Empleos perdidos y violaciones laborales: la crisis desatendida por el gobierno de Honduras

Expertos en Honduras estiman que por la pandemia se han perdido, en estos meses, unos 250 000 empleos. Las pocas acciones del gobierno para sostener la economía hondureña no han beneficiado a los trabajadores y trabajadoras, en cambio el estado de emergencia ha dado oportunidad para que muchas empresas violen los derechos laborales, ante la mirada inoperante de los entes encargados de tutelarlos. Con la pérdida de empleos y la falta de oportunidades muchos hondureños y hondureñas esperan la oportunidad para abandonar el país.

Ramón Reyes se preparaba para iniciar la jornada de trabajo que cumplía desde su casa, cuando recibió un correo electrónico en el que la empresa para la que trabajaba le había enviado un acuerdo de rebaja temporal indefinida para que lo firmara «voluntariamente».  Decidió no firmarlo y días después recibió su nota de despido.

El caso de Moncho (como cariñosamente lo llaman en el gremio periodístico) retrata de dos formas la crisis de empleo que se está gestando en el país por la llegada de la pandemia.  Primero, miles de hondureños se han quedado desempleados en este difícil momento y, segundo, muchos que aún conservan su empleo han visto violentados con sus derechos laborales frente a un gobierno que lo ha permitido para «salvar la economía». 

En respuesta a la masiva ola de suspensiones, mediante decreto legislativo 33-2020 publicado el 3 de abril, en el Diario Oficial La Gaceta, el gobierno aprobó el pago de un subsidio enfocado a los empleados afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y a los que laboran en el sector de maquila. Esto tampoco se ha cumplido. La semana anterior, enardecidos empleados de una maquila en Zip Calpules, ubicada en el norte del país, entre San Pedro Sula y La Lima, reclamaban por el pago del subsidio que solo fue una promesa. 

Pese a que el marco legal hondureño es, de cierta forma, robusto en la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, la falta de voluntad del gobierno se muestra cuando en plena pandemia y crisis laboral, el Ministerio del Trabajo no responde. Los empleados formales son apenas una población afectada por la pandemia en complicidad con la ineficacia gubernamental. También se ha descuidado el sector informal que estaría empleando hasta el 70 % de la población económicamente activa (PEA) de Honduras. 

Miles de empleos perdidos y suspensiones

Al momento, no hay una cifra certera de la cantidad de empleos perdidos a causa de la pandemia y la pequeña economía seguirá perdiendo puestos de trabajo porque los paliativos adoptados no han sido efectivos.

El exministro de agricultura y actual secretario regional de la Asociación Nacional de Industriales, German Pérez Destephen, consideró que partiendo de que en el país antes de la pandemia el número de hondureños con problemas de empleo era de 2,7 millones y que la PEA aumentó en el último año, es de suponer que hay más personas desempleadas, o con empleo precario. «A finales de 2018 la tasa de subempleo (personas sin un trabajo formal) era de 62.8 % de la PEA, lo anterior se debe a la alta informalidad de los negocios en el país», acotó.

Según Pérez, la proyección de pérdida de empleos, de acuerdo con los expertos ante los embate de la pandemia, está entre el 10 % y 12 %, lo que podría significar que se pierdan entre 200 000 y 250 000 puestos de trabajo —directos e indirectos— en las diferentes actividades productivas: «recordemos que el PIB del país tendrá un decrecimiento del 4 %, lo que nos golpeará fuertemente a todos», advierte el exfuncionario que trabajó en el gobierno del nacionalista Ricardo Maduro en 2003. 

Otro problema que trajo la pandemia es la modalidad de suspensiones, que en este momento rondaría los 450 000 casos en el sector privado. «Debemos recordar, que la mayoría de los 1,5 millones de empleos que genera el sector privado son de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), cuyo músculo financiero es menor, por lo tanto después de tres meses sin ingresos muchas de estas empresas ya cerraron operaciones o están por cerrar, lo que implica mayor desempleo», indicó Pérez Destephen.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, mediante el decreto 33-2020 autorizó al sector privado suspensiones temporales desamparando a miles de trabajadores. Bajo esta normativa las empresas podrían enviar a las casas a sus empleados sin goce de salario. Como paliativo, se acordó dar a los trabajadores un bono de 6000 lempiras. Dinero que aportarán el gobierno, la empresa privada y, en algunos casos, el RAP. 

Sin embargo, no todos los suspendidos han recibido ese exiguo alivio, pues solo pueden aplicar al mismo empresas asociadas al RAP y el sector maquilero. Tampoco es una obligación y hasta el momento, según información de la web de la Secretaría de Trabajo, 841 empresas se acogieron a esta medida llegando a la suspensión de 124 796 trabajadores.

