El sector Chamelecón en San Pedro Sula es uno de los más golpeados por la violencia, la pobreza y la vulnerabilidad ambiental. En esta zona, las secuelas de las tormentas de fin del año pasado siguen visibles, la única respuesta ha sido el clientelismo político en año electoral.
Texto:Allan Bu
Fotografía: Delmer Martínez
Escondido en un callejón del sector Chamelecón se encontraba un camioncito con rótulos de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. Ahí, empleados de la comuna entregaron víveres a los habitantes de la colonia San Juan. Don Imer Banegas (56 años) salió del callejón abrazando una bolsa que contenía arroz, frijoles, harina de maíz y otros alimentos de escala básica para el hogar.
Don Imer fue uno de los afortunados que recibió la «bolsa solidaria», cuya entrega se realizó mediante listado, aseguraron los encargados. Muchos se regresaron con las manos vacías, pese a que casi todos los habitantes de Chamelecón comparten el mismo estado de vulnerabilidad. La explicación para entender este hecho no está más allá de una lista.
En el país, a través de los años, se ha presentado y ha ido creciendo un vicio llamado clientelismo político. Que, en toda simplicidad, es un intercambio en el que el político ofrece un beneficio a cambio de votos que le permitan llegar o mantenerse en el poder.
«Sus orígenes están conectados a una relación casi feudal, pero luego ha evolucionado a patrón y subordinado en el plano económico. Tiene fuertes conexiones en lo político», nos explica la socióloga Mercy Ayala del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ).
Ayala agrega que ese lazo va creando una especie de fidelidad que es casi una negociación, pues el político está interesado en el voto, y la persona reconoce que en campaña tiene al sufragio como recurso de intercambio para solventar algunas de sus necesidades inmediatas, «esa relación se va produciendo desde las élites, es a quienes más les conviene que exista el clientelismo político», dice.
Para el excatedrático y sociólogo Pablo Carías el clientelismo es «un vicio o deformación de nuestra política. Podríamos explicarlo a partir de una relación que se da entre un político y una persona común, que tiene intereses muy puntuales que resolver».
En Honduras el partido de gobierno ha creado una maquinaria clientelista gubernamental, que le ha permitido controlar a una considerable masa de votantes especialmente a través del programa Vida Mejor, que administra la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). En el presupuesto 2021 este despacho tiene una asignación de un poco más de 2 338 millones de lempiras (97,432, 000 millones de dólares) y posee alcance con sus programas asistencialistas en todos los rincones del país.
El más insigne de todos es el programa del Gobierno es Vida Mejor a través del cual se han entregado ecofogones, techos, pisos, bolsas solidarias y bonos en efectivo. En el primer período de Juan Orlando Hernández (2014-2017) fueron entregadas 1,585,412 raciones de comida para el adulto mayor. Además, en ese mismo período 34,426 personas con capacidad especiales recibieron más de 100,000 transacciones que alcanzaron un valor de 433 millones de lempiras (unos 18 millones de dólares).
En el período entre 2014 y 2021, según información del Centro Nacional de Información Social (Ceniss) 485,562 personas han sido beneficiadas con el Bono Vida Mejor Rural, en ese tiempo se han realizado 2,658,417 transacciones para este fin. El beneficio ha llegado a los 298 municipios del país, de acuerdo con su portal.
En Chamelecón, don Imer se detiene a platicar un minuto con el equipo de Contracorriente. Nos da a entender que la bolsa solidaria es una ayuda porque es miembro del Partido Nacional y seguidor del alcalde Armando Calidonio.
La entrega de las bolsas solidarias tiene lugar cinco meses antes de las elecciones generales de 2021, en las que Armando Calidonio buscará gobernar un período más a San Pedro Sula.
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Esto no es casualidad, según Mercy Ayala del Eric, porque «ese contacto desigual en esta relación de poder, implica un reconocimiento, aunque sea en campañas electorales, pues el político va y reconoce su existencia (de la gente)».
