Por Amelia Frank-Vitale y Lauren Heidbrink
En los primeros días de la administración del presidente Biden, la atención pública, otra vez, se enfocó en los menores migrantes no acompañados que llegaban a la frontera entre México y Estados Unidos. Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, proponía destinar 4000 millones de dólares estadounidenses para ayuda al desarrollo, que tiene como fin abordar las «causas fundamentales» de la migración desde Centroamérica. La administración de Joseph Biden y Kamala Harris ha denunciado públicamente que las causas principales de la migración son: la corrupción gubernamental, los altos índices de femicidio, la marginalización de las personas indígenas y la discriminación en contra de las personas Lgbtiq+.
Juan González, el director principal del Consejo Nacional de Seguridad y uno de los asesores más importantes del presidente Biden, se refirió específicamente a las «élites predatorias» que han saqueado los fondos públicos y evaden con impunidad las obligaciones fiscales (Chappell, 2021). De hecho, los oficiales de los gobiernos centroamericanos han sido acusados, y en algunos casos condenados, por ser directamente responsables del tráfico internacional de drogas (DOJ, 2019). Sin embargo, no figuran en estas discusiones las maneras en que la ayuda de los Estados Unidos en sí sea una causa principal de la migración. En este artículo sostenemos que, con el fin de evitar otra crisis migratoria de menores en la frontera, la administración del presidente Biden debe tomar una postura fundamentalmente nueva respecto al desarrollo en Centroamérica.
Son pocos los estudios que sostienen el argumento de que el desarrollo crea alternativas a la migración (de Haas, 2012; Fratzke and Salant, 2018). Siendo nosotros investigadores que examinamos el vínculo entre el desarrollo, la migración y el impacto en los jóvenes de Centroamérica, hemos visto de primera mano que el desarrollo no es una herramienta eficaz para responder a las causas interrelacionadas de la migración, y no reconoce que varían las necesidades y las dinámicas entre los países y dentro de ellos. Con frecuencia, la ayuda está condicionada por consideraciones ideológicas que, en vez de apoyar, terminan obstaculizando los esfuerzos locales para responder a la pobreza, corrupción e inseguridad (Frank-Vitale, 2020). En México y Centroamérica, muchas veces la ayuda es subcontratada a organizaciones que tienen poco conocimiento de las condiciones locales o que están desviadas a los que se alinean con las mismas élites predatorias que los Estados Unidos —ahora— critica.
Aquí identificamos tres razones por las cuales la ayuda al desarrollo ha fracasado como un mecanismo para reducir las presiones que recaen sobre los jóvenes para migrar y que, en muchos casos, actualmente ha tenido la consecuencia no intencionada de impulsar la migración de menores. Dichas razones incluyen: tratar los programas regionales de ayuda de forma homogénea, la visión de corto plazo de las estrategias de desarrollo, y no seguir los diagnósticos y las soluciones locales. Para demostrar, ofrecemos viñetas etnográficas de nuestras investigaciones longitudinales con los jóvenes deportados a Centroamérica, en las cuales identificamos visiones alternativas al desarrollo que reconocen a los jóvenes como expertos en el desarrollo y consideran de manera seria los diagnósticos y las soluciones locales.
Desmantelando el «Triángulo Norte»
Centroamérica no es monolítica. El término militar utilizado con frecuencia del «Triángulo Norte», implica que la región es uniforme y termina encubriendo las variaciones lingüísticas y culturales, y las experiencias diferentes de las comunidades. Los programas diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración tienden a tomar ejemplos de un lugar y luego aplicarlos, sin una evaluación crítica, a otras partes de la región. Por ejemplo, una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que implementó el Ministerio de Educación de Honduras, intentaba enfrentar el estigma en contra de los deportados, educando a los estudiantes en San Pedro Sula a no tratar con desprecio a los deportados. En El Salvador se percibía a los deportados en algún tiempo como criminales, y muchos jóvenes guatemaltecos, especialmente las menores indígenas, ahora enfrentan el estigma por género después de la deportación. Sin embargo, la deportación es tan común en las zonas urbanas de Honduras, que ya no es considerada algo negativo. El programa piloto del OIM se enfoca en las escuelas con el índice más alto de reinscripción de estudiantes deportados, pero muchos de los estudiantes que participaban en las actividades habían sido deportados una o varias veces.
