Según los planes de la Secretaría de Educación Pública, el año lectivo 2020 finalizaría el 30 de noviembre, pero debido al anormal año que vive Honduras con una pandemia y dos asoladoras tormentas tropicales, se extenderá hasta febrero de 2021.
Texto: Lizz Gabriela Mejía
Fotografías: Martín Cálix
El improvisado confinamiento por la COVID-19 inició el 16 de marzo y desde entonces diversos sectores de la sociedad se han visto afectados, tal es el caso del sistema educativo público que no estaba listo para la transición a las clases virtuales. Tanto maestros como alumnos han enfrentado dificultades para avanzar con el proceso educativo.
A finales del mes de agosto Mario Alas, experto en temas educativos, expresó en una entrevista brindada al medio Efe que «la cobertura era un problema grave en Honduras aún antes de la pandemia y todo indica que (…) la crisis económica, que va paralela a la crisis sanitaria, va a hacer que los niños más pobres se desconecten del sistema». Alas subrayó que unos 800 000 niños de los estratos más vulnerables de Honduras serían los más afectados.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que la matrícula en los niveles de educación prebásica, básica y media era de 2,28 millones de estudiantes en 2014 y en 2020 disminuyó a 1,8 millones. Las cifras del INE también muestran que el 60 % de los hondureños no tiene acceso al internet y el 91 % de los que tienen acceso, lo hacen mediante teléfonos celulares prepago. Estas cifras muestran la desigualdad en el país, además de la cantidad de alumnos que no reciben clases virtuales o lo hacen de manera remota, asegura Alas.
Los datos del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) indican que alrededor de 468 000 estudiantes no recibieron sus clases de manera regular, mientras unos 396 000 alumnos no pudieron continuar con sus estudios, ya que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas para recibir clases de manera virtual, indicando que alrededor del 48 % de los matriculados no cursó adecuadamente el año lectivo.
En declaraciones brindadas a Radio América, el director de educación de la Asociación para una Sociedad más Justa, Edwin Moya, comentó que al menos 2 millones de menores en edad escolar, es decir, 2 de cada 3 niños entre las edades de 3 y 17 años no pudieron ingresar a una institución educativa.
«Desde enero venimos denunciado que por encima de 800 000 niños de los matriculados se quedaron sin acceso a educación por la forma en la que la Secretaría de Educación brindó la respuesta para acceder a la misma como el internet, telefonía o televisión por cable que no llega a toda la población y, sobre todo, a las más vulnerables», agregó Moya.
A diferencia del sistema de educación pública, las instituciones educativas privadas desarrollaron distintas estrategias como la incorporación de plataformas virtuales para impartir clases. En algunos casos, los alumnos ya contaban con dispositivos y acceso a internet, pero los padres de otros estudiantes tuvieron que hacer una inversión para pagar servicio de internet y adquirir dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas, indica un informe publicado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en agosto de 2020.
Joel Almendares, maestro de El Progreso, Yoro, comenta que el 2020 fue un año irregular y desastroso para el sistema de educación pública de Honduras, pues la Secretaría de Educación nunca ha habilitado una plataforma para educación en línea y no todos los padres de familia cuentan con los recursos económicos para comprar paquetes de internet y recibir el material didáctico necesario para que sus hijos continúen aprendiendo.
Almendares es docente guía del quinto grado de la jornada matutina en la Escuela Jaime O’Leary, en sus palabras, este centro educativo es el más grande del departamento de Yoro y cuenta con más de 1100 alumnos. Su ciudad fue una de las más afectadas por las tormentas Eta e Iota el pasado mes. «Tengo 26 alumnos, ahora estoy viendo los cuadros y todos aprueban. Esto es un logro de todos, no ha sido fácil evaluar y asignar tareas porque a veces algunos alumnos se retiran y hay que andar buscándolos», asegura el maestro.
