El presidente Juan Orlando Hernández promete el mayor impulso económico de su gestión con el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Palmerola el próximo 15 de octubre. Sin embargo, el emblemático asesinato de un periodista en la zona de influencia directa del proyecto, la crisis económica de la pandemia y las irregularidades en la concesión oscurecen el panorama.
Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix y Laura García
Tras cinco años de planificación y construcción, con una inversión que superó el presupuesto inicial y se situó en USD 209.3 millones (HNL 5000 millones), el 15 de octubre iniciará operaciones el Aeropuerto Internacional Palmerola, concesionado mediante alianza público-Privada al consorcio EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.
Este proyecto y el inicio de las operaciones un mes previo a las elecciones representaría un hito en la gestión altamente cuestionada del presidente Juan Orlando Hernández, principalmente por la reelección ilegal de 2017 y su involucramiento en casos relacionados con el narcotráfico en una corte de Estados Unidos. En ese contexto, Hernández, como máximo impulsor de este proyecto, asegura que el aeropuerto «proyectará a Honduras hacia el futuro», pero también advierte que tendrán que «tomar decisiones para que pueda ser atractivo a la inversión extranjera y nacional».
El principal foco de esas decisiones será el área de influencia directa del aeropuerto: los municipios de la Villa de San Antonio y Comayagua; este último un destino turístico colonial golpeado por la pandemia, en el que —por la falta de turistas y las restricciones impuestas por el Gobierno— cerraron un estimado del 30 % de los comercios afiliados a la Cámara de Industria y Comercio de Comayagua.
Sumado a la situación económica, las autoridades policiales y de seguridad avisan sobre la migración de pandillas en la zona, y la población prevé aumento en la delincuencia con la llegada de un mayor flujo de personas. Todo esto en un departamento que en 2020 resultó como el sexto lugar con mayor número de homicidios a nivel nacional.
Irregularidades en la obra de construcción del Aeropuerto de Palmerola
El 7 de febrero de este año el presidente Hernández aseguró en un acto público que en octubre finalmente estarían entregando el nuevo aeropuerto de Palmerola, tras una serie de aplazamientos desde la fecha original de entrega pactada para 2019.
«Todos (los presidentes) dijeron que lo iban a hacer y a mí no me pregunten, ¿Por qué no lo hicieron?, yo solo sé que yo vine un día aquí a Comayagua y les dije que vamos a hacer al aeropuerto Palmerola porque Honduras se lo merece y ya pronto va a estar listo, tal como lo dijimos. Como dice el eslogan: “Dicho y hecho”», manifestó.
Lo cierto es que el inicio de la operación civil y comercial de un nuevo aeropuerto en la zona de Palmerola había sido un proyecto desde tiempos de Manuel Zelaya como presidente del país (2006 y 2009), y que fue planeado con mayor presión tras el accidente en 2008 de un avión de la aerolínea Taca que intentaba aterrizar en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y que dejó un saldo de cinco muertos y más de sesenta heridos.
“Joh” saluda con sombrero ajeno al inaugurar terminal de Palmerola, cuando todos saben que las 4 vías a COMAYAGUA y aeropuerto son proyectos del Poder Cuidadano. La negociación con EEUU la culminé en la sala Oval de Casa Blanca, donde “Joh” no conoce y nunca lo invitarán. #sevan https://t.co/tSJwDJBeuS
— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) July 30, 2021
Tras el Golpe de Estado que depuso a Zelaya, el Aeropuerto Internacional Palmerola fue anunciado oficialmente por el Gobierno de Porfirio Lobo en 2012 cuando se emitieron las bases para la licitación y concesión de la construcción del área civil dentro de la base aérea militar y que en ese momento fue adjudicada a la empresa hondureña Servicios Aeroportuarios Integrados S. A. (Saisa), del Grupo Terra.
