Las elecciones primarias del 2021 están a la vuelta de la esquina, pero todavía hay desacuerdos entre los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). El país, desde el golpe de Estado de 2009, vive en una eterna crisis política.
Texto: Allan Bu
Fotografías de Martín Cálix
A menos de un mes de las elecciones primarias reina la incertidumbre en la jungla electoral de Honduras. No hay reformas electorales y no hay acuerdos. No hay intereses comunes ni de país, priman los partidarios. El proceso interno del 14 de marzo, en el que participarán tres de los catorce partidos constituidos en el país, está salpicado de incertidumbre.
En 2017, tras las elecciones marcadas por un fraude electoral en las que Juan Orlando Hernández se reeligió inconstitucionalmente, la oposición, sociedad civil y organismos internacionales exigieron aprobar reformas electorales, la mayoría de estas contempladas en una nueva ley electoral, porque la vigente está desde 2004. Con esa ley vamos a elecciones primarias internas en las que los partidos Liberal (PL), Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre) elegirán a sus candidatos en medio de polémicas, escándalos, intereses creados y desacuerdos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) entregó en 2018 un informe en el que recomendaba, entre otras cosas, la creación de dos organismos electorales.
Esta petición fue atendida, pero ha servido de muy poco. Se crearon el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TSJ) y se modificó la ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) en aras de propiciar un escenario de tranquilidad y transparencia en las elecciones. Hasta ahora el CNE y el nuevo RNP han fracasado.
La creación de estos organismos ha demostrado que poco importa el nombre si no se cambian las prácticas. En 1956, se creó el Tribunal Nacional de Elecciones, los representantes eran puestos por los partidos. Luego este organismo fue bautizado como Consejo Nacional de Elecciones y en 2004 se creó el Tribunal Supremo Electoral. Nunca este órgano vital para conseguir elecciones limpias ha sido eminentemente técnico, en lugar de eso siempre ha respondido a intereses de los partidos políticos.
La OEA también recomendó dar un giro a la conformación de las mesas electorales, regular las figuras del custodio electoral, revisar el sistema de trasmisión de resultados, incluir en la ley la verificación de resultados, regular la inscripción de partidos políticos y fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas.
Por su parte, la Misión de Observación de la Unión Europea también realizó una serie de recomendaciones, principalmente orientadas a la actualización del censo electoral, fiscalización del financiamiento electoral e implementar reformas en la ley.
Para el abogado y reconocido militante del PN, Raúl Pineda Alvarado, la actual ley electoral contiene un arsenal de deficiencias que la hacen «arqueológica» respecto a la nueva realidad de la política hondureña. «En el orden jurídico, la ley electoral del 2004 tiene enormes deficiencias y por eso desde el 2011, hubo un compromiso no cumplido para hacer una nueva ley», sostiene Pineda.
El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Rafael Jérez, manifestó que el momento que vive la democracia de Honduras se puede englobar en una palabra: incertidumbre. «Los expertos en la materia dicen que si hay algo que se debe garantizar cuando se celebran elecciones es certeza y es precisamente lo que no tenemos», dice.
Para el proceso interno, en el que participarán tres de los catorce partidos constituidos, el CNE ha sido deficiente en procurar transparencia. Uno de los grandes fallos estuvo en la contratación de un sistema seguro y confiable para la trasmisión de resultados, pues en la licitación participaron oferentes que no cumplen los requisitos. Ahí nace, el primer punto de desacuerdo por el que los consejeros protagonizaron una discusión que se volvió viral.
Rixi Moncada, consejera propuesta por el partido Libre, propuso un conteo con la creación de comisiones municipales que se encarguen de contar los votos y ungir al ganador de cada partido. Sostiene que esto dará transparencia a un proceso que hasta ahora camina en la oscuridad.
«Transparencia y descentralización total en los 298 Municipios y 18 cabeceras departamentales. Donde cada pueblo legalmente verifique, cuente votos, actas y custodie sus resultados. Desmontemos el fraude. ¿Por qué el PN se opone?», escribió Moncada en la red social Twitter.
Del otro lado, Kelvin Aguirre, colocado en el CNE por el Partido Nacional, manifestó que lo propuesto por su compañera de consejo es ilegal: «La transparencia electoral se construye respetando la ley, tomando decisiones con base en el diálogo y las discusiones propias de un órgano colegiado, no es tratando de imponer posturas radicales. A veinticuatro días para las elecciones primarias, la democracia no se puede detener».
