Texto: Alberto Romero de Urbiztondo
Ilustración tomada de la Red Lésbica Cattrachas
A inicios de noviembre leí un tuit que anunciaba que el día once del mismo mes, Viky, una mujer trans de Honduras, por fin tendría acceso a que una corte de justicia conociera su caso. Ella ya no conocerá la resolución, pues fue asesinada en 2009, durante el estado de excepción que hubo en Honduras después del golpe de Estado.
Yo no conocía de este caso, aunque desgraciadamente, veo noticias frecuentes del asesinato de personas trans en Centroamérica. Como la audiencia era virtual, me conecté y me pegué a mi laptop durante tres horas. Cuando escuchaba el testimonio de algunas de sus compañeras que narraban los últimos momentos en los que vieron a Viky y cómo la encontraron muerta en la calle unos minutos después de que saliera, sentí toda la impotencia y angustia que tenían las personas que la conocían, ante la impunidad y la saña con la que fue asesinada.
Según sus testimonios y los informes de diversos peritos que intervinieron, este caso no era aislado, sino que respondía a un comportamiento recurrente al que se enfrentan las personas trans en Honduras. Además, Viky era activista de la organización Unidad Color Rosa. La policía fue presentada como la principal sospechosa de esta presunta ejecución extrajudicial, pues murió de un disparo en la cabeza. Sin duda fue considerado un crimen de odio, ya que se cometió contra una persona que no respondía a los patrones heterosexuales que se pretende cumplamos toda la ciudadanía. Su audiencia continuó al día siguiente y se espera una resolución a mediados de diciembre.
Pero el asesinato de Viky no se realizó ante un tribunal de justicia hondureño. Su demanda estaba siendo escuchada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ella fue asesinada en 2009 y hubo que esperar once años para acceder a un tribunal de justicia que estudiara su caso con garantías y con base en los parámetros de justicia que los países de nuestro continente acordaron y firmaron en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también se conoce como Pacto de San José y que fue firmado en la capital de Costa Rica en 1969 y fue ampliado mediante el Protocolo adicional sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y conocido como el Protocolo de San Salvador. Como se ve, Centroamérica no es ajena a este conjunto de principios.
Al no tener acceso a justicia en su país, Viky buscó en esta instancia internacional, garantías al derecho a un juicio justo. Este largo camino no solo lo han debido recorrer las compañeras de Viky y la Red Lésbica Cattrachas, como demandantes ante la Corte Interamericana, sino que ha sido la manera de acceder al reconocimiento de la violación de sus derechos que han debido recorrer muchas personas de nuestro continente.
Muchas de las violaciones a derechos humanos sufridas por nuestras comunidades en Latinoamérica, han hallado, por fin, justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otros casos encontró responsable al Estado de Guatemala de la muerte de once personas causadas por el ejército en la masacre de Xaman, en 1995, también declaró responsabilidad internacional de la República de El Salvador por la masacre cometida por las Fuerzas Armadas en 1981, en el caserío de El Mozote y lugares aledaños, donde murieron aproximadamente mil personas, en su mayoría niñas y niños.
La Corte también ha resuelto casos de asesinatos y desapariciones de defensores de derechos, como la muerte del ambientalista Carlos Escaleras Mejía, ocurrida en Honduras en 1997. Por otro lado, las desapariciones de profesores de la Universidad del Perú en 1992, en el caso conocido como Torres Silva y otros & Perú. En El Salvador, el primer caso que vio la Corte fue el de las hermanitas Serrano, dos niñas: Ernestina y Herlinda de siete y tres años, capturadas por las Fuerzas Armadas de El Salvador y desaparecidas.
Esta instancia internacional nos permite mantener la esperanza de justicia, cuando falla la de nuestros países. Es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y está encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Para algunos Estados es una instancia incómoda al poder juzgar violaciones a los derechos humanos que se den en su país, pues posee jurisdicción en todo el territorio americano y sus resoluciones tienen el carácter vinculante, por dicha razón, deben ser acatadas por los Estados.
Por lo anterior, es que a veces vemos campañas para desprestigiarla, pero es importante defenderla y velar para que se corrijan sus posibles errores. Aunque no es perfecta, es una institución que nos puede proteger y debemos recurrir a ella cuando en nuestros países se nos niega el acceso a la justicia. Como Viky, podemos al fin, encontrar donde se nos haga justicia.