La pobreza es tierra fértil para el clientelismo y en Honduras hay muchísima. Antes de la pandemia el porcentaje de pobreza en el país alcanzaba hasta el 60 %, pero con la pandemia y los huracanes Eta y Iota, los índices de precariedad dieron un salto hasta de quince puntos. Según las estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la pobreza ha alcanzado hasta el 70 %.
Aunque el economista Julio Raudales manifestó a Contracorriente que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que la pobreza saltó de un 60 % hasta el 75 %. Lo que significa, es que 7 de cada 10 hondureños ahora son pobres.
El clientelismo trata de resolver necesidades básicas, como lo hicieron con don Imer y otras 300 personas el jueves 24 de junio en Chamelecón cuando les entregaron una bolsa solidaria.
«El clientelismo es tan inmediato que le quita a la persona, que es un cliente político, la posibilidad que después pueda exigir como ciudadano», dijo Mercy Ayala del Eric.
Probablemente algunos de los que recibieron bolsa, fueron gaseados el viernes 16 de julio, cuando cientos de pobladores del sector Chamelecón interrumpieron el paso en el Bulevar del Sur, a la altura de la entrada principal del barrio. Exigían la reparación de los bordos que los protegen de las aguas del río Chamelecón. Para negociar pidieron la presencia del ministro de Gobernación, Leonel Ayala. Sin embargo, fueron dispersados con el agua de una tanqueta y bombas lacrimógenas.
Bolsa solidaria, solo para unos
Doña María Lucinda Hernández tiene 75 años. Se fue muy temprano al callejón donde el camioncito municipal estaba semiescondido. Escogió un buen lugar, se sentó y esperó. Cuando llegó la comitiva municipal encargada de entregar las bolsas solidarias le informó que ella no aparecía en el listado previamente levantado. La señora, con cansados pasos, regresó a su casa con las manos vacías.
En cambio, algunas de sus vecinas y vecinos regresaron a sus casas con bolsas que contenían frijoles, arroz, pastas, entre otros alimentos básicos en el hogar. ¿Qué diferencia hay entre la vulnerabilidad de doña Lucinda y la de sus vecinas? En realidad no hay ninguna, viven en la misma colonia y tienen las mismas carencias. Víctimas de las mismas desgracias.
Uno de los beneficiados ese día nos dijo que él fue apuntado por una profesora que trabaja para el partido (no menciona que partido), «esto es una ayudita que nos hacen ellos», nos dice. En su rostro hay alegría.
Él tiene 25 años viviendo en la colonia San Juan del sector Chamelecón. Nos dice que perdió todo, como casi todos los vecinos de su colonia. «Nos dan esta ayudita porque lo hemos perdido todo. No es todo (lo que necesitan), pero suficiente con la comida que es lo más necesario», declaró sosteniendo el obsequio en sus manos.
A Chamelecón el apoyo ha llegado de oenegés, iglesias y otras instituciones, pero don Imer nos dice que «del partido es la primera vez que nos están dando». Todavía no ha mencionado a cuál partido pertenece él.
¿Usted es seguidor del Partido Nacional?, le consultamos y la respuesta es sincera: «Sí, soy nacionalista a morir. Aquí siempre gana el alcalde (Calidonio), todo (el sector) se lo llevó (ganó) él. Aquí hay colonias en barbaridad», quiere decir que este sector es muy poblado y que el Partido Nacional arrasa con los votos.
La conversación terminó. Consultamos a otras personas, la mayoría mujeres y algunas nos contestan que también son del partido gobernante. Una de ellas es una mujer aproximadamente de 50 años. «Yo soy nacionalista y eso no va a cambiar hasta que me muera», dijo mientras colocaba la bolsa de comida en su bicicleta para regresar a su casa.
Carlos Augusto Martínez iba en su bicicleta rumbo a su casa en la colonia Morales 2, de Chamelecón. Alcanzó a ver el camioncito municipal y se paró. Le respondieron que en otra ocasión podría recibir ayuda.