La determinación quedó a voluntad de la consejera presidenta Ana Paola Hall, propuesta por el PL y quien a una semana crucial previo a las elecciones se ausentó por incapacidad. La semana se diluyó en una guerra mediática entre los partidos mayoritarios. Ante la ausencia de Hall, la presidencia recayó en Rixi Moncada, ella rehusó a dirimir el tema del escrutinio sin la consejera incapacitada.
Hall desde las redes sociales afirmó que, por el bien del país, tiene mucho tiempo de estar mediando entre las posiciones completamente opuestas del PN y Libre. La incapacidad médica de la representante del partido Liberal dejó espacio al consejero suplente Flavio Nájera del partido Democracia Cristiana (DC). Por esta razón, la consejera Moncada como presidenta interina no quiso someter a votación el asunto del escrutinio pues la DC se ha plegado históricamente a los intereses del partido Nacional.
La abogada Hall retomó sus funciones el domingo 21 de febrero. Luego de una sesión que duró trece minutos, dejó a sus seguidores el siguiente tuit: «Conteo con actas municipales y departamentales se analizó como una opción ilustrativa y referencial, que no excluye conteo definitivo y oficial de todas las actas a cargo del CNE. Procuramos conciliar. La confianza se logra con consensos no con intransigencias de posturas opuestas».
Moncada también afirmó después de la reunión que la consejera presidenta había ratificado la legalidad de los conteos por municipio y departamento. Así que se propuso que con el apoyo del CNE: «cada partido decida si se hace o no conteos».
El génesis de este problema se encuentra en la incapacidad de contratar una empresa competente para la transmisión de resultados. Las ofertas no llenaron los requisitos y, en consecuencia, los consejeros tuvieron que declarar el proceso desierto.
El doctor Augusto Aguilar, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, no observa este inconveniente como grave aunque destaca que lo negativo es que la información tardará un poco más. «Eso afecta en tiempo, pero no en la calidad de una elección. Es más legal porque la información es en base a la tenencia física del acta de cierre», afirmó. Aguilar sostiene que pese a que el CNE y consejeros están en el ojo del huracán, el mayor problema es que la ley con las reformas no se aprobó en el momento idóneo.
Otro de los puntos de discordia en la previa de la jornada electoral está en las credenciales que acreditan a los miembros de la Mesa Electoral Receptora (MER). El extremo nacionalista pretende que estos documentos sean entregados en blanco, como se ha hecho tradicionalmente, mientras que Libre exige que cada credencial lleve el nombre del representante de cada movimiento en la mesa.
«No es problema del CNE. Hay un proyecto, que fue elaborado por seis personas entre las cuales estaba su servidor, en el que contemplamos que ya no habrá credenciales si no que cada partido político o movimiento enviará el listado de sus miembros de mesa y ese listado irá en los cuadernillos o en una hoja especial de la maleta electoral», nos explicó el doctor Aguilar.
El CNE ha preparado el material electoral para 23,880 mesas electorales. Las maletas electorales serán trasladadas a los centros de votación por la Fuerzas Armadas. Este proceso interno de los partidos tiene un costo de mil millones de lempiras para el erario nacional.
Agregó que todas las disputas respecto a las credenciales se debe a que los partidos y, en el proceso primario, los movimientos internos, se disputan el control de las MER, por una razón bien conocida. «Todo el debate electoral con base a la ley del 2004 es quién controla las mesas porque ahí es donde se gestan los fraudes», señaló.
¿Qué pasa en las MER?
Desde las elecciones en el 2001, cuando Ricardo Maduro fue ungido como presidente de la República, Eduardo ha sido miembro de mesas electorales en representación del PN en Sensenti, Ocotepeque.
En su perspectiva ha presenciado muchos cambios en la estructura de las mesas, pero todos han sido encaminados a favorecer a los partidos mayoritarios, que solo eran dos, antes de las elecciones de 2013, cuando Juan Orlando Hernández ganó las elecciones a Xiomara Castro, postulada por Libre en su primera participación.
Eduardo participó como miembro de MER en el 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017. En todas, con más o menos protagonistas, la historia se ha repetido en el negocio de las credenciales. «La dirigencia de los partidos pequeños siempre se terciaba a uno u otro partido. Recuerdo que la DC siempre las otorgaba al PL y Pinu al PN», nos cuenta.
