Todos los días, estos hombres tienen que presentarse a las 7 a. m., aunque no saben la hora a la que saldrán. Durante años no se atrevieron a reclamar y se conformaron con trabajar en condiciones infrahumanas. Ahora preparan una demanda.
Texto: Allan Bu
Fotos de portada: Pixabay
Mario Aguilar y Gilberto Paredes deben estar en su puesto de trabajo cada día a las 7 a. m. Nunca saben a qué hora regresarán a casa. Tampoco saben si ese día tendrán un salario o regresarán sin un peso. Trabajan para una gran empresa procesadora de alimentos, pero no aparecen en su nómina. Nunca han recibido el decimotercero y decimocuarto salario. No tienen vacaciones y, si los llaman, deben trabajar días feriados.
No hay posibilidad de reclamar porque les dicen que ellos no son empleados de la empresa. En muchas ocasiones, han tenido que salir después de las 10 p. m. y algunas en la madrugada, pero religiosamente tienen que presentarse a las 7 a. m.
Parece una cuasi historia novelesca de esclavismo moderno, pero es real. La empresa Industrias Molineras S. A. (IMSA) está ubicada en jurisdicción de Choloma, en el norte de Honduras, específicamente en el bulevar que conecta las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés, donde se mueve la maquinaria comercial más grande y millonaria de Honduras. Ahí trabajan Gilberto y Mario.
La tercerización es la contratación indirecta de personal a través de terceras personas, denominada contratistas, que son quienes tienen el trato directo con los trabajadores. El patrono —en este caso Imsa— se desentiende de los derechos laborales y eluden responsabilidades acerca de los beneficios que los obreros deben gozar.
Estas violaciones a los derechos laborales no son escasas en un país con un porcentaje de desempleo que después de la pandemia se incrementó hasta el 10 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Abona también la inoperancia estatal y la falta de aplicación del Código del Trabajo en defensa del trabajador.
Durante el estado de excepción decretado por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, que limitó las reuniones y la libre circulación, los abusos en contra de los trabajadores aumentaron a vista y paciencia de los entes estatales, incluso el Ministerio del Trabajo permaneció cerrado por casi seis meses (entre marzo y septiembre), las denuncias eran recibidas a través de correos electrónicos y llamadas. No existió ninguna instancia gubernamental para garantizar el derecho al trabajo.
Según cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el cierre de la economía en el 2020 provocó que al menos medio millón de hondureños perdieran su empleos o fueran suspendidos sin cumplir los requisitos de ley. El Gobierno de Juan Orlando Hernández emitió un comunicado indicando que las empresas podían negociar con sus empleados vacaciones y feriados a cambio de los días de encierro.
Pero las situaciones que denuncian los trabajadores de IMSA comenzaron muchos años atrás, aunque se agudizaron con la pandemia. Gilberto llegó como contratista a la empresa en 2011. Vive en la colonia San Miguel de Choloma con un hijo menor de edad. Su esposa se fue para Estados Unidos buscando un futuro mejor. Él dice que una de las causas para que su esposa migrara está en sus precarios ingresos: «Es que no da que nos exijan tanto y no pagan».
Hace aproximadamente un mes, cansados de los abusos y de que sus reclamos fuesen ignorados, 43 cargadores decidieron retar a IMSA. El primer reclamo que hicieron fue en referencia a los horarios. Hasta hace un mes no tenían hora de salida. Ahora ellos establecieron una hora de salida.
«Quisimos negociar con la empresa para que evaluara todo lo que estamos pidiendo y se llegara a un acuerdo, pero rotundamente le dijeron al contratista que no era obligación de la empresa», nos cuenta Paredes.
Las exigencias que piden estos trabajadores son las condiciones básicas que otorga a los trabajadores el Código del Trabajo y que no se pierden con la tercerización: salario mínimo, aguinaldo, décimo cuarto salario, vacaciones, la afiliación al Instituto de Seguridad Social (IHSS) y un horario establecido.
Contracorriente contactó al abogado Mario Martínez, representante de los trabajadores, quien confirmó que buscaron el apoyo de la oficina regional del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula, pero debido a la gran cantidad de trabajadores que se atienden en el lugar no lograron programar una cita para audiencia con el contratista y los representantes de IMSA, nos dijo el abogado, solo sería posible a finales de agosto de 2021. Pretendían buscar un arreglo conciliatorio, pero no se pudo: «No nos queda más que acudir a la instancia judicial competente, demandando al contratista y solidariamente a IMSA», dijo.