Joel Almendares, secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) manifestó que hay que aclarar a los trabajadores que recibirán apoyo del RAP, que ese dinero es de sus aportaciones, «cuando revisen su estado de cuenta tendrán menos ahorros», sostuvo.

El dirigente obrero también lamentó que las empresas no tengan la obligación de unirse a este programa de subsidio: «El problema es que el decreto 33-2020 es de carácter voluntario, si quiere se acoge al programa y sino los trabajadores quedan sin salario,  tampoco puede ser así».

Por otro lado, Pérez Destephen, agregó que «el gobierno y el sector financiero deberán salir con esquemas innovadores para ayudarles a las pequeñas empresas, considerando que el sector financiero no quiere correr riesgos, aún y cuando se han creado fondos de garantía hasta de un 70 %. Es una situación bastante difícil». Además, asegura que las acciones que hasta el momento se han tomado desde los entes gubernamentales son insuficientes. 

Pérez, culminó diciendo que «para hacer frente a la crisis generada por la pandemia, lo importante es consensuar y realmente apegarse a un plan de rescate y desarrollo. Desgraciadamente el país se ha estado manejando por unos pocos que creen saber de todo y no oyen consejos de expertos. Son los que nos tienen en esta situación».

Violaciones a los derechos laborales

Pero las suspensiones y despidos son solamente una muestra de la indefensión de los trabajadores durante la pandemia. Hay muchos escenarios en los cuales el que siempre pierde y parece que seguirá perdiendo es el trabajador. Después de tres meses y medio, el sistema de transporte público sigue suspendido y con la reapertura económica, muchas empresas tienen permiso de operar, pero siguen sin garantizar a sus empleados el transporte para que se presenten a trabajar. 

Antonia se presenta a sus labores, en una institución financiera, todos los días que le corresponde. Trabaja en horarios más extendidos de lo permitidos por el Sistema Nacional de Riesgos, Sinager. Su patrón no le ofrece transporte y le han advertido de una rebaja salarial.

Don Blas, estuvo un mes expectante y después fue llamado por el encargado de recursos humanos en una empresa de plásticos para que firmara  un acuerdo: los meses que la fábrica no pudiese operar normalmente, a él y sus compañeros le adelantarán el decimocuarto mes y el aguinaldo. Cuando regresó a trabajar, la empresa no proveyó transporte.

Reinita es impulsadora, acomoda en los supermercados los productos de la empresa para la que trabaja. Su patrono no provee transporte, pero le ha dejado un mensaje desesperanzador: debe presentarse a trabajar o perderá su empleo. Entonces, todos los días camina al menos 6 kilómetros. Cada uno de ellos llenos de inseguridad y supervivencia.

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hubo varias protestas reclamando por el despido de más de 1100 profesores que trabajan por hora. Denuncias apuntan que esta reducción de presupuesto en el alma mater iría a engrosar el presupuesto para combatir la pandemia. Aunque no hay un comunicado oficial, todo indica que las autoridades universitarias darán marcha atrás y asignarán al menos una hora clase a los catedráticos para no despedirlos, esto también implica una reducción salarial. 

El Ministerio del Trabajo ha operado de forma virtual durante la cuarentena. Esto ha sido tierra fértil para innumerables violaciones a los derechos del trabajador sin importar el escenario ni la profesión.

En la celebración del Día del Periodista, el pasado 25 de mayo, el comunicador Josué Quintana se declaró en huelga de hambre al sentir que una rebaja salarial violaba sus derechos más elementales. «Bajo el argumento de la precariedad laboral, nos obligan a ser solidarios», comentó al Comité de Libre Expresión (C-Libre).

A Quintana le enviaron una notificación de rebaja salarial, que no aceptó y en respuesta el medio de comunicación para el que trabaja lo suspendió por cuatro meses. «Tengo un contrato laboral que abarcaría todo el período de suspensión, yo quedaría en completa calamidad, sin ingresos y sin trabajo», explicó el comunicador que realizó la denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). 

Apenas llegaba la pandemia a Honduras, cuando el consorcio de comidas rápidas, Grupo Intur, suspendió por tres meses a sus empleados. Pero no es lo único que ha pasado en la cadena de restaurantes. Esta semana circuló un pronunciamiento de empleados del grupo en el cual denuncian ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social una serie de violaciones a los derechos laborales, entre ellas está que fueron presionados para firmar una rebaja salarial del 50 % y quién no lo hizo fue suspendido.