No niega que siempre hubo «mano peluda» en la asignación de credenciales y que una de las formas en las cuales los partidos tradicionales usaban, las que recibían de los emergentes era para colocar en las mesas a gente que no aparecía en los listados, de esta forma podían votar sin estar en el cuaderno electoral.
«Ya cuando surgieron otros partidos como la UD, el Partido Anticorrupción, Alianza Patriótica… la historia ha sido la misma, se inclinaron a uno u otro partido mayoritario y siempre recibiendo un beneficio económico», nos explica.
El analista Rául Pineda Alvarado señaló que la democracia es un ejercicio que orbita alrededor de las mayorías, pero que en las MER deben estar, idealmente, personas que no tengan sesgo político: «pero si vamos a ser realistas de eso hay poco, entonces que al menos esté representada la mayoría». También sostiene en clara alusión a que en las mesas receptoras solo deben estar representados los partidos mayoritarios. «Hay unos partidos que ni el nombre se conoce y que le van entregar las credenciales al partido que se las compre», acusó Pineda.
Esas credenciales de los partidos emergentes en poder de los partidos mayoritarios convierten las mesas en un campo de batalla. Los representantes de ambos lados son bien requeridos para defender sus colores. «Las instrucciones iban orientadas a tratar de anular la mayor cantidad de votos posibles del partido contrario, de modo que pareciera legal y no se dieran cuenta», recuerda por su parte Eduardo.
Las MER son el escenario de muchas cosas inesperadas. Eduardo cuenta que en las elecciones de 2013, el miembro encargado de sellar las papeletas lo hacía con tanta fuerza y no se fijaron que el movimiento dejaba una marca en las papeletas justo en los espacios para votar. Cuando llegó el momento del escrutinio en la mayoría de votos aparecían dos marcas: la del elector y la otra involuntaria del sello. «En el primer momento coincidimos todos en la mesa que había que anularlos porque tenían dos marcas, pero después nos dimos cuenta que lo que estaba al otro lado era la esquina del sello».
Pero hay algo más que contar, quizá las marcas no eran accidentales… «esas son estrategias que usan los partidos para tratar de anular votos y esa vez lo hicimos, pero no sirvió de nada porque el ganador fue otro», recuerda.
En una MER, nos dice Eduardo, todo mundo intenta llevar agua a su molino, anular votos contrarios y proteger los suyos. A veces hay palabras soeces y hasta amenazas por la anulación de un voto: «pero habitualmente el proceso sigue».
El papel de los partidos pequeños
Villanueva es el territorio donde el doctor Walter Perdomo ha ganado tres elecciones e intenta quedarse por un período más. Ahí el profesor Carlos Licona ha trabajado en la capacitación de miembros de mesa para el partido Libre.
Relata que en las elecciones anteriores, partidos pequeños hicieron negociaciones con las credenciales y, el día de los comicios, aparecieron en la mesa representantes de un mismo partido, aunque su identificación decía otra cosa. En una votación al interior de la mesa, ya sea para anular un voto o validar uno dudoso, eso es determinante. «Ahí está el meollo del asunto», dice Licona.
Hay momentos cuando las discusiones elevan los ánimos en las MER y puede que algún miembro abandone su puesto. En otras ocasiones, cuando las tendencias arrojan un ganador, los representantes del perdedor se marchan. Quienes quedan llenan a su antojo. «En mi colonia, las elecciones generales de 2017, para presidente votaron en una mesa 350 personas, para alcalde 350, pero para diputados 1160», recordó.
Licona dice que el manoseo político se manifiesta cuando partidos como el Pac, Pinu, DC, Alianza Patriótica, entre otros, tienen representantes, pero en el escrutinio no sacan ningún voto: «Eso es lo que se pelea, quién controla la mesa».
Para el doctor Augusto Aguilar, la conformación de las mesas es «uno de los núcleos patológicos que tiene nuestro sistema electoral, la integración de la mesa electoral con credenciales en blanco, ese problema debe solucionarse y así está planteado en la nueva ley electoral».
