En tiempos de pandemia, la transnacional Delta Apparel despidió a 430 personas trabajadoras, muchas de ellas con enfermedades musculoesqueléticas provocadas por la actividad laboral. Además, otras miles fueron suspendidas sin goce de salario. Mientras los abusos laborales estaban a la orden del día, la Secretaría de Trabajo permaneció cerrada seis meses.
Texto: Allan Bu
Fotos: Martín Cálix
Eran los años noventa y en Honduras había comenzado a expandirse la inversión en la industria textilera o maquila, como se le conoce en el argot popular. En Chamelecón, un poblado sector de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras, la pequeña Sonia había perdido a su madre y padre antes de los 10 años y al culminar su primaria, ella solo pensaba en una cosa: trabajar en la maquila y llevar dinero a casa.
Tras morir sus padres, la inquieta niña quedó bajo la tutela de Norma, su hermana mayor. Al salir de la escuela sus planes infantiles se estancaron. A los 17 años comenzó a trabajar en un salón de belleza y por ese tiempo la idea de ingresar a una maquila volvió con fuerza. Y lo hizo. A pesar de ser menor de edad, Sonia consiguió un trabajo en la maquila pidiendo papeles prestados. «Quería trabajar en la maquila, ahorrar y después tener mi salón, pero una en la maquila se adapta tanto que se va quedando y renuncié a mi sueño de ser estilista», nos cuenta Sonia.
Luego se casó y nacieron sus dos hijos: Nicole y Javier. Se acostumbró de tal manera al trabajo en la industria textil que permaneció ahí durante 22 años, hasta que en agosto del 2020, en uno de los picos más altos de la pandemia de COVID-19, Sonia fue despedida por la transnacional Delta Apparel, que también terminó los contratos de otros 430 trabajadores y trabajadoras.
Así como Sonia, la mayoría de estas obreras despedidas tenían enfermedades musculoesqueléticas provocadas por la actividad laboral, otras estaban embarazadas. Sonia tiene una tendinitis en los hombros, que le provoca dolores muy fuertes. «No creí que aquel sueño se convertiría en pesadilla, porque en eso se ha convertido en vida», nos dice.
La maquila se convirtió en una de las principales fuentes de empleo para las y los hondureños a partir de la emisión del decreto 37-87 del 7 de abril de 1987, esto constituyó la Ley de Zonas Industriales de Procedimiento para la Exportación, y el decreto 787 del 9 de Julio de 1979, que extiende los beneficios de la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés a los municipios de Amapala, Tela, Choloma, Omoa y La Ceiba. Esto propició el punto de arranque y despegue de la industria maquiladora en Honduras. De acuerdo con datos de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) actualmente en el país operan 328 maquilas. Todo el sector genera 167,462 empleos.
En el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) —víctima de un golpe de Estado— se dio un histórico aumento al salario mínimo que pasó de 3100 lempiras (128 dólares) a 5500 lempiras (228 dólares), pero los trabajadores del sector maquilero no entraron en esa negociación. Actualmente el salario mínimo de esta industria es diferenciado, de 8843 lempiras mensuales (367 dólares), más bajo que otros rubros en donde el salario mínimo alcanza hasta 12,000 lempiras (497 dólares).
Líderes obreras y luchadoras sociales hondureñas sostienen que durante la pandemia —que según cifras oficiales ha dejado 5789 muertes y 222,118 contagios— la población trabajadora sufrió innumerables violaciones a sus derechos laborales sin que esta tuviera una respuesta oportuna del Gobierno hondureño, a través del Poder Judicial y Secretaría del Trabajo.
María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), denunció que tras la llegada de la COVID-19 a Honduras —que obligó a un confinamiento a partir del 16 de marzo— la situación de la población trabajadora «ha sido fatal. La suspensión de labores se hizo sin goce de salario, el Gobierno hondureño aprobó el decreto 33-2020 y lógicamente no lo hizo pensando en las trabajadoras y trabajadores, sino en los empresarios maquiladores», sentenció.
Mediante ese decreto ejecutivo, el Gobierno hondureño autorizó a las empresas la suspensión de los contratos de trabajo hasta por cuatro meses bajo la perspectiva de salvar empleos. Además, se anunció la creación de un bono solidario de 6000 lempiras (242 dólares) para los trabajadores suspendidos, pagado una parte por el Gobierno y otra parte por la empresa. En el sector maquilero, el Gobierno pagó 3500 lempiras (142 dólares) y el patrono aportó 2500 lempiras (100 dólares).
