Por la pandemia se reduce atención a pacientes renales

Hace dos semanas la empresa Diálisis de Honduras S.A., anunció que en Tegucigalpa se suspendería una de las tres sesiones de hemodiálisis semanales que tienen que recibir los pacientes con insuficiencia renal crónica. Esto a causa del aumento de contagios por COVID-19 entre su personal.

La pandemia ha evidenciado el precario sistema de salud pública y el abandono en que permanecen las personas más vulnerables del país, entre ellos los pacientes con enfermedades crónicas. Desde que iniciaron las medidas de restricción con el toque de queda absoluto el 16 de marzo, los pacientes que reciben su tratamiento a través de la empresa Diálisis de Honduras S.A. han enfrentado la constante amenaza de la suspensión de una parte del tratamiento a causa de la falta de pago del gobierno. Ahora esa sentencia se hizo realidad y los pacientes renales llevan dos semanas al borde del colapso por la reducción del tratamiento de tres sesiones de cuatro horas por semana a dos sesiones de tres horas por semana.

Sin cifras oficiales por parte de la empresa o la Secretaría de Salud, los pacientes y sus familiares señalan que el número de casos positivos y los fallecimientos de pacientes renales a causa del COVID-19 siguen aumentando. En un mes, la recién formada Asociación Hondureña de Familiares y Pacientes con Enfermedad Renal ha documentado 23 decesos a causa del virus en pacientes renales, solo en Tegucigalpa, y desde que inició la pandemia cuentan 120 fallecidos a nivel nacional, casi un 20 % de las muertes totales reportadas por el gobierno a causa de la pandemia. 

Una base de datos solicitada por Contracorriente a la Secretaría de Salud, sobre las muertes por COVID-19, con registros hasta el 12 de junio pasado, solo cuenta a 4 personas con insuficiencia renal crónica, como enfermedad de base. Sin embargo, los datos están incompletos, ya que la estadística no muestra las enfermedades de base en 197 casos. 

Secretaría de Salud sin respuestas

Según estadísticas publicadas por la empresa Diálisis de Honduras, hasta mediados de 2019 en todo el país se atendía a 3200 personas con insuficiencia renal crónica, en clínicas ubicadas en 14 ciudades a nivel nacional. Esta empresa desde 2015 es beneficiada con la adjudicación de contratos por más de 300 millones de lempiras anuales, cifra que supera el presupuesto que el gobierno ha asignado anualmente para el tratamiento de los pacientes renales.

En 2017 la Secretaría de Salud adjudicó una licitación a Diálisis de Honduras —único concursante en ese proceso— por 342 millones de lempiras, aunque en ese año se había presupuestado para este tratamiento un aproximado de 227 millones, es decir que hubo un déficit de 115 millones. Esta misma historia se repitió en 2018 al adjudicarse la licitación a esta empresa por 516 millones de lempiras cuando el presupuesto tan solo alcanzaba para 290 millones, 226 millones de déficit que se sumaron a la deuda del año anterior.  Aunque la deuda de 2017 se pagó, desde 2018 se viene arrastrando un saldo que se ha pagado en pequeñas partes cada vez que la empresa amenaza con suspender el tratamiento.

En 2019 no hubo proceso de licitación y sólo se amplió el contrato firmado el año anterior, y para 2020 ya se publicó un pliego de términos de referencia donde se presupuesta que la contratación tendrá un coste de 747 millones de lempiras. 

Un oficio del 1 de julio, firmado desde la oficina privada de Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud, y dirigido a la oficina de la abogada Patricia Molina, presidenta ejecutiva de Diálisis de Honduras, recordaba a la empresa «el derecho de las personas que hacen uso del servicio de diálisis a obtener prestaciones oportunas, profesionales y con calidad», y agregaba de forma tímida sin ningún tipo de exhortación, la necesidad de que «la Empresa Diálisis de Honduras continúe brindando los tratamientos en la duración y cantidad semanal establecidos, es decir 3 tratamientos a la semana por 4 horas por cada paciente».

Dicha falta de firmeza en el llamado a cumplir con los tratamientos se debe a que desde junio de 2019 no se hace una adición al contrato entre Diálisis de Honduras y el gobierno, sumado a que la Secretaría de Salud adeuda actualmente una cantidad aproximada de 175 millones de lempiras a la empresa.

Mientras tanto, ante las denuncias de parte de los pacientes, este lunes 7 de julio, Flores, ministra de Salud, se reunió con miembros de la Asociación Hondureña de Familiares y Pacientes con Enfermedad Renal, para resolver la problemática causada por la atención deficiente de la empresa que el gobierno ha contratado para brindarles el tratamiento. En dicha reunión acordaron la gestión de un lugar con la alcaldía del Distrito Central para pacientes con insuficiencia renal y síntomas de COVID-19, y el envío de inspectores a Diálisis de Honduras para el cumplimiento del tratamiento.