Grupo Terra que ya tenía la concesión del aeropuerto Toncontín fue el único oferente y ganador de la licitación por un monto de USD 107 millones, un 50 % menos de lo que actualmente se está pagando por la construcción del aeropuerto. Finalmente, en 2014 el contrato fue anulado, supuestamente por un cambio en las condiciones de seguridad del nuevo aeropuerto. El nuevo proceso de alianza público-privada fue abierto y finalmente adjudicado a la empresa EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.
Para llevar a cabo este proyecto, previo a la firma del contrato de concesión, estas empresas fundaron la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport (PIA), la cual fue constituida con menos de un millón de dólares por EMCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez, quien también es presidente de Alutech, empresa de venta y distribución de láminas y techos, y presidente de la junta directiva de Inversiones Los Pinares, una empresa minera que tiene una concesión en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Este parque fue declarado área protegida en 2012, pero el Congreso Nacional redujo su zona núcleo permitiendo que las hectáreas pasaran a la concesión otorgada a la empresa de Lenir Pérez.
Inversiones Los Pinares se asoció en 2015 con la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, un importante donante de la campaña del expresidente Donald Trump en 2016 y en 2020. La empresa hondureña ha protagonizado un conflicto con los pobladores que serían afectados por el proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón. Dicho enfrentamiento ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados en la zona norte del país.
Lea más en: https://contracorriente.red/2020/11/09/la-conexion-escondida-de-una-siderurgica-de-ee-uu-con-la-polemica-mina-de-los-pinares-en-honduras/
Finalmente, el 31 de marzo de 2016, Pérez y el presidente Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, el monto estimado de la inversión inicialmente era de USD 163 millones.
El 29 de mayo de 2019 dicho presupuesto sufrió una modificación mediante una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional por parte de los diputados de oposición. En el nuevo presupuesto se amplía la cantidad que aporta a la construcción el Estado de Honduras en USD 46.2 millones. Resultando el presupuesto de las tres fuentes de financiamiento en fondos del concesionario (UDS 87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España (USD 53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente que en un principio era de USD 22.2 millones y ahora es de USD 68.4 millones. Sumado a esto se amplió el tiempo de concesión de 30 a 35 años debido a retrasos en el inicio de las operaciones.
Ante la falta de transparencia en el proceso de aprobación de la ampliación presupuestaria, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció un proceso de investigación que concluyó en el informe Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola.
El documento cita que «desde el Congreso Nacional de Honduras, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado».
En primer lugar, el informe señala que tras el inicio de las operaciones será el Estado de Honduras el responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola, y asegura que «este hecho acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario».
Entre las irregularidades no resueltas con relación al inicio del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Contracorriente encontró que la empresa Consultores en Ingeniería S. A. de C. V. (Cinsa) que conforma el consorcio a cargo de la supervisión del proyecto, fue señalada como parte de un requerimiento fiscal en contra de Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector ejecutivo de Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-h).
El involucramiento de Cinsa se da en el marco de la adjudicación de contratos para la supervisión de instalación de hospitales móviles comprados por Invest-h para atender la pandemia. En ese sentido, Marco Bográn autorizó la contratación directa de esa empresa para realizar la supervisión de obras de construcción del plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán, omitiendo su deber legal de solicitar la autorización correspondiente al Consejo Directivo de Invest-h, conformado por entidades de gobierno, sector privado y sociedad civil.
Según las investigaciones tampoco solicitó la presentación de la escritura de constitución legal de la empresa adjudicada, la constancia del registro de contratistas de Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), ni el permiso de operación de la municipalidad, documentos que ya estaban vencidos de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público. Sumado a todos esos agravantes, el requerimiento fiscal indica que uno de los socios de CINSA es Napoleón Bográn, tío paterno de Marco Bográn.
Con el objetivo de obtener una réplica con respecto a estas irregularidades, en reiteradas ocasiones Contracorriente solicitó una entrevista a la oficina encargada de comunicaciones de Palmerola International Airport, así como el acceso a la construcción del proyecto, pero no hubo respuesta.