Además, denuncian que están cumpliendo con una jornada de 10 horas diarias y no 8 horas como lo estipula el estamento laboral. Se quejan también de que la empresa no ha cumplido con los protocolos de bioseguridad pues siguen vendiendo cantidad y no calidad e higiene. En el pronunciamiento anónimo los empleados piden ser puestos en cuarentena por 14 días, pues en este momento todos sospechan haberse contagiado de COVID-19.

La incertidumbre llega también al Gobierno. El pasado martes se filtró a los medios de comunicación una circular en la que Secretaría de Finanzas sostiene que la pandemia ha obligado a «tomar medidas de contención, reasignación y reducción de gastos» y también ha tenido que buscar fuentes alternas de financiamiento para atender todo lo relacionado con la emergencia. En el comunicado menciona que es necesario «realizar la incorporación de recursos externos gestionados y autorizados por el Congreso Nacional» para que les permita cumplir con las obligaciones laborales de los meses de junio, julio y agosto del presente año. 

El dirigente obrero Joel Almendares, manifestó que en este período las laceraciones al trabajador son innumerables, «les han quitado vacaciones, no sé sabe cómo les van a pagar el décimo cuarto mes… es una aberración, se están aprovechando de la pandemia», sentenció.

La Ley protege si se aplica

En teoría, el Código Laboral de Honduras es proteccionista, el problema de esta ley es de aplicación. Así lo señalan profesionales ligados al tema que fueron consultados por Contracorriente.

La abogada especialista en temas laborales, Damicela Mayes, apuntó que si bien el Estado es el responsable de tutelar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por parte del mismo son pocas las acciones realizadas, más bien algunas actuaciones han contribuido a vulnerar derechos, «pues muchas empresas han despedido empleados negándose a pagar prestaciones laborales, otras suspendieron contratos casi en el inicio del estado de excepción».

La profesional del derecho destacó que en los últimos 10 años el movimiento sindical ha venido presentando propuestas, una de ellas es la nueva Ley de Inspecciones del Trabajo, que entró en vigencia a partir de 2017. Antes, las multas por infringir normas laborales estaban techadas en 5000 lempiras, pero con el nuevo instrumento legal las hay arriba a 100 000 lempiras.

Pero Joel Almendares revela otro problema, «los multan (a las empresas), pero no han pagado ninguna, es puro show, aunque la ley los obliga. Quizás con otro tipo de gobierno podríamos tener mejores condiciones». La abogada Mayes agrega a esto, que el papel de la  Secretaría del Trabajo no ha sido el esperado en aras de brindar protección al trabajador, y en cambio se han enfocado en elaborar y aplicar los protocolos de seguridad en el marco de la «reapertura inteligente».

En 2010, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, creó el programa de empleo por hora que en enero de 2014 fue elevado al estatus de ley en el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández. Según la abogada Mayes, la Ley de Empleo por Hora, siempre se ha considerado que vulnera derechos fundamentales y en estos tiempos de crisis ha quedado evidenciado ya que las empresas han cesado el vínculo laboral con colaboradores permanentes sin respetar el debido proceso. «En temas de empleo por hora es peor el escenario, porque en ese caso es poca o nula la responsabilidad para el patrono».

Sobre este tema, Contracorriente intentó hablar con el ministro del trabajo, Carlos Madero, pero no respondió. El funcionario en sus últimas intervenciones ante los medios ha hablado de las medidas para la reactivación económica, pero al parecer ha perdido de vista los innumerables atropellos sufridos por los trabajadores.

La alternativa: migrar

Esta crisis del empleo está siendo el caldo de cultivo para una nueva oleada de migración a pesar que la pérdida de empleos en medio de la pandemia, también es algo que están sufriendo los hondureños en el extranjero. 

Muchos tienen sus maletas y mochilas listas para abordar un avión, un autobús o pagar a un «coyote» por el viaje. Es el caso de Byron Navarro , quien espera la normalización de los vuelos para abandonar el país. «Me motiva buscar una mejor educación para mis hijos, tengo 35 años, tengo varios años de estar sin un trabajo fijo. He aplicado a varias empresas, pero sin resultado», dijo.

Byron recorre una de las colonias de Villanueva, vendiendo juegos de azar. No piensa en el sueño americano, quiere irse a Europa. «Mi esposa ya estuvo allá y volvió, la economía allá (España) a usted le da para ahorrar, enviar aquí y para vivir. Aquí uno solo gana para vivir. Yo estoy endeudado, tengo que ver como consigo las cuotas de la casa y un préstamo con un banco», confiesa. Por esto está esperando la apertura de los aeropuertos para tomar un avión junto a su esposa y sus dos hijos.