Sin embargo, según la web de la AMH, ellos tienen 328 afiliados, pero no todos se adhirieron al programa del bono solidario. María Luisa Regalado manifestó que 105 empresas adoptaron el programa, pero algunas solo lo pagaron una vez.
El Gobierno de Honduras invirtió 552 millones de lempiras (23 millones de dólares) en subsidiar el bono solidario de empleado de maquila que había sido suspendido. Este programa duró tres meses, pero no todas las empresas adheridas cumplieron a cabalidad.
En opinión de Regalado lo ocurrido en Delta Apparel en Villanueva -la maquila donde el sueño de Sonia se convirtió en pesadilla- es una radiografía de lo que pasó en el sector maquilero de Honduras. Contó que en la mencionada empresa, las trabajadoras fueron suspendidas y días después comenzaron a ser llamadas para ser despedidas: «Según la ley, si el contrato está suspendido, su jefe no lo puede despedir», dice la luchadora social.
Agregó que la mayoría de las 430 personas despedidas por Delta tenían enfermedades profesionales o estaban embarazadas: «Las llamaron y las hicieron firmar una carta de renuncia. Fue la condición que se les puso para entregarles el cheque. Las trabajadoras por miedo a perderlo todo, pues firmaron. La Secretaría de Trabajo estaba cerrada».
No obstante, Regalado afirmó que las violaciones a los derechos laborales se dieron en distintas empresas de la industria maquilera. Relató que en Choloma, una maquila llamada Prime Manufacturing, llamó a trabajar a mujeres embarazadas: «Las ingresaron a trabajar, estaban con síntomas de covid y no las mandaban al médico y seguían trabajando», dice.
Para la abogada María Elena Sabillón, especialista en asuntos laborales y asesora legal de centrales obreras, durante la pandemia hubo una arremetida significativa contra los trabajadores. Nos dice que en los últimos años el movimiento laboral ha tenido procesos muy difíciles: «ha habido una pérdida de derechos laborales bastante fuerte», señaló.
A su juicio, la laceración más grave que han sufrido los trabajadores en tiempos del COVID-19 es la suspensión de contratos: «Cuando empezó la pandemia era obvio y a los empresarios les asiste el derecho de suspender, siempre y cuando se apeguen al Código del Trabajo. Las primeras (suspensiones) fueron de 90 o 120 días, pero fíjese usted que a estas alturas (abril) todavía hay trabajadores que se encuentran en proceso de suspensión, es decir que tienen más de un año de estar suspendidos», sostiene.
En abril de 2020, el entonces ministro del trabajo, Carlos Madero, estimó que unos 450,000 empleados serían suspendidos, según recogió El Heraldo. Esta cifra era casi el 30 % de los empleos que generaba la empresa privada antes de la pandemia, que rondaban 1,5 millones de puestos de trabajo.
Discriminadas y desechadas
Sonia Perdomo está por cumplir 40 años y tiene múltiples afecciones musculares: Una tendinitis en los hombros, una cervicobraquialgia y una hernia. Todo esto fue provocado por la actividad laboral en la maquila a lo largo de 22 años.
En agosto de 2020, la operaria fue despedida por Delta Apparel, la empresa donde laboró los últimos seis años. Y lo hicieron pese a que ella tenía un dictamen de reubicación laboral debido a sus padecimientos musculoesqueléticos.
Uno de los deberes de los empleadores dentro de la relación de trabajo es la reubicación de los trabajadores que tienen un dictamen médico, pues el derecho al trabajo se presenta como la premisa fundamental. Esta máxima fue obviada por el sector textil en tiempos de pandemia.
«Llegar a Delta es lo peor que me pudo haber pasado, en todas las empresas donde trabajé hubo algo de explotación, pero Delta es exagerado. La explotación y el estrés laboral que genera esa empresa es exagerado. El ambiente que se vive pone en contra a los mismos empleados. Estas empresas nos hacen creer que somos socios, pero somos trabajadores, siempre se los dije», nos explica Sonia.