El censo elaborado en el marco del Plan de Contingencias de Atención Educativa muestra cuántos alumnos se vieron directamente afectados por los huracanes Eta e Iota. Según estas cifras son 9666 los alumnos que se encuentran en 649 albergues en los que la Secretaría de Educación, a través de voluntarios, ha brindado apoyo psicoemocional a los menores en edad escolar. Se estima que son 1714 estudiantes de nivel prebásico, 6856 de nivel básico y 1036 de media los que se encuentran refugiados en los albergues distribuidos en 14 departamentos del país.
Almendares cuenta que incluso antes de las tormentas, muchos de sus alumnos dejaban las clases porque se mudaban con familiares, pues sus padres ya no podían pagar la renta en El Progreso.
Ruth Patricia Salgado da clases en el Centro de Educación Básica República de Cuba, ubicado en la aldea Los Limones, en Morocelí, El Paraíso. A diferencia de los docentes de los centros educativos urbanos, Salgado atiende dos grados: primero y sexto grado, cinco y quince alumnos, respectivamente. La maestra comenta que, «hasta ahora los cuadros de calificaciones presentan un buen porcentaje de aprobados, pero también cierto porcentaje de deserción».
Ruth menciona que este año fue sumamente difícil para los profesores, los alumnos y los padres de familia, porque en las zonas rurales no cuentan con una señal de internet que sea de buena calidad. A esto se suma la situación económica de los padres de familia, quienes no siempre cuentan con un teléfono inteligente para estar en constante comunicación con el docente.
Daniel Sponda, docente del Instituto Técnico Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, opina que en ningún momento se le puede llamar educación virtual a la modalidad utilizada en 2020, más bien sería educación remota porque no hay una interacción entre docentes y alumnos, siendo este uno de los componentes esenciales de la educación. Otro problema que menciona Sponda es que los alumnos no han aprendido, simplemente han estado aprobando sus clases, debido a que el sistema educativo se enfoca más en alcanzar un número o una calificación que en enseñarle al alumno a que debe apropiarse de sus conocimientos para ponerlos en práctica.
Posición de las autoridades del sistema educativo
A través de un video publicado en su página de Facebook, el ingeniero Arnaldo Bueso, autoridad de este ente gubernamental, comunicó cuáles son las nuevas disposiciones para el año lectivo en curso. Bueso inició comentando que el 30 de noviembre no finalizaron las clases, pero dieron inicio las vacaciones para los docentes.
Teniendo en cuenta lo atípico que fue el año con la pandemia por coronavirus y las lluvias de las tormentas tropicales Eta e Iota, las actividades continúan hasta febrero del próximo año a través de los campamentos lúdicos del voluntariado Toma Mi Mano, al que podrán integrarse todos aquellos jóvenes, niñas y niños que no pudieron matricularse en el año lectivo 2020. Al finalizar el campamento, da inicio el año lectivo 2021, momento en el que los docentes deberán realizar pruebas de nivelación a los alumnos que participaron en los campamentos lúdicos y deseen retomar las clases de manera formal.
Bueso asegura que este replanteamiento pedagógico permitirá que se le dé la atención necesaria a la niñez y juventud hondureña que fue afectada por ambas tormentas tropicales y la pandemia. Agregó que los alumnos que fueron promovidos automáticamente porque son parte de la población damnificada o porque los docentes lo perdieron todo a inicios de noviembre, pueden unirse al programa Toma Mi Mano para reforzar los conocimientos adquiridos de febrero a octubre del año en curso.
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Modalidad para el año lectivo 2021
El ministro Bueso aseguró a diversos medios de comunicación que «tenemos que revisar y reestructurar nuestra estrategia para saber cómo atender de la mejor manera a nuestros educandos», teniendo en cuenta que alrededor de 10 000 estudiantes en catorce departamentos del país fueron afectados directamente por las torrenciales lluvias producto de las tormentas tropicales.