«Es mejor. Usted gana poquito, pero vive mejor que aquí. Mi esposa cubría sus necesidades y hasta salía el fin de semana», así alimenta su sueño de dejar su país. Hay incertidumbre en su plan, pero prefiere eso al panorama sombrío que vive actualmente.

España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia. Hasta el 23 de junio, el país ibérico reportaba 246 504 contagios y 28 324 muertos. Es el sexto país con más decesos en el mundo a causa del COVID-19.

Con este panorama se estima que este año el 19 % de la población activa se quede sin trabajo. Los inmigrantes proveen una importante fuerza de trabajo en  España y muchos se han visto afectados. Una hondureña radicada en Madrid, nos comentó que encontrar trabajo ahora es más complicado, y pese a esto, hay más posibilidades de empleo en España que en Honduras. El desempleo en Europa podría casi duplicarse en 2020, y hasta 59 millones de puestos de trabajo podrían estar en peligro según los expertos. El confinamiento ha comenzado a suspenderse, pero los empleos perdidos no se recuperarán de inmediato.

Por otro lado, Miguel Suazo, quien cerró su negocio de fotocopias por la crisis de la pandemia, espera la reapertura de los aeropuertos porque espera ir a buscar trabajo en Estados Unidos. Pero ese país reporta ya 2 312 302 contagios y 120 000 muertos. Es la nación con más casos detectados y más muertes en el mundo. La agresividad del virus en tierras estadounidenses orilló a un confinamiento con el que se perdieron más de 20 millones de empleos. No obstante, el pasado mes de mayo, contra todo pronóstico, la economía estadounidense recuperó 2,5 millones de empleos y el porcentaje de desempleo quedó en 14 %, cuando se había vaticinado que sería del 20 % en dicho mes, según un reporte de CNN. 

Pero no solo la situación de desempleo en estos países es lo que más preocupa, la mayoría de migrantes viajan sin documentos por rutas de alto riesgo, controladas por el crimen organizado y aún más cerradas por las políticas antimigrantes promovidas por el gobierno de Donald Trump.

Antes que el mundo fuera sometido a una cuarentena de más de tres meses por los embates del COVID-19, el flujo de migrantes hacia Estados Unidos ya había aumentado y las políticas de Estados Unidos y México se endurecieron. Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en enero pasado fueron deportados al país 8193 hondureños que estaban en condición irregular en Estados Unidos, México y países de Centroamérica.

Esa cifra superó en 3482 personas (73.9 %) a los 4711 hondureños que fueron retornados en enero de 2019. Este año fueron retornados a Honduras un total de 109 185 personas, superior a las 75 279 personas del año 2018 y a las 48 022 personas de 2017, según las cifras oficiales.

Bartolo Fuentes, exdiputado por el departamento de Yoro y cercano al movimiento de caravanas migrantes que se desarrolló en 2017, asegura que a la gente le sobrará ganas de irse, pero que los riesgos han aumentado. Se endurecerán las medidas de contención para los migrantes. «Guatemala se pondrá estricto al extremo, y México no digamos. Migración habrá, es un hecho, lo intentarán, ya que pasen de México es otra historia. Ante una situación de calamidad, la gente busca otro lado», expresó. 

Al cerrar el paso a tierras guatemaltecas y mexicanas, el migrante tendrá que buscar avanzar por otras rutas. «Pegado a esa migración de pequeños grupos y por caminos escondidos, con esa militarización que hay, lo que se viene encima es una violación terrible de los derechos humanos en toda esa ruta migratoria. Lo que ha sucedido años atrás se elevará de manera exagerada», sentencia.

Según los últimos registros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Honduras ha expulsado unos 800 000 migrantes, sin que esto sea una cifra oficial pues otras fuentes apuntan que solo en Estados Unidos residen unos 1,2 millones de compatriotas, la mayoría sin documentos.  El 81 % de los hondureños que deciden abandonar su país toman como destino Estados Unidos.

Para la economía hondureña, el dolor que sufren muchos en una ruta llena de vejaciones y la separación familias, ha significado su salvación pues las remesas familiares, que representan alrededor del 20 % del producto interno bruto (PIB), enviadas a Honduras en 2019 sumaron más de 5000 millones de dólares, según cifras del Banco Central. Con Honduras en cuarentena, las remesas se han vuelto cada vez más necesarias. 

De acuerdo a Forbes Centroamérica,  al pasado 14 de mayo del 2020, las remesas familiares andaban por el orden de 1732.1 millones de dólares.  Esos envíos monetarios a Honduras, especialmente desde los Estados Unidos, representaron a esa fecha de 2020 el 42.2 % del total de ingresos, pese que registraron una caída en comparación al mismo mes con años anteriores del 8.4 %.