En la fábrica le han dicho que ella ya tenía un avanzado problema de salud porque había trabajado en otras maquilas. Ella sostiene que llegar a Delta fue fatídico. Los primeros dos años fueron difíciles. Ponían a competir a los operarios y Sonia cuenta que hasta había una escala: súper operario, el operario medio y el último. Así empezó a dañarse sus hombros.
Y también comenzó la discriminación, primero sus jefes inmediatos y luego sus compañeros. Ninguno quería trabajar con ella u otras personas con trastornos musculoesqueléticos.
«Allá viene la enferma, a ella no la queremos porque no puede hacer la meta», escuchaba Sonia de sus compañeros.
Sonia nos cuenta que en la pandemia Delta Apparel violó derechos a los trabajadores de diversas formas: «El gobierno les dio luz verde para hacer todo eso. Con la suspensión de garantías constitucionales hicieron lo que quisieron. Nos quitaron las vacaciones, empezaron los despidos masivos (430), entre ellas mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas».
Delta Apparel pertenece a una corporación de capital estadounidense que tiene operaciones en El Salvador, México y Estados Unidos. En Honduras opera hace más de 23 años. Cuenta con dos plantas: una en Villanueva y la otra en Naco, ambas en Cortés, departamento en el norte del país.
Esta no es la primera vez que Delta Apparel aparece denunciada por violaciones a derechos laborales. En 2017, despidió a 24 trabajadores con trastornos musculoesqueléticos y la empresa fue demandada.
Pero desde 2011, obreras de varias transnacionales denunciaron amenazas de despido luego que obtuvieron dictámenes de reubicación laboral del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La denuncia fue hecha por la Codemuh, en el portal Honduraslibre.com.
En 2020, la pandemia dio el impulso para despedir a otras obreras más. Patricia Tejada es amiga de Sonia. Fue su compañera en Delta, sufre de una enfermedad profesional y también fue despedida en agosto por la transnacional donde trabajó durante 18 años. Ahora está desempleada y enferma.
Recuerda que cuando empezó en la maquila lo hizo con todas las fuerzas y entusiasmo, nunca pensó que ganarse la vida terminaría afectando gravemente su salud. Durante 18 años trabajó en el mismo puesto, haciendo el mismo movimiento de brazos: «Pedí que me reubicaran o me cambiaran de operación antes de caer en este problema de salud que tengo ahora, pero nunca fui escuchada», nos dice.
No fue escuchada, pero Patricia sentía temor a represalias si buscaba ayuda profesional. Los dolores se tornaron fuertes y tenía más dificultades para completar su trabajo. Finalmente decidió ir a un médico y luego de realizar radiografías y ultrasonidos le dijo que uno de los brazos estaba dañado y que también se le dañaría el otro
Las visitas al médico se volvieron frecuentes. Esto afectó su productividad y la de su equipo de trabajo. Así que sus propios compañeros se encargaron de discriminarla: «Ella ya no sirve, está enferma o ella ya no funciona», recuerda que le decían.
No solo fue estigmatizada. Antes que su trabajo le provocara una tendinitis en los hombros, ella ganaba 1800 lempiras (73 dólares), pero luego que fue expulsada de su equipo y comenzó a ir al médico sus ingresos se redujeron a la mitad, pues no llegaba a la meta exigida. En lugar de apoyo recibió una especie de acoso laboral: «Me llevaban a reuniones con los gerentes o con supervisores. Pasé mucho por ataque y fuimos muy discriminadas por estar así. Los compañeros decían “ay no, ella está enferma, tiene dictamen”, se sentía bien feo porque era discriminación de mis compañeros y los supervisores. Era horrible», dice.
La pandemia, el confinamiento y la crisis declarada fue un escenario propicio para que Delta despidiera a las personas que tienen enfermedades profesionales. Le dijeron que estaban propensas a infectarse del virus: «De ahí se agarraron, no hallaban cómo botarnos (hacer los despidos)», dice Patricia.
En aras de mantener su empleo, Patricia realizó múltiples tareas y funciones: dobló camisetas, orientó a personal nuevo. No faltaba al trabajo sin justificación. También ayudaba a entregar recibos de pago y planillas a otros operarios: «Ya no estaba capacitada para trabajar en una máquina, pero sí podía ser útil en otras cosas, no obstante para ellos nosotros no servíamos. Si no era en una máquina ya no éramos útiles».