La abogada laboralista Damicela Ayes nos explicó que el término solidario hace referencia al artículo 7 del Código del Trabajo en el cual se define quién es un intermediario: «es aquella persona natural o jurídica que contrata servicios de otras personas para beneficio de otro patrono y que en ese sentido son solidariamente responsables».
«En el momento de hacer algún reclamo, pues la demanda procede contra las dos partes, contra el contratista y también sería solidariamente responsable IMSA, que es la empresa grande», sostiene la profesional del derecho.
«La demanda procede contra las dos partes, contra el contratista y también solidariamente responsable IMSA, que es la empresa grande», dice Damicel Ayes, abogada laboral.
Este medio contactó a IMSA para conocer la posición de la empresa y recibió una respuesta mediante un correo electrónico de la jefa de Recursos Humanos, Gisela Osorio: «Las personas que usted nos consulta son empleados de un contratista que presta un servicio tercerizado de carga y descarga, por lo tanto no son colaboradores directos de IMSA», escribió.
La empresa descargó las responsabilidades en el contratista Patricio Murillo, aunque como bien nos explicaba la abogada Ayes, el Código del Trabajo contempla que en estos casos el contratista y la empresa grande comparten responsabilidades.
«Lastimosamente los empleados se han dirigido al contratista y al parecer no sienten que se les ha resuelto sus inquietudes. IMSA, como empresa, cuida y se asegura de que su personal tenga todos los derechos cubiertos y en la manera de lo posible tengan beneficios adicionales», cerró diciendo la encargada de Recursos humanos.
Los trabajadores en voz de Mario y Gilberto, de alguna forma defienden al contratista a quien dicen la empresa no le da las condiciones para que cumpla los derechos adquiridos. «Tenemos un contratista, pero a ese señor no le dan para que cubra todo lo de nosotros, por quintal le pagan 2.30 lempiras y a nosotros nos corresponde 1.90 lempiras», dicen.
La abogada Damicela Ayes analiza que las empresas demandadas siempre tratarán de eludir responsabilidades, pero el final será un juez quien impartirá justicia: «si hay responsabilidad son solidariamente responsables (empresa y contratista) lo importante es que se continúe el proceso legal y se acredite las condiciones en que trabajan», dice.
Ayes explica que la empresa que utiliza trabajadores subcontratados tiene que revisar que a ellos se les respeten los derechos laborales y las condiciones en las que estos obreros cumplen sus funciones: «La empresa tiene que vigilar que ese contratista cumpla con la legislación laboral, que incluye horarios, treceavo, catorceavo y deben estar afiliados al IHSS».
Ni una canasta navideña
A Gilberto le pagan casi dos lempiras por cada quintal de productos que sube o baja de un camión. Después de ese pago no tiene ningún otro beneficio que contemple la legislación hondureña: «a través de ese cobro quieren que uno les trabaje a la hora que sea hasta las 11 o 12 de la medianoche. Ellos quieren que uno esté presente».
Pero a veces —y pasa con frecuencia— permanecen todo el día en el plantel de la empresa y no se llevan ni un peso a su casa: «El viernes (2 de julio) y sábado (3 de julio) nosotros no hicimos ni un peso, pero nos obligan a estar aquí todo el día. No hay nada, pero tenemos que estar aquí», se queja Gilberto.
El salario mensual es incierto, con suerte,algunos meses —dice Gilberto— ha llegado a ganar hasta 11,000 lempiras (458 dólares), pero esto no es frecuente. Sus ingresos oscilan entre los 6000 lempiras (250 dólares) y 8000 lempiras mensuales, pero en ocasiones han caído hasta 4000 lempiras (166 dólares). «Es variable(el salario), pero sí tenemos que cubrir hasta la hora que ellos dicen, porque si no tenemos problemas», afirmó.
Mario Aguilar, es residente de la Colonia López Arellano y también cargador en IMSA, reconoce que la necesidad de trabajar hacía que aceptaran condiciones infrahumanas: «Teníamos que hacer lo que decían y a la hora que querían. Lo hacíamos por la necesidad de uno. Aquí hemos estado hasta 36 horas seguidas (jornadas de trabajo) para ganar algo», nos confiesa.
