Ser mujer, joven y vivir en situación de pobreza no tendría que ser sinónimo de criminalización y vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos. En El Salvador, esta violencia de Estado contra las mujeres se perpetúa debido a las leyes restrictivas que penalizan el aborto de manera absoluta, negando derechos reproductivos para las mujeres y niñas. Vivimos en un país caracterizado por la desigualdad estructural, donde el sistema nos falla de manera cotidiana, ya lo decía San Romero de América: «La justicia es como la serpiente, solo muerde al descalzo». Y es esa justicia patriarcal que muerde a las mujeres salvadoreñas que enfrentan criminalización por abortos o emergencias obstétricas.
Esta realidad la enfrentó Manuela, una mujer joven, de la zona rural, que vivía en situación de pobreza. Tenía 33 años cuando tuvo una emergencia obstétrica, llegó al hospital público porque necesitaba ayuda y asistencia, sin embargo, recibió una denuncia. El personal de salud que la atendió expresó que Manuela había abortado producto de una infidelidad, vulnerando el secreto profesional y utilizando prejuicios de género, convirtió ese centro de salud, en una antesala del juicio. El sistema de (in)Justicia se activó y Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Después de varios meses en prisión, le diagnosticaron un cáncer linfático, una enfermedad que pudo haber causado la emergencia obstétrica que provocó la pérdida de su embarazo. Cuando finalmente recibió quimioterapia, fue demasiado tarde.
Manuela falleció en la cárcel en 2010, dejó a dos hijos en orfandad, enfrentó violencias e injusticias de manera sistemática, a Manuela le falló el Estado. Es por eso, que decimos que el Estado es responsable de todas las Injusticias reproductivas que vivió. El Estado debe reparar de manera integral a la familia de Manuela y debe generar medidas de no repetición para que esta historia tan dolorosa no sea reincidente.
Esto sucede porque vivimos en un país que penaliza el aborto de manera absoluta, según, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto 181 mujeres han enfrentado procesos por aborto o delitos relacionados en el periodo de 2000-2019. En El Salvador se estableció una de las leyes más restrictivas y regresivas, paradójicamente luego de los acuerdos de paz de 1992, en un marco donde se buscaba reformar el Código Penal para que fuera más garantista, sucedió este retroceso, tal como plantea Angélica Peña: «la paz no llegó a encarnarse en cuerpo de mujer», al vivir en un país que impone la pena de muerte a las mujeres que tienen emergencias obstétricas, pues las penas a prisión pueden llegar a ser hasta de 40 años, debido al cambio de tipificación del delito de aborto a homicidio agravado.
Antes las mujeres no podían emitir el sufragio, ahora no podemos decidir por nuestro cuerpos y vidas. Es fundamental que luchemos juntas por transformar este sistema patriarcal, detengamos las injusticias reproductivas, no permitamos que la historia de Manuela se repita, hoy más que nunca, es necesario exigir la despenalización del aborto por la salud y vida de las mujeres y niñas salvadoreñas. Siguiendo las palabras de Dora Coledesky: «En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad —por eso decimos que no es una simple reivindicación— es no ser consideradas como cosas, sino como personas dispuestas a vivir una vida digna de ser vivida».
¡Justicia para Manuela, justicia para las 17, justicia para todas las salvadoreñas!