En tiempo de pandemia recibió la noticia de su despido a través de un listado en redes sociales: «No fue como cuando me contrataron, que me dijeron: “la necesitamos”. Ahorita en pandemia ellos nos botaron como un perro sin salario y sin nada».
Las historias de Sonia y Patricia, son representativas de otras similares que se encuentran en la población trabajadora de la maquila. María Luisa Regalado de la Codemuh sostiene que las obreras y obreros del sector textil han sobrevivido a muchos de abusos y violaciones y de acuerdo con cifras que manejan en la organización que dirige, el 66 % de los empleados de este sector están viviendo con un trastorno musculoesquelético.
«Nosotros tenemos grupos de trabajadoras, por ejemplo de Gildan Activewear, una transnacional canadiense, que despidió a las trabajadoras por tener enfermedades provocadas por el trabajo y lo hizo usando el diagnóstico médico que emitió el IHSS», dice Regalado, quien también hace mención de los despidos realizados en similares condiciones por Delta Apparel. Para entender mejor la naturaleza de un padecimiento musculoesquelético, Contracorriente habló con el médico ortopeda Gustavo Hernández, quien es presidente de la Asociación de Cirugía Ortopédica y Traumatológica de Honduras y también miembro de la Asociación de Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo.
El ortopeda explicó que una lesión musculoesquelética es la que ocurre en el aparato muscular y puede tener su origen en diversas razones, una de ellas es la actividad laboral, menciona que existe una gran variedad: «Empezando desde el cuello, hombro, columna dorsal, muñeca, cadera, las rodillas, tobillos, o sea todas las articulaciones y toda parte del cuerpo en la cual se involucre un esfuerzo físico o una postura, puede ser un potencial sitio donde ocurra una lesión», nos explica el doctor.
Aclara que un padecimiento musculoesquelético no puede ser de nacimiento porque en ese caso sería una deformidad o problema congénito: «Ahora, si hay un problema puede desencadenar en una lesión musculoesquelética, esto puede ser causal. Por ejemplo, alguien que nació con una columna desviada y trabaja cargando sacos es más probable que vaya a tener una lesión de columna», explicó.
Para evitar las lesiones mencionadas, el doctor Hernández sostiene que las áreas de trabajo deben adaptarse al ser humano. Esto significa que en un trabajo los mecanismos deben modificarse para que sea adaptable al ser humano: «El problema en todo el mundo, pero más en nuestro país, es que los trabajos no se adaptan al ser humano, es la persona que tiene que adaptarse al trabajo», sostiene.
«Para evitar lesiones musculoesqueléticas, las áreas de trabajo deben modificarse para que sea adaptable al ser humano y no al revés».
Menciona que en el sector textil o maquilero hay factores importantes que hacen a los trabajadores más vulnerables, uno de ellos es el volumen de trabajo y otro es el famoso movimiento repetitivo: «Ejemplo, si usted coloca un lápiz en un escritorio, obviamente la primera vez que lo hace no le molesta, pero si le toca hacerlo quinientas veces al día, siente que le duele el hombro».
Comenta que hay industrias que han ido adquiriendo maquinaria para que los trabajadores cada vez tengan que hacer menos movimientos repetitivos: «Hay una que otra que he podido identificar que están invirtiendo en eso, pero hay otras que tienen la máquina desde hace veinte años y no la quieren cambiar. Entonces, el trabajador hace un movimiento repetitivo que al final le generará un síndrome de hombro doloroso, que es una de las patologías más frecuentes en la maquila».
Y hay casos positivos como el que menciona Miriam Jiménez, presidente del sindicato del Hanen Brands, maquila ubicada en Choloma, quien afirmó a este medio que en la fábrica donde trabaja, para evitar trastornos musculoesqueléticos, se hacen rotaciones de las obreras y obreros en diferentes operaciones. Esto hace que no se haga el mismo movimiento durante mucho tiempo. Además, contó que todos los días se implementan ejercicios ergonómicos para relajar los músculos: «Esto siempre lo ha tenido la empresa, pero como sindicato vamos luchando por más».
El doctor Hernández aplaude este tipo de medidas pues manifestó que para disminuir los daños ergonómicos en los trabajadores se debe buscar una solución integral entre empresa, médico y trabajador.
