Texto: Fernando Silva
Portada: Migrante deportado es trasladado en un bus hacia Villa Olímpica. Arribó a Tegucigalpa en un vuelo proveniente de México en abril 2020/ Martín Cálix
El pasado 25 de abril, un vuelo proveniente de Minatitlán, México, arribó a Honduras con 130 migrantes hondureños deportados. Este grupo —que integraban hombres, mujeres y niños— fue trasladado a uno de los cuatro Centros de Aislamiento Temporal (CAT),que se han habilitado de forma oficial por las autoridades en un gimnasio de la Villa Olímpica, en Tegucigalpa. Esto con el objetivo de que los retornados mantengan las medidas obligatorias de distanciamiento social con el resto de la población en Honduras, por un mínimo de 14 días.
La razón de que estos centros sean habilitados es porque desde que el pasado 16 de marzo se decretó toque de queda absoluto en el país. A pesar de lo anterior, los vuelos con migrantes deportados desde México y Estados Unidos no se han detenido. Al menos en una ocasión, un vuelo utilizado para la deportación de 92 hondureños fue habilitado, de manera posterior, para la repatriación de ciudadanos estadounidenses que lograron llegar a su país de origen. Mientras tanto los migrantes fueron trasladados a un plantel de mecánica privada, para cumplir el tiempo de cuarentena ante la emergencia por el COVID-19.
Además, la recepción de migrantes retornados desde EE. UU. y México —en medio de una crisis sanitaria por la pandemia en el país— se torna más complicada con información de los Centros de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., ya que confirman que al menos 220 migrantes, bajo su control, han dado positivos por el virus. A esto se le suma la inminente puesta en marcha del «Acuerdo de tercer país seguro», firmado por el gobierno de Juan Orlando Hernández y Donald Trump, publicado el 13 de marzo pasado, en La Gaceta.
Ante las dificultades que estos acuerdos pueden representar y la continuación del flujo de deportados, aún en medio de la pandemia, Contracorriente (CC) habló con Jorge Peraza (JP), jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Honduras, El Salvador y Guatemala. También con Melissa Vega (MV), jefa de prensa para la oficina de OIM en Guatemala.
(CC) ¿Cuál es el apoyo que ha brindado OIM en estos Centros de Aislamiento Temporal?
JP: Ha sido un proceso importante de investigación con el gobierno, para entender las debilidades que existen para el mecanismo de aislamiento temporal. Por eso mismo estamos avanzando con los centros de la Villa Olímpica en Tegucigalpa y con otro centro en el Instituto de Formación Profesional (Infop), siempre en la capital. Uno de los temas que nosotros íbamos planteando, desde un inicio de esta pandemia, era cómo podemos fortalecer las capacidades del gobierno de Honduras para atender las necesidades de los migrantes retornados. Para que se les de una cuarentena digna, para que la gente pueda llegar a atenderse adecuadamente en temas de salud. Por el momento eso va con las necesidades que han identificado los gobiernos. En el caso con el gobierno de Honduras es desde lo más básico: con las camas, equipo de desinfección, equipo esterilizante, todo, básicamente. Estamos tratando de dar un apoyo integral para una solución integral para los migrantes retornados.
(CC) ¿Cuántas personas están atendiendo en estos dos centros?
JP: En la Villa Olímpica hemos venido trabajando con 150 personas y en el Infop con 130. Ahora yo entendería que estas demandas van a ir creciendo sustancialmente. Incluso, yo diría que la tarea siguiente es resolver cómo vamos a gestionar una asistencia integral en San Pedro Sula. Ya venimos desde hace dos o tres semanas apoyando. En algún momento logramos movilizar recursos para atender necesidades en San Pedro Sula, pero este último apoyo en los dos centros en Tegucigalpa es bastante reciente. Parte del desafío es, primero, entender las prioridades, y luego esperar la coordinación entre las instituciones gubernamentales que tienen que dar una respuesta integral: la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Cancillería, Instituto de Migración, etc. En el caso de la Villa Olímpica, ya empecé a ver fotos del trabajo que han realizado desde hace algunos días.
(CC) ¿Cuáles son las deficiencias que han identificado?
JP: Lo que pasa es que era necesario rehabilitar estos centros, desde cero. Poder establecer esas necesidades desde cero ha sido todo un desafío, tanto para el gobierno como para nosotros. Incluso, los centros que se estarán habilitando de ahora en adelante serán apoyados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces yo creo que la respuesta es que esta emergencia nos tomó a todos nosotros por sorpresa y poder habilitar centros para que realmente se tuviera una asistencia integral ha requerido una distribución importante de recursos de gobierno y de OIM, y ahí estamos arrancando desde cero.
