El Poder Legislativo recientemente promovió una reforma al Artículo 1 del Decreto Legislativo 10-2015, que avala la utilización de los fondos de pensión de los institutos de previsión nacionales públicos y privados para invertirlos en generación de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix
El gremio magisterial, conmocionado y en alerta por el peligro que esta reforma provoca, anunció el pasado viernes 13 de agosto, protestas y continuación de las movilizaciones hasta asegurar que sus fondos en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) estén protegidos legalmente. Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de la Educación Media en Honduras (Copemh), dijo a Contracorriente que «esto es una gran amenaza porque coloca a los institutos de previsión en la posición de financiar o invertir dinero de los retiros de los trabajadores públicos y del sector privado, o invertirlo en la generación de electricidad».
Este proyecto de reforma al decreto legislativo promueve la utilización de los fondos de los afiliados a los institutos de previsión en la ENEE. El porcentaje que se invertirá aún no se conoce, esto se decidirá luego de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) determine el monto. Sin embargo, el dirigente magisterial asegura que es «una cantidad considerable de dinero la que se invertiría en la generación de energía eléctrica».
García explicó, además, que esto no solo excede las facultades financieras y administrativas de los institutos de previsión, sino que también es de dudosa efectividad considerando el presupuesto millonario con el que la ENEE ya cuenta.
A criterio del dirigente, estas reformas no solo perjudican los fondos de pensiones de este organismo de previsión magisterial, sino que «también afectan a los afiliados al Injupemp (Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo), Inpreunah (Instituto de Previsión Social de los Empleado de la UNAH), RAP (Régimen de Aportaciones Privadas) y el IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social), y todas las organizaciones de la previsión social», según recalcó el dirigente magisterial, fundamentándose en las reformas al Decreto Legislativo 319-2012.
Fidel García, presidente del Copemh, indicó que «esto es una gran amenaza porque coloca a los institutos de previsión en la posición de financiar o invertir dinero de los retiros de los trabajadores públicos y del sector privado, o invertirlo en la generación de electricidad».
El gremio prevé que tales fondos no serían utilizados simplemente para la generación de energía, sino para pagar la demanda a EEH (Empresa Energía Honduras). Según el representante del gremio, ellos creen «que el Gobierno quiere rescindir el contrato con EEH, y quieren aparecer como salvadores de Honduras atacando a EEH, creando un clima de opiniones en contra de la empresa».
En una anterior nota en Contracorriente, se resumen los diversos conflictos internos, financieros y legales, que atraviesa la ENEE. Además de enfrentar demandas de parte de la concesionaria EEH, también están en riesgo de ser embargados los fondos que garantizan el pago íntegro de sus empleados y proveedores, esto provocado por una demanda que Maribel Espinoza presentó en nombre del Banco Financiera Comercial Hondureña S. A. (Ficohsa)
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A través de la Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores, cuyo objetivo es la inclusión financiera y consolidación de deudas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de noviembre del 2019, según comentó Fidel García, previamente se intentó desviar fondos de institutos de previsión para invertirlos en la generación de energía en la ENEE, de hecho, según apuntó Fidel García, «ya han aprobado mecanismos a través de la banca privada y la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), y a través de decretos ejecutivos. Hay muchos mecanismos legales que han encontrado para comenzar el drenaje de fondos».
Un sector del gremio magisterial teme que sus fondos de pensiones y jubilaciones sean trasladados a la banca privada, acción que algunos catalogan como «intento de robo». El presidente del Copemh explicó que el problema no es que los fondos sean administrados, el problema es que «quienes vigilan la rentabilidad y los riesgos de inversión, la CNBS, no autorizarán nunca un proyecto que no sea rentable para la empresa privada».
El gremio ya presentó impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley que afecta a Inprema y permite este tipo de inversiones, «además de tomar acciones legales en contra de estos Decretos Ejecutivos que permiten drenar fondos de los institutos de previsión», concluyó el dirigente.
Comisión Interventora
El Inprema fue intervenido en 2013 por una comisión similar a la actual. La comisión anterior, nombrada por la CNBS, estaba compuesta por Raúl Alberto Zavala, Alejandra María López y Franklin Dannery Rodríguez, quienes en abril del 2021 cesaron en sus funciones al frente del instituto de previsión.
El 16 de mayo del año en curso, fueron nombrados por el Poder Ejecutivo los nuevos titulares de la Comisión Especial de Transición y Normalización, quienes desempeñarán los cargos directivos por seis meses. Elis Omar Figueroa Maradiaga encabeza la Comisión y con el fin de «mejorar la situación del instituto», según la nota de prensa del Gobierno, quedan a cargo Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López. Las funciones de esta comisión interventora también son cuestionadas por el gremio, quien define sus puestos como «figuras decorativas».
El Artículo 9 del mismo decreto legislativo publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de abril de 2021, facultó a la Comisión Interventora la potestad de «suspender o remover al resto de personal que considere necesario». Mediante tal facultad, quedaron suspendidas del ejercicio de sus funciones la Asamblea de Participantes y Aportantes, el Directorio de Especialistas, la Dirección de Auditoría Interna, la Gerencia Administrativa y Financiera, y la Dirección legal de Inprema. Todas las funciones de estas ramas fueron otorgadas a la Comisión Interventora.
Esta comisión para intervenir Inprema fue propuesta, según el Artículo 1 del PCM 044-2021, «por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la Institución y del Estado».
Amnistía
En la sesión legislativa del 6 de mayo del año en curso, el Congreso Nacional discutió el oficio 129-2021, enviado por el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Díaz. Este oficio consistió en aprobar una amnistía por intereses a favor de los colegios magisteriales en Honduras que mantuvieran deudas con el Inprema.
En el Artículo 1 del decreto se concede la amnistía «en el pago de intereses corrientes, intereses moratorios y cobros adicionales derivados del incumplimiento o mora en el pago de sus obligaciones crediticias con el Inprema». David Guillermo Chávez, actual candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional y Mario Edgardo Segura, candidato a reelección como diputado del Partido Liberal, fueron quienes introdujeron tal dictamen a la cámara legislativa.
David Chávez, actual diputado en el Congreso Nacional, enfrentó investigaciones por su gestión como director del Instituto de Formación Profesional (Infop) en 2016. Según informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), bajo la administración de Chávez se drenaron HNL 21,000,000.
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En un comunicado emitido por el Colegio de Profesores de Educación Media en Honduras (Copemh), los afiliados le exigen al Congreso Nacional ser removidos de la lista de beneficiarios de la amnistía, pues su organismo no tiene saldos pendientes por pagar al Inprema.
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, hijo de docente jubilada del Inprema, se pronunció en nombre de su bancada en contra de la aprobación de esta amnistía en el debate durante la sesión. Castellanos explicó que la condonación de estas deudas e intereses «son esfuerzos para descapitalizar al Inprema, esfuerzos que ha hecho el Gobierno durante los últimos doce años».