Contracorriente se comunicó con personal de la oficina de Recursos Humanos de Delta Apparel para obtener su versión de los despidos, pero no tuvo éxito. Los mensajes y llamadas no fueron contestados. Tampoco atendió la comunicación el gerente general de la planta Delta Honduras ubicada en Zip Buenavista, donde fueron despedidas las personas que padecían enfermedades musculoesqueléticas.
Los obreros, las pérdida y la desprotección del Estado
Se calcula que durante la pandemia, al menos medio millón de trabajadores fueron suspendidos, muchos sin goce de salarios. En la maquila, los obreros tuvieron que ceder sus vacaciones y días feriados a cambio de los días no laborados después que el Gobierno declaró emergencia nacional.
Evangelina Argueta, dirigente de la Central General de Trabajadores (CGT), opinó que muchas empresas han incumplido sus obligaciones con los trabajadores y otras se han victimizado por la pandemia: «Dijeron: “no podemos producir y por eso no podemos cumplir con esta u otra obligación”, por ejemplo, un contrato colectivo».
La dirigente obrera habló con Contracorriente en abril de 2021 y aseguró que para esa fecha todavía había personas en sus casas, con alguna enfermedad de base y sin trabajar cuando ya prácticamente toda la industria había entrado en marcha: «esas personas no tienen salario», nos dijo.
Manifestó que un estudio realizado por la CGT indica que los trabajadores perdieron hasta la mitad de sus ingresos en el año 2020. «Un trabajador está acostumbrado a recibir 52 semanas de salario, ¿cuántos recibió en el año 2020?, quizás el 40 % o 50 %, ¿dónde está lo demás? Además, muchas empresas aprovecharon a pagar incorrectamente los otros beneficios», aseguró. Añadió que han entablado un procedimiento administrativo a nivel de red de maquilas para responder a las demandas de las suspensiones sin goce de salario. Quieren que los patronos paguen a sus empleados los salarios no devengados.
Selvin Enmanuel Peña es miembro del sindicato de Jasper Honduras, maquila que opera en el Zip Choloma. A su juicio es irónico, que en nuestro país, la institucionalidad encargada de ser garante de los derechos del trabajador haya sido la encargada de abrir la puerta para que las empresas hicieran lo que quisieran a sus anchas: «A tal grado que los patronos tienen facultades para mantener suspensiones incluso hasta el 31 de diciembre del 2021», afirmó.
Peña considera que el empresario no perdió. Menciona que la maquila tuvo la oportunidad de producir equipo médico y mascarillas durante la pandemia: «Produjeron a un bajo costo y con menor cantidad de personas, que representa menos en salarios y menos en servicios. Al final un costo operativo bajo, pero una demanda de necesidad en el resto de los trabajadores extremadamente alta y fuimos ignorados», manifestó.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, unas 9 millones. Las maquilas del sector textil recibieron un contrato del Gobierno para hacer mascarillas a cambio de 128,000 dólares y batas quirúrgicas, por 443,944 dólares. Las maquilas las fabricarían.
Guillermo Matamoros, gerente general de la AMH, en el centro del país, contrasta su versión con las anteriores: «Fue difícil para todos. Es que son diferentes dimensiones, pero que están relacionadas. La maquila dejó de exportar, durante 2020, mil millones de dólares, pero esa es agua que corrió. Lo importante es recuperar la velocidad que teníamos antes», dijo. Para colocar un ejemplo, Matamoros afirmó que el sector maquilero en abril de 2019 había exportado 234 millones dólares y en el mismo mes en el 2020 solo exportaron 18 millones dólares: «Esto representó el 7 % u 8 % de lo que exportamos el año anterior. Una caída terrible», dice.
Reconoce que la pandemia tuvo repercusiones para los trabajadores: «hubo consecuencias con el empleo porque se tuvo que recurrir a la suspensión. Cuando se cayó (la exportación de productos) no había nada que hacer», explicó, pero también aclaró que en la industria no se han perdido empleos. «Al finalizar el año 2020 había 173,000 empleos, 3000 empleos más de los que la industria tenía en 2019», dijo.
«Al finalizar el año 2020 había 173,000 empleos, 3000 empleos más de los que la industria tenía en 2019», Guillermo Matamoros, Gerente de la AMH.