Si no aparecía en el listado, le dijeron, no podían entregarle, pero él no lo cree: «hay gente que no está en la lista y le están dando, pero supuestamente es solo para los que están apuntados. Aquí se mueve a través de la política, se mueve a la gente que es de ellos. A uno, le huelen que no anda en política y no le dan nada», se queja en tono molesto. Está sudando, el sol es abrasador en Chamelecón.
Don Carlos nos afirma que parece que la calamidad tuviese un tinte partidario: «Esto tiene color, todo lo que tiene ese rótulo (señala el de la Municipalidad) tiene color. Si tiene un rótulo de la empresa privada esos le dan a todo mundo. Se lo digo porque vivo aquí y he pasado las inundaciones. Alguna gente me buscaba para dar las ayudas y me decían: “dele a todo mundo aquí no andamos con colores”».
Doña María Lucinda Hernández, comparte apellido con el presidente: «soy la hermana de Juan Orlando», nos dice con jovialidad, pese a que ella no apareció en el listado. Lo indignante para esta septuagenaria es que sus tres vecinas más cercanas recibieron apoyo: «Fueron a las tres casas de enfrente y a la mía no. Mi esposo tiene 80 años y yo 75. Vivimos solos».
En la plática con doña Lucinda interviene otra mujer. Tampoco aparece en listado y se desahoga: «Es que ellos hacen escogida la gente, algunas agarran las ayudas y las venden. Yo he rogado a esa señora (la líder del sector María del Carmen Servellón). La conozco bien y dice, que todo está apuntado y que van a llegar a su casa. Nunca llegan».
Doña Lucinda se resignó a irse con las manos vacías: «Aquí hay que pedirle a Dios, sé que me va a ayudar», dice. A su casa no llegaron a levantar el listado de necesidades. Tampoco sus vecinas le avisaron y cuando llegó con su identidad donde la persona que estaba apuntando, le dijeron que ya estaban cabales. «Ya no puedo apuntarle», le respondieron.
Las dos mujeres con las que conversamos dicen ser nacionalistas, pero doña Lucinda votó en las elecciones de 2013 y no lo hizo en los comicios del 2017. Y la otra protagonista afirma que es nacionalista, pero no sigue a nadie y los beneficios son para los que andan en reuniones y actividades.
«Cuando Juan Orlando llegó por primera vez a la presidencia voté por él. Pensé: “ese hombre está joven, ese hombre hará algo”. Y mire que ha ayudado, pero en Tegucigalpa. Les ha dado casas a un montón de gente», dice doña Lucinda.
En el sitio de la entrega hablamos con Ricardo Alvarado, empleado de la oficina de Karen Stechmann, esposa del alcalde: «estamos llegando a cien familias de la comunidad de San Juan, pero todos los días estamos visitando los diferentes sectores de San Pedro Sula, y ahora también vamos a entregar a doscientas familias en Chotepe», informó.
Manifestó que la intención del edil sampedrano es llegar a cada persona que tiene necesidad, pero las entregas no se hacen más grandes debido a las medidas restrictivas que hay por la pandemia: «tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad y usted sabe que más de cien personas no se puede».
¿Cómo funciona la maquinaria clientelista?
En Chamelecón, cada barrio y cada cuadra, es territorio de un activista del partido de gobierno. Ellos conocen a cada votante. Saben si es nacionalista, liberal o de cualquier otro partido. Estas personas son quienes levantan y eligen a quienes recibirán los beneficios de los programas de Gobierno.
«Ellos ya conocen a las personas, ya saben perfectamente quiénes son», nos dice Evelin, quien pidió no revelar su verdadero nombre. Recuerda que en una ocasión estaban anotando para recibir apoyo, ella y su vecina fueron con la intención de obtener apoyo: «Pegamos una buena caminada, había gran fila y hasta ahora seguimos esperando esa ayuda. No ha venido nada».
