Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix
«Nosotros como jubilados gozamos de beneficios que hemos ganado con sudor y trabajo arduo. Son 31 años que me desempeñé como maestra de educación especial, es justo y oportuno que se nos respete nuestros derechos como jubilados», dijo María J. Ramírez, una señora de 69 años —quien ha laborado durante tres décadas en el Centro de Investigación y Rehabilitación Especial (CIRE)—, mientras se manifestaba en las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) en defensa de los derechos que le corresponden como maestra jubilada y pensionada.
El pasado miércoles 5 de mayo, miembros de los cinco colegios magisteriales llegaron a protestar frente a las instalaciones del Inprema, con la exigencia de la derogación del PCM 44-2021.
Dirigentes del magisterio denunciaron esta semana que el Gobierno de Honduras pretende asaltar el Inprema, que permite una jubilación justa y digna a los educadores de educación primaria y secundaria de Honduras, para destinar el dinero de la institución a la campaña política del partido de gobierno.
La maestra Ramírez considera que el nuevo proyecto de ley es dañino para los intereses del Inprema y por consecuencia para los maestros jubilados y activos pertenecientes a la institución, porque afectaría en el aspecto financiero de la institución e impediría ofrecer cobertura de servicios: «Este proyecto tiene muchas consecuencias para los jubilados y pensionados. Por mencionar algunas, Inprema no podrá pagar las jubilaciones y pensiones. Además, los docentes tampoco podrán solicitar préstamos personales o hipotecarios. El instituto no podrá ni prestar servicios de salud a los jubilados y pensionados», alertó. Esta docente estima que al menos 20,000 profesores entre jubilados y pensionados se verán afectados con el nuevo proyecto de ley.
El PCM-044-2021 ordena intervenir el Inprema por razones de interés público por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la Institución y del Estado.
En ese sentido, se ordenó que una Comisión Interventora, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública se encargue, a partir de la entrada en vigencia del decreto ejecutivo, de la administración del Instituto como entidad intervenida.
«Lo que el Gobierno quiere con el PCM es poner gente de ellos, para así poder saquear los dineros del Inprema, y con el instituto saqueado ya no hay forma de pagar ni jubilaciones ni pensiones a los educadores», denunció el profesor Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) y líder magisterial.
Hernández catalogó esa acción como un asalto al Inprema, situación que pone en riesgo los intereses de los jubilados y pensionados y de los profesores activos del instituto de previsión. Asimismo, reconoció que los dirigentes magisteriales tienen diversas opiniones de cómo llevar la lucha. «A veces tenemos unidad de criterio, pero no de acción, cada colegio define la estrategia de lucha, para conseguir el objetivo».
Este líder magisterial informó que se ha llegado a un acuerdo de diálogo con el Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, en el que se prometió la derogación del PCM 044-2021 para trabajar otro PCM que tendría como objetivo nombrar una comisión especial.
El Gobierno se comprometió, según Hernández, a presentar una propuesta de postulantes a los cargos de intervención conformados por al menos un licenciado en contaduría y tres licenciados en economía.
Por su parte, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, publicó un tuit expresando que «el Inprema es de las y los docentes y sus fondos deben cuidarse para la jubilación. La misión del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es garantizar la estabilidad del Inprema», manifestó.
Bueso reconoció que se debe dignificar la atención al docente, garantizando el respeto a los derechos que le confiere la ley. Aseguró estar abierto al diálogo para llegar a consensos con los gremios magisteriales.
Los dirigentes magisteriales suspendieron las protestas el pasado 5 de mayo, sin embargo, advirtieron que si el diálogo falla y las autoridades no cumplen con lo acordado, ellos volverán a las calles.
Con relación al PCM 319-2002 que trata sobre la Ley de Régimen Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones, Hernández dijo que han solicitado que el presidente Juan Orlando Hernández vete esa disposición para solventar el problema.
Edwin Hernández le contó a Contracorriente que el 20 de mayo de 2021 el magisterio presentará ante la Secretaría del Congreso Nacional su segunda iniciativa ciudadana para reformar la Ley del Inprema, que va encaminada a lograr cinco elementos importantes.
Los maestros buscan una reducción de la edad de jubilación, el cambio en la fórmula del cálculo de la pensión, el pago en vida de los 60 salarios para los pensionados y jubilados (ya que estos solo los dan una vez que el agremiado haya fallecido), reducción de los años de cotización para poder jubilarse y por último un reajuste salarial de 80.26 lempiras para los docentes activos y 20.86 lempiras a la hora a clase, estamos hablando de un aproximado de 3200 lempiras mensuales», manifestó el dirigente.
El presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Daniel Esponda, indicó que se prometió por parte del Gobierno que el PC-M 44-2021 se iba a derogar el 5 de mayo, pero que hasta el momento la derogación no ha salido publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Afirmó que como Federación de Colegios Magisteriales se reunieron el miércoles 12 de mayo y comenzaron a organizarse porque «de no llegar a un acuerdo, está claro que van a venir fuertes acciones». El problema de fondo del instituto, según Esponda, es que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros no les deja invertir: «Estamos amarrados por ellos mismos», comentó.
Dinero para campaña política
Esponda dijo a Contracorriente que con esta intervención lo que el Gobierno quiere es sacar fondos de la institución magisterial para «financiar su campaña política», en un país donde los gobernantes «pueden hacer y deshacer sin que nadie les diga nada».
Esponda agregó que es una pésima administración y que es una de las peores que han tenido en la historia. También lamentó que «lo más trágico de todo esto puede ser el descalabro económico de la institución».
El PCM 44-2021 que busca la intervención del Inprema menciona que en los últimos años las inversiones no han alcanzado las metas y tampoco han logrado satisfacer las necesidades del instituto, por la ausencia de una gerencia asertiva con visión de los nichos de inversión a largo plazo.
El Inprema, en un comunicado, rechazó este señalamiento del Gobierno, afirmando que su sistema financiero prevaleció el año pasado, aún y con el entorno adverso provocado por la pandemia de la COVID-19 y los huracanes Eta y Iota, que generaron una depresión económica a nivel nacional.
Los maestros se declararon en alerta para defender sus derechos y afirmaron que la única forma de lograr las conquistas han sido a través de las luchas en las calles, aunque aclararon que no van a revelar por estrategia lo que tienen planificado emprender.
