Aborto: una práctica de salud no deseable pero necesaria

En una sociedad en la que se aprecie la salud y la vida de sus ciudadanas, es absolutamente necesario que las prácticas de interrupción del embarazo se regulen y realicen como un asunto de salud pública. Esto significa dejar de tratarlo como un asunto criminal y de política judicial que lo único que provoca es inseguridad, clandestinidad y mayores problemas de salud, en primer lugar para las mujeres y de manera más general para los sistemas de salud. 

En estas semanas en que en todo el mundo conmemora el 28 de septiembre como el Día Global por el Aborto Legal y Gratuito o por la Despenalización del Aborto, en otros países, según sea el caso y la realidad que en cada lugar se enfrenta, es importante decir claro y fuerte: no luchamos porque el aborto sea una práctica de salud deseable, ninguna mujer a cualquier edad desea un aborto, pero hay circunstancias en la vida de cualquiera, en las que tiene necesidad de decidir la interrupción del embarazo y que exista una regulación y unas políticas públicas de salud que la atiendan y acompañen con calidad a resolver esta necesidad, es absolutamente imprescindible para hacer vigente su derecho a la salud.

En este marco es necesario comprender que una mujer ante un embarazo que no desea continuar o que necesita interrumpir siempre tiene sus razones, pero son de ella, y lo que sí desea, es que se respete su decisión, que no se le juzgue por sus razones y que no se le discrimine por expresar esta necesidad y esa decisión.

Hay situaciones en las que una mujer considera que no es conveniente continuar un embarazo porque afecta su vida o su salud.  En la mayoría de casos, como muestran las estadísticas mundiales, las mujeres aprecian ese embarazo y buscan y esperan cuidados de salud para ese proceso de gestación.

También están los casos donde el embarazo es el resultado de una violación sexual, que es un acto criminal del cual las mujeres, las adolescentes e incluso niñas han sido víctimas, y como nos dice María Luisa Pfeiffer: «La sociedad no puede obligar a estas víctimas de la violencia a hacerse cargo del fruto del embarazo pero en caso que lo hagan debe sostener esa decisión facilitando los medios para que pueda llevarse adelante». 

De igual manera, es necesario tener claridad que el aborto no es una decisión fácil, superficial o ligera, sobre todo en aquellas sociedades donde además de estar penalizado, predomina una cultura que culpabiliza a las mujeres, incluso en casos donde no sean responsables de aquel embarazo. Pero que no sea fácil no quiere decir que no sea una decisión responsable, y es esa capacidad de ser personas con capacidad de tomar decisiones responsables la que se cuestiona y se niega a las mujeres cuando únicamente se penaliza, criminaliza y persigue el aborto.

La demanda de que se legalice o despenalice el aborto —que no es lo mismo, pero que expresa algunas de las opciones ante realidades diferentes en los países— tiene que ver con la exigencia de que las sociedades y los Estados reconozcan a las mujeres como personas que en libertad tienen la capacidad de tomar decisiones responsables y asumir sus consecuencias. En este sentido, cuando se habla del derecho al aborto, lo que se demanda es el reconocimiento de que las mujeres puedan decidir en libertad la interrupción de un embarazo. 

Cuando el aborto se trata solo como un delito

Situando esta reflexión, hay que recordar que en la mayoría de países del continente americano la práctica del aborto es considerada un delito, y con pocas excepciones está regulada de forma permisiva y con la prestación de servicios de salud hasta un determinado número de semanas de embarazo. Por otro lado están las figuras de aborto no punible, ante situaciones relacionadas con la salud, la vida, las condiciones de viabilidad del embrión y el origen del embarazo como resultado de un acto criminal, como son los embarazos que han resultado de una violación sexual. 

Son pocos los países que como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana tratan la interrupción del embarazo únicamente como un problema delictivo sin ninguna excepción. En este marco hay que tener en cuenta que esto coloca a todas las mujeres en edad reproductiva ante un eventual conflicto con la ley, porque todas pueden tener una complicación durante un proceso de gestación ante el que, la única o la mejor decisión puede ser la interrupción de ese embarazo, aún en situaciones o condiciones en que este haya sido deseado e incluso planificado.

Las políticas criminales que solo tratan el aborto como delito, si bien establecen penas para quienes realicen o ayuden a la mujer a realizarlo, facultativos u otro tipo de personas, este es un delito que tiene un claro sesgo de discriminación de género, pues las perseguidas, las señaladas, las inculpadas y las condenadas son siempre las mujeres. 

En todas las sociedades caracterizadas por la desigualdad como las latinoamericanas y más aún las centroamericanas, el aborto es un delito que como ha expuesto en diversas ocasiones Oswaldo Feusier «ha pasado a convertirse en una suerte de tabú médico-jurídico, del que se conocen y comentan sus defectos, pero que no obstante continúa aplicándose a los marginales casos que constituyen su “clientela”».