Para Evelin la explicación por la que ella no recibe nada es clara: «A mí no me vino porque no soy nacionalista, ellos solo le ayudan a los de su partido. Si saben que una persona no es, no le dan y la sacan de las listas. Aquí la mayoría de los que reciben son nacionalistas».
En Chamelecón es constantemente mencionado una persona. La profesora María del Carmén Servellón, ella es la encargada de mover la estructura nacionalista en este populoso barrio. De su aprobación, dicen los entrevistados, dependen todo tipo de ayudas.
Intentamos comunicarnos con la profesora Servellón, pero no tuvimos éxito. Contestó los mensajes enviados por el equipo de Contracorriente, sin embargo manifestó que no podía atendernos por teléfono, que prefería una entrevista en persona. Cuando solicitamos la cita, la líder sectorial del Partido Nacional no contestó.
María del Carmén Servellón fue diputada suplente en el Congreso Nacional en el período 2014-2018. En su cuenta de Facebook ella deja claro a qué partido pertenece. En su perfil tiene dos fotos, en una de ellas aparece con el presidente Juan Orlando Hernández y en la otra con el alcalde Armando Calidonio. Además, en esta cuenta publica las actividades que diariamente realiza en el sector Chamelecón.
Ricardo Alvarado, el empleado municipal, difiere totalmente con esta apreciación: «Los patronatos hacen la selección de la gente, casa por casa y nosotros venimos a entregar. Lo hacemos con listado para llevar un orden, pero se quiere llegar a todas las personas», nos dice convencido.
¿Entonces estas bolsas no se entregan por color político? le preguntamos. «No, no, no. El señor alcalde quiere llegar a todas las personas que lo necesitan. Estamos llegando a todos los sectores de San Pedro Sula, hasta donde haya necesidad».
Julio Uclés, presidente de la Federación de Patronatos en Chamelecón, declaró que María del Carmen Servellón tiene un grupo de empleados, pagados por los municipalidad sampedrana y estas son las personas que manda a hacer los listados colonia a colonia, pero solo incluyen a gente afín a ellos.
«Le puedo mandar el listado del bono de los ocho mil lempiras, si usted hace una revisión minuciosa va a encontrar que casi todos son nacionalistas, ahí no encuentra rojos o morados, tal vez se escapa uno que otro por amistad, pero no porque la entrega sea imparcial», denuncia Uclés.
El líder comunitario nos comentó que recientemente cuando la población de Chamelecón protestó el 16 de junio pidiendo la reparación de los bordos, se quiso desmovilizar a la gente a través de prácticas clientelistas, pues tres días antes de la manifestación María Servellón estuvo regalando camas, estufas y otros enseres, pero a cambio se le pedía a la gente que no asistiera a la protesta por la restauración de los bordos.
Uclés nos cuenta que «el día jueves en la noche llegó a Chamelecón, el alcalde La Lima (Santiago Motiño), con tres camiones llenos de bolsas solidarias a repartirlas, junto con Orlin Castro, quien estaba corriendo por una diputación del Partido Nacional. Igual le pedían a la gente, que no se presentara el día de la manifestación».
Contracorriente contactó a Orlin Castro, quien es reportero en el norte del país del canal (HCH). El comunicador confirmó que efectivamente había estado junto al alcalde de La Lima en Chamelecón entregando ayuda, pero negó que fuese de parte del Gobierno.
«Yo soy apolítico, eso de tener participación y esas cosas no me gustan», nos dijo Castro mediante un audio. Contó que él recibe donaciones de diferentes personas para entregar a los más pobres. Y que la semana anterior esta gente, que también ha hecho donaciones al alcalde Santiago Motiño, le pidió que invitara para que entregara la ayuda a Chamelecón.
Nos dijo que Motiño tuvo que pedir permiso a las autoridades del partido para atender la invitación que le giraron los benefactores, que según Castro, la mayoría son dueños de bodegas en el Barrio Medina de San Pedro Sula. Para eso, cuenta el periodista, Motiño tuvo que pedir permiso al partido.