En Honduras el desempleo aumentó con la pandemia. El confinamiento hizo que hasta el 40 % de las micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) cerraran y este sector de la economía genera el 70 % de los empleos del país. En el país solo un poco más de 700,000 trabajadores están afiliados a la seguridad social y de acuerdo con la última encuesta del INE realizada en el año 2020, el 73 % (15 años y más) está en edad de trabajar. Eso explica que no importa la precariedad del empleo siempre haya alguien dispuesto a tomarlo.
«No tenemos contrato con ellos (IMSA), pero trabajamos el doble de lo que trabajan los empleados de ellos». Mario Aguilar, cargador de IMSA.
Aguilar relata que hasta en la época navideña, donde se pregona desprendimiento y amor, ellos han recibido desprecio: «Aquí les dan una canasta a los empleados de la empresa. Una vez le dije a un señor (uno de los jefes) que por qué a los cargadores no nos tomaban en cuenta aunque sea para eso, me respondió que esas no eran cosas de él, que esas órdenes venían de gerencia y que para gerencia (los cargadores) no existíamos».
Menciona que nunca han recibido un agradecimiento por su trabajo en la empresa para la que laboran: «que nos diga al final del año, por lo menos “tenga estos 1000 lempiras (como bonificación extra)”».
Mario sostiene que ellos deben acatar las órdenes recibidas sin ningún reclamo y en cambio no pueden pedir nada a cambio: «Así estamos, nos ignoran, no nos escuchan. A veces de plano nos dicen que para qué reclamamos si no trabajamos para la empresa».
Durante la pandemia, pese a las medidas de confinamiento, Gilberto Paredes asegura que la empresa tampoco les brindaba salvoconducto y muchos de los trabajadores estuvieron cerca de ser detenidos por la Policía Nacional en los toques de queda.
Mario Aguilar recuerda que en algunas ocasiones les tocó rogar a los elementos de la Policía Nacional porque ellos debían cumplir con horarios extendidos acostumbrados en la empresa. «Trabajamos sin parar, nos arriesgábamos, la Policía nos detenía y rogábamos para que no nos detuvieran, porque nos exigían que teníamos que estar aquí», dice.
Aguilar recuerda que uno de sus compañeros tiene un modesto carro, ellos le pagaban un valor simbólico para la gasolina y él los recogía. Otros que viven cerca llegaban caminando. El caso más dramático fue de aquellos cargadores que salen fuera de San Pedro Sula en camiones y rastras, pues ellos pasaron mucho tiempo sin ir a sus casas y prácticamente vivían en las instalaciones de la empresa.
Pero hace un mes se cansaron de los abusos y 43 de los 67 cargadores de la empresa armaron una protesta organizada. La primera determinación que tomó el grupo de trabajadores fue no trabajar más allá de las 5 p. m., pero con ellas llegaron las represalias. IMSA ha comenzado a emplear nuevos trabajadores, «ellos no van a hablar», arguye Gilberto.
«Están totalmente desprotegidos, algunos de ellos tienen más de tres años de laborar continuamente para esa empresa y los tienen como trabajadores eventuales, lo que es absolutamente ilegal», nos dice el abogado Mario Martínez, quien representará la causa de los trabajadores ante los tribunales de justicia.
Mario Aguilar afirma que él siempre se dio cuenta que estaban sufriendo abusos laborales, pero no todos se animaban a realizar el reclamo. Hasta que un día exigieron un aumento de salario y, como no tienen contrato, todos fueron echados del trabajo. Los tuvieron dos días fuera y regresaron a pedido de la empresa.
«Pero nosotros ya no les estamos trabajando de noche, solamente nueve horas. Nos asesoramos con un abogado y él nos dijo que no podíamos abandonar el trabajo», cuenta.
También los trabajadores refieren que las represalias no han tardado en llegar. Gilberto contó que desde que ellos iniciaron las exigencias por la mejora de sus condiciones, le comenzaron a quitar parte del trabajo. Si el salario era precario, ahora lo es más: «ganamos menos, así nos desesperamos. Quieren que nos vayamos», concluye.