El asesinato de Luis Almendares y la inseguridad creciente en Comayagua
Las preocupaciones por la inseguridad en el municipio de Comayagua crecen ahora que este municipio se convertirá en el “centro logístico de las Américas”. Después de un asesinato de alto impacto el pasado 27 septiembre de 2020, esas preocupaciones aumentaron. Luis Almendares de 35 años, uno de los periodistas más reconocidos de esa ciudad, fue asesinado mientras se dirigía a su casa en el barrio Mata de caña, uno de los más peligrosos de la ciudad.
La cuenta de Facebook de Luis contaba con más de 25.000 seguidores, desde allí informaba y denunciaba problemas de la comunidad, y en diversas ocasiones señaló a las autoridades como corruptas o negligentes, incluyendo a funcionarios, diputados, incluso al que ha sido alcalde de esa ciudad por 23 años: Carlos Miranda.
Según los informes policiales, aproximadamente a las seis de la tarde dos sujetos conducidos en una motocicleta le interceptaron en una tienda cercana a su casa y dispararon en reiteradas ocasiones.
Tras el atentado, transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook para pedir ayuda. Entre gritos de dolor relató que se estaba desangrando y pidió que cuidaran a sus hermanas menores quienes vivían a su cargo. Cuatro de las balas se quedaron dentro de su cuerpo, su columna fue destrozada y un riñón fue perforado por los proyectiles. Vecinos de la zona le llevaron al hospital Santa Teresa en Comayagua, allí consciente reveló información de los asesinos a las autoridades y se despidió de sus hermanas, pero tras una operación para extraer los proyectiles dentro de su cuerpo, fue trasladado al Hospital Escuela en Tegucigalpa donde entró en estado de shock y finalmente falleció.
Ante el asesinato de una persona tan mediática las autoridades anunciaron el inicio de las investigaciones para dar con los autores del crimen. El pasado 29 de junio el Ministerio Público anunció la captura de dos personas identificadas como Junior Francisco Bonilla Sosa (36 años) y Juan Carlos Gutiérrez Lara (25 años), por quienes la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) solicitó auto de apertura a juicio por suponerlos responsables del crimen.
Contracorriente habló con uno de los familiares de Luis, a quien protegeremos su identidad por razones de seguridad. Esta persona que la familia ya sabía que un atentado podía ocurrir tarde o temprano, porque Luis era una persona que «si miraba una noticia o denuncia sobre cualquier persona, ya sea diputados o empresarios, él la publicaba. Ninguno de los periodistas de Comayagua se compara con él».
Luis era una de las personas más conocidas de esa ciudad, se había graduado como periodista en la regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y estaba próximo a terminar las clases para graduarse de abogado.
Uno de sus colegas periodistas en la zona, Vidal Andino, cuenta que lo conocía desde hace unos veinte años cuando Luis era líder estudiantil en la secundaria. Dice que dos días antes del asesinato habían platicado por Whatsapp, y que lo último con lo que Luis bromeó fue con que las personas que no lo querían lo iban a matar. «Las últimas veces lo miré triste y callado, y nunca estaba callado, estaba pensativo y yo me preguntaba: “¿qué pasará con Luis?”, no era el mismo de siempre», asegura.
A pesar del riesgo que Luis había asumido por sus denuncias, Vidal asegura que el asesinato tuvo origen en conflictos personales y familiares, y que las autoridades han seguido esas líneas de investigación para hacer las capturas de los sospechosos, pero también remarca que a pesar de que las razones no fueron por el ejercicio de su profesión, siempre que asesinan a un periodista se afecta la libertad de expresión.
«Los que quieren callar la libertad de expresión ganan una batalla, hacen retroceder el periodismo, sabemos que a pesar de ser populares no nos liberamos de un ataque», concluye.