«Pero yo nunca he regalado bolsa solidaria, nunca he trabajado con el Gobierno», nos aclara y agregó que «cuando hay protestas a favor del pueblo siempre estoy. En ningún momento le dijimos a la gente que no saliera a protestar».
Mercy Ayala nos dice que la estructura clientelista se va desgranando desde los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial para llegar a la comunidad donde están ejerciendo control territorial. «Estamos hablando del control que se tienen en muchas organizaciones comunitarias como patronatos. Si no está afiliado al partido de gobierno, es excluido. Los mismos activistas controlan los programas sociales y le dicen a la gente, vas a entrar al programa si votas por el partido», dice.
El análisis de Ayala se parece mucho al testimonio de Evelin, quien nos cuenta del mensaje que reciben los beneficiarios de los programas de gobierno: «Les piden que se acuerden de quienes les ayudan, que se acuerden quiénes están de parte de ellos. A los mismos activistas les dicen, que tengan en cuenta quién les da de comer, que no muerdan la mano que les da de comer».
Chamelecón es un reflejo de cómo actúa la maquinaria clientelista en todo el país. La fórmula es la misma. Líderes comunitarios que conocen al dedillo a los votantes a su alrededor y para esta labor, el Partido Nacional tiene su propio ejército: los Guías de Familia.
En diciembre de 2020, este programa que depende de Sedis, tenía empleados a 15,254 personas. De acuerdo a la descripción que la web de Casa Presidencial hace de su labor ellos realizan trabajos de acompañamiento y labor social en los 298 municipios del país.
Información en manos de Contracorriente apunta que entre los años 2015 y 2019, se entregaron 80,382 bonos de Vida Mejor dirigidos a hombres y 932,862 dirigidos para mujeres. Para cubrir este beneficio la tesorería del Estado erogó alrededor de 3788 millones de lempiras (157 millones de dólares). Esto demuestra que, aunque en tiempo de campaña arrecia, el clientelismo es una práctica permanente.
«Entre 2015 y 2019 el Gobierno de Honduras erogó alrededor de 3 788 millones de lempiras en bonos del programa Vida Mejor».
Otros males del clientelismo
El sociólogo Pablo Carías piensa que esta «deformación de la política», como él califica al clientelismo, se va profundizando y contribuyendo a la destrucción del sistema democrático electoral.
Y es que a su juicio este vicio va más allá de entregar una bolsa solidaria. Esta estructura funciona a través de una gran cantidad de empleados públicos, que en muchas ocasiones no tienen las competencias requeridas para sus puestos de trabajo.
«Aquí en Honduras trabajar con el Gobierno es una especie de beca, es una jubilación adelantada. En muchas ocasiones es trabajar sin controles y algunos solo están en planillas», nos dice Carías, y luego agrega que «esos son los que trabajan en los barrios y tienen todos los controles».
Mercy Ayala del Eric, hace un aporte sobre la importancia que tiene el empleado público colocado como parte de la estructura clientelista. «Mensualmente a cada persona que han contratado también le piden una cuota para el partido, son formas que opera la estructura para dar forma y funcionalidad a toda esta maquinaria».
Información en manos de Contracorriente, sustenta lo dicho por Ayala.Es que los partidos han encontrado en las aportaciones «voluntarias» de los empleados públicos una forma de financiar sus estructuras. La deducción se hace mediante planilla. La institución política que más se ha beneficiado de esta práctica es el Partido Nacional, pues de un total de 587 millones (24,3 millones de dólares) que los empleados públicos aportaron a instituciones políticas entre los años de 2015 y 2021, el 99 % se fue a la tesorería del partido de la Estrella Solitaria. El 2020, un año de pandemia, el Partido Nacional recibió en aportaciones 120 millones de lempiras.
