El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el lunes 6 de agosto la adjudicación del contrato con Smartmatic, empresa que se encargará del sistema biométrico para las elecciones generales de noviembre, sin embargo, a pesar de la preparación electoral, el voto de más de un millón de hondureños sigue en riesgo.
Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix
El clima preelectoral se intensificó la semana pasada con los lanzamientos oficiales de campaña realizados el lunes 30 de agosto y con las contrataciones importantes que, a última hora, está realizando el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones programadas para el último domingo de noviembre.
El abogado Kelvin Aguirre, consejero representante del Partido Nacional en el CNE y quien asumió la presidencia del organismo el 11 de septiembre, anunció este mismo lunes por la mañana la empresa que eligieron los tres comisionados titulares de la oficina electoral —Ana Paola Hall, Rixi Ramona Moncada y el mismo Kelvin Fabricio Aguirre.
Smartmatic SGO Group es la corporación que se encargará del sistema biométrico, es decir, lo que concierne a la identificación del elector durante las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.
Días antes de esta contratación, la candidata a la silla presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, presentó su plan de gobierno en una reunión con invitados especiales y medios de comunicación el domingo por la mañana en el Hotel Plaza Juan Carlos de la capital. Por su parte, Salvador Nasralla, el presidenciable por la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH) lanzó su campaña el mismo domingo por la tarde en la Plaza Central Francisco Morazán, sin embargo, no presentó propuestas e informó que están trabajando en «un plan (de gobierno) realista».
Germán Maximino Lobo, consejero suplente del CNE aseguró a Contracorriente que en el organismo electoral siguen trabajando en razón de su cronograma electoral, esto a pesar de los retrasos— explicados con detalle en una nota previamente publicada por Contracorriente— que el Congreso Nacional ha provocado por demoras en aprobación presupuestaria.
Sin embargo, siguen en espera del listado oficial que el Registro Nacional de las Personas (RNP) les hará llegar para la elaboración del censo oficial; también esperan la certificación de todos los ciudadanos que han recibido sentencias por delitos y con esto inhabilitarlos del censo nacional electoral. Tal documento será enviado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó Germán Lobo.
A pesar de que la contratación de Smartmatic SGO Group es relevante, la empresa encargada Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) aún no ha sido anunciada por el CNE. Para la licitación presentaron aplicación seis empresas y el proceso tendrá un costo aproximado de 41 millones de lempiras.
Luego de que el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) hiciera la veeduría correspondiente para analizar las empresas y sus capacidades para cumplir con los requerimientos, quedaron como candidatas posibles solamente tres corporaciones: dos hondureñas y una extranjera.
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Smartmatic SGO Group
La empresa, fundada en el año 2000 y con sede en Londres, Inglaterra, ha trabajado en el conteo electrónico de alrededor 3,500 elecciones en todo el mundo, sumando así más de 5 billones de votos procesados, según un apartado en la página web de la autoproclamada «compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo».
Antonio Mugica es uno de los fundadores y el actual Director Ejecutivo General de Smartmatic. Trabajó previamente como director de la corporación sueca Anoto Group AB, una empresa que ofrece metodologías tecnológicas para acumulación de datos. El actual presidente de la junta directiva de Smartmatic es el venezolano Roger Piñate, y el presidente para Latinoamérica es Andrés Rombolá, de nacionalidad argentina, tal como indica el mismo apartado en el sitio web corporativo.
Alfredo José Anzola, cofundador y primer director financiero de Smartmatic, falleció en 2008 en un accidente aéreo que provocó algunas investigaciones: uno de los motivos fue el piloto, Mario José Donadi, quien tendría que haber estado en prisión por cometer el delito de «transporte ilícito de sustancias estupefacientes» para la fecha del accidente, según indica la resolución emitida en el 22 de mayo de 2006 por el Juzgado Segundo de Juicio de Venezuela mediante Rosa Barreto como ponente.
Smartmatic, como cualquier empresa dedicada a seguridad electoral, ha estado envuelta en escándalos políticos. La corporación fue contratada por las oficinas de Gobierno de Estados Unidos para los comicios presidenciales del 2020, específicamente en el Condado de Los Ángeles —tal procesamiento fue cuestionado por los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump, según explica el resumen publicado por The Associated Press (AP)—. Las declaraciones del equipo legal de Trump fueron posteriormente desmentidas por los expertos en verificación de datos en una nota publicada en FactCheck.Org.
El exalcalde por el Partido Republicano de la ciudad de Nueva York de 1994-2001, Rudy Giuliani, señaló que la empresa había sido «creada en Venezuela en la dirección de Hugo Chávez». Dominion, el software desarrollado por la empresa Smartmatic, introdujo una demanda judicial en contra Giuliani por difamación, de acuerdo con la nota de AP previamente citada.