Según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Luis Almendares es el periodista número 85 asesinado en Honduras desde 2001. Además, cuentan en sus informes que, a raíz de sus publicaciones en redes sociales, lo amenazaron e intimidaron en al menos tres ocasiones desde 2018.
Según la clasificación mundial publicada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras actualmente ocupa el puesto 151 de 180 países en cuanto a libertad de prensa. Según describen esto se debe a que «las agresiones, las amenazas de muerte, los asesinatos y los procesos judiciales abusivos contra periodistas de oposición y medios de comunicación comunitarios no dejan de aumentar».
Según Vidal, los conflictos personales que desencadenaron el asesinato de Luis tienen que ver con el contexto de violencia en Comayagua, específicamente con el ambiente en el que creció: un burdel ubicado en la salida del casco urbano de la ciudad. «Él siempre hablaba de su experiencia y de las cosas que vio desde niño, contaba que ese ambiente lo marcó y por eso siempre quiso estudiar, prepararse y darle apoyo a la gente pobre», cuenta.
El trabajo sexual en Comayagua se ha vinculado principalmente a la llegada (en los años 80) de militares estadounidenses a la Base Aérea José Enrique Soto Cano, conocida también como Palmerola, y que ahora comparte plantel con el aeropuerto civil próximo a iniciar operaciones.
Esta base fue construida por Estados Unidos como estrategia de las operaciones contra el comunismo en la época de la guerra fría en Centroamérica, y treinta años después se mantiene como centro de operaciones para el combate al narcotráfico y tareas de rescate civil en las que participan un aproximado de 500 efectivos del país norteamericano.
En ese sentido, Reynaldo Irías, jefe de comunicaciones de la región central para la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), reconoce el vínculo entre los militares estadounidenses y el comercio sexual en la ciudad. Al referirse al burdel en donde Luis creció cuenta que «ese lugar se presta para el tráfico de drogas y siempre ha habido investigaciones en ese aspecto, tradicionalmente ha sido visitado por norteamericanos por la cercanía de Palmerola, incluso ese lugar ha sido allanado varias veces por otras instituciones por el tema de la droga».
Cabe resaltar que el Código uniforme de justicia militar de los Estados Unidos de América prohíbe a los soldados que conforman una fuerza internacional visitar trabajadoras sexuales mientras estén en servicio.
Sobre el contexto de violencia en la zona y el temor de que el nuevo aeropuerto aumente la criminalidad, Irías asegura que se ha identificado la migración de miembros de pandillas a Comayagua con el objetivo de encontrar espacios semiurbanos tranquilos para desarrollar sus actividades. Sin embargo, Irías dice que este fenómeno no sería necesariamente provocado por la llegada del Aeropuerto Internacional Palmerola, sino que es consecuencia del trabajo de la FNAMP en las ciudades donde ya se tiene plenamente identificada y mapeada la presencia de las pandillas.
«El fenómeno es que las pandillas ya no buscan ciudades, sino que buscan la zona rural como los alrededores de Comayagua. Ya que ahora pueden encontrar su principal fuente de financiamiento en el tráfico de drogas en lugar de la extorsión. Ellos están buscando a las personas que se han dedicado al cultivo de maíz y frijol en las zonas rurales, porque con la marihuana les pueden ofrecer más dinero», comentó Irías.
En ese sentido, en agosto de 2020 Contracorriente conversó con Carlos Ramón González Sosa, en ese entonces comandante de la Unidad Departamental nro. 3 de la Policía Nacional ubicada en Comayagua, quien confirmó la migración de miembros de maras y pandillas desde 2018 a los alrededores de esa ciudad. Además, comentó que prevén aumento en el tráfico de drogas y lavado de activos con el inicio de las operaciones del aeropuerto, pero que esto será contrarrestado con la llegada a Palmerola de Interpol, Policía de fronteras y la Policía Antidrogas.