Reducción del tratamiento

Al menos 30 personas con mascarillas esperan en la acera frente al edificio de Diálisis de Honduras, ubicado en la Calle Real de Comayagüela. Algunos de los pacientes que recibieron el tratamiento de hemodiálisis se acumulan en diferentes lugares, el distanciamiento social parece solo retórica.

Algunos solo platican, otros le compran tajadas de plátano fritas a una mujer que vende en un pequeño puesto, un par se sienta en una jardinera, otros en sillas debajo de una carpa al lado de la entrada, la mayoría se encuentra de pie en pequeños grupos a lo largo de toda la acera, son pacientes que ya salieron de su tratamiento y esperan transporte para regresar a sus casas, o familiares de pacientes que esperan a su salida. Dentro del edificio color rojo y azul, semanalmente reciben el tratamiento de hemodiálisis un aproximado de  670 personas, o al menos ese es el estimado que registra la Asociación Hondureña de Familiares y Pacientes con Enfermedad Renal.

Por parte de la empresa no hubo respuesta para validar esa información o para obtener su versión. A raíz de las denuncias de los pacientes, que han protestado de forma intermitente desde el pasado 28 de junio, se emitió un comunicado donde oficializaron que el tratamiento de hemodiálisis pasaría de 3 sesiones de 4 horas por semana a 2 sesiones de 3 horas por semana.

El comunicado apunta que debido a que 19 miembros del personal en la clínica de Tegucigalpa son sospechosos de COVID-19, tendrían que disminuir el número de sesiones semanales. Además, señalaban a la Secretaría de Salud como responsable por no contar con más personal debido a las restricciones de contratación y las limitaciones para capacitar recurso humano por su cuenta. Esta decisión de Diálisis de Honduras significó para los pacientes el aviso de un posible camino lento hacia la muerte.

«Usted me mira parada aquí pero yo ando hinchada aunque acabo de salir de mi diálisis, porque me dejaron dos kilos de sobra, ¿entiende? Entonces lo que tengo que hacer es no comer ni tomar agua hasta que sea el martes otra vez, ¿usted cree que de aquí a las 10 de la noche no me da hambre?, y allí es cuando mi cuerpo se empieza a descompensar porque yo además soy diabética e hipertensa», cuenta Karina Salinas, quien es miembro de la asociación.

Karina no esconde su enojo mientras habla de las malas condiciones en las que han permanecido casi desde que iniciaron las medidas restrictivas en el país, a raíz de la pandemia. No es solo la disminución de su tratamiento —dejándoles con líquido y toxinas en su organismo— lo que les ha afectado, sino que también han observado la mala calidad de los insumos con los que se les está tratando.

«La mala calidad de insumos aquí es increíble, esto ya en la tarde —señala la venda que le pusieron sobre su catéter— ya está despegado totalmente, antes sí daban buenos insumos pero ya no sé cuál es el interés. Ellos le cobran al gobierno una cantidad, esa cantidad debe cubrir 3 días a la semana, 4 horas, además de la calidad de insumos y personal calificado».

Un documento del Centro de Información en Salud, del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, indica que el catéter venoso central, que Karina cubre con una gasa de mala calidad, es un acceso vascular que permite que se conecte a la máquina que bombea sangre desde su cuerpo hasta un filtro donde se combina y limpia con una solución que contiene agua y sustancias químicas. Esto sirve para eliminar de manera segura las toxinas, exceso de sal y líquido en la sangre —una función que los riñones ya no pueden ejecutar por sí mismos—, y finalmente la sangre limpia es bombeada de vuelta al organismo. Si la gasa que cubre este acceso es de mala calidad puede infectarse y llevar a una hospitalización, que ante el colapso en los hospitales públicos en la capital sería catastrófico.

En un principio, la excusa de la empresa con los pacientes por la mala calidad de los insumos era que no se habían abastecido a causa del cierre de las fronteras, ahora ya no hay explicaciones para los pacientes, pero sí sigue la desorganización que los pone en peligro. Un ejemplo de ello es que Karina cuenta que durante varias semanas mezclaron a pacientes positivos confirmados, con sospechosos y no sospechosos del virus.

En ese sentido, el Congreso Nacional, en una sesión virtual realizada el 28 de mayo, aprobó una ley orientada a darle continuidad al tratamiento de hemodiálisis y diálisis para los pacientes que sufren de insuficiencia renal, donde se demandaba a Diálisis de Honduras una sala para atender exclusivamente a pacientes positivos de COVID-19. Sin embargo, denuncias difundidas en redes sociales y medios de comunicación, señalan que esa misma semana, el 25 de mayo, se le negó el tratamiento al periodista deportivo Jacobo Carías, en una clínica de la empresa ubicada en San Pedro Sula, quien murió 6 días después de no poder realizar su sesión de hemodiálisis. 