Otro aspecto para tomar en cuenta es el daño a la infraestructura de 534 centros educativos: «son elementos que no estaban en consideración durante la emergencia de los últimos meses que hemos vivido como producto de la pandemia», aseguró Bueso.
El proyecto piloto que la Secretaría de Educación planifica poner en marcha en febrero de 2021 es una modalidad semipresencial, es decir, algunas clases serán impartidas de manera virtual y otras requerirán de la asistencia en las aulas de clase. «Tenemos que dividir en varios grupos un aula de clases, ya que no podemos tener el mismo número de estudiantes y agruparlos por días diferenciados. Unos alumnos se retiran a sus casas con tareas, después lo hacen los otros y así sucesivamente», expuso el ministro a Diario El Heraldo.
Agregó que las clases presenciales iniciarán una vez que la curva de contagios baje, o cuando el Sistema Nacional de Riesgos crea que es adecuado. Mientras eso no ocurra, los pilotajes de la estrategia presentada darán inicio en el área rural, en zonas con baja incidencia de casos positivos por COVID-19. Todo esto se realizará siguiendo todas las medidas de bioseguridad.
Contracorriente hizo lo posible por comunicarse con los titulares de la Secretaría de Educación para obtener más información acerca del tema, pero no hubo una respuesta.
No todos los docentes del sistema de educación pública han tenido la misma experiencia este año, pero la mayoría asegura que una vacuna será necesaria para volver a las aulas de clases.
Institutos de previsión y el Fondes
El gremio magisterial ha pasado por uno de sus años más difíciles, empezando por el inesperado cambio en la modalidad de las clases y las dificultades que enfrentaron sus alumnos, a esto se suma la idea de la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes) con la que se pretende tomar el efectivo de los institutos de previsión, como préstamo, para el financiamiento de proyectos de infraestructura que favorezcan al crecimiento socioeconómico e inclusivo en el país. El proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional también indica que tiene como propósito beneficiar a la mayor parte de la población y así promover la inversión nacional y extranjera directa en iniciativas rentables que conlleven a una distribución de las ganancias obtenidas.
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Los docentes hondureños desconfían de esta iniciativa, ya que no sería la primera vez que se destinarían sus ahorros para otros fines ajenos a los institutos de previsión. Salgado comenta que ella cotiza al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y se opone a este proyecto porque «hay antecedentes, han dejado sin nada a los aportantes y otra cosa, todos los años hay maestros que se jubilan, ¿de donde saldría el dinero del pago mensual?».
La docente de Los Limones no es la única que piensa así, Almendares asegura que está en contra de la Sociedad Administradora del Fondes porque cabe la posibilidad de que el Gobierno no devuelva el dinero que solicite a los institutos de previsión. «Uno paga impuestos para salud, educación, infraestructura pública y vial, no es posible que se quieran aprovechar de los institutos de previsión y regímenes de aportación de esta manera, estamos en contra de que se usen nuestros ahorros para estos proyectos que deberían ser financiados con los impuestos que se pagan», comenta el docente progreseño.
Cotizar a un instituto de previsión o régimen de aportaciones les asegura a los docentes que los años de trabajo y aportación lo beneficien cuando decida jubilarse.
Daniel Sponda, en su posición de dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), comenta que de ninguna manera pueden estar de acuerdo con un proyecto de ley que va en contra de la legislación de los colegios profesionales, le parece algo inadmisible. «Cada instituto de previsión tiene su comité de inversiones, entonces no tiene sentido estar legislando encima de otra legislación que ya está hecha. El dirigente también hizo mención de la falta de transparencia y «una impunidad nunca antes vista en Honduras» que habría en las compras y contrataciones directas, donde a nadie se le deducirá responsabilidad administrativa o penal si los negocios fracasan.
Este año sacó a la luz todas las debilidades y carencias de los sistemas de salud y educación de Honduras, a eso se suma la falta de voluntad de los gobernantes para cumplir y respetar lo establecido en las leyes que ellos mismos han creado desde el Poder Legislativo.