Sobre el tema del comercio sexual dirigido específicamente para los norteamericanos de la base aérea, el comandante Gonzales aseguró que las personas que participan en esa actividad «generalmente no traen ningún problema para la ciudad e incluso lo que traen es ingreso económico, siendo la profesión más antigua del mundo».
En 2019 las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Plan de Nación de manera conjunta con la Municipalidad de Comayagua y las demás municipalidades que conforman la Subregión Palmerola, concretaron el Plan Maestro del Aeropuerto Palmerola en el que contemplaron diversos aspectos del contexto en la zona, entre ellos: político institucional, ambiental, sociocultural, económico, asentamientos humanos y planificación territorial, movilidad e infraestructura. Sin embargo, en ningún caso consideraron estrategias para abordar la inseguridad, en un departamento que en ese entonces ya ocupaba el quinto lugar por homicidios por cada 100,000 habitantes.
Palmerola, centro del desarrollo económico en Honduras
Ivis Mejía de 40 años es enfermera y miembro de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de la regional de La Paz, vive en la comunidad de El Porvenir entre los municipios de Siguatepeque y La Paz, ambas zonas de influencia del nuevo aeropuerto. Pertenece a un grupo de 75 familias que ejercen acciones de recuperación de 90 manzanas de tierra en esa misma comunidad, allí siembran maíz, frijol y plátano para sobrevivir.
En octubre de 2019 sus cultivos fueron destruidos por empleados del terrateniente que se había apropiado de esas tierras y miembros de la Policía Nacional, por eso Ivis piensa que la seguridad que se ha multiplicado en la zona de influencia del aeropuerto solo es para la gente con recursos económicos, asegura que «si a alguien pobre lo encuentran con una carreta de leña para hacer sus alimentos se lo llevan con todo y la carreta a la cárcel».
Sobre el inicio de las operaciones del Aeropuerto de Palmerola y las promesas del Gobierno sobre el desarrollo económico para las personas de la región, Ivis piensa que «viene a afectar al campesinado, porque sería una extensión del área urbana entonces los empresarios intentarían hacer inversiones en nuestras zonas de cultivo. Por otra parte, en el comercio, los campesinos no estamos muy bien vistos, deberemos tener RTN (Registro Nacional Tributario) para vender hasta un par de libras de frijoles y si no, no se nos compra». Finalmente, la comunidad donde vive Ivis aunque se encuentre en la zona de influencia del aeropuerto, no recibirá beneficios con la llegada del aeropuerto en el futuro inmediato.
El documento del Plan Maestro del Aeropuerto Palmerola desarrollado por la dirección ejecutiva del Plan de Nación, y respaldado por los doce municipios del área de influencia del proyecto, plantea a Comayagua y la Villa de San Antonio como principales receptores de beneficios al enmarcarlos en la Zona de Desarrollo Económico Palmerola (ZDEP).
Estos dos municipios ubicados en el caluroso, pero altamente productivo Valle de Comayagua, también son los que mejor infraestructura turística y comercial tienen en la zona de influencia.
Lea más en: https://contracorriente.red/2019/10/25/palmerola-el-centro-logistico-del-olvido/
El Plan Maestro apunta que la ZDEP será «un área destinada a estimular el desarrollo económico de las actividades relacionadas con el aeropuerto, en el marco de un ordenamiento territorial. Comprende el uso agroindustrial, industrial, logístico tecnológico y exportación».
Hasta el momento la ZDEP no cuenta con reconocimiento legal, por lo que apuntan que es necesario contar con un ente gestor y regulador que esté a cargo de acciones de gestión y promoción sobre la función del aeropuerto con fines de exportación, así como acciones de regulación del uso de la tierra, y en general para el manejo de la zona de desarrollo económica.
No queda claro si la ZDEP planteada en el Plan Maestro podría convertirse en un futuro en un paralelo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que son zonas de libre comercio con personalidad jurídica y territorio propio que han sido ampliamente señaladas como vulneraciones a la soberanía nacional, o si serán los mismos concesionarios los encargados de administrarla.
Entre ese planteamiento también surgió en las últimas semanas la propuesta por parte del concesionario de operar la zona del aeropuerto bajo el modelo de Ciudad Aeropuerto en el que según lo planteó el ministro de la presidencia Abraham Alvarenga «potenciará el polo de desarrollo económico donde inversionistas nacionales y extranjeros pueden venir a establecer centros turísticos, hoteles, centros logísticos y otros proyectos, y qué mejor manera que hacerlo de forma armónica entre Gobierno y alcaldías y armonizar las políticas nacionales y locales».
La idea de los doce alcaldes de los municipios de la zona de influencia que ya se reunieron para iniciar una nueva planificación es que se logre unificar un plan de arbitrios para la zona económica con el fin de que la inversión genere desarrollo equitativo en los municipios.
En ese sentido, Gabriela Padilla, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Comayagua (CCICOM), asegura que el desarrollo ya ha iniciado en Comayagua y que «hay gente de Tegucigalpa que ya se está trasladando a Comayagua porque las oportunidades de empleo que estará generando serán increíbles».
«Tenemos una zona de producción muy buena y ahora teniendo el aeropuerto de Palmerola vamos a poder exportar a la región, incluso van a venir empresas exportadoras de El Salvador para que se exporten sus productos desde Comayagua. Ya han venido de la zona norte a Comayagua, porque como lo demostraron las tormentas la zona norte es inundable y se perdió mucha producción, pero aquí en el valle a pesar de las tormentas no se perdió tanta producción porque somos un valle y tenemos una riqueza de terreno increíble».
Padilla cuenta que como parte de su trabajo como Cámara de Comercio han capacitado a empresarios locales para poder estar a la altura del flujo de pasajeros que llegarán a la ciudad, pero también dice que intentan hacerles ver que el desarrollo va a depender de ellos mismos y no de las empresas.
«Las oportunidades se van a dar sí o sí, pero si las personas de Comayagua no se han preparado y se han dormido en sus laureles hay gente de afuera que sí se ha preparado y van a venir con todo a buscar esas oportunidades», concluye. Según estadísticas de la CCICOM tan solo un 50 % o 60 % del personal que actualmente está trabajando en la construcción del aeropuerto es de Comayagua y sus alrededores.
Según información de la encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE), Comayagua se encuentra en el sexto lugar del país con mayor índice de desempleo abierto.
Finalmente, para Padilla, hablar de una circunstancia idónea en la región de Comayagua es utópico por el contexto y dificultades en el sector económico que ha dejado la pandemia, pero asegura que «no se puede retrasar el desarrollo, independientemente de la situación».
Otro de los puntos que aborda el Plan Maestro es el aspecto ambiental, donde identifica que con la puesta en operación del Aeropuerto Palmerola, el agua para uso doméstico y para uso industrial será insuficiente para la demanda de las operaciones de tipo comercial, de vivienda y otros que tendrán lugar en la subregión. Sumado a esto, en el análisis de la cobertura boscosa en la subregión, según el Instituto de Conservación Forestal, una cantidad de 19,000 hectáreas de bosque han sido afectadas en la zona a causa de la plaga del gorgojo descortezador, lo que disminuirá la producción de bosque y agua de manera significativa y consecuentemente la calidad del aire.
Mientras tanto, la campesina Ivis asegura que el supuesto dueño de las tierras que la CNTC está recuperando, quiere venderlas a empresas extranjeras o turísticas en el marco de la llegada del aeropuerto. «Cuando dicen que habrá millones para los campesinos uno se alegra, pero al final uno cae en la razón de que al campesino, en realidad no le llega nada, se queda todo allá. Y bueno, tenemos que aceptar el aeropuerto y tratar de sobrevivir como nos toque, luchar por donde sea, correr cuando nos sigan», concluye.