Las estructuras clientelistas también se sostienen de fondos provenientes de la corrupción, un lastre que, según el Consejo Nacional Anticorrupción, le cuesta a Honduras unos 70,000 millones de lempiras al año. De hecho, en la última semana, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúniga, afirmó que en Honduras durante la pandemia se han perdido en corrupción 3000 millones de dólares.
Mercy Ayala sostiene que en este escenario de intercambio aparecen muchos políticos que están vinculados a organizaciones de lavado de activos y narcotráfico: «Ya sabemos el caso del hermano de Juan Orlando Hernández», nos dice.
Efectivamente, en la Corte de Nueva York han sido enjuiciados y condenados Fabio Lobo (hijo del expresidente Porfirio Lobo), Antonio Hernández (hermano de Juan Orlando Hernández), Midence Martínez (diputado por Colón) y espera juicio Fredy Nájera, congresista por Olancho. Los dos últimos ligados al Partido Liberal.
Y ese juego, analiza Ayala, «quien tiene posibilidades de pagar a ese cliente es el que tiene más posibilidades de llegar a un cargo público y es muy poca posibilidad para una persona que va con propuestas y convicciones».
«Por eso cuando surgieron esos intentos de enjuiciamiento que ellos boicotearon a través del código de la impunidad, incluso de reformas a la ley del Ministerio Público, ahora primero debe hacer una investigación el Tribunal Superior de Cuentas, ellos se han blindado», nos dice el sociólogo Pablo Carías.
Agrega que en el «Congreso debería prohibirse la creación de oenegés por parte de diputados, esa es una manera de drenar recursos, pero no avanza ninguna investigación».
No obstante, Carías reconoce que los niveles de pobreza en Honduras hacen que hasta parezca sano el asistencialismo, es hasta humano y necesario, pero se convierte en un mecanismo de enganche o de control para ganar adeptos: «Ojalá que este tipo de ayudas se pudiera canalizar de algunas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja».
Carías manifestó que también se deben buscar mecanismos para que la administración pública no se utilice con propósitos electorales: «A esto en otros países lo llaman la carrera administrativa, ¿qué quiere decir esto?, que la empleomanía se debe desarrollar a través del principio de meritocracia. Que haya gente calificada que se va a seleccionar en función de capacidad, no porque haya servido al partido».
Emplear activistas es parte del clientelismo porque el empleado es un cliente y este también ayuda controlar, gestionar y conseguir más personas que se traducen en votos: «Esto tiene efectos perversos», dice Carías.
Para Ayala, este canje tiene efectos más allá de la compra de una voluntad el día de las elecciones, pues también se cercena la posibilidad de ejercer ciudadanía, que implica demandar derechos y exigir al funcionario público que atienda las necesidades: «eso ya no existe, porque dicen (los políticos): “yo te pagué, cómo me vas a exigir”».
Honduras se prepara para elegir un nuevo presidente en noviembre de 2021. Un país convulso. Azotado por la corrupción. Devastado hace menos de un año por dos huracanes. Sometido a la pandemia de COVID-19, que alcanza al miércoles 30 de junio 262,760 contagios y 7005 muertes.
Lo antes descrito es tierra fértil para las estructuras clientelistas no solo del Partido Nacional, sino de todo aquel que tiene poder y bienes para intercambiar por votos: «Estamos es un escenario complejo, con un sistema democrático cada vez está más vinculado al clientelismo. Los desafíos son enormes porque es necesario romper con esa cultura», nos dice la socióloga Mercy Ayala.
Evelin, quien prefiere mantener el anonimato, nos dice que a mucha gente le quedó claro después de los huracanes Eta y Iota, con quién pueden contar. «Ningún partido político ni el Gobierno nos vino a ayudar».
Y después de la protesta exigiendo la reparación de los bordos de Chamelecón, Evelin tiene esperanza: «La gente quedó indignada, pienso que están pensando diferente, que ya no se está dejando convencer por una bolsa, claro la gente sabe que lo tiene que agarrar porque es un deber del Gobierno».