Incluso dentro del mismo país, los programas que se identifican como mejores prácticas pueden tener éxito en una localidad y fracasar en otra. Por ejemplo, los programas religiosos de empresas pequeñas que efectivamente ayudaban a los deportados en el departamento agrícola de Olancho, Honduras, no tuvieron el mismo éxito en la localidad urbana de San Pedro Sula, debido a que la subsistencia económica es solo uno de los factores entre varias razones interconectadas que impulsan a los jóvenes a migrar.
Así, las características de los deportados mismos varían con el tiempo y el lugar. La «reintegración», que es la idea de que los deportados requieren asistencia para readaptarse y reajustarse a la vida en los países donde son ciudadanos, es una palabra clave en la administración de la migración, sin embargo, no es lo que los deportados necesitan hoy en día. Los programas que buscan validar los títulos extranjeros u ofrecer oportunidades en la creciente industria de los centros de llamadas en Centroamérica, son útiles para algunas personas que hablan inglés, que son deportadas después de crecer en los Estados Unidos. Pero las mismas iniciativas son completamente irrelevantes para el número creciente de niños y menores deportados de México a Centroamérica o después de periodos cortos de detención en los Estados Unidos. Además, los reglamentos que intentan asegurar que los jóvenes puedan volver a inscribirse en las escuelas después de ser deportados no cambian la realidad de que muchos de los jóvenes no tenían acceso a educación adecuada antes de migrar. La deportación solo agrava las razones por las cuales emigraron unos meses antes.
Las experiencias de los jóvenes indígenas especialmente son muchas veces ignoradas. Eliana, una joven Maya-k’iche’ preguntó: «¿Cómo podemos pertenecer a un Estado que, durante el conflicto armado, torturó y asesinó a mis abuelos, masacró mi comunidad, desapareció a mis tíos e intentó exterminarnos de las tierras de nuestros antepasados?». Para Eliana, la reintegración en Guatemala supone que alguna vez estuvo integrada. En Guatemala, las personas indígenas son expulsadas sistemáticamente de la educación pública, los servicios de salud y el mercado laboral, se necesitan reformas estructurales para lograr la participación política. Así, la reintegración es una falacia que ignora el racismo estructural arraigado en las instituciones guatemaltecas (Heidbrink, 2021).
Para crear oportunidades significativas y sostenibles, los programas de ayuda deben de responder a las historias multidimensionales y variadas, los contextos sociales y las experiencias de todos los jóvenes. Reconocer el conocimiento de los jóvenes afectados es crítico para entender los contextos distintos. Deben de ser consultados durante el diseño de las políticas y los programas que los afectan. Jóvenes como Eliana poseen mucho conocimiento local, aptitudes y la capacidad de contribuir con sus conocimientos y análisis, lo que pasa es que simplemente carecen del acceso a los mecanismos para hacerlo. Reconocer explícitamente el conocimiento de los jóvenes y solicitar sus perspectivas crea las oportunidades para que redefinan el significado y prácticas del desarrollo.
Programas de reintegración a corto plazo
Las iniciativas en Centroamérica financiadas por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) que buscan ayudar a la gente joven, muchas veces se centran en la adquisición a corto plazo de capacidades básicas. Sin embargo, estos programas no abordan los factores estructurales subyacentes que contribuyen a la decisión de migrar.
Juan Gabriel, de 17 años, decidió migrar no acompañado desde el altiplano rural de Guatemala para poder pagar los servicios médicos básicos para su madre y hermana, quienes se enfermaron cuando una mina de oro contaminó las tierras y fuentes locales de agua. Para Juan Gabriel, los factores que impulsaron la migración a los Estados Unidos fueron las consecuencias adversas del «desarrollo» extractivo, junto con un fracasado sistema de salud. Su situación económica precaria se empeoraba cada vez que fue deportado, y fue deportado tres veces, porque junto con su familia tenía que enfrentarse a la deuda de 7500 dólares que debía a los traficantes, las crecientes cuentas médicas de su madre, y los salarios perdidos debido a la pandemia del coronavirus.
Aprender a cortar pelo o hacer piñatas a través de talleres de USAID no le proporcionaban las alternativas a la migración que Juan Gabriel y su familia necesitaban. Cortar pelo es una habilidad útil, pero que no sustituye la inversión adecuada en los servicios de salud, no responde a las consecuencias adversas de la contaminación rotunda del medio ambiente y no aborda la carga abrumadora de la deuda relacionada con la migración (Heidbrink, 2019).
En muchos casos, las soluciones externas impuestas desde arriba no son compatibles con los contextos locales. Por ejemplo, en un refugio para migrantes en México, la ayuda extranjera aportó recursos para construir un horno de ladrillo, con el propósito de que las personas en el refugio pudieran hornear y vender pan y así generar ingresos. También aportó fondos para empezar un jardín orgánico y animales de pastoreo. Sin embargo, estos proyectos no tomaban en cuenta el contexto: el refugio no podía pagar las cuentas de la electricidad, mucho menos comprar harina y combustible para hornear pan. Refugios como este son solo puntos en el camino para los migrantes en tránsito, diseñados para darles refugio unos días mientras descansan antes de seguir el camino. La mayoría de los migrantes no tienen la intención de quedarse en el refugio suficiente tiempo y ocuparse de las cosechas o los pollos. Por el contrario, el horno y la granja se convierten en cargas en vez de ser soluciones sostenibles. Las soluciones de desarrollo deben de empezar e incorporar de manera significativa los aportes de los expertos locales en materia del desarrollo, el personal del refugio y los mismos migrantes.
Ante la ausencia del conocimiento local importante, las soluciones de ayuda pueden tener consecuencias no previstas. En la parte urbana de Honduras, los programas de emprendimiento diseñados para ayudar a los jóvenes deportados a comenzar pequeñas empresas, tienen la consecuencia no intencionada de atraer la atención de grupos de crimen organizado que controlan los barrios y demandan «renta» (pagos de extorsión) a los pequeños negocios. En Guatemala, los programas que anuncian «alternativas a la agricultura» presentan las formas tradicionales y familiares de agricultura como formas no viables o sin valor para los jóvenes. Con el tiempo, estos mensajes se incorporan poco a poco a las maneras en que los jóvenes aprenden a devaluar el conocimiento ancestral y las capacidades de los mayores (Heidbrink, 2020). El riesgo de los programas que no cuentan con el conocimiento local contextualizado es que provoquen daños en vez de ayudar.
A pesar de la inversión significativa en infraestructura para el procesamiento de los menores deportados en Centroamérica, dicha inversión no incluye programas de seguimiento o apoyo a largo plazo. USAID, OIM y otras instituciones internacionales han trabajado para brindarles apoyo a los deportados cuando ingresan, incluyendo el registro con el Gobierno y la entrega de un kit de aseo personal, y en algunos casos, un boleto de bus para regresar a sus comunidades. Sin embargo, después de estas intervenciones inmediatas, los deportados no tienen ayuda para enfrentar la misma situación que los impulsó a migrar, a veces agravada por la carga adicional de la deuda, las amenazas y el proceso a menudo delicado de reencontrarse con las personas queridas que dejaron cuando migraron (Frank-Vitale, 2018). La infraestructura que se construyó para recibir y procesar a los deportados, aunque administra de manera eficaz el momento de regreso, tiene poco impacto sobre la situación que enfrentan las personas cuando salen del centro de recepción.
Las iniciativas a corto plazo, que ayudan a los migrantes muchas veces, no logran tener un impacto porque no reconocen que la decisión de migrar es el resultado de procesos más largos que empiezan antes de la migración y perduran mucho tiempo después de la deportación. Si se le consultara a la familia y comunidad de Juan Gabriel sobre las condiciones necesarias para que él no decidiera migrar, las respuestas probablemente incluirían ideas diferentes a talleres para la fabricación de piñatas. De igual manera, si el mismo refugio en México hubiera podido decidir en qué se usarían los fondos, tal vez habrían optado por mejorar el abastecimiento de agua, construir baños adicionales o comprar un generador para reducir los gastos de energía, en vez de construir un horno de ladrillo o sembrar cultivos. Abordar las causas principales de la migración es una tarea de décadas que requiere de cambios fundamentales en las políticas, no solamente cambios a corto plazo.