Es precisamente esa «clientela» —nombrada así por Feusier— la que enfrenta las dificultades y consecuencias más graves de la configuración de esta política criminal. Se trata de las mujeres que viven en situación de pobreza, las que no tienen acceso a los recursos económicos para contratar servicios privados o para viajar a otro país con políticas menos represivas y con servicios públicos o privados que les aseguren condiciones de seguridad sanitaria en un proceso de interrupción de un embarazo. Es esa clientela del sistema penal la que enfrenta riesgos de vida o de agravamiento de su salud para resolver esta necesidad.

En ambientes de criminalización extrema como el que enfrentan las salvadoreñas jóvenes y pobres, esta política es aplicada en situaciones de emergencias obstétricas, donde las mujeres, cuando llegan a los hospitales públicos buscando atención médica por fuertes desangramientos, son acusadas inicialmente de aborto, detenidas en las primeras horas de ingreso hospitalario, posteriormente juzgadas con base en otro delito, siendo condenadas por homicidio agravado por parentesco a penas de treinta y más años de cárcel.

La aplicación de esta política criminal contra las mujeres las puede llegar a exponer a situaciones graves, como por ejemplo, en El Salvador en el tratamiento médico ante embarazos ectópicos, donde por lo general, en vez de intervenir en las primeras semanas que el diagnóstico ha identificado una ubicación fuera del útero, los médicos esperan la pérdida de latido fetal, amenazando la ruptura de una trompa de falopio que puede provocar graves hemorragias e incluso amenazar la vida de la mujer. Esta es una práctica cuestionada en la mayoría de los países del mundo, pero el personal médico la justifica diciendo «que no pueden actuar antes por temor a ser acusados de provocar un aborto». 

De esta manera, cuando la interrupción de un embarazo solo es tratada como delito se provocan riesgos para las mujeres pobres: el de ir presas, el de tener graves consecuencias para su salud e incluso el de perder la vida. De allí que un Estado que trate el aborto solo como un proceso delictivo, se puede considerar un Estado Feminicida, porque atenta deliberadamente contra la vida de las mujeres. 

La necesidad de una política de salud sexual y reproductiva integral

La insistencia en la necesidad de que se reconozca el derecho al aborto, que se despenalice o al menos que se establezcan formas de aborto no punible, no debe hacernos perder de vista que es necesario que esta respuesta estatal se inscriba en el marco de una política de salud sexual y reproductiva integral.

La salud sexual y reproductiva tiene diferentes componentes, pero hay tres que son imprescindibles para abordar el aborto desde una perspectiva preventiva: la implementación de programas de educación integral en sexualidad en todos los niveles del sistema educativo y a nivel comunitario, asegurar la distribución y el acceso a métodos anticonceptivos y la prevención y atención eficaz de la violencia sexual. 

Las dramáticas y crecientes cifras sobre embarazo en niñas y adolescentes en nuestros países centroamericanos muestran una realidad cada vez más difícil de ignorar. No se trata de creer que todas las niñas y adolescentes que resulten embarazadas producto de una violación sexual van a abortar. De lo que se trata es de que tengan la opción de hacerlo y en última instancia sean ellas quienes tomen esa decisión. De lo contrario, para las que viven con más desesperación estas situaciones, la sociedad solo les empuja a opciones aún más dolorosas como el suicidio por envenenamiento.

Únicamente una política integral de salud sexual y salud reproductiva que incluya regulaciones no delictivas de las prácticas de interrupción del embarazo, hacen posible que la maternidad libremente elegida se convierta en una posibilidad para todas las mujeres. 

Por un debate serio orientado a construir consensos básicos sobre el aborto

Durante casi tres décadas, los debates en torno al aborto en nuestra región han escenificado posiciones encontradas e irreconciliables, donde muchas veces se pierde de vista el propósito de mejorar la vida para nuestras sociedades. Esta es una polarización desigual, donde existen posiciones ligadas a sectores conservadores y de fuerte poder económico e influencia mediática, que han pretendido la imposición de verdades absolutas, ignorando que hay otros puntos de vista para abordar los problemas y las situaciones que se analizan. 

Pese a lo anterior, nuestras sociedades han ido evolucionando y aunque coyunturalmente se enfrenten dificultades políticas y fuertes tensiones con la construcción democrática, hay cambios culturales, políticos y sociales que han ido abriendo fisuras en los imaginarios de la mayoría de las personas. Esto también tiene que ver con las ideas que la gente tiene en torno al aborto. 

Estas pequeñas grietas en las maneras de pensar, aparentemente monolíticas en la mayoría de las poblaciones, puede constituirse en la base inicial de respuesta a la renovada necesidad de un debate serio, basado en información científica, que reconozca las diferentes perspectivas éticas y morales presentes en las posiciones para abordar de forma amplia los debates sobre aborto y que nos permita construir soluciones donde la vida, la salud, la libertad y el respeto a la dignidad de las mujeres se vaya construyendo.