Condiciones óptimas inalcanzables

«Yo me he hecho 3 exámenes para saber si tengo el virus, y cada uno me ha costado 500 lempiras, pero los pacientes renales tenemos muchas enfermedades y mucho medicamento. Entonces imagínese que yo no trabajo, yo lo que hago es vender ropa usada o lo que puedo conseguir para revender, a mí hasta me ha tocado vender mis cositas para poder seguir viva, por mis hijos porque ellos me necesitan. Hasta mis zapatos me ha tocado vender», cuenta Karina, mientras se acomoda la mascarilla quirúrgica que también tuvo que comprar porque Diálisis de Honduras les regaló una hecha de tela, que no les protege del virus, pero que aseguran les debe durar 7 días. 

Karina cuenta que en estos meses también ha dejado de comprar algunos medicamentos para poder darle de comer a sus 3 hijos. «Mis hijos pequeños no entienden porque mamá no trae la comida suficiente a la casa, ellos me preguntan y yo intento explicarles», agrega.

Debido a esta situación desde hace un mes no compra la caja de Venofer, un medicamento que reemplaza al hierro en la sangre para fomentar la producción de glóbulos rojos en pacientes con enfermedad renal crónica. «Cuesta 2300 y es para que usted no caiga en estado de anemia. Porque si no uno cae en una anemia que provoca que duela todo, no poder caminar, no tener fuerza. Lo que sigue a eso es un paro cardiaco», concluye Karina.

En una situación todavía más difícil se encuentra René Mariona, un paciente de insuficiencia renal crónica que lleva 20 de sus 36 años en tratamiento de hemodiálisis. Después de salir del tratamiento espera en su silla de ruedas hasta que un conocido llega a recogerlo para por fin descansar en un pequeño cuarto, en el que le dan posada en la colonia Nueva Suyapa. La espera puede durar horas, y sin dinero otros pacientes le apoyan y lo invitan a comer en alguna de las cafeterías cercanas.

Antes de la llegada de la pandemia al país, René, ganaba algo de dinero atendiendo puestos de golosinas en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahora no tiene ninguna posibilidad de generar ingresos, una situación crítica que se suma al estado avanzado de su enfermedad que le demanda medicamentos cada día más costosos.

«Imagínese que no tengo entradas y gasto extra con el transporte, además paso estresado porque uno no sabe si se va a contagiar. Yo solo salgo cuando hay que venir acá, y realmente porque es obligación», asegura. Rene necesita aplicarse semanalmente tres ampollas de un medicamento llamado Zemplar, que en farmacias por caja de cinco ampollas tiene un valor de 5800 lempiras, inalcanzable.

Sobre la disminución de las sesiones de tratamiento asegura: «es preocupante porque yo por el tiempo que llevo con la enfermedad no soy de las personas que puedo estar aguantando mucho sin el tratamiento completo, me puedo descompensar. Después volver a recuperarse es bien difícil, la verdad no podemos estar sin el tratamiento completo» .

La falta de medicamento y el incumplimiento en las sesiones semanales por parte de Diálisis de Honduras, es un agregado también a la mala alimentación que se ha agudizado a raíz de la falta de recursos. Y aunque René ha recibido dos veces la bolsa solidaria que ha distribuido el gobierno, como medida para atender a la población más vulnerable del país, asegura que no es suficiente para mantenerlo fuerte.

La misma situación vive Karina: «Mire yo casi no puedo caminar muy bien, ni mucha distancia porque a esta altura la anemia la tengo hasta el tope y es normal, ¿cómo sabe uno que tiene anemia? Pues no puede caminar, se cansa y hasta hablar es dificultoso. Es bien difícil».

Antes de irse en el taxi que ha contratado para llevarla a su casa, Karina, recuerda que en un par de ocasiones mientras se dirigía a recibir su tratamiento la pararon en los retenes que la Policía Nacional ha establecido para evitar la circulación de personas no autorizadas, entre ellos los servicios de taxi como el que ella usa: «Ya me han parado, pero como yo soy bien brava y me paro, me bajo y les digo: “¿entonces quién putas me va a llevar a mi tratamiento?”, así que no les queda de otra que dejarme pasar».

A pesar del cansancio los pacientes de insuficiencia renal crónica en Tegucigalpa transcurren su enfermedad y la pandemia en esa condición: con la suficiente indignación para exigir su derecho a vivir.