Soluciones locales
La administración del presidente Biden no puede deshacer el daño causado por décadas de políticas de intervención de EE. UU., pero sí pueden comenzar a escuchar y consultar a las comunidades locales e iniciar soluciones locales (Americas Program, 2021). La cooptación de las asociaciones comunitarias por actores externos como EE. UU., un proceso conocido como la «oenegización» de Centroamérica (Alvarez, 2014; Meyers 2016; Roy, 2011), ha hecho que las asociaciones centroamericanas sean menos representativas y respondan menos a las necesidades locales. En otras palabras, las organizaciones no-gubernamentales (ONG) no son intercambiables con las comunidades locales. Los programas de desarrollo deben asociarse y las comunidades locales ser las que lideran. En Guatemala, para dar un ejemplo, esto significa participar en consultas comunitarias donde las personas indígenas son consultadas sobre los proyectos antes de tomar una decisión, permitiendo así la creación de un consenso sin presiones o desinformación. Los foros comunitarios, consagrados en el Convenio 169 (1989) de la Organización Mundial de Trabajo (ILO) —pero muchas veces desviados o ignorados por completo— existen para respetar la autonomía de las comunidades indígenas de manejar el desarrollo según sus propios términos.
De manera alternativa, podemos tomar el ejemplo de la educación pública en Honduras. Muchos jóvenes indican que la falta de acceso asequible a escuelas es un factor que contribuye a la migración. En el pueblo de Potrerillos, cada año los jóvenes se enfilan durante toda la noche afuera de la escuela para asegurarse un lugar codiciado para el siguiente año, los que no llegan primero tienen que esperar hasta el siguiente año para seguir estudiando.
Brayan, de 17 años, quien ya ha sido deportado, decidió que, si no lograba un lugar, la siguiente mejor opción sería migrar. En contraste, sobran espacios en un colegio público en el sector Rivera Hernandez de San Pedro Sula, debido a que muchos estudiantes dejan de asistir porque tienen que cruzar líneas de territorio de las maras y arriesgar la vida para llegar. Juan, profesor de un colegio público, culpa al Gobierno por no proveer recursos pedagógicos ni seguridad pública.
Los padres, maestros y estudiantes quieren acceso a una educación pública digna. En el año 2019, en vez de invertir en infraestructura educativa pública, el Gobierno hondureño siguió las recomendaciones de la Asociación para una sociedad más justa, una ONG grande dirigida por extranjeros que recibe fondos significativos de USAID, y propuso reformas con el fin de privatizar completamente la educación pública (Funes, 2019). Sin embargo, manifestaciones masivas anularon las reformas propuestas (Geglia, 2019), pero la dinámica quedó muy clara: las «soluciones» financiadas por EE. UU. para los problemas en Centroamérica muchas veces no reflejan los deseos de las comunidades y pueden empeorar las condiciones en nombre del desarrollo. En vez de esperar protestas masivas, las políticas proactivas deben escuchar los diagnósticos locales y establecer soluciones encabezadas por la comunidad.
Las heridas provocadas por décadas de intervenciones de desarrollo descendentes, homogéneas y a veces dañinas, no se sanarán fácil o rápidamente. Reparar las relaciones y establecer confianza en las comunidades llevará tiempo y un compromiso continuo, pero la actual administración tiene la oportunidad de aprender de los errores de los predecesores y abordar con un nuevo enfoque el tema de la ayuda al desarrollo.
El comienzo esencial es escuchar los significados y prácticas locales sobre el desarrollo, las perspectivas propias de las personas sobre lo que significa el desarrollo deben de estar en el centro de cualquier iniciativa. Los jóvenes con quienes conversamos hablan no solo del derecho a migrar, sino también el derecho a no migrar. Neri, de 16 años, explica: «El derecho a no migrar es contar con las condiciones en las cuales puedo decidir quedarme de igual manera que puedo escoger irme, pero ¿se ve la diferencia? Es poder escoger». El derecho a no migrar implica fortalecer las opciones y oportunidades para que las comunidades prosperen según sus propios términos, incluyendo la entrega de escuelas mejoradas, trabajo digno y acceso a servicios de salud. Estos derechos conjuntos desafían la cooptación del desarrollo como vehículo para administrar la migración o inmovilizar a la población.
Abordar las causas fundamentales desde la perspectiva de las personas que migran es la única manera que la ayuda extranjera pueda lograr soluciones holísticas, sostenidas y duraderas a los factores subyacentes identificados por los jóvenes y las comunidades. En el centro, la migración en sí no es el asunto por resolver, pues solo es una consecuencia de otras iniquidades estructurales. La migración forzada se reducirá cuando se dirija la ayuda hacia los problemas que las comunidades locales identifican como primordiales, sean sociales, económicos, políticos o del medio ambiente. Cualquier otro abordaje del tema solamente repetirá los fracasos del pasado y asegurará que las generaciones futuras de jóvenes continúen buscando refugio y oportunidades afuera.
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