A raíz de las acciones en las que de alguna forma se convirtieron en la cara visible, desde el lunes 12 de julio, Mario y Gilberto no pueden ingresar a las instalaciones de IMSA. Les prohibieron la entrada. Ellos hicieron la denuncia en el Ministerio del Trabajo, entidad que envió un inspector de trabajo a levantar un acta, en la que consta que ellos fueron despedidos en la fecha antes descrita.
Y en horizonte: migrar de su tierra
Mario tiene 36 años. Es padre de dos niñas y un niño. Su esposa no tiene un trabajo remunerado. En la casa donde vive debe pagar alquiler. Sus hijas están en el colegio y su niño en la escuela. Para mantener a su familia tiene que dedicarse a otras labores.
Ayuda a motoristas de transporte pesado a contar y ordenar carga. También a limpiar estos vehículos cuando regresan de sus rutas. Y es zapatero. «Hago facturación porque tengo amigos que son rastreros y en la noche cuando vienen ellos barro los carros y ellos me dan algo al mes, pero este dinero tiene un gran costo, porque con mi familia casi no paso», nos cuenta Mario.
Por estas condiciones estaba pensando agarrar maletas y tomar el camino hacia Estados Unidos: «Me iba ir para la “USA” de mojado, pero ya que todos nos pusimos de acuerdo, vamos a luchar. Imagínese uno a veces tiene que salir de su tierra porque lo ponen a trabajar, pero no son justos con uno», se queja el humilde hombre.
Gilberto también quiere migrar. A raíz de la protesta que han iniciado dice que se ha sentido inseguro. Relata que miembros de la seguridad privada de la empresa les han tomado fotos, aunque aclara que no ha recibido ninguna amenaza.
«Estoy a punto de salir para los Estados Unidos por lo mismo, tengo miedo de una represalia. Tengo un niño que solo está conmigo», exclama Gilberto, quien si se va piensa dejar establecido un poder para que el abogado siga peleando por sus derechos.
Migrar es el camino que muchos escogen en un país en donde sus esperanzas se diluyen en una violencia y corrupción endémica. Para el 2010 se calculaba que en Estados Unidos había 633,000 hondureños, pero esas cifras han aumentado en la última década. Especialmente a partir de 2018, cuando miles de compatriotas se han organizado en multitudinarias caravanas para viajar hacia al norte. En la última, unas 7200 personas ingresaron a Guatemala, pero fueron brutalmente reprimidos por el ejército de ese país. La mayoría retornaron al país.
La abogada laboral Damicela Ayes sostiene que definitivamente las condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus funciones no están permitidas por la legislación hondureña y ella espera que las violaciones sean corregidas.
Ayes explica que estas violaciones a los derechos laborales que, ahora salen a luz tan a menudo, son resultado especialmente de la falta de conciencia por parte de algunos inversionistas a quien ella llama capitalistas: Al final quieren tener máximas utilidades a costa de pagar bajos salarios, flexibilizar las condiciones (a favor de la empresa) y sabemos que en el marco de esta pandemia estas cosas se han dado más», recuerda.
Analiza que ahora, con el tema de inversión de capitales a través de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), se amenazan los derechos y conquistas laborales: «si en este momento no respetan el Código de Trabajo y una Ley de Inspección Laboral, en estas ZEDE menos van a respetar el derecho de la población trabajadora».
Las ZEDE son un polémico proyecto impulsado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, en el que porciones del territorio nacional están sujetas a un régimen especial, donde los inversionistas extranjeros y nacionales estarían a cargo de la seguridad, resolución de conflictos y la política fiscal. Las únicas leyes nacionales aplicables en este pequeño territorio son la Constitución de la República y el Código Penal.
Parece inaudito, pero la abogada Ayes resalta que Honduras es uno de los países que tiene más instrumentos legales para tutelar los derechos laborales, pero la falta de voluntad política para obligar a algunas empresas para que cumplan la ley es el problema.
En esta inoperancia estatal y voracidad empresarial, abundan los casos como el de los 43 trabajadores de IMSA. Ellos se atrevieron a denunciar después de tantos abusos y de ser ignorados. Un día, Mario Aguilar le preguntó a uno de sus jefes si para él ellos eran humanos: «no me dijo nada, nos tienen odio y no entiendo por qué».
1 comentario en “Los 43 cargadores que se cansaron de una procesadora de alimentos”
Excelente trabajo muy agradecido de mí parte y dirección de Dios siga para delante👏👏👏