Un poco en contraposición con lo anterior, el analista y exdiputado Pineda Alvarado piensa que lo importante no es la ley, sino la gente. Él considera que en el CNE, los consejeros no se han dado cuenta que ellos representan al país y a ellos mismos: «Mantienen una misión sectaria, lo que implica que hayamos retrocedido décadas cuando había un representante por cada partido. Este tipo de cosas es un problema cultural con el que nada puede hacer la ley. Bajo este esquema el partido Nacional en una mesa de catorce miembros, tendría por lo menos el control de ocho o nueve representantes y esto no sería equitativo ni justo», agregó Pineda Alvarado.
Una crisis sin olvidar
Las elecciones del 27 de noviembre de 2017 abrieron heridas que aún no se cierran en el contexto político hondureño. Ese día, por primera vez, de forma inconstitucional, un presidente se reeligió pese a la prohibición expresa en la Constitución.
Durante las votaciones hubo cierta tranquilidad, hasta que llegó el momento del escrutinio. El desaparecido Tribunal Supremo Electoral, jefeado por el nacionalista David Matamoros Batson, se había comprometido a realizar la primera divulgación de resultado a las 7:30 p. m. de ese domingo, pero la misma llegó hasta la 1:30 a. m. del lunes.
En ese primer corte con un 57 % de las mesas escrutadas, el candidato «outsider» Salvador Nasralla, ganaba con un 45.17 % de votos, por 40.21 % para Hernández.
En los días siguientes, entre polémicas, conteo de votos, apagones en el sistema de trasmisión de resultados, Nasralla perdió su ventaja poco a poco, hasta que Hernández aventajó por un punto porcentual y fue declarado ganador.
Vinieron protestas. Saqueos y represión de los órganos de seguridad contra hondureños que reclamaban por el respeto de su voluntad. Decenas de movilizaciones fueron protagonizadas por miles de personas en quince departamentos del país. Un informe de Naciones Unidas contempla que en las marchas murieron veintidós civiles y un policía. Las jornadas de protestas estuvieron manchadas por innumerables violaciones a los derechos humanos.
Esta crisis orilló a que en 2018, la OEA realizara una serie de recomendaciones en las que se contemplaban la creación de dos organismos electorales, que terminaron siendo el CNE y el TSJ, además de la modificación de la estructura del Registro Nacional de las Personas.
Se proponía, además, la llamada Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los partidos políticos y candidatos y unidad de fiscalización que hasta el momento no ha tenido resultados relevantes. De acuerdo a German Espinal, comisionado de la Unidad de Política Limpia, en declaraciones que recoge diario El País, solo dos mil de los seis mil candidatos obligados han presentado sus cuentas de ingresos y egresos.
La OEA también sugiere un cambio en la integración de las MER. La recomendación era que los integrantes fuesen de los tres partidos mayormente votados más dos miembros de la sociedad civil o partido minoritarios. El organismo internacional dejó a discreción de los políticos hondureños el debate temas torales como la segunda vuelta en las elecciones y la cuestionada reelección presidencial.
Lo anterior no es la primera mediación que un ente internacional hace en Honduras. Antes de las elecciones de 2013, que ganó Juan Orlando Hernández, los candidatos presidenciales firmaron un acuerdo facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se observaban compromisos para alcanzar un proceso electoral limpio, sin agresiones y respeto de los resultados.
Para analistas como Raúl Pineda Alvarado, también hay otros puntos que deben ser modificados en el marco legal de las elecciones, por ejemplo el pago de la deuda pública a partidos políticos pues asegura que «no se les paga por votos obtenidos, sino por un porcentaje que no puede ser menor al 15 % de la masa electoral del más votado, es una forma disimulada de sobornar o comprar si usted quiere a la participación política».
El asesor jurídico de la ASJ, Rafael Jerez, consideró primordial que antes del proceso primario ya estuviera la nueva ley, que debía contener todas las normas que ahora están provocando una discusión: «Como no tenemos un nuevo marco legal todos quieren lo que a su juicio les favorece y quieren que su representante en el CNE lo haga realidad, ahí no hay imperio de la ley sino que hay una discrecionalidad partidaria».
¿A quién favorece este entuerto?
Desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, asestado el 28 de junio de 2009, Honduras vive una inestabilidad política extendida por una élite gobernante que, para mantener sus privilegios y negocios, ha desmantelado el que ya era un endeble Estado de derecho.