(CC) ¿Tienen reportes de casos positivos en los centros de aislamiento?
JP: Yo no tengo información sobre eso. No tengo datos sobre casos positivos, no ahorita no… no que yo tenga. Voy a tratar de indagar, pero honestamente creo que en este momento no he escuchado nada.
(CC) ¿Se está llevando a cabo algún proceso especial con los menores acompañados?
JP: Nosotros estamos intentando atender en nuestro protocolo a las diferentes vulnerabilidades. Los casos de menores no acompañados (para trabajar de manera conjunta), no son los únicos casos excepcionales. También hay casos de personas que tienen algún nivel de protección. En nuestra respuesta consideramos estas variables. En general, para nosotros el principio de vulnerabilidad de las personas migrantes es un factor que impacta en nuestros protocolos de acción.
(CC) ¿Seguirá el flujo de vuelos de migrantes retornados a pesar de los casos positivos en centros de detención en EE. UU.?
JP: Es el gran desafío. Al final esto recae en negociaciones bilaterales entre los gobiernos de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras con EE. UU. Como institución, nosotros sí nos estamos preparando para pensar que puede mantenerse un flujo sostenido de retornados, desde el punto de vista de derechos humanos. El asunto es que en EE. UU. y México no sé si se están ofreciendo las mejores condiciones para las personas migrantes. Desde mi perspectiva prefiero en este momento pensar que a los migrantes retornados se les pueda ofrecer mejor atención en su país de origen.
(CC) ¿Qué han representado los acuerdos de tercer país seguro en medio de esta pandemia?
JP: Yo entiendo que los acuerdos, la coordinación y cooperación entre los gobiernos bajo este marco de tercer país seguro en este momento están en pausa. Nosotros entendemos que para ninguno de los países, por ejemplo en el caso de Honduras, que era el que estaba a punto de iniciar actividades, ahora está suspendido.
(CC) El acceso a la información ha sido limitado sobre estos centros de aislamiento, ¿Es posible que los gobiernos brinden información de las condiciones en las que se encuentran los migrantes retornados?
JP: Nosotros estamos preocupados por el estigma que se está generando con respecto a los migrantes retornados, porque en algunos países se han vuelto foco de acciones bastante negativas de parte de la población. El principio rector de todo esto son los derechos humanos. Queremos garantizar que estas personas, que estuvieron afuera trabajando por su comunidad, puedan regresar y vivir en sus casas. Eso será fundamental en las semanas que vienen: no permitir que estas personas se interpreten como un factor negativo para la sociedad y la comunidad. Hemos visto con preocupación en varios países de la región, como las personas migrantes retornadas, entre otros, han sido puestas en el foco de atención como si fueran una amenaza. Tenemos que unir esfuerzos para decir que estas personas, que han trabajado mucho, ahora regresan, y es necesario darles un retorno seguro y con respeto de todos sus derechos humanos.
Tenemos muchas notas sobre lo crítico que está volviendo para los migrantes que trabajan en EE. UU. tener oportunidades laborales, así que seguramente veremos más retornados y veremos más gente que necesita regresar a su país. El mensaje es que a estas personas, que han estado afuera, es necesario ayudarles en sus comunidades y hay que abrirles los brazos y estar listos para apoyarlos. Cualquier acción de estigma pone en riesgo sus vidas.
MV: Hay escenarios que nos preocupan en estos momentos. En este tipo de emergencias hay un componente muy fuerte de confidencialidad de estas personas migrantes que están retornando, de sus nombres, de sus datos, de sus características, de los lugares en los que residen y el tiempo que van a pasar en observación sanitaria, porque así también se está protegiendo su seguridad y la de sus familias. Ya hay indicios de expresiones de discriminación en torno a las personas migrantes que están regresando de EE. UU. y México. Los medios son un sector bastante clave para generar esa resiliencia que buscamos y pueden contribuir a preparar a una comunidad para que puedan sumarse a la reintegración de estas personas. Entendemos que hay una necesidad de fiscalización social o de saber cuántas personas están aisladas o qué características tienen, pero la OIM no tiene acceso a esa información, porque nosotros trabajamos solamente en casos específicos. En la medida en que los gobiernos nos compartan esa información, nosotros podemos sistematizar y conocer más sobre esos escenarios en que están retornando las personas, pero por el momento no es una situación normal, es una situación de pandemia y emergencia y estos factores de confidencialidad y seguridad las debemos respetar.
** Este miércoles por la tarde la OIM confirmó que, además del apoyo en los CAT, brindó apoyo logístico para la compra y transporte —desde Guatemala— de kits de extracción y reactivos, Esto permitirá que se realicen 15 000 pruebas para COVID-19 en Honduras.