Además de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Smartmatic ha procesado votos para la Unión Europea, Venezuela (desde el 2004), Filipinas, Argentina, Bélgica, El Salvador, Estonia, Noruega, Dinamarca, Italia, Armenia, Sierra Leona, Omán, Brasil, Chile, Kirguistán, Bulgaria, Albania, Zambia, entre otras, según indica el apartado de «experiencia» en la página web de la corporación Smartmatic.
En las elecciones populares para alcaldes y diputados de El Salvador en el 2018, Smartmatic reportó fallas en la divulgación de votos para diputados, estas habrían provocado alteración en los resultados electorales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, para no provocar «alarma dentro de la población», no reportó las fallas hasta horas después, como lo explica La Prensa Gráfica en una publicación.
Mientras que en Venezuela, el país de origen de sus dos cofundadores, Smartmatic ha sido señalada por vínculos con el exvicepresidente Jorge Rodríguez. En el 2004, Rodríguez era presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y desde un bufete legal Moisés Maiónica gestionó la ingeniería legal y financiera para la licitación—así lo explica la investigación de Lucas Goyret—. Maiónica admitió ante la Fiscalía de Miami haber fungido como asesor legal de la empresa cofundada por Anzola y Mugica, tal como informó la jueza de la fiscalía de Miami en la sentencia de diciembre del 2008.
Millones de DNI sin entregar
Oscar Rivera, comisionado representante del Partido Libre en el Registro Nacional de las Personas, informó que para la segunda semana de septiembre se han entregado 3.8 millones de documentos nacionales de identificación (DNI) de un total de 5.2 millones de personas enroladas. Agregó que diariamente se están entregando aproximadamente 50,000 DNI en todos los puntos del país.
Aunque no es recomendable, por cuestión de seguridad electoral, que la población acuda a elecciones generales con dos documentos de identidad diferentes, esta es una gran posibilidad para Honduras, tomando en cuenta la cantidad de identificaciones que quedan por entregar. Rivera asegura que «ningún ciudadano se verá en la necesidad de votar con la identidad anterior», pues no consideran que exista la «remota posibilidad» de que no tengan en mano el nuevo documento.
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Germán Lobo comentó que desde el CNE «solo nos queda confiar en que el RNP (Registro Nacional de las Personas) cumpla con su cronograma antes del 15 de octubre, porque este documento no es solo para ejercer el sufragio, sino para actos de comercio y trámites administrativos».
Ernesto Paz Aguilar, excanciller, profesor universitario y analista en temas de elecciones, señaló en un entrevista a Contracorriente que hay tres principales amenazas en cuanto a seguridad electoral para las generales de noviembre. La primera amenaza fue orquestada desde el Congreso Nacional (CN), «al modificar 10 artículos de la Ley Electoral, así amenazando la seguridad jurídica», afirmó Paz Aguilar. Además, cree que estos artículos modificados en la recién aprobada ley, provocaron la violencia en la selección de orden de la papeleta el sábado 21 de agosto en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (Infop).
La primera amenaza fue orquestada desde el Congreso Nacional (CN), «al modificar 10 artículos de la Ley Electoral, así amenazando la seguridad jurídica», afirmó Paz Aguilar.
Además, Paz Aguilar asegura que esto representa una amenaza para la seguridad electoral, debido a la «renuencia a proporcionarle independencia a la entidad electoral». Aún con injerencia política, el analista considera que el CNE «ha hecho más de lo que les han permitido hacer», mientras que el RNP «han tenido muchas fallas, comenzando por los cambios domiciliarios», mencionados también por la entonces comisionada presidenta Ana Paola Hall.
Comete delito electoral tanto quien solicita traslado irregular, como quien promueve/paga/lleva al ciudadano. RNP debe tomar medidas necesarias. CNE con misiones listas para desplazarse ante denuncias!!!
— APHall_CNE (@APHall_CNE) September 4, 2021
Honduras se presentará a las urnas en menos de tres meses para renovar el cargo presidencial, 128 de diputaciones para propietarios y suplentes y 298 corporaciones municipales. Sin embargo, recordando las crisis postelectorales de los últimos años y en vista de que no se ha emitido la Ley Procesal Electoral, «se pueden provocar algunos conflictos electorales», indicó Aguilar Paz.
Seguridad informática
Rodrigo Baires, periodista freelance e investigador en temas de acceso a la información pública y política, explicó a Contracorriente la importancia de una «Ley de Lealtad» entre Smartmatic y el Gobierno, esto por la necesidad de proteger las identidades faciales de todo el electorado y poder asegurarse de que la base de datos a la que tendrá acceso la empresa «no pueda caer en manos inadecuadas».
El «secuestro de datos» es un riesgo que se corre en elecciones con sistemas de identificación informáticos. Según Rodrigo Baires, tomando en cuenta la crisis sociopolítica que «prevalece en países como los nuestros que tienden a ser autoritarios, tal vez no están preparados para elecciones de este tipo», concluyó.
