El 31 de mayo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció que en el país había 524 personas hospitalizadas por COVID-19, cuando el número total de casos era de 8000 infectados. Ahora, menos de un mes después, con más de 10 000 casos confirmados, el Sinager reporta 933 personas hospitalizadas, pero esto no concuerda con los datos de los principales centros asistenciales del país, que al momento están saturados.
Con reportes de Allan Bu y Martín Cálix
Óscar Roberto Aguilera, de 68 años de edad y originario de la aldea Jalaca, en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, fue ingresado al Hospital Escuela Universitario (HEU), el 16 de junio. Fue atendido como sospechoso de COVID-19 y falleció el 18 de junio, pero un día después, un ataúd vacío fue entregado a sus familiares en la morgue de este hospital.
Los familiares de Aguilera, acusan al Sinager y al HEU de haber entregado un ataúd vacío, aunque Julieth Chavarría del departamento de Relaciones Públicas del HEU aclara que ese hospital no entrega ataúdes a los familiares de los pacientes que mueren en sus instalaciones. Además, explica que hubo una confusión: a los familiares de Óscar Aguilera se les pidió que esperaran luego de entregarles la documentación de su familiar, pero la familia por alguna razón tomó el ataúd y se fue sin el cuerpo.
Dunia López, familiar de Óscar Aguilera, regresó al hospital con su familia después de darse cuenta —ya en su comunidad— de que el ataúd no llevaba el cuerpo. Argumenta que la causa de muerte de Aguilera fue un paro respiratorio, mientras que el HEU lo reportó como sospechoso por COVID-19.
Esta semana también circuló, en redes sociales, un video de la morgue del HEU, con varios cadáveres sin reclamar y en condiciones deplorables. En Relaciones Públicas de este hospital nos informaron que, del 12 al 16 de junio, había 16 cadáveres sin exigir: 9 personas fallecidas por COVID-19, 3 por violencia y 4 por otras patologías. En ese mismo período, el Sinager reportó 19 fallecidos por COVID-19 en el Distrito Central.
El HEU se ha mantenido saturado en los últimos tres meses y medio, aun cuando no fue inicialmente dedicado para la atención de la pandemia. Ha mantenido una sala COVID-19 con cupo para 20 personas, permanentemente llena, y se abrirá una nueva sala con cupo para 45 personas más.
Pero volvamos a los datos y sus incongruencias. Al 31 de mayo, según el comunicado del Sinager de ese día, se reportaron 524 hospitalizados con COVID-19 en los hospitales públicos del país. Sin embargo, a esa fecha, tan solo el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reportaba 516 personas internadas por COVID-19 en sus hospitales, a nivel nacional; y el Mario Catarino Rivas, otro centro asistencial de gran afluencia en la zona norte del país, reportaba 381 personas, de las cuales fallecieron 63 y solamente 7 se recuperaron.
Hay datos parciales de otros hospitales. El Hospital María, a esa fecha reportó 350 personas hospitalizadas, a pesar de que cuenta con una sala COVID-19, originalmente diseñada para un máximo de 33 adultos; el Hospital Leonardo Martínez reportó entre 85 y 79 hospitalizados diariamente en su sala COVID-19.
Si sacamos la cuenta, solo entre esos 3 hospitales y el IHSS, para esa fecha suma la cifra de 1326 personas hospitalizadas. Es decir, mucho más del doble de lo reportado por el Sinager.
Aquí no estamos contando otros centros de atención como el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula, que cuenta con una sala estabilizadora; el Polideportivo de la UNAH en Tegucigalpa que recién comenzó a atender pacientes en las 4 fases de la enfermedad; ni hospitales de otras zonas afectadas del país como el Hospital del Sur, el Hospital de El Progreso, el Hospital de Tocoa, El Instituto Cardiopulmonar y el Hospital de Villanueva. Tampoco estamos contando los hospitales privados. Aún no hay datos de todos los anteriormente mencionados.
En la base de datos del Banco Mundial, el dato sobre capacidad hospitalaria más reciente de Honduras es de 2014. Según esta fuente, la capacidad de camas hospitalarias por cada 1 000 habitantes en Honduras es de 0.7, es decir, menos de una cama para mil habitantes.
Tensa espera en el hospital Leonardo Martínez
Cada mañana, a las 8 a. m., un puñado de personas esperan por noticias de sus familiares en una las entradas del hospital Leonardo Martínez Valenzuela, en San Pedro Sula.
Son decenas de familiares las que se mantienen a la expectativa de buenas noticias. Las malas las ahuyentan. Una carpa azul se convierte en el arma contra el inclemente sol.
Marlon tiene hospitalizada, desde el domingo, a su madre de 65 años. La señora es paciente diabética, pero a su hijo le han dicho que está estable. Él no la puede ver, pero contó que en el hospital le dan todos los medicamentos y ellos, como familiares, solo le han tenido que llevar pañales desechables y agua.
Mercy Mejía, desde hace dos semanas llega todos los días a las 7 a. m. a la entrada del hospital y se va a las 6 p. m. Espera allí durante todo el día a que le den noticias de su padre, quien sigue luchando contra la COVID-19. Su madre recientemente fue trasladada a la unidad estabilizadora, instalada en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula. Su padre está mejorando, le han dicho.
Y aunque Mercy agradece la atención que hay para los enfermos en este hospital, pide a las autoridades que instalen un sanitario móvil para los familiares de pacientes pues «para las mujeres es más complicado», sostiene.
Este hospital ha creado un flujo de información: a las 8 a. m. brindan información a los familiares presentes y una hora más tarde reciben cosas que los pacientes necesitan. Así los familiares envían paquetes con agua, pañales, o medicamentos que faltan en el hospital.
Uno de los familiares en el grupo afuera del hospital nos mencionó: «aquí entran personas a morir (que son muchos) y a veces no pueden con todos».
La Sesal, en su cuenta de twitter ha publicado el número de hospitalizados, muertos y recuperados en el Mario Catarino Rivas, de los últimos tres meses, pero del Leonardo Martínez no reporta los fallecidos, por lo tanto no hay datos sobre cuántas personas han muerto en este hospital por COVID-19.
El dato oficial apunta a que hasta la fecha han muerto 343 personas por COVID-19 en todo el país, pero el subregistro poco a poco se ha vuelto evidente. Un ejemplo es la municipalidad de Villanueva, Cortés, a pocos kilómetros de San Pedro Sula, donde la alcaldía reportó 22 entierros con protocolo COVID-19 entre marzo y mayo en sus cuatro cementerios públicos, y la Sesal, en ese mismo período, solamente reportó 14 muertos en ese municipio. El subregistro también muestra la ineficiencia del estado para confirmar los diagnósticos ya que 6 enterrados con protocolo, quedaron en el registro de esa municipalidad solo como sospechosos.
Mientras la crisis hospitalaria empeora y la incertidumbre por no conocer el verdadero impacto de la pandemia en datos de fallecidos, contagiados y recuperados; la población sigue desconfiando del manejo de la emergencia por parte del gobierno y pone su confianza en los médicos que conoce o de los cuales sabe algo, a través de las diferentes fuentes de información a las que tiene acceso.
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