra (Reina Bonilla) y ella es fundadora del mercado Zonal Belén desde los ochenta. Ella es proveedora de las FF. AA., y en ocasiones recibe montos hasta por 40 millones por víveres y enseres».
La mañana del viernes 5 de noviembre, algunos simpatizantes y militantes del partido MIDE convocaron a una conferencia de prensa en la entrada del Cuartel General del Ejército, en el Fuerte General Cabañas en Tegucigalpa.
Isaías Zelaya, designado presidencial del Partido MIDE, asegura que el comunicado del MP «demuestra lo absurdo que es este proceso», y agrega que «lo están acusando por 2,500,000 de ingreso bruto, de lo cual tenía salario justificable de 813,918 lempiras, quedándole un excedente de 1,686,082 lempiras. En 10 años, le quedan 120,000 lempiras anuales, por lo cual quedan 14,050 lempiras mensuales. Eso no es lavado de activos», concluyó.
Debido a que esta detención del presidenciable se ejecutó a solo 24 días de las elecciones generales en Honduras, el abogado y analista político Raúl Pineda cree que esto «deja una mala imagen del proceso electoral en Honduras para los medios internacionales», añadió que «incluso es comparable a la imagen del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua».
De cara a las elecciones a celebrarse en tres semanas, el ambiente electoral en Honduras se ha agitado. La detención al excapitán ha dividido la opinión pública, por esto, el abogado Pineda cree que alguna parte de la población podría categorizar la detención como persecución política y otra parte creería que los cargos por los que se le acusa son válidos para hacer la captura sin importar la cercanía de las elecciones. Concluyó que «es difícil, sino imposible, echar responsabilidad sobre el señor Rodríguez sin conocer las resoluciones del tribunal (…) y aunque los fiscales quieren hacer su trabajo bien, están sometidos a la naturaleza misma del Gobierno autoritario en Honduras».