Los derechos y la lucha sindical
La abogada laboral María Sabillón, considera que en la Secretaría de Trabajo hay un colapso y se están tardando mucho en atender las denuncias de los trabajadores o realizar inspecciones a las empresas. Expresó que esa tardanza perjudica al trabajador porque no hay manera de resarcir sus derechos y ellos terminan agarrando lo que les den porque es mucha la necesidad. Además, cree que el Gobierno falló en ejecutar políticas para asegurar el bienestar de los trabajadores que estaban en suspensión.
María Luisa Regalado de la Codemuh relata que la población trabajadora no tenía donde realizar las denuncias de los abusos laborales en pandemia: «¿A dónde lo iban a hacer?», se pregunta. Es que la Secretaría de Trabajo permaneció cerrada durante seis meses. Las trabajadoras no podían denunciar. «Estoy segura que no está documentado ni siquiera el 50 % de las denuncias. No había dónde hacerlo. Había un correo, nosotros hicimos la prueba, pero nunca contestaron los correos», agregó.
Regalado denuncia que el papel del Gobierno fue proteger al sector empresarial: «Si usted lee el comunicado que emitió en marzo da rabia porque lo que está haciendo es quitando derechos adquiridos, que son irrenunciables. Guardó (El Gobierno) silencio y desapareció para la población obrera, no así para los empresarios», sentenció.
La pandemia hizo retroceder a los trabajadores en cuanto a conquistas y es que la maquila siempre ha sido un sector señalado frecuentemente por abusos laborales. Sin embargo, también hubo avances. Al momento de redactar esta nota, habían organizados 44 sindicatos en empresas en la industria textilera. Hay unos 78,000 trabajadores sindicalizados.
Selvin Peña recuerda que al formar el sindicato en Jasper de Honduras se marcó un antes y un después, pues más allá de lo económico que pudieron conseguir con el contrato colectivo, se logró el respeto al individuo: «Antes el supervisor tenía que hacerse respetar a fuerza de gritos y maltratos psicológicos y verbales. Hemos logrado que la empresa depure muchas áreas que se daba discriminación pues el trabajador que tenía problemas musculoesqueléticos corría el riesgo de ser despedido. Ahora está protegido».
Matamoros sostiene que con diálogo y un enfoque abierto se ha ido formando más y más sindicatos, y en este momento la industria textil maquiladora es la que más sindicatos crea. Dice que más allá del salario están pensando en guarderías, comisariatos o viviendas.
Miriam Jiménez, es la presidenta del sindicato en Hanes Brands con sede en Choloma, norte de Honduras, sostiene que una de los enfoques esenciales en las organizaciones sindicales es dar información: «es que la mayoría de trabajadores solamente reconocen cuáles son sus deberes, pero muy pocos saben cuáles son sus derechos», dice.
Opinó que de estos vacíos de información se aprovechan las empresas que siempre informan a sus empleados sobre sus deberes, pero no mencionan los derechos: «De eso nos encargamos los sindicatos. En las asambleas siempre les hablamos a los compañeros de los derechos y qué hacer al enfrentarse en una situación que tenga que defenderse».
Evangelina Argueta de la CGT sostiene que en Honduras el camino hacia un empleo digno todavía es largo pues para hablar de ello el trabajador debe contar con salud, capacidad económica para la educación y tener ingresos para la canasta básica.
En este camino la dirigente obrera sostiene que también se debe cuidar la estabilidad laboral: «La empresa debe ser sostenible para que el contrato sea sostenible. Y no es que estemos aliados con el patrono, pero así como cuidamos al trabajador también debemos cuidar el empleo», argumentó.
Recuerda que desde hace unos nueve años los obreros han emprendido un camino de denuncias y de hacer que se respete la libertad sindical, pero falta mucho. «Aquí hay serios problemas», nos dice.
La lucha sindical aún no puede controlar todos los abusos y más en tiempos de pandemia. Esto lo evidencian casos como el de Sonia, despedida de Delta Apparel, junto a 430 personas más. Del total de despedidos solo ella y seis compañeras más han iniciado una lucha por la reintegración. «Lo que pasa que la justicia aquí es tardía y no digamos ahora en pandemia. Estamos a la espera de llegar a una audiencia y esperamos a que abrieran el Ministerio del Trabajo, todo eso ha ido entorpeciendo nuestra demanda», nos dice Sonia.