En los últimos once años, los hondureños nos hemos mantenido inmersos en un permanente síndrome de inestabilidad, que en este año electoral se ha visto agudizado por la pandemia de la COVID-19, que sumaba al 26 de febrero 168,242 contagios y 4100 muertes según cifras oficiales. Además, en noviembre de 2020, Honduras fue sometido a la furia de los fenómenos tropicales Eta y Iota, que dejaron a su paso destrucción y muerte.
Lo más sano para el país es que se escogieran con transparencia y tranquilidad sus nuevas autoridades, entonces ¿ A quién le conviene este caos?
«Esta elección tiene algo diferente a las anteriores», nos dice Raúl Pineda Alvarado, haciendo una retrospectiva el abogado nos dice que desde 1982, luego de entregar la banda el 27 de enero, todos los presidentes han salido para su casa: «pero este presidente, quien ha concentrado mucho poder, tiene problemas legales que lo ponen en precario y bajo el riesgo de ir a rendir cuentas en una corte a Estados Unidos», nos dice.
Añade que la amenaza que sufre el presidente Hernández desde el exterior lo pone en el deseo de continuar en el poder. A su juicio, este es el factor que más ha distorsionado el proceso. «Por primera vez un presidente podría no irse muy tranquilamente a su finca o a su casa, corre riesgo de enfrentar tribunales en Honduras o Estados Unidos», advierte el exparlamentario nacionalista.
«Por primera vez en Honduras un presidente podría no irse muy tranquilamente a su finca o casa, corre riesgo de enfrentar tribunales en Honduras o Estados Unidos». dice el abogado Raúl Pineda Alvarado.
El abogado Pineda Alvarado se refiere a los serios señalamientos que se han realizado al mandatario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en diversos juicios que se han ventilado contra hondureños, incluido su hermano, «Tony» Hernández.
En la última amenaza, un grupo de ocho senadores demócratas introdujo al Senado estadounidense una moción que pretende contrarrestar la «alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo a los más altos niveles del Gobierno hondureño», afirmó el senador Jeff Merkley de Oregón, uno de los proponentes.
Las sanciones que podría recibir el mandatario hondureño van desde la cancelación de su visa hasta la persecución penal y bloqueo de capitales. «Si no se hace que el presidente Hernández, funcionarios nacionales y miembros de la policía y el ejército, rindan cuentas por estos delitos, se alimentará la pobreza y la violencia generalizadas, y se obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad», sentenció el senador Merkley en un comunicado.
Para Rafael Jerez de la ASJ, pensar que este enredo electoral favorece solamente al presidente, es quedarse muy corto en el análisis. «Le favorece a las élites políticas y económicas que se benefician de que las cosas continúen así, más allá que a la mayoría de la población le genera desempleo e inseguridad». Añadió que «individualizarlo (el análisis) en una persona o en el presidente sería un error, evidentemente hay cuotas de responsabilidad, pero también hay cuotas de beneficios».
El escenario para Honduras no es alentador. Si las primarias amenazan con convertirse en una jungla es difícil esperar algo diferente en las generales de noviembre.
Para ese entonces otros asuntos tomarán protagonismo. Así lo analiza, el expresidente del TSE, Augusto Aguilar, quien considera que al no aprobarse la segunda vuelta en el país se puede crear una crisis en las elecciones generales. «Es una necesidad que tiene Honduras porque ya no hay solo dos partidos», explicó.
Defiende su teoría diciendo que en el país no se puede seguir eligiendo presidentes con un 30 % de la aprobación del electorado. «Ahora hay cuatro o cinco partidos entre los cuales se distribuye una buena cantidad de votantes», sentenció.
En las elecciones del 2017 en Honduras votaron el 59 % de los 6,046,873 habilitados. Juan Orlando Hernández ganó las elecciones con 1,410,888 que es el 23 % de masa habilitada para votar en ese proceso.
Exdiputado Pineda Alvarado que la situación particular del país hace que el proceso eleccionario esté «tremendamente amenazado», y agrega que observa falta de experiencia. «Creo que no sabían a lo que se metían, pero son profesionales que tienen que cuidar su imagen y eso los va a obligar actuar de la mejor forma posible», dice.
No hay lecciones aprendidas. Luego de tres años de discusiones y recomendaciones, Honduras encara un nuevo proceso sin reformas electorales y con más dudas que